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Contra la Violencia: regulemos la Cannabis

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“Quizá los adultos necesiten liberarse de una serie de inhibiciones a fin de poder dar rienda suelta a sus impulsos sexuales y agresivos; ciertamente los jóvenes, para quienes el sexo ha dejado de constituir un tabú, y a quienes la sociedad incita a ser agresivos en la competencia social, anhelan otros horizontes. Precisamente esos horizontes que nuestra sociedad materialista es incapaz de ofrecerles. Ahí está, quizá, la razón del escándalo social ante el fenómeno de la marihuana. La sociedad establecida comprende muy bien que la juventud no comulga con su doblez, con su moral farisaica y formalista, con su materialismo rastrero, con su alienación.”

– Ignacio Martín-Baró, S.J.

La doble moral salvadoreña frente a la Cannabis

Como vemos, y a pesar de existir varias alternativas, el Estado salvadoreño sigue manteniendo la doctrina de la “Guerra contra las drogas”. Con ello continúa la represiva política estadounidense prohibicionista y militarista iniciada por la polémica administración de Richard Nixon, que progresivamente se amplió hasta el recrudecimiento del conflicto que se experimenta desde finales de la primera década del siglo XXI en Latinoamérica y la cual ha ensangrentado hasta la agonía a los pueblos del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras).

La corrupción generalizada de la clase política, funcionarios judiciales y miembros de las fuerzas de seguridad, la acelerada degradación de la etnósfera, de la civilidad, de los valores y principios sociales; y a su vez, la cada vez más arraigada y promovida cultura de la violencia son entendidas como válidas en un contexto donde el capitalismo tradicional (basado en la competencia y la organización empresarial) se ha vuelto obsoleto. En su lugar se posiciona en El Salvador y el Triángulo Norte un capitalismo salvaje que promueve la acumulación de riqueza fácil mediante métodos ilegales y la compra de poder.

Por lo anterior, y una muy amplia gama de gravísimas consecuencias, nos damos cuenta que la implementación de la política represiva en contra de las drogas ilícitas resultó ser un rotundo fracaso. No ha logrado ni la reducción de la demanda de drogas, ni la reducción de la oferta. Al contrario, estas han aumentado exponencialmente contando más víctimas por la “Guerra Contra las Drogas” que por las sustancias que prohíbe la ley.

La prohibición actual sobre la Cannabis es similar a la que se vivió en la década de los años veinte, donde se prohibía la producción, venta y distribución de alcohol en todo el territorio estadounidense, la llamada “ley seca”. Pero, ¿Cuál fue la solución a las consecuencias negativas de la prohibición (crimen organizado, daños en la salud por adulteración de las bebidas, etc.)? A principio de los años treinta el gobierno de los Estados Unidos derogó la “ley seca”. Desde entonces se le permite al gobierno estadounidense regular y cobrar impuestos a la venta y distribución de alcohol.

En un texto de 1972, el mártir jesuita Martín Baró mencionó que entre las tribus precolombinas era frecuente el consumo de drogas, pero no de manera inconsciente, sino regulado por costumbres y tradiciones sociales que lo enmarcaban y garantizaban un uso conducente. Planteó que es la sociedad la que provoca un consumo abusivo y problemático de sustancias como el alcohol, y afirmó que sería menos dañino el consumo de cannabis que el de bebidas alcohólicas. Que sabiendo esto, fuera legal el alcohol pero ilegal la marihuana, en eso consistía para el psicólogo y teólogo jesuita la doble moral salvadoreña que se acopla a la propaganda prohibicionista.

Es un hecho que la cannabis es conocida ampliamente como una especie vegetal psicoactiva, como medicamento altamente efectivo y como una planta sagrada. Es precisamente por influir positivamente en la salud que es utilizada para tratar enfermedades como glaucoma, asma, cáncer, migraña, insomnio, náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia, epilepsia, esclerosis múltiple y demás padecimientos neuromusculares.

El mercado negro

El negocio ilegal, los recursos económicos que conlleva y los costos humanos de la “Guerra Contra las Drogas” van más allá de los homicidios, la corrupción y otras formas de criminalidad. Por ejemplo el tráfico de armas, la explotación sexual de menores, el tráfico de personas y de tejido humano. Esta perversa guerra implica una incalculable y cuantiosa inversión económica. Abarca costos militares, policiales y judiciales que buscan reprimir el tráfico ilícito de sustancias, aumentar la persecución y castigo a los productores, traficantes y consumidores, siendo estos últimos los más procesados.

Veamos algunos números relacionados a los planes puestos en marcha en los últimos años.
En el año 2000, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Plan Colombia cuya iniciativa fue valorada inicialmente en $1,300 millones de dólares. Estuvo diseñado para reducir al 50% la producción de sustancias prohibidas en Colombia en cinco años. Ocho años después no sólo se creía estar lejos de alcanzar la meta, sino que la producción parece haber aumentado.

Luego, en 2008, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Plan Mérida o Plan México, con un costo de $1,600 millones de dólares y de $400 millones de dólares en equipos y entrenamientos. Además incluyó un monto adicional de $65 millones de dólares para Centroamérica y el Caribe.
Como resultado de este plan, finalizado en 2014, se observa el aumento desmedido de la violencia y la profundización de la militarización de la seguridad pública.

El plan actual, aprobado en 2015 por el Congreso estadounidense lleva el nombre de “Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte” (PAP). El monto para 2016 es de $750 millones de dólares. Los presupuestos asignados a los planes anteriores fueron ejecutados entre tres, cuatro y ocho años. Además los tres gobiernos del Triángulo Norte asumen parte del “PAP” en sus presupuestos nacionales que se ejecutarán durante los próximos cinco años.

Este plan pretende combatir la corrupción y el crimen organizado (tráfico de drogas, armas y personas). Sin embargo, el objetivo principal es frenar la migración del Triángulo Norte a Estados Unidos, como reacción a la crisis de 200,000 migrantes menores que llegaron a Estados Unidos sin acompañantes en 2014. La eufórica reacción inicial de los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras se ha ido desvaneciendo poco a poco entre el humo y espejos que, como en el Plan Colombia y el Plan Mérida, va convirtiéndose en un plan poco transparente.

No obstante, El Salvador es por quinto año consecutivo uno de los países con mayor tráfico de sustancias prohibidas a nivel global. Las ganancias que, en teoría, obtiene El Salvador de los mencionados planes no son ni serán iguales a las ganancias de las “exportaciones” de sustancias prohibidas, ya que gran parte de lo pagado por estas sustancias permanece en los Estados Unidos, o en países que ofrecen sistemas bancarios con amplia reserva, como Panamá, el Vaticano o Suiza.

En 2015 El Salvador gastó $4,000 millones de dólares en seguridad interna, lo que representa el 16% del PIB (cifra que se duplicó desde 2011). Ese gasto supera la suma de la inversión que realiza el gobierno en salud y educación. Y eso aún es poco, pues el presupuesto general de la nación para el corriente año es de $4,860 millones de dólares que equivale al 17% del PIB.

Hacia la regulación responsable

El Nobel de Economía, Gary Becker, ha demostrado que la demanda de drogas (legales e ilegales) es inelástica. Por lo tanto, el aumento del precio de las sustancias en el mercado negro como consecuencia de las medidas prohibicionistas, no hará que las Personas Que Usan Drogas (PQUD) disminuyan de forma relevante la demanda de sustancias. Por el contrario, su elevado precio hace más atractivo el negocio del narcotráfico. Sin embargo, mediante la despenalización de las sustancias prohibidas podría reducirse el precio de dichas sustancias. Esto como primer medida reduciría los costos sociales por la persecución de las PQUD.

Durante la prohibición del alcohol en Estados Unidos, las muertes por intoxicación etílica por adulterantes que se mezclaban con el alcohol de contrabando aumentaron bruscamente. Igualmente, durante la “Guerra Contra las Drogas” han aumentado exponencialmente las muertes por sustancias adulteradas. La mayoría de las muertes relacionadas al consumo de drogas ocurren debido a los adulterantes y no a la sustancia que se pretende consumir. Por si fuera poco, la guerra promovida por el prohibicionismo ha generado más muertes y daños que las sustancias que busca inútilmente erradicar.

La evidencia ha demostrado que la despenalización de las drogas, combinada con su regulación es una estrategia mucho más efectiva para la reducción de demanda de drogas. A su vez es la táctica más adecuada para acabar con las Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTD). Esta estrategia enfocaría en reducir al máximo posible el precio de las sustancias, para disminuir el excedente y debilitar la capacidad de las OTD para defender el mercado que las autoridades les otorgaron.

Una regulación responsable debe ser acompañada por la legalización de las sustancias, la despenalización del autocultivo, el otorgamiento de licencias de producción, la prohibición de venta a menores y la implementación de políticas públicas basadas en metodologías de Reducción de Daños y Gestión de Riesgos. Una educación eficiente y honesta disminuiría los casos de uso abusivo y problemático de sustancias.

El beneficio de regular la Cannabis para el desarrollo sostenible de la región

En Costa Rica el proyecto que actualmente se encuentra en discusión y que pretende únicamente regular el consumo y producción de Cannabis Medicinal dejaría al Estado Costarricense casi $37 millones de dólares estadounidenses sólo en recaudación de impuestos y adjudicación de licencias de producción. Además generará entre 2,000 y 5,000 empleos directos sólo en el inicio de su eventual próxima implementación.

El mundo ha avanzado mucho desde que Nixon anunció el inicio de la “Guerra Contra las Drogas”. En los últimos veinte años 17 estados de los Estados Unidos, han despenalizado la posesión de cantidades pequeñas de marihuana, 24 estados la han legalizado para propósitos médicos y 4 estados han legalizado la Cannabis completamente bajo la ley de sus estados. Se espera que en noviembre se sumen otros 7 estados más, incluyendo California. A nivel internacional tenemos el proceso de legalización de Canadá, el proceso que se vive en México, la regulación de cannabis en Uruguay, Israel, Jamaica, la legalización del Cannabis Medicinal en Colombia y Chile por mencionar algunos.

El Salvador debería unirse a la ola reformista. Uno puede no estar de acuerdo con el uso de sustancias como la Cannabis, pero es obvio, que lo más sensato y racional en este meollo es la regulación de ese enorme mercado y arrebatárselos a las OTD, pues a decir verdad, no podemos combatirlas efectivamente con la fuerza. Sabemos que el uso de las sustancias psicoactivas ha estado unido intrínsecamente a la humanidad a lo largo de la historia y esto reafirma el postulado de que la demanda de estas sustancias no desaparecerá; ergo el mercado seguirá de una u otra forma satisfaciendo esa demanda sin importar la calidad de su producto ni la salud de sus usuarios.

Entonces, la reforma logrará mayor recaudación fiscal mediante los impuestos, el país también puede beneficiarse de la Cannabis que puede ser utilizada para la producción de papel, combustible, textiles, bioplástico, material de construcción, medicamentos, productos comestibles, cosméticos, para la absorción de metales pesados y una gran diversidad de cosas más. Regulando, El Salvador podría desarrollar nuevas iniciativas e industrias creando miles de nuevos empleos, exportando nuestros productos, fortaleciendo así nuestra economía.

Veamos el caso del estado de Colorado: la cannabis es legal desde 2014 y puede ser adquirida por cualquier persona mayor de 21 años (regulación similar a la del alcohol). El estado ha implementado un impuesto de 25% a la Cannabis más un 2.9% de un impuesto estatal, esto hace al cannabis uno de los productos con mayor impuesto en Estados Unidos. Colorado proyectó para el primer año de implementación un ingreso de $67 millones de dólares, donde $27.5 millones estaban destinados a la construcción de escuelas. Sin embargo la recaudación excedió abrumadoramente lo proyectado y el gobierno del Estado tuvo que regresar el excedente a su población.

Nuestro país tiene la enorme ventaja de situarse en el trópico, lugar adecuado para el cultivo de cáñamo industrial y cannabis. Entonces ¿por qué no cultivar en El Salvador? El cultivo de cannabis y cáñamo podría llegar a ser tan próspero como lo fue el cultivo de cacao, el añil, el café, el algodón y la caña en tiempos pasados. Para esto sólo nos falta una cosa, quitarle el negocio a las OTD a través de una reforma audaz.

El nacimiento de esta industria podría impulsar negocios derivados de la misma como la modificación de carros de gasolina a biodiesel de cáñamo, lo que se traduciría en nuevas fuentes de trabajo y mayores contribuciones al fiscales. Es, por ejemplos como el anterior, que la elaboración de productos derivados de la cannabis representa una gran oportunidad para el país y la región. Seamos pioneros.

Otra de las industrias que podría ser utilizada a favor del Triángulo Norte es la de producción de textiles hechos con cáñamo. El algodón que utilizamos hoy día requiere 1,400 galones de agua por cada libra, en cambio, el cannabis requiere la mitad de agua, crece más rápido y produce entre 200% – 250% más fibra que el algodón en la misma cantidad de tierra. Además de ser más eficiente que el algodón, la tela hecha de cáñamo es más fuerte y duradera. A diferencia del algodón resiste los estafilococos, cuenta con una mayor protección a los rayos ultravioleta y es invisible para espectros infrarrojos lo que le convierte en un textil de interés para uso hospitalario y militar.

Aún así, en medio de estos cambios culturales y políticos a nivel internacional y las claras evidencias sobre la ineficacia de las medidas prohibicionistas, la política salvadoreña hasta ahora ha permanecido estática ignorando la razón, la ciencia y los hechos marginándose de la comunidad internacional y jugando a favor de las Organizaciones de Tráfico de Drogas.

La reforma nos beneficiaría también con los siguientes puntos:

  • El fin del mercado ilegal, la reducción de la corrupción y la violencia.
  • Reducción de los precios artificiales de las drogas, reduciendo el margen de ganancia a las OTD.
  • Disminución de delitos relacionados al control del mercado.
  • Ahorro de recursos que se destinan a la lucha contra las OTD y reorientación para el combate al crimen organizado.
  • El Estado pasa a controlar el mercado y a establecer sus normas y reglas.
  • Seguimiento estatal a los vendedores y a sus cuentas e inversiones.
  • Mayor recaudación fiscal.
  • Reducción de los problemas de salud que ahora subyacen al uso ilegal de sustancias.
  • Captación de recursos para impulsar políticas públicas de Reducción de Daños y Gestión de Riesgos.
  • Accesibilidad a medicamentos derivados de la Cannabis
  • Implementación de tratamientos adecuados a las personas que padecen de un uso problemático de sustancias.
  • Las políticas de drogas desaparecerían de la agenda bilateral con Estados Unidos.

El debate sobre qué camino tomar, es indispensable. Lo cierto es que surgen preguntas claves para la reflexión, como por ejemplo: ¿quienes controlan el mercado negro actualmente, podrán convertirse en empresarios? ¿Las grandes multinacionales (corporaciones farmacéuticas, tabacaleras, industria cosmética o del alcohol) podrán ser parte de esta futura industria local? ¿Se creará un grupo especial que investigue la relación de funcionarios de alto nivel con quienes hoy controlan las rutas y el mercado negro?

Si se regula la Cannabis en El Salvador, podríamos tomar provecho de ese nicho que viene con la reforma. Seamos de los pioneros y posicionémonos en la industria del “oro verde”. La regulación nos abriría las puertas para atraer al país al menos cinco nuevas industrias que no existen en muchos otros lugares del mundo (por ahora). Además, crearía miles de nuevos empleos directos e indirectos que contribuirán a que la economía del país florezca y salga del abismo en que se encuentra, como ya mencionamos.

El premio Nobel, Gary S. Becker, afirma que “la completa legalización en ambos lados del mercado (vendedor-comprador) bajaría el precio de las drogas, reduciría el papel de los delincuentes en la producción y venta de las drogas, mejoraría la calidad de vida de muchos barrios marginales, incentivaría a más estudiantes de minorías étnicas en Estados Unidos a terminar su educación secundaria y aliviaría sustancialmente los problemas en México y otros países involucrados en el suministro de drogas”.

En la actualidad, el valor global aproximado del mercado de sustancias ilícitas ronda los $322,000 millones de dólares y de ellos corresponden $140,000 a la Cannabis, $70,000 a la cocaína, $65,000 a los opiáceos y $44,000 a las metanfetaminas. De esas cantidades, 76% de los recursos generados por esa actividad ilegal se queda en los países de mayor consumo y sólo 24% en los demás territorio involucrados. Como podemos apreciar, la Cannabis representa un poco menos de la mitad del mercado global de sustancias prohibidas y el Triángulo Norte no es la excepción.

Conclusiones

Desde un análisis multidimensional, la “Guerra Contra las Drogas” ha fracasado en todas las modalidades. Así lo indican la descomposición social y política de los países donde este teatro de operaciones se ha instalado sin que haya disminuido la producción, distribución y venta de las sustancias que se busca erradicar. Por el contrario, en la regulación de la Cannabis se encuentra el inicio de una solución más eficiente que la planteada por la actual guerra.

En pocas palabras: incluso si las drogas duras implican mayores riesgos para la salud que la cannabis, racionalmente, no podemos prohibirlas sin comparar el daño causado por la prohibición con el daño causado por las sustancias por sí mismas. Además, los graves riesgos de salud que propicia el prohibicionismo no existirían en un mercado regulado. La regulación de todas las sustancias debería iniciar con la cannabis que representa el 70% de las sustancias que se consumen a nivel mundial y que ofrece las mayores ganancias a las OTD, pero también es la sustancia que representa el menor riesgo para la salud.

En definitiva podemos decir que el oro en el siglo XXI tiene un color distinto: es verde y tanto los Estados Unidos (promotor histórico del prohibicionismo) como la gran mayoría de la comunidad internacional se encuentran en la ardua búsqueda de este preciado tesoro: Una planta sagrada llamada Cannabis .

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