128 personas hospitalizadas y 844 heridos por querer poner una papeleta en una urna. El referéndum en Cataluña tiene dos caras: la de una señora de pelo cano saliendo del colegio electoral con la cabeza ensangrentada por un porrazo de la policía frente al llanto emocionado de otra que sí pudo ejercer su voto frente a la prohibición a votar impuesta desde Madrid.
Foto FACTUM/Majo Siscar
Los catalanes estaban convocados el domingo 1 de octubre a decidir si querían formar una república independiente o seguir formando parte de España. La Generalitat –como se llama al gobierno autonómico de Cataluña– lo planteó como un referéndum vinculante, fruto de un proceso de movilización política de cinco años y sellado con la victoria de los separatistas en las elecciones regionales de 2015. Para el gobierno español, la sola convocatoria de la votación era una ilegalidad que afrentaba a la Constitución, por lo que no quiso en ningún momento sentarse a dialogar. El enfrentamiento desembocó en una huida hacia adelante de ambas partes en direcciones opuestas. El domingo, mientras los independentistas protegían urnas con cánticos y plantones, la imagen del presidente Mariano Rajoy justificando la represión masiva –criticada duramente en medios de toda Europa– como una actuación hecha “con firmeza y serenidad” era un derrape a la cuneta.
A Marta Torrecillas la Policía Nacional la sacó de su colegio electoral en el centro de Barcelona, el Instituto Pau Claris, a golpes. La tiraron al piso, le jalaron la ropa, la dejaron semidesnuda, la cargaron de brazos y manos, le rompieron los cinco dedos de la mano izquierda y la arrojaron escaleras abajo.
Para llevarse las urnas del colegio Ramón Llull, 15 agentes asaltaron las mallas metálicas del patio deportivo y dispararon balas de goma que han hecho peligrar el ojo de un muchacho. En Aiguaviva, un pueblo que no alcanza los 800 habitantes, la policía desalojó con gases lacrimógenos a sus habitantes, que habían organizado un almuerzo familiar delante del centro de votación. Y así podríamos seguir una enumeración de porrazos hasta completar las agresiones a 844 personas desarmadas.
Una pareja festeja su voto a la salida del colegio. Allá donde no hubo carga policial, el ambiente se asemejaba al de cualquier fiesta popular. Fotos de Majo Siscar.
Pero, ¿por qué Cataluña quiere ser independiente? Los catalanes tienen una identidad diferenciada, con lengua y cultura propia, a la que han apelado durante décadas para exigir más autogobierno. Además, generan la quinta parte del producto interior bruto español y son los que más impuestos aportan al conjunto del Estado respecto a lo que reciben. Dejarles ir es perder la gallina de los huevos de oro para España. Aunque las perspectivas económicas también son sombrías en una hipotética Cataluña independiente, el logro de una mejor gestión de los recursos es una de las promesas del secesionismo. De hecho, la crisis financiera fue su abono ideal.
Hasta 2007, los separatistas controlaban solo una sexta parte del Parlamento Catalán. Desde 2015 tienen mayoría. Entre una fecha y otra, el Tribunal Constitucional, en Madrid, derogó parte del autogobierno catalán pactado con España y ratificado en un referéndum legal por los catalanes. El tribunal bloqueó leyes que protegían a las familias pobres ante la crisis al asegurarles el servicio de suministros básicos como la electricidad o el gas, anuló artículos de la Ley de Igualdad local que avanzaban en los derechos sindicales y patronales de las mujeres o la iniciativa que impedía el fracking en Cataluña, por citar algunas. En sus dos mandatos, el Partido Popular de Mariano Rajoy delegó en jueces y policías lo que no ha sabido negociar en política. El 1 de octubre no hizo más que enseñar el cobre.
Pese a los decomisos de 10 millones de boletas electorales días antes, un ejército de voluntarios aseguró que hubiese urnas y papeletas en toda Cataluña antes de las 9 de la mañana.
Según las últimas encuestas, el 82 % de los catalanes está a favor de un referéndum pactado entre España y Cataluña en el que haya reglas claras de organización y participación para que el resultado sea vinculante: convocatoria electoral oficial, campaña oficial por el sí y por el no, colegios electorales registrados, censo público y paz social. Sin embargo, esos mismos sondeos no le han dado nunca una victoria al sí a la independencia.
El domingo, con un 42 % de participación, 9 de cada 10 votantes optaron por el sí. Dos millones de personas de los 2.2 millones que acudieron a las urnas quieren decirle adiós a España. Es, en términos relativos, como si todos los habitantes de la zona metropolitana de San Salvador decidieran independizarse de El Salvador.
Este electorado votó sin garantías y en unas condiciones extrañas que recordaban más a los jóvenes del 15-M o el Occupy Wall Street que a un movimiento que desafía la composición de todo un Estado y que había movilizado en su contra a 10 mil policías extras en dos cruceros atracados en el puerto de Barcelona durante días.
Escuelas tomadas por las familias
Frente al despliegue policial hubo un desborde ciudadano en calles, plazas y colegios. En la escuela Pit-Roig, en el Guinardó, un barrio residencial de clase media de Barcelona, 1,594 vecinos pudieron emitir su voto gracias a las familias de los alumnos. El viernes a las 5 de la tarde, en lugar de recoger a los niños que salen de clases, 70 personas ocuparon las aulas de sus hijos. Montaron juegos infantiles, proyecciones de películas y una jornada de mantenimiento de las instalaciones. El sábado, Andreu fue el encargado de arreglar un techo del salón de su hijo que se estaba agrietando. Gisela, madre de un niño y una niña de primero y tercer grado, pintó las verjas del patio de sus hijos. Permanecieron más de 50 horas hasta completar el recuento de los votos el domingo a las 9 de la noche para defender con su presencia que la policía no clausurase la consulta. Otro vecino del barrio se encargó de coordinar la llegada de las urnas y las papeletas, a las 7:20 de la mañana del domingo, para poder tenerlas listas y permitir la participación a las 9 de la mañana. Ante la prohibición del referéndum, hubo un ejército de voluntarios que resguardaron en secreto y transportaron esa madrugada miles de urnas a lo largo de un territorio más grande que Bélgica. Las asociaciones de madres y padres, los vecindarios y los universitarios se autoconvocaron para evitar que precintaran los centros de votación, los mismos que en cualquier otra elección, pero esta vez con el boicot del Estado.
“Si te fijas aquí lo único que cantamos cuando llega la policía es ‘votaremos’ y que ‘las calles serán siempre nuestras’, esto ya no es por la independencia, es por poder ejercer nuestros derechos democráticos”, decía Gisela, mientras de las urnas salían los primeros votantes, ancianos y discapacitados a quienes dieron prioridad en la cola.
Montserrat nació en plena Guerra Civil Española y durante 40 años se le prohibió hablar catalán en público. Ayer acudió acompañada por su cuidadora al colegio a votar “para que se reconozca la identidad catalana”. Los bomberos se ofrecieron voluntariamente a apoyar la consulta y se desplazaron a los colegios electorales más grandes a ayudar en la logística. En algunos se enfrentaron incluso con la policía.
En el mismo distrito, Mireia Jerez también hacía guardia en su colegio electoral, mucho más concurrido, donde un grupo de bomberos voluntarios resguardaban la entrada por si llegaba la policía. “Ver a estas dos mil personas esperando en la cola cuando a unas cuadras están pegando a la gente por votar me reconcilia con la humanidad”, explicaba Gisela, mientras mordisqueaba dulces industriales para aguantar la espera. A sus 41 años sentía que este domingo estaban haciendo justicia a sus padres y abuelos, reprimidos durante la dictadura franquista.
“Los ciudadanos de Cataluña nos hemos ganado hoy el derecho a tener un Estado independiente que se constituya en forma de república”, proclamó al terminar la jornada el presidente catalán, Carles Puigdemont. Según la hoja de ruta catalana que se aprobó en el Parlamento –con un procedimiento cuestionable–, la victoria numérica del sí permitiría, en 48 horas, declarar unilateralmente la independencia en la cámara. Se viene un pleno tenso en los próximos días. Las condiciones de la consulta ponen en duda su carácter vinculante.
Además de los 844 heridos, hubo, en la jornada del domingo, 400 escuelas cerradas o intervenidas por la policía –donde podrían haber votado hasta 770 mil personas más–; se cambiaron las reglas del juego media hora antes para que cualquiera pudiese votar en cualquier centro, se trasladaron urnas de un lugar a otro…
Y eso solo durante el domingo. Las irregularidades vienen desde el momento en que el Estado detuvo a 14 altos cargos y trabajadores de la Generalitat implicados en el referéndum, citó judicialmente a 700 alcaldes que se habían comprometido a abrir centros de votación, registró medios de comunicación y empresas impresoras, cerró páginas webs oficiales, imputó cargos de sedición a portavoces de organizaciones sociales y canceló las cuentas de la Generalitat para que no pudiera sufragar urnas, papeletas ni la logística de apertura, instalación y mantenimiento de mesas.
Que gran parte del no no se sintiese llamado a votar ya ponía en cuestión el referéndum. Pero el uso desproporcionado de la fuerza le dio legitimidad. Mientras el jefe de gobierno Mariano Rajoy comparecía al cierre de los colegios a decir que “no ha habido un referéndum, hemos asistido a una mera escenificación” a la que “el Estado ha reaccionado con firmeza y serenidad”, en muchas ciudades españolas se sucedían concentraciones de rechazo.
Responder con “serenidad”, algo que repitió al menos en dos ocasiones es, para el presidente, haber mandado a 10 mil policías extras a Barcelona a que empujen a una chica escaleras abajo del colegio electoral y le rompan los cinco dedos de la mano, abrirles la cabeza a mayores y jóvenes o que un muchacho pueda perder un ojo por recibir una bala de goma. Rajoy no ha tenido una sola palabra hoy para esos 844 heridos, que todavía son españoles. Y ha rematado su discurso al decir: “Hemos hecho lo que teníamos que hacer, actuando con la ley y solo con la ley”.
Los hechos y el tono de las declaraciones de ambos gobiernos agudizan la crisis y auguran la continuación de las tensiones en los próximos días. Pero en la calles de Cataluña y España, las miles de asociaciones de madres y padres que desafiaron la legislación y acamparon desde el viernes en los colegios de sus hijos para asegurar que permanecieran abiertos para aguardar las urnas, los jóvenes que durmieron en aulas y plazas, o los abuelos que llegaron hasta en sillas de ruedas a votar, no son ya solo un símbolo del independentismo: canalizan toda la oposición democrática a un régimen que encarcela tuiteros murcianos o mallorquines por hacer chistes o canciones sobre el dictador extinto y sus socios, o que convierte en presos políticos por enaltecer el terrorismo a dos titiriteros en un espectáculo en Madrid.
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