La institución y los familiares de las víctimas solicitan que el juzgado que liberó de cargos al expresidente de El Salvador y a los jefes militares a la fecha de la masacre anule su resolución. Los abogados señalan errores jurídicos en el fallo que exculpó a los imputados y pretenden que la Fiscalía vuelva a presentar una acusación contra los considerados autores intelectuales de los asesinatos.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, y familiares de los sacerdotes jesuitas que fueron masacrados en noviembre de 1989 regresaron a los tribunales salvadoreños este lunes 27 de noviembre de 2017 a reclamar justicia. Quieren, en concreto, que se reabra el proceso judicial en contra del expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani y seis jefes militares de la Fuerza Armada de aquel entonces, a quienes señalan como los autores intelectuales.
El rector de la UCA, Andreu Oliva, y el director del Instituto de Derechos Humanos de la universidad (IDHUCA), José María Tojeira, junto con sus abogados, acudieron al centro integrado de justicia Isidro Menéndez, en San Salvador, para hacer su solicitud. El destinatario de la petición es el Juzgado Tercero de Paz, que decidió hace diecisiete años que los implicados no tenían que ser procesados y los dejó libres de cargos.
El 12 de diciembre del año 2000, ese juzgado resolvió que los señalados no podían pasar a la fase de Instrucción para continuar el proceso porque el delito del que se los acusaba había prescrito, por haber pasado más de diez años de la masacre. El juzgado no reconoció que el asesinato de los sacerdotes jesuitas, de una colaboradora y su hija, el 16 de noviembre de 1989, fuera un crimen de lesa humanidad.
En todo caso, tuvo el detalle de hacer recordar a la parte acusadora que El Salvador no había firmado la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, por lo que tampoco, según el tribunal, se podía acudir a esa normativa internacional.
El expresidente Cristiani y los jefes militares René Emilio Ponce (fallecido), Juan Rafael Bustillo (acusado también por la masacre de El Mozote), Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano (en proceso de extradición a España por el mismo caso), Francisco Elena Fuentes y Rafael Humberto Larios fueron librados de cargos por el tribunal.
Cristiani, por Constitución, era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en su rol como presidente de la República.
En el escrito que se presentó este lunes 27 de noviembre por el abogado Arnau Baulenas, en representación de Juan Antonio Ellacuría, hermano del padre Ignacio Ellacuría -rector de la UCA en 1989 y uno de los sacerdotes asesinados-, se pidió al juzgado que anule su resolución de diciembre del 2000 por la que los implicados fueron exculpados y se continúe con el proceso judicial, es decir, que continúe en la etapa de Instrucción. También le pidió al tribunal que le dé instrucciones a la Fiscalía General de la República para que presente un nuevo requerimiento en contra del exmandatario y los jefes militares señalados.
Baulenas argumentó que la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de julio de 2016, que significó la derogación de la Ley de Amnistía, que estuvo vigente en El Salvador desde 1993, abre la puerta para que este y otros crímenes que se cometieron durante la guerra salvadoreña de los años ochenta puedan ser juzgados.
José María Tojeira (izquierda) y Andreu Oliva en conferencia de prensa en el Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador, donde solicitaron al Juzgado Tercero de Paz, que se reactive el caso y se deje sin efecto el juicio del 2000. Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ
Incluso, el abogado recuerda en su escrito que el fallo constitucional aclara que la amnistía no incluyó los crímenes consignados en el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas y que por ello debían ser procesados. La masacre de la UCA es uno de esos crímenes en los que no debió nunca argumentarse la Ley de Amnistía para no investigarlos ni llevarlos a juicio. Sin embargo, en la práctica, el principal obstáculo para saber la verdad sobre la autoría intelectual de estos asesinatos ha sido el argumento de la amnistía.
La resolución de librar de culpa a los imputados porque el crimen ya había prescrito, en todo caso, fue “fraudulenta”, según Baulenas, porque El Salvador firmó en 1978 el Protocolo II, adicional al Convenio de Ginebra. El protocolo establece prohibiciones que no deben ser violadas “en todo tiempo y lugar” y que se refieren al trato humano y a las garantías fundamentales que deben respetarse en los conflictos armados internos.
Con esos argumentos, la UCA y los familiares de las víctimas de la masacre buscan que el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador anule la resolución que dictó en el año 2000 y se reactive el caso, bajo una nueva acusación de parte de la Fiscalía General de la República, en correspondencia con la resolución de la Sala de lo Constitucional, que declaró ilegal la amnistía.
El padre José María Tojeira cree que es necesario conocer la verdad sobre quiénes tuvieron conocimiento y dieron la orden de las ejecuciones: “Creemos que no solamente hubo una autoría material que ya fue juzgada, sino que también una autoría intelectual que quedó encubierta durante todos estos años. Creemos que ha llegado el tiempo de investigarse a fondo la autoría intelectual del caso Jesuitas”.
Un grupo de soldados del batallón Atlacatl irrumpió en las instalaciones de la UCA en la noche del 15 de noviembre de 1989. La ofensiva Hasta el tope, ejecutada por la guerrilla del FMLN con la finalidad de llevar el conflicto armado hasta la capital salvadoreña, tenía cuatro días de haber empezado. Los militares sorprendieron a los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López y Amando López, y también a Julia Elba Ramos, colaboradora de los jesuitas, y su hija Celina. Fueron sometidos.
En la madrugada del 16 de noviembre, horas después de haber entrado a la universidad, el grupo de soldados disparó y ejecutó a los padres jesuitas y a las dos mujeres. Los autores materiales de esos asesinatos fueron llevados a los tribunales.
Los soldados que asesinaron a los sacerdotes salieron el 15 de noviembre de 1989 por la noche del Estado Mayor del ejército, a unos cientos de metros de la UCA. Horas antes, informes y otras investigaciones sobre el caso de los jesuitas dan cuenta de que hubo una reunión entre jefes militares, entre los que se incluyeron los señalados: Ponce, Bustillo, Zepeda, Montano, Elena Fuentes y Larios, conocidos como la Tandona.
Se presume que el plan y la orden de asesinar a los jesuitas de la UCA se fraguó en esa reunión unas horas antes. Y por extensión, por tratarse de ser el comandante en jefe de la Fuerza Armada de El Salvador, las víctimas están seguras de que el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani, tuvo conocimiento de primera mano.
Miembros del alto mando del ejército en conferencia de prensa en 1990. Sentados (izq a der): Cnel. Orlando Zepeda, Gral. Rafael Bustillo y Cnel. Inocente Orlando Montano. Foto FACTUM/Archivo
La masacre de los jesuitas estremeció la opinión pública salvadoreña e internacional. Incluso fue el atenuante definitivo que llevó al FMLN a terminar la ofensiva y, en el largo plazo, a que la guerrilla y el gobierno terminaran el conflicto por la vía de la negociación política.
En España, mientras tanto, la causa por la masacre de los sacerdotes jesuitas se reactivó luego de que la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó una apelación del coronel Inocente Orlando Montano para no ser extraditado. La presencia de Montano en los tribunales españoles se espera en los próximos días.
La abogada Almudena Bernabéu, quien lleva la causa contra los militares salvadoreños en ese país, no duda de que los nombres de los coroneles y generales de la Tandona y del expresidente Cristiani volverán a sonar en los juzgados españoles por la masacre de los jesuitas.
Bernabéu lamenta que el gobierno del expresidente Mauricio Funes protegió a los militares salvadoreños pedidos por la justicia española y, luego, que el actual gobierno de Salvador Sánchez Cerén no se haya interesado en colaborar con el proceso judicial en aquel país.
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