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La prueba científica hunde los argumentos de los militares en El Mozote

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Tres peritas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) dejaron en evidencia la fragilidad de los argumentos de los abogados de los 18 militares acusados por la masacre cometida en 1981. La audiencia donde se presentaron los informes periciales fue una demostración del poder de la prueba científica frente a los viejos ideales militares de la guerra civil. 

Fotos FACTUM/Gerson Nájera


El pasado 16 de agosto de 2018, dos discursos se enfrentaron en una audiencia judicial: el de los defensores de militares acusados por una masacre cometida en 1981 y el de la ciencia. El escenario era un juzgado en la pequeña ciudad de San Francisco Gotera, en el noreste de El Salvador; y el caso, la matanza de unos mil civiles –más de la mitad de ellos menores de edad– perpetrada por fuerzas del gobierno en diciembre de 1981 en el caserío El Mozote y alrededores. Ese día no fue uno más en el largo proceso en que los abogados defensores de los militares acusados han estado relativamente cómodos intentando desacreditar a decenas de campesinos sobrevivientes que han desfilado como testigos. Ese día ganó el discurso de la ciencia, gracias a una lección magistral sobre antropología forense.

Las antropólogas Silvana Turner, Mercedes Doretti y Patricia Bernardi forman parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que elaboró el informe pericial de cinco piezas de más de 200 páginas cada una y que es fundamental en este juicio, un litigio que se ha visto interrumpido durante más de dos décadas porque la justicia salvadoreña ha rehuido enfrentar a quienes años atrás fueron todopoderosos. Las tres antropólogas han pasado horas y horas excavando y removiendo con delicadeza y rigurosidad las tierras que ocultaron por años a las víctimas del Batallón Atlacatl en cuatro caseríos y dos cantones del norte de Morazán, donde se cometió una de las masacres más grandes de la historia reciente de Latinoamérica.

Las tres antropólogas declararon como testigos de la parte acusadora, tal como lo hicieron los testigos de las sesiones en los meses previos. La defensa de los 18 militares imputados lanzó, de nuevo, teorías que fueron cayendo, una a una, por la evidencia científica. Apareció, por ejemplo, la hipótesis de que las muertes se produjeron en medio de un combate. Y Mercedes Doretti rebatió con firmeza y seguridad cada una de las preguntas.

“No hay pruebas que apoyen el argumento de que las víctimas, casi todos niños pequeños, habían participado en combate o habrían sido atrapados en el fuego cruzado entre fuerzas combatientes. Por el contrario, las pruebas apoyan decididamente la conclusión de que fueron víctimas intencionales de una ejecución masiva extrajudicial”, concluyó Doretti al finalizar su exposición sobre los hallazgos en el Sitio 1 del caserío El Mozote.

El Estado de El Salvador ya fue condenado en 2012 por los hechos documentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además de reparar económica y emocionalmente a las víctimas y sus familiares sobrevivientes, rescatar la memoria y denunciar los hechos, El Salvador también está obligado, por la sentencia de la Corte, a lograr justicia y condenar a los autores de las 978 personas ejecutadas, de las que más de la mitad son menores de edad, según el Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos durante la Masacre de El Mozote.

El EAAF llegó por primera vez a El Salvador en 1991, a petición de la fundadora de Tutela Legal (entonces del Arzobispado). Hacía apenas siete años que el Equipo se había fundado en Argentina para investigar las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la dictadura en ese país y para tratar de identificar los restos para entregarlos a los familiares de las víctimas. Cuando llegó a El Salvador, la guerra civil agonizaba y el EAAF no era tan conocido. La fama le llegó en 1997, cuando exhumaron los restos de Ernesto “El Che” Guevara, en Bolivia.

Su primera misión en El Salvador consistió en comprobar si había evidencia científica para demostrar que había sucedido una masacre, algo que el gobierno salvadoreño seguía negando y que quizás nunca hubiera salido a la luz si no fuera por las fotos de Susan Meisselas y el trabajo periodístico de Raymond Bonner para el New York Times y Alma Guillermoprieto para el Washington Post, los primeros en contar lo que había pasado al norte de Morazán. En el conocimiento de lo ocurrido también fue indispensable el testimonio de Rufina Amaya, superviviente de la masacre.

El informe que rindieron el pasado 16 de agosto como peritas ante el juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera fue como una clase magistral de antropología forense que ilustró a todos. Doretti fue la primera en intervenir. A petición del juez, enumeró sus atestados profesionales: 34 años de trabajo como antropóloga forense, dos veces doctora honoris causa, experiencia en una larga lista de países que logró arquear las cejas de asombro de varios de los presentes. Después explicó, en poco más de una hora, cómo investigaron esta masacre cometida en diciembre de 1981 en Morazán.

La atención era total, el público y los periodistas presentes –que no fueron pocos, debido a que cada vez llegan más a las audiencias desde que se abrió el proceso judicial en 2016–  escucharon con asombro su exposición. El juez y los empleados del tribunal también estaban atentos, se habían girado en sus posiciones y no perdían detalle.

Doretti hizo un resumen de las conclusiones del largo informe. Según su consolidado, 10 peritos del EAAF y el Instituto de Medicina Legal salvadoreño, además de algunos asistentes, trabajaron juntos en los cuatro caseríos y dos cantones durante cuatro momentos: 1992, 2000, 2001 y 2004.

Los peritos tenían conocimientos de arqueología, criminalística, balística, medicina legal, antropología forense y radiología forense. Todo se desarrolló a partir del método de trabajo del Equipo, que consiste en una investigación preliminar sobre las víctimas, detectar el lugar de enterramiento y proceder con la exhumación de los restos.

El hallazgo más grande sucedió en el Sitio 1 del caserío El Mozote, en 1992. Mercedes Doretti lo detalló durante la presentación del informe. Contó cómo excavaron en medio de un descampado por orden del juez de Gotera en busca del lugar conocido como El Convento, donde se presumía que había muchas víctimas bajo tierra. Pero el equipo de trabajo no esperaba encontrar tantos huesos ni de tantos niños: 136 en total y con una edad promedio de 6 años. También encontraron los restos de un hombre y seis mujeres, una de ellas embarazada.

En un momento de su exposición, Doretti mostró las fotos de los restos óseos y las prendas encontradas bajo tierra. Se detuvo en la foto donde se ven unos pantaloncitos curtidos, con su cinturón, y sobre la pernera izquierda, un caballito rojo de plástico que Doretti encontró en uno de los bolsillos. Son los restos de un niño asesinado en 1981. En ese momento, un empleado del tribunal bajó la mirada y movió la cabeza en un gesto de negación. El silencio se rompió, hubo murmullos de lamento, sorpresa y maldición.

Al terminar la primera jornada de esta audiencia, Patricia Bernardi lo reconoció ante los medios presentes:

“Para mí fue algo nuevo. En Argentina, indudablemente, también hay desapariciones de niños, pero no a nivel de lo que yo observé acá, trabajando en la masacre de El Mozote. Fue impactante la cantidad de niños. Eso a mí me marcó”.

El Equipo examinó en total ocho recintos y 21 fosas en las zonas de trabajo, donde dictaminaron el hallazgo de al menos 282 personas. Solo en El Mozote se encontraron 178 y en La Joya, 32. El tercero con más hallazgos fue Los Toriles, con 30, y luego Ranchería, con 26; en Cerro Pando, nueve y en Jocote Amarillo, siete.

El Convento era un edificio pequeño y cercano a la iglesia de El Mozote, un recinto rectangular de 31.5 metros cuadrados. La mayoría de las 143 víctimas estaba en el centro, cerca de la puerta. Doretti explicó que pueden haber sido más personas, pero los daños causados a los cuerpos durante la matanza y con el paso de los años, afectaron en su identificación.

“Los esqueletos muestran indicios de trauma grave por la alta velocidad de proyectiles que impactaron en ellos y  daños post mortem (después de la muerte)”, leyó Doretti. En 51 cráneos y 12 huesos de post cráneo se encontraron “pequeñas densidades metálicas compatibles con fragmentos de proyectil”, mientras otros muchos mostraban impactos de arma de fuego.

Entre los imputados de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, hechos cometidos en diciembre de 1981, se leen los nombres del Gral. José Guillermo García, Gral. Rafael Flores Lima, Cnel. Jaime Grijalva y otros.
Foto FACTUM/Gerson Nájera.

Los exámenes avalados por la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos, una instancia de gobierno que desapareció con los Acuerdos de Paz, en 1992, concluyeron entonces que en el Convento aparecieron 245 vainillas y más de 260 fragmentos de proyectil. La mayoría se encontró en dos puntos: en el exterior del edificio, cerca de la puerta, y adentro, en el centro del recinto. Con las pruebas balísticas también se determinó que la mayoría había sido fabricada en Lake City, Missouri, por una empresa proveedora del gobierno de Estados Unidos y que los proyectiles fueron disparados por fusiles militares M16, también fabricados en ese país.

Sin embargo, las declaraciones de Doretti apuntaron a otra dirección. Al enfrentar las preguntas del acusador particular, David Morales, y las de dos fiscales, la perita argentina debió responder también las de la defensa. El abogado Rodolfo Garay Pineda se puso de pie y se dispuso a lanzar preguntas a Doretti, quien yacía sentada a unos dos metros de él. Ella respondió detalladamente, sin dudar. Luego de tres preguntas, Doretti negó que se encontraran vainillas específicamente en el muro del Convento, bajo la presunción de la defensa de que había tiradores adentro, disparando; como también negó que hubiera restos de vainillas afuera, por lo que descartó un combate.

La antropóloga subrayó una comprobación clave: nueve disparos dejaron orificios en el piso del convento y heridas en los cuerpos, por lo que la conclusión es que los disparos se hicieron desde lo alto. Llegado este punto, Doretti se había levantado de su asiento con micrófono en mano para responder al abogado defensor, y gesticulaba con las manos para acompañar sus explicaciones.

Entonces, Garay Pineda quiso sacar una conclusión y por eso preguntó, de nuevo, generando así el siguiente intercambio:

—Si hay vainillas en el interior del convento, ¿se puede establecer la posibilidad de que había un tirador adentro del convento?
—Solamente si usted no toma el resto de la evidencia en cuenta. Esa es la situación. Nuestras conclusiones se basan en tomar toda la evidencia en conjunto. Si usted establece que tiene 135 niños allí adentro, nuevamente, no sé cómo puede explicar que alguien estuviera al mismo tiempo con una montaña de 143 cadáveres y tirando ahí adentro y hacia afuera. No lo encontramos.

La impresión de la dra. Doretti cuando le preguntó la defensa de los militares acusados si era posible que las osamentas humanass exhumadas correspondían a otra fecha que no fuera 1981, puesto que no se ha logrado identificar por medio del ADN a cada una de las víctimas.
Foto FACTUM/Gerson Nájera.

Más tarde llegó el turno de la perita Bernardi. El defensor Garay Pineda formuló preguntas sobre la edad de las víctimas y el método científico para definirlas. Bernardi explicó los hallazgos en Jocote Amarillo, La Joya y Los Toriles, donde la mayoría también fueron menores de edad e indicó que “cuanto más joven, más precisa es la (prueba de) odontología”. Bernardi se refirió a que en esos casos usaron los dientes para determinar la edad.

Al salir de la sala de audiencias, Garay Pineda respondió a un par de periodistas sobre su intervención:
“Obviamente aquí, en el proceso, se ha pretendido establecer que era un escenario de guerra y sí lo era. Y dentro de los movimientos que se dieron en esa época había combatientes muy jóvenes, llamados Samuelitos, que se encuentran en el rango de los 12 a los 18 años”.
Garay Pineda dijo esto a pesar del dato de que la edad promedio de los menores de edad asesinados era de 6 años.
—¿Hay algún informe de la Fuerza Armada que identifique a los Samuelitos como objetivos militares? –le preguntó Factum.

—Ellos participaban como cualquier otro combatiente, y era el FMLN quien los utilizaba con esa finalidad, las violaciones a los derechos de esos menores las cometieron ellos, al involucrarlos en actos de ese tipo.

Durante el interrogatorio a Doretti, uno de los abogados, el coronel Adrián Meléndez Quijano, se paró para comenzar su batería de preguntas y comenzó así:

—Licenciada Dorothy…

Las partes y la misma Doretti lo interrumpieron:

—Do-re-tti se escuchó, claramente, en la sala, con todo y corte silábico, para que Meléndez Quijano captara el error.

—¿Perdón? Ah… Licenciada Doretti –rió nervioso–. Perdón.

Tras una primera pregunta, Meléndez Quijano volvió a la carga:

—Licenciada Mercedes Dorothy… –volvió a errar, pero él mismo se pilló en el yerro y se corrigió–. Perdón, licenciada Mercedes…

Esta vez hubo más risas, apenas contenidas entre el público. Doretti sonrió y le quitó peso al asunto.

Luego, el abogado pretendió que Doretti le dijera si podía identificar o no la causa de la muerte cuando ya no hay tejidos suaves (como piel o músculos), solo huesos. La Fiscalía objetó y el juez admitió la objeción, pues Meléndez Quijano pretendía que la perita respondiera “sí o no” ante una pregunta de desarrollo y no permitía que explicara su criterio técnico. Doretti se quejó porque apenas le dejaba responder.

—Aquí no estamos en una declaración testimonial, sino de peritos y los peritos lo que tienen que emitir en sus declaraciones son opiniones sobre los dictámenes y una opinión no la va a contestar con sí o no –explicó el juez Jorge Alberto Guzmán al abogado.

Los interrogatorios a las peritas también incluyeron preguntas sobre el financiamiento del Equipo Argentino de Antropología Forense. Las peritas aclararon, sin vacilar, que ellas son parte de una organización no gubernamental sin fines de lucro que informa públicamente de sus financistas desde su página web, y que nunca habían recibido fondos de Tutela Legal.

Cuando la audiencia ya casi finalizaba, Dorila Márquez, sobreviviente y representante de la Asociación Promotora de los Derechos Humanos de El Mozote, obtuvo unos minutos para agradecer a las peritas por sus años de trabajo en la búsqueda de las víctimas de la masacre. El juez también lo hizo, recordó que la Corte Suprema de Justicia no colaboró para contar con su presencia en la audiencia y acotó:

“Créanme que la justicia en este país les está muy agradecida”.

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