Mientras las organizaciones defensoras de derechos humanos siguen pidiendo la aprobación de las cuatro causales para permitir el aborto en El Salvador, el alto comisionado de las ONU para los derechos humanos ha solicitado la revisión de cada caso judicializado y la liberación inmediata de todas las mujeres condenadas sin haberse cumplido las garantías del debido proceso que establece la Constitución de la República.
Foto FACTUM/Archivo
“Estoy horrorizado por el resultado de la prohibición absoluta del aborto en El Salvador, las mujeres están siendo castigadas por abortos espontáneos y otras emergencias obstétricas, acusadas y condenadas por haberse inducido la terminación del embarazo”, señaló el alto comisionado de la ONU para la defensa de los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en su informe presentado tras su visita oficial a El Salvador.
El alto comisionado visitó el pasado 16 de noviembre el centro penal de Ilopango, más conocido como Cárcel de Mujeres, donde pudo hablar con varias internas que fueron condenadas por el delito de homicidio agravado que, según detalla el informe de su visita, fueron relacionadas con emergencias obstétricas durante su embarazo, pero que aun así cumplen actualmente condenas de hasta 30 años de prisión.
“Rara vez me había sentido tan conmovido como me sentí por sus historias y la crueldad que han tenido que soportar – indicó el comisionado-. Parece ser que solamente mujeres de orígenes pobres y humildes son las que están encarceladas, una característica delatadora de la injusticia sufrida”.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, junto con el representante para Centroamérica de esa oficina, Alberto Brunori, durante un encuentro con defensores de derechos humanos el pasado 16 de noviembre de 2017. Foto FACTUM/ONU
La penalización absoluta en El Salvador inició en 1998 con la reforma del Código Penal. Antes se permitía la interrupción por graves riesgos para la salud de la madre, por la imposibilidad de la vida extrauterina y en caso de violación. Un año después se aprobó la reforma constitucional para proteger la vida “desde el instante de la concepción”.
En octubre de 2016, la Alianza por la Vida y la Salud de las Mujeres presentó la propuesta de reforma al artículo 133 del Código Penal para pedir la aprobación de cuatro casos de interrupción al embarazo: Si el embarazo pone en riesgo la vida o salud de la mujer; cuando el embarazo es médicamente inviable; si es producto de violación o trata de personas; y cuando es producto de violación en menores de edad. En los cuatro casos se indica que tiene que ser previo reconocimiento médico y con el consentimiento de la mujer.
La propuesta de reforma al Código Penal presentada por el FMLN.
La fracción del FMLN acuerpó la propuesta con el liderazgo de la entonces presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, pero no obtuvo el apoyo suficiente para lograr la aprobación. Otros políticos apoyaron la reforma con variantes, como Johnny Wright, diputado de ARENA, que en agosto pasado presentó una iniciativa de ley para permitir el aborto en dos casos: violación a menor de edad y del aborto terapéutico. Ninguna ha logrado su cometido a la fecha.
“Hago un llamado a El Salvador a emprender un moratorio a la aplicación del artículo 133 del Código Penal y a revisar todos los casos donde las mujeres han sido detenidas por ofensas relacionadas a aborto, con el objetivo de asegurar el cumplimiento con el debido proceso y estándares de juicios justos”, señaló el alto comisionado antes de partir a Guatemala.
El representante de Naciones Unidos apeló por la liberación inmediata de las mujeres a las que no se les otorgó el debido proceso judicial y propuso una revisión de todos los casos por decreto presidencial. Para ello propuso que la revisión sea realizada por un comité ejecutivo experto compuesto por miembros nacionales e internacionales, con apoyo de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La visita oficial incluyó con una reunión con el presidente Salvador Sánchez Cerén y miembros de la Asamblea Legislativa a quienes instó a suspender la prohibición absoluta del aborto. También con la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, a quien le recordó que la Constitución de El Salvador es clara en definir la prevalencia del derecho internacional en defensa de los derechos internacionales.
La procuradora ha sido criticada recientemente por las organizaciones defensoras de derechos humanos que se reunieron con el alto comisionado durante su visita oficial. Señalaron que la funcionaria antepone sus creencias religiosas a los derechos de las personas LGBTI y del aborto.
Falta respaldo de la procuradora y pastora Raquel Caballero de Guevara quien antepone su criterio religioso y ha manifestado rechazo a trabajar por dichos de LGBTI y el aborto: Bianka Rodríguez de @comcavistrans
— Revista Factum (@RevistaFactum) 15 de noviembre de 2017
El Salvador es uno de los cuatro países que prohíben por completo el aborto y penalizan a las mujeres que lo hacen. Según el análisis realizado en 196 países por el Pew Research Center (193 estados miembros y tres no miembros de las Naciones Unidas), cuatro ellos estaban en América: El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Chile. Pero en agosto pasado, el Tribunal Constitucional de Chile aprobó el aborto en tres causales. Mientras al otro lado del océano Atlántico, en Europa, se mantiene la penalización absoluta en Malta.
Durante su visita, Zeid también se refirió a los problemas de inseguridad que sufre El Salvador. Una de sus propuestas fue revisar la implementación del plan El Salvador Seguro, el estandarte de la administración Sánchez Cerén. “El Plan El Salvador Seguro es un modelo positivo, pero necesita ser implementado de forma integral, de acuerdo con las normas internacionales de los derechos humanos”, dijo Zeid. “El nivel de violencia en El Salvador permanece escandalosamente alto… También hay informes alarmantes de asesinatos extrajudiciales y el retorno de los escuadrones de la muerte. No importa cuán serias sean las violaciones a los derechos humanos cometidas por la violencia pandilleril, todas las personas que perpetran la violencia deben rendir cuentas por sus acciones a través de los mecanismos judiciales”.
El funcionario no solo se refirió al incremento de las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes estatales, algo que ha documentado esta revista a través de varias investigaciones, sino también a otro fenómeno relacionado a la violencia de las pandillas, algo que el gobierno ha decidido no reconocer: el desplazamiento forzado interno.
Para Zeid, el primer paso para solucionar el problema que afecta a miles de personas en El Salvador es reconocer que existe.
“Durante mis pláticas, escuché cómo los altos niveles de violencia han afectado seriamente las vidas de las personas, y noté cómo la violencia está escalando el desplazamiento forzado dentro de El Salvador y la migración. Para poder enfrentar de forma completa este problema creciente, el Gobierno necesita reconocer que está sucediendo”, señaló el alto comisionado.
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