“Es la voluntad del pueblo”, una de las frases más gastadas en la política salvadoreña. Tanto, que ya no se tiene en cuenta su significado, ni su relevancia, se usa para tratar de justificar cualquier decisión, independientemente de si beneficiará o no al tan afamado pueblo.
Todos los políticos, sin excepción, afirman representar al pueblo. Pero, al ver sus acciones antojadizas o sus decisiones arbitrarias, en cualquier ámbito (la Asamblea, en el Ejecutivo o en la Corte Suprema de Justicia) es claro que estos no representan nada más que a intereses. Esto es algo por demás evidente, lo interesante es preguntarnos: ¿Intereses de quién?
Lo primero que podríamos tener presente es que los partidos políticos en El Salvador no representan a sectores sociales específicos, es decir, ARENA no representa a los ricos, el FMLN no representa a los pobres, Nuevas Ideas no representa a los jóvenes. Esto por el simple hecho de que estos grupos sociales se mueven en cada elección conforme a la coyuntura –sin mencionar que la mayoría ni siquiera van a votar- lo que equivale a decir, desde la ciencia política, que no existen clivajes sociales. Hay pobres que votan por ARENA, hay ricos que votan al FMLN y hay perfiles bastante desgastados en Nuevas Ideas. Y en esa lógica también deberían representarlos.
Otro punto es que si bien nuestra ley mandata a que la elección de los funcionarios de primer y segundo nivel tiene como objetivo la representación generalizada del pueblo, es notorio como esto queda como un discurso de autodefensa para ignorar críticas, justificar errores y legitimar arbitrariedades, más que por las acciones consultadas a la población y la rendición de cuentas. Nuestros funcionarios manifiestan indignación para impulsar sus propuestas, argumentando que siempre responden al clamor del pueblo, aunque estas decisiones sean inconsultas y antojadizas.
Por simple experiencia empírica es posible concluir que los resultados de las grandes decisiones nacionales no han beneficiado al pueblo, sino que a sectores específicos, por lo que ni siquiera parecen tener un vínculo de representación entre partidos, funcionarios y electores. Ejemplos de estas acciones tenemos en abundancia, desde los clásicos como la dolarización a favor del bienestar del pueblo; hasta los más sofisticados, como las exenciones tributarias a las zonas francas impulsadas por diputadas dueñas de maquilas que lo que supuestamente buscan es generar empleos para el pueblo; pasando por los viceministros dueños de líneas de bus que consideran una ofensa al pueblo no aumentar el subsidios a las empresas de transporte colectivo.
Entonces, más allá de la caza de votos que se da en la campaña electoral, quizás la realidad salvadoreña se destaque por la “crisis de representatividad” entre funcionarios y la mayor parte de sectores sociales, cuyo vínculo es al final de cuentas la lógica y la ventaja de la democracia liberal. En este sentido, es más factible identificar intereses económicos en la toma de decisiones y en la administración del poder que incluso respuestas ideológicas, como en los noventa.
De ser así, lo más sencillo es que la gente busque nuevos instrumentos de representación que realmente impulsen y defiendan sus intereses, pudiendo ser ideológicos o como mínimo visiones cercanas a la búsqueda de respuestas a necesidades específicas. Pero, qué pasaría si el problema no es solamente esta “crisis de representatividad” de los funcionarios ante los electores, sino el funcionamiento mismo del sistema político que favorece el manejo y el control autoritario y personalista, así como la búsqueda del control hegemónico del Gobierno para poder servir a intereses específicos (quien sabe si de ricos, pobres o figuras desgastadas). Acá la cosa se complicaría, porque al final de cuentas los partidos políticos salvadoreños son para eso y solamente a través de ellos se puede elegir a nuestros funcionarios. En un escenario así de complejo, la mayor parte de la gente estaría condenada a no contar con mecanismos para poder controlar la defensa de sus intereses de manera amplia.
Ahora, si se tiene claro que la política es un mero instrumento para promover y hacer prevalecer intereses ¿por qué no usarla para cambiar? Y es que la política es el ejercicio del poder desde diferentes mecanismos y la presión social es, quizás, el más puro de ellos.
Los grandes cambios sociales siempre han venido acompañados por movilización social. Es decir, cuando la representatividad no funciona y no se responde a la voluntad del pueblo, es este quien la ha hecho prevalecer. Sin embargo, se debe tener el cuidado de no dejarlo ahí, porque la renovación en la representatividad debe incluir una renovación de todos los actores nacionales (gubernamentales, sociales y empresariales); caso contrario, no es posible esperar resultados diferentes con los mismos ingredientes. No hay que olvidar que el mal llamado pueblo está conformado por todos los sectores sociales, el detalle estará en definir los que no han podido satisfacer sus intereses y aquellos que sí lo han hecho.
Si bien “la voluntad del pueblo” se seguirá usando como una frase para legitimar cualquier cosa, en un marco de poca representatividad partidaria y gubernamental puede generar una renovación. Lo que nos queda pendiente es confirmar si es posible.
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