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Las matemáticas sobre enfrentamientos armados que le cuestan a Jaime Martínez

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La alta tasa de letalidad en supuestos enfrentamientos entre policías y pandilleros en El Salvador en 2016 llamó la atención de la CIDH. Uno de sus comisionados, James Cavallaro, la consideró excesiva, por lo que plantea si tras estos enfrentamientos se encuentran casos de ejecuciones extrajudiciales contra pandilleros y una política de Estado que las aprueba. Desde el gobierno, la defensa más férrea ha sido de parte de Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública y exdefensor de derechos humanos, que incluso ha restado credibilidad a las mismas cifras oficiales.

Foto FACTUM/María Cidón 


En 2016, la mesa tripartita conformada por la Fiscalía General de la República, el Instituto de Medicina Legal y la Policía Nacional Civil registró 591 pandilleros muertos durante enfrentamientos armados con la policía y el ejército. También registró entre los fallecidos a ocho policías, dos militares y 17 civiles. Si se divide la cantidad de pandilleros entre el total de policías y miliares asesinados; es decir, 591 entre 10, el total es 59. Y esa es la proporción de pandilleros que murieron en los enfrentamientos, 59 por cada militar o policía.

Este dato fue presentado por Verónica Reyna del Servicio Social Pasionista (SSPAS) ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) durante la audiencia realizada el pasado 5 de septiembre por los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en El Salvador. Esa proporción de muertes acaparó la atención del comisionado de la CIDH, James Cavallaro, quien sospecha de una posible política de Estado para exterminar pandilleros.

A su vez, el representante del Estado presente en la audiencia, el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Raúl López, no negó posibles abusos, pero descartó que se tratara de una orden del gobierno para acabar de forma sistemática con las pandillas. Por lo que se comprometieron a recabar datos sobre personas heridas en esos enfrentamientos, abrir investigaciones y mejorar el seguimiento de los casos para trabajar bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos.

Representantes del Idhuca, Cristosal, FESPAD y el SSPAS durante la conferencia de prensa del 14 de septiembre. Foto FACTUM/María Cidón.

La audiencia ante la CIDH se realizó dos semanas después de una publicación de Factum, que demostró una práctica sistemática dentro de la PNC de ejecuciones extrajudiciales contra pandilleros, y de cómo estos grupos élites de la policía también habían cometido delitos como agresiones sexuales y extorsiones contra población civil.

Desde entonces, algunas autoridades de seguridad han tratado de restar credibilidad a la estadística y han cuestionado a las organizaciones defensoras de derechos humanos que están dando seguimiento a las denuncias por violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, según denunció el jueves 14 de septiembre el Instituto de Derechos Humanos de la Uca (Idhuca), la ong Cristosal, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y SSPAS durante una conferencia de prensa.

Uno de los más críticos ha sido Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, la ANSP, institución encargada de formar a los agentes policiales. Para Martínez las cifras no tienen sentido y la valoración del comisionado Cavallaro es apresurada, según declaró el pasado 12 de septiembre antes de iniciar un conversatorio sobre los 25 años de historia de la institución.

“Le hago una simple aritmética. Si por cada policía que muere en enfrentamientos hay 59 pandilleros muertos, quiere decir que en enfrentamientos policiales si nos han matado cerca de 200 policías y soldados, entonces tendrían que salir una cantidad de casi 12 mil agentes asesinados en los últimos años. Y eso no es así, solo multipliquen 60 por 100, son 6,000 ¿Veá? Y de esos 6,000 si son 200 los agentes del Estado asesinados, serían 12 mil pandilleros, entonces no da, no cuadra, no es cierto”, expresó Martínez.

Pero el director de la ANSP, que dirige la institución desde 2009, no tuvo en cuenta al hacer estos cálculos que las cifras oficiales se remiten exclusivamente a muertes por enfrentamientos armados ocurridas el año pasado y agregó: “Habría que revisar a qué se refieren cuando dicen que son 59 por cada policía, porque ahí pueden estar los que se matan entre ellos mismos, las depuraciones internas, las purgas –indicó Martínez-. Así que hay que tener cuidado, a mí me pareció, con todo respeto, que él (comisionado James Cavallaro) se apresuró y debe ser sujeto a verificación primero”.

Los datos que presentó Reyna provienen de un informe presentado por el Observatorio de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS). Esta organización presenta cada año, desde 2014, un informe de violaciones de derechos humanos que recopila datos de incidencia nacional y denuncias por casos registrados en su área de influencia, específicamente en Mejicanos, Ayutuxtepeque y Cuscatancingo. De hecho, esa proporción de muertes de presuntos pandilleros respecto a las de elementos de las fuerzas de seguridad ya había sido presentada públicamente el pasado 15 junio.

Según la representante del SSPAS, la información se obtuvo por solicitud de acceso a la información pública enviada a la Fiscalía General de la República y tramitada con el número de resolución: 81 –UAIP-FGR-2017. Además de contener datos del año pasado, la información entregada también muestra que desde 2014, año en que se dispararon los homicidios tras la ruptura definitiva de la tregua y el proceso de pacificación entre el gobierno y las pandillas, las víctimas en enfrentamientos armados se han quintuplicado pasando de 112 fallecidos a 618 en 2016.

“Es difícil para un gobierno reconocer que las pandillas pueden ser víctimas también cuando todo su discurso bélico en contra de ellas también. (…) Estamos pidiendo que se investigue, que se verifique de manera objetiva, que se pueda determinar si hay culpabilidad o no; sino no hay problema, la idea es que se pueda profesionalizar a la policía y la capacidad de investigación de la Fiscalía General de la República”, dijo Reyna.

Las declaraciones de Martínez, también conocido también por su larga trayectoria como defensor de derechos humanos en Fespad, ya han sido cuestionadas con anterioridad. Sus palabras durante una ceremonia de graduación de policías, en mayo pasado, fueron objeto de denuncia por parte del SSPAS y el Idhuca durante la audiencia ante la CIDH. En esa ocasión advertía a los policías que no les debía temblar la mano ante los criminales.

“La legitimidad plena del Estado de conservar la policía está en sus manos. Ahí que no les tiemble la mano. Ahí no hay manera en estar pensando que hay derechos humanos de por medio, que si hay crítica de la prensa o de los organismos internacionales: en el momento en que se irrespete la legitimidad del Estado, ustedes tienen que hacer uso de todas las tácticas y las enseñanzas en equipo que tienen para ello”, dijo Martínez en esa ocasión.

Después que varios medios retomaran las declaraciones, Jaime Martínez restó valor a las publicaciones y dijo que habían sido sacadas de contexto porque suprimían una parte donde aclaraba que “una vez sometido – el criminal-, a partir de ese momento, ningún policía tiene legitimidad para acabar con la vida de esa persona, para mancillarlo, para humillarlo, para pisotearlo, eso ya no. Ahí sí, cada quien responderá a nivel personal y lamentablemente se va a llevar de por medio también a los jefes, a los titulares, a toda la institucionalidad”.

Aunque el Consejo Académico de la ANSP respaldó las palabras del director, la procuradora de derechos humanos, Raquel Caballero informó el 6 de mayo a través de su cuenta de Twitter que iniciaría una investigación de los procesos formativos de la institución que forma a los policías, ante las “lamentables” declaraciones de Martínez.

Este lunes 11 de septiembre, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, incluyó a El Salvador en una lista de 50 países con altos índices de violencia por  el crimen organizado y la corrupción de la justicia.  Según informó el representante del alto comisionado para Centroamérica, Alberto Brunori, se espera que Zeid  visite el país en noviembre.

Aunque el director de la ANSP dice valorar y respetar el trabajo que desarrolla la CIDH y el comisionado Cavallaro, así como el de los medios que publican casos sobre ejecuciones extrajudiciales, puso en duda el interés de las organizaciones defensoras de derechos humanos y la posibilidad de que tengan relaciones con pandillas como una justificación para querer atacar la institución policial.

“Algunas organizaciones de DDHH, están señalado y poniendo en el banquillo de los acusados, eso me preocupa mucho porque podríamos estar sentando las bases para desarmar el último escudo que la sociedad tiene para protegernos. Ellos mismos (las organizaciones), a menos que tengan otro tipo de relaciones con los pandilleros, podrían ser víctimas y los que los van a proteger son los policías”, dijo Martínez.

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