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La Probidad pisoteada en los tiempos de Arena

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La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) señaló, entre 1999 y 2005, a decenas de miembros de los gabinetes de gobierno de los ex presidentes Armando Calderón Sol y Francisco Flores, titulares de autónomas, diputados y alcaldes, por sospechas de haber cometido el delito de enriquecimiento ilícito. En algunos casos las irregularidades se desvanecieron, pero en la mayoría no se culminó en una investigación, mucho menos en una acusación formal ante los tribunales. Al contrario, en 2005, la CSJ, por presiones de la derecha política a la que la mayoría de magistrados debían su elección , le retiró atribuciones de investigación a la Sección de Probidad, que le fueron devueltas hasta casi nueve años después. Entre los rastros de aquellas sospechas quedaron memorándum y otras correspondencias que dan cuenta de los reportes sobre estos funcionarios que enviaba el ex jefe de Probidad, Eduardo Cáceres, a los entonces presidentes de la CSJ Jorge Eduardo Tenorio y Agustín García Calderón, este último acusado hoy en día, también, de enriquecimiento ilícito.

Ilustración FACTUM/Salvador Meléndez


A la CSJ presidida por el exmagistrado Agustín García Calderón entre 2000 y 2009 no le interesó, en nada, el compromiso con la probidad de los funcionarios públicos. El partido político Alianza Republicana Nacionalista (Arena) gobernaba El Salvador en ese entonces y pese a las insistentes sugerencias del exjefe de la Sección de Probidad de la Corte, Eduardo Cáceres, para investigar a funcionarios, en su mayoría relacionados al partido Arena, la desatención desde la presidencia de la CSJ fue sistemática.

La desidia de la Corte Suprema impidió investigar, entre otros, lo patrimonios del expresidente Alfredo Cristiani; de Francisco Merino, ex vicepresidente y en la actualidad diputado por el PCN; del excanciller Ramón González Giner, uno de los hombres más cercanos al expresidente Armando Calderón Sol; o de Romeo Melara Granillo, ex fiscal general de la república.

García Calderón, al no informar a Corte Plena de los hallazgos hechos por su jefe de Probidad, impidió también profundizar investigaciones al expresidente Francisco Flores y varios de los miembros más influyentes de su gabinete, como Juan José Daboub, quien fue secretario técnico y ministro de Hacienda.

Todo quedó plasmado en varios memorándums sobre reportes mensuales y quinquenales de decenas de declaraciones juradas de patrimonio que, a juicio de Probidad, eran suficientemente incongruentes como para empezar de oficio las investigaciones a profundidad. Nada de eso sucedió.

Una de las sentencias que recoge un memorándum enviado por el jefe de la Sección de Probidad de la CSJ al presidente del Órgano Judicial el lunes 18 de septiembre del 2000 es concluyente: Antes de 1998, en Probidad “no se hacía ninguna labor de análisis de las declaraciones ni estimación del incremento patrimonial”. El jefe de la sección en ese entonces, Eduardo Cáceres, también le informaba al magistrado presidente Agustín García Calderón que las funciones de Probidad, antes del 98, se limitaban a recibir y a archivar las declaraciones de patrimonio de los funcionarios, cuando las había. “Ninguna institución cumplía con la obligación legal de reportar los nombramientos y ceses de funciones de los servidores públicos”, le comentaba Cáceres a García Calderón en ese mismo documento.

La entrada de Cáceres a finales de los años noventa como jefe de la Sección de Probidad significó un parteaguas en las funciones de esta unidad, aunque poco se podía hacer con lo que quedó en el pasado. Los incrementos ilícitos de patrimonios de los funcionarios de los tres órganos del Estado, autónomas y municipalidades de las administraciones presidenciales de José Napoleón Duarte, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y de Alfredo Cristiani, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuando los hubo, quedaron en completa oscuridad.

De 1998 en adelante, Cáceres y su sección se dieron a la tarea de, entre otras actividades, hacer llamados a los funcionarios para que entregaran sus declaraciones juradas de patrimonio; elaboraron un método para establecer criterios de investigación y trataron de entablar relaciones con fuentes externas a la CSJ para acudir a ellas durante las indagaciones. Una de estas fuentes con información valiosa eran -y siguen siendo- los bancos privados adscritos al sistema financiero de El Salvador.

En el mismo memorándum de septiembre del 2000, el jefe de Probidad reportaba que se llevó a cabo un estudio patrimonial a 73 funcionarios públicos que cesaron en sus cargos en 1999 y que 31 de ellos resultaron con irregularidades, “de las que se informó a la Corte el 28 de octubre de 1999”. Luego, se aclaró que de los 31 servidores públicos con observaciones en sus declaraciones, 15 de ellos lograron justificar las contradicciones, mientras que los otros 16 se mantuvieron con inconsistencias.

Este y otros dos memorándums a los que ha tenido acceso Revista Factum revelan la magnitud de las investigaciones a las que apuntaba la Sección de Probidad de la CSJ, a cargo de Eduardo Cáceres. La incomodidad que generó la sección llegó hasta las instancias de que fue la misma CSJ en pleno, por una velada presión de los bancos y por el poder político del partido en el gobierno, la que le retiró atribuciones investigativas a Probidad.

Hoy en día, mientras Arena denuncia que el partido en el gobierno, el Fmln, intenta hacerse de los tres poderes del Estado, no parece recordar la década de los 2000, en la que la derecha política salvadoreña manejó todo el aparato estatal, con dos presidentes continuos en el Ejecutivo, con un presidente en el Legislativo dócil a las directrices de Arena como Ciro Cruz Zepeda, del extinto Partido de Conciliación Nacional, y con otro presidente en el Judicial que ayudó a mantener silenciado todo lo que supusiera investigaciones por enriquecimiento ilícito contra funcionarios de Arena, como Agustín García Calderón.

Las investigaciones contra estas personas de la derecha, por supuesto, nunca se ordenaron. Pero al menos los escritos de Cáceres con los nombres de los funcionarios de quienes se sospechaba, al igual que las motivaciones que llevaron al jefe de Probidad a ponerles un ojo encima, sí quedaron en los archivos de la CSJ.

“A partir del 10 de febrero de este año (1999) que la sección contó con los servicios de un auditor, se inició el trabajo de auditoría consistente en la comparación del patrimonio declarado al inicio y cese de funciones de los servidores públicos relevantes que terminaron sus funciones”, escribió el jefe de la Sección de Probidad en aquel memorándum al entonces magistrado presidente Jorge Eduardo Tenorio, como un preámbulo de lo que estaba por leer.

Los fichados de la era Calderón Sol

El primero de los 16 funcionarios con observaciones fue Francisco Merino, hasta ese entonces vicepresidente de la República, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), diputado de la Asamblea Legislativa y presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR). Sobre Merino se reportó que los incrementos en su patrimonio familiar durante sus períodos como diputado del Parlacen y del congreso fueron “muy superiores” a las tasas de rentabilidad de las empresas en el país. Merino, a la fecha, es diputado directivo de la Asamblea Legislativa por el Partido de Concertación Nacional (PCN).


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Caso contrario sucedió con Mario Acosta Oertel, de quien se reflejó una disminución patrimonial de hasta 2 millones 124 mil 510 colones ($242,801.14) durante su período como ministro del Interior en la administración presidencial de Armando Calderón Sol. Acosta presentó dos declaraciones de inicio de funciones con la misma fecha: 1 de junio de 1994. Una fue como ministro del Interior y la otra fue como diputado de la Asamblea Legislativa. Probidad le detectó inconsistencias en esas dos declaraciones -que no deberían haber existido porque pertenecían a la misma fecha- por 805 mil 385 colones ($92,044).

Ya fuera por incremento o por disminución en los patrimonios, el patrón de los argumentos de los declarantes iba desde donaciones y herencias a su favor hasta deudas que hacían reflejar menor liquidez. En la mayoría de estos casos, Cáceres reportó que había, persistente, una falta de compromiso para entregar completas las declaraciones juradas de patrimonio, por lo que había omisiones en las presentaciones de inmuebles y de ingresos de los funcionarios y de sus familiares.

El incremento patrimonial más escandaloso en el reporte de Cáceres de 1999 es el del entonces ministro de Relaciones Exteriores Ricardo Ramón Ernesto González Giner, quien reflejó un aumento de 17 millones 246 mil 898.42 colones ($1,971,074.11), que ameritaba una explicación. A González Giner le siguieron otros funcionarios con incrementos significativos como el de Alfredo Cristiani, expresidente de la República, en su calidad de diputado del Parlacen. A Cristiani se le reportó un aumento patrimonial de 4 millones 565 mil 674.52 colones ($521,791.37). El expresidente no reportó detalles patrimoniales de su grupo familiar. Otro incremento fuerte también fue el de Romeo Melara Granillo, como fiscal general de la República y como director del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM).

Melara Granillo reflejó un aumento de 4 millones 383 mil 054.50 colones ($500,920.51) en un período de un poco más de nueve años en que se desempeñó en los dos cargos. Este exfiscal general también recibió dineros de la partida secreta de la presidencia de Armando Calderón Sol, en específico $5,714.29, que iban dirigidos a la Fiscalía, como lo publicó el periódico digital El Faro.

El Faro reveló en un reportaje publicado el  cómo se usaban los fondos de la partida secreta para beneficio personal de los presidentes y de personas y organizaciones cercanas a ellos. Este dinero siempre estuvo fuera de toda auditoría y, por ley, no era necesaria su rendición de cuentas. Los cuadernos en los que se plasmaban los escritos a mano a modo de cheques reflejaron una cantidad por los $322,000,000 que los presidentes Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca, los tres del partido Arena, utilizaron sin restricción.

Como si no hubiera sido suficiente, las garantías de que nunca iba a haber una investigación por enriquecimiento ilícito contra los funcionarios de la derecha política se daban desde la misma CSJ. La prueba de ello la da la historia: nunca, en los tiempos de Arena, se abrió una investigación, mucho menos un juicio, contra algún funcionario por incrementar su patrimonio de forma injustificada o emitir testimonios falsos en sus declaraciones juradas. El sello final, por su parte, lo imprimía la Fiscalía con un titular, Melara Granillo, que recibió dineros de la partida secreta y aumentó su patrimonio en más de medio millón de dólares.

Otros funcionarios con declaraciones patrimoniales con irregularidades que reportaron incrementos fueron el ministro de Salud Pública, Eduardo Interiano, quien no explicó 1 millón 865 mil 264.10 colones ($213,173.04), y su subordinada, la viceministra de Salud Pública Ana María Guadalupe Alfaro de Gamero, que dejó sin justificar 2 millones 012 mil 030.84 colones ($229,946.38). Interiano actualmente está procesado por agresiones sexuales y por pagar por obtener servicios sexuales de una mujer menor de edad.

Mientras que el magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) José Rutilio Aguilera Carreras, del PCN. fue observado por Probidad con un aumento en el patrimonio líquido (dinero contante) de 1 millón 175 mil 789 colones ($134,375.88).

El presidente del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), Raúl Francisco García Prieto, tuvo irregularidades que reflejaron un incremento patrimonial pero que solo fue detallado en porcentajes por el jefe de Probidad, a razón de 36.44% anual durante su período.

Tampoco se tuvieron más detalles del reporte de incremento del director ejecutivo del Centro Nacional de Registros, José Silverio Enrique Henríquez Toledo.

En el caso del ministro de Seguridad de Calderón Sol, Hugo Barrera, Probidad denunció vacíos graves en las declaraciones que presentó al inicio y al final de su gestión, sin entrar en detalles financieros.

Sobre esos vacíos en las declaraciones de patrimonio, Cáceres lo decía claro en sus memorándums: “Existe una casi generalizada reticencia de los funcionarios públicos a declarar su patrimonio, limitándose a cumplir con el requisito formal de presentar una declaración jurada, lo cual no es un instrumento adecuado para reflejar el estado patrimonial y eventual enriquecimiento”. Así veía Arena su compromiso con la probidad mientras gobernó El Salvador; hoy en día, como oposición política, sus miembros piden la intervención hasta de Naciones Unidas para investigar casos de corrupción.

Cuatro funcionarios más que, al contrario, reportaron disminuciones irregulares en sus declaraciones juradas de patrimonio fueron: Miguel Eduardo Araujo Padilla, ministro de Medio Ambiente, por 2 millones 604 mil 156.18 colones ($297,617.85); Renzo Ítalo Martínez Bucciantini, subdirector general de la Policía Nacional Civil, de quien no se dieron detalles; Guillermo Alfredo Sol Bang, presidente de CEL, por 1 millón 235 mil 337.21 colones ($141,181.39); y José Eduardo Tomasino Hurtado, director propietario del INDES y ministro de Trabajo, por 1 millón 276 mil 648.01 colones ($145,902.63).

El último caso no es menos extraño: Vilma Isabel de Calderón, viceministra del MAG, reportó una disminución de capital de 4 millones 555 mil 520 colones ($520,630.85). Luego de que se le comunicó la irregularidad, la funcionaria saliente modificó su declaración y entonces presentó un incremento por 1 millón 835 mil 715 colones ($209,796), a pesar de que dejó reflejada una devaluación de sus inversiones por 1 millón 527 mil 483 colones ($174,569.48).

Todos estos casos, para el exjefe de Probidad, llenaban el perfil para ser reportados a la CSJ en pleno y desde allí decidir si se ameritaba una investigación a fondo. Pero las comunicaciones internas no fluyeron y nunca se tuvo una instrucción de abrir investigaciones sobre los observados.

La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) señaló, entre 1999 y 2005, a decenas de miembros de los gabinetes de gobierno de los ex presidentes Armando Calderón Sol y Francisco Flores, por sospechas de haber cometido el delito de enriquecimiento ilícito.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez.

***

Como lo asegura el actual jefe de la Sección de Probidad de la CSJ, Carlos Pineda, en una conversación telefónica que sostuvo con Revista Factum, ninguno de esos hallazgos en aquel entonces fue investigado. Y advierte algunos matices sobre las terminologías de lo que significa un “indicio de enriquecimiento ilícito” y la “oficiosidad” que la Sección de Probidad debe atender en los análisis previos, en los que se incluyen las comparaciones de declaraciones juradas de patrimonio de inicio y de cese de funciones.

Hemos podido ver los memorandums que el exjefe de la Sección de Probidad, Eduardo Cáceres, envió al presidente Eduardo Tenorio y al presidente Agustín García Calderón, sobre las irregularidades en las declaraciones de patrimonio de funcionarios durante las administraciones de Armando Calderón Sol y Francisco Flores. ¿Alguno de estos reportes empujaron a abrir investigaciones más a fondo?

En realidad, no fueron investigados. Estas irregularidades que muchas veces se señalaron eran prácticamente producto de un análisis que se hacía simplemente a través de la comparación de la declaración de toma (de posesión) y de cese. Pero la comprobación de toda la información patrimonial que se tuvo que haber hecho en realidad no se hizo. (…) Lógicamente, el jefe de la sección de aquel entonces lo sometía a consideración (del presidente de la CSJ) y muchas veces dijo en esos memorandums que lo hiciera de conocimiento del pleno a efecto de recibir las instrucciones respectivas que la Corte determinara. Pero nunca se recibió ninguna directriz. Ahora bien, esto es parte de toda la historia, eran los primeros pininos de análisis que se estaban realizando. Allá por 2004 que efectivamente se empezó a hacer la comprobación de la información que los funcionarios declaraban, y en el caso precisamente del expresidente Francisco Flores y su gabinete, es que se estaban haciendo estas comprobaciones a través de las fuentes externas, que incluyen por supuesto todo el sistema financiero, y fue donde, allá por el 2005, que la Corte desgraciadamente nos quitó las facultades de investigación a través del sistema financiero y con eso nos quitó todo. Nos condenaron por casi diez años a ser un archivo de declaraciones.

¿Y no es un elemento para un indicio de enriquecimiento ilícito que las declaraciones de patrimonio de inicio y de cese no coincidan y presenten incrementos desproporcionados?

Es que con la sola comparación de la declaración, claro, puede haber un incremento. Pero pasa que muchas veces ese incremento patrimonial es justificado, porque recibió herencia o donación u otro tipo de circunstancias que pueden hacer crecer el patrimonio sin que sea a título oneroso. Entonces, el detalle es que nosotros no podemos establecer indicios de enriquecimiento ilícito mientras no hayamos verificado y comprobado a través de fuentes externas todo el flujo de efectivo que se movió a través del sistema bancario. Los indicios deben ser comprobados. De lo contrario, usted juega con la imagen de un servidor público. Ahora bien, sobre los análisis de aquella época, habría que verificar toda la información.

¿Qué debe ocurrir para empezar a investigar a un funcionario? ¿Cuáles son los criterios? ¿Puede ser que las diferencias encontradas al comparar las declaraciones de patrimonio, si bien no signifiquen un indicio en sí mismas, sean señales de que algo anda mal?

Eso es la oficiosidad que tiene la Sección de Probidad en un caso. Eso es la oficiosidad. ¿Producto de qué? Producto de un análisis previo que hace el auditor, donde empieza a verificar puntualmente que hay algunas situaciones dentro del patrimonio que son incoherentes, que son inexplicables y que, también, pueden reflejar un incremento patrimonial. Lo que debe activar a la Sección de Probidad es la oficiosidad. Pero la capacidad instalada no permite ocupar la oficiosidad, porque estamos tan saturados. Pero el “deber ser” es así. Es más, la Sección de Probidad debería tener la obligación de investigarlos a todos, porque en realidad ni se tendría que escoger. Pero, lógicamente, se deben utilizar criterios porque prácticamente eso es imposible.

¿Entonces se puede tener la lectura de que el exjefe de Probidad sí tuvo esta oficiosidad en aquellos años al notar desproporcionalidad en declaraciones de patrimonio y reportar?

Es correcto. Porque no existían criterios, pero se empezó a hacer ese análisis previo de tal manera que se podía iniciar una investigación, producto de ese análisis previo. Y eso es lo que él muchas veces planteaba en sus informes mensuales.

¿Entonces, al hacer estos análisis previos, el exjefe de Probidad encendió alarmas sobre estos casos como diciendo: esto se puede investigar?

Es correcto. Ahora, todos aquellos casos ya prescribieron. Nunca fueron investigados, ni siquiera pasaron al pleno.

Se quedaron en los memorandums…

Se quedaron en papeles.

El expresidente Francisco Flores. Foto FACTUM/Archivo.

Francisco Flores y la probidad maniatada

El 21 de febrero de 2005, un memorándum confidencial llegó al escritorio del presidente de la CSJ Agustín García Calderón. El documento llevaba escrito el asunto “Reporte de evaluación del patrimonio de servidores públicos cuya comparación a la toma de posesión y cese de funciones (período 1999-2004) amerita comentarios”. Lo remitía Eduardo Cáceres, jefe de la Sección de Probidad. El documento contenía los informes sobre lo que había ocurrido con los exámenes patrimoniales de 13 funcionarios del gabinete del presidente saliente Francisco Flores y las inconsistencias encontradas.

Los funcionarios evaluados eran María Eugenia Brizuela de Ávila, ministra de Relaciones Exteriores; Juan José Daboub Abdalá, secretario técnico de la Presidencia de la República; Carlos Mauricio Duque González, viceministro de Obras Públicas; Miguel Ernesto Lacayo Argüello, ministro de Economía; Edgar Ramiro Mendoza Jerez, presidente del Fondo Social para la Vivienda; Ruy César Miranda González, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA); Enrique Molins Rubio, presidente del INDES; Aldo Vinicio Parducci Meléndez, secretario privado de la Presidencia; Mauricio Ramos Falla, director del ISSS; Guillermo Alfredo Sol Bang, presidente de CEL; Flavio Villacorta Ibarra, director ejecutivo del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE); Carlos Quintanilla Schmidt, vicepresidente de la República; y el mismo presidente Francisco Flores.

Cáceres, en su memorándum confidencial, le explicó a García Calderón que “se presentaron observaciones a las declaraciones juradas de patrimonio correspondientes al cese de funciones, señalando las omisiones, inconsistencias e irregularidades que ellas contenían, así como solicitando las explicaciones que justificaran la licitud del eventual enriquecimiento durante el periodo de funciones”.

La intención del jefe de Probidad era que García Calderón, al saber de estos nuevos casos, los llevase a conocimiento de la CSJ en pleno, de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la CSJ y de la misma Fiscalía General de la República, específicamente de la Unidad Anticorrupción y Delitos Complejos. Y para continuar con las investigaciones y reforzarlas, Cáceres le comunicó al presidente del Órgano Judicial que se iba a acudir a fuentes externas, precisamente a los bancos privados, para verificar las operaciones de las que los funcionarios dieron cuenta en sus explicaciones a Probidad.

En el caso de Brizuela de Ávila, se reportó una disminución de sus deudas por $107,894.12 que no se reflejó en sus egresos, así como una donación familiar que recibió por $97,786.12 que necesitaba ser verificada. La exministra de Relaciones Exteriores declaró en la Fiscalía, en febrero de 2014, que no tuvo conocimiento de que su oficina haya recibido cheques a favor del presidente Francisco Flores durante su período en funciones, dentro del caso de los cheques de Taiwán que involucró al exmandatario.

Mientras que las dudas sobre Daboub Abdalá se enfocaban en falsedades detectadas en constancias hechas por contadores de diversas empresas que tenían redacciones idénticas. El secretario presidencial cambió las constancias pero nunca dio una explicación de esas falsedades a Probidad. También se le localizó una incongruencia sobre los fondos de una deuda que contrajo su esposa, en la que había contradicciones acerca de si era para la compra de un inmueble o para la construcción sobre un inmueble en Las Piletas, en el departamento de La Libertad. Probidad descubrió que la compraventa del inmueble databa de 1997, antes de su período como secretario.

Cáceres informó que, sobre Daboub Abdalá, se iban a verificar sus ingresos con el Ministerio de Hacienda y se iba a pedir información de la declaración de renta la sociedad La Pirámide, S.A. de C.V., del año 2002, ya que en ese año la sociedad repartió dividendos a la esposa de este funcionario que significaron un 217% de su participación.

Probidad también iba a solicitar información a la sociedad Cemento, S.A. de C.V., para corroborar si se le habían otorgado pagos al viceministro de Obras Públicas Duque González, a su esposa o a cualquier sociedad de la que él fuera director, representante legal o administrador. También se pretendió verificar un incremento patrimonial de $3,766,398 del ministro de Economía Lacayo Argüello. En un principio, la justificación se encontraba en la venta por $3,910,928 de la sociedad Integración de Acciones y Servicios, S.A. de C.V., que era la propietaria del 90% de Baterías de El Salvador (caso Record), pero Probidad anotó que esta transacción ocurrió fuera de El Salvador, por lo que se veía impedida de investigar más.

El ojo sobre el presidente del Fondo Social para la Vivienda, Ramiro Mendoza Jerez, estaba puesto en una disminución de su patrimonio por $96,966.47, que él atribuyó al pago de colegiaturas de sus hijos en el exterior. Por ello se buscaba pedir a los bancos información de saldos a favor y a cargo de él y de su esposa.


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Otra disminución patrimonial sospechosa la tenía el presidente de CEPA, Ruy Miranda González. Se trataba de $200,630.44, que estaban en completa contradicción con el superávit (más ingresos que gastos) anual que él mismo reportó.

Pero la disminución patrimonial más sorprendente la reportó el presidente del INDES Molins Rubio: $410,137.03, en contradicción con los $14,238.04 que él mismo declaró, bajo juramento, que tuvo como superávit anual. Molins Rubio además presentó su declaración de toma de posesión más de cinco años después de que inició funciones, lo que empujaba a Probidad a verificar su situación en el sistema financiero.

Al inicio de su gestión como secretario privado de Francisco Flores, en 1999, Parducci Meléndez reportó que tenía un patrimonio líquido de 12 millones 174 mil 225 colones ($1,391,340). Probidad le requirió que demostrara que tenía en su poder ese dinero en efectivo, a lo que Parducci Meléndez respondió con una corrección en su declaración de toma de posesión y cambió su patrimonio líquido a 4 millones 073 mil 225 colones ($465,511.42). Al cese de sus funciones, se le detectó un incremento patrimonial de $206,656.44. Pese a las nuevas respuestas, Cáceres decidió que había que consultar con el sistema bancario sobre el secretario privado y su esposa.

En los otros casos del director ejecutivo del OIE, del presidente de CEL, del director general del ISSS y del vicepresidente de la República, la Sección de Probidad encontró justificaciones suficientes para las irregularidades que se reflejaron en las declaraciones de los funcionarios.

Por último, el presidente Francisco Flores, a juicio de Cáceres, debía ser investigado más a fondo y mediante el sistema bancario, luego de que se le detectó un incremento patrimonial de $246,435.12, para el que existía una justificación aparente en la donación de dos inmuebles, uno para el presidente por parte de su madre y el otro para los hijos del mandatario concedido por un tío materno.

Pero también llamó la atención de Probidad un intercambio de terrenos que hizo Francisco Flores. Él recibió un terreno ubicado en la isla de San Sebastián, en la bahía de Jiquilisco, en Usulután, de 9,300.20 varas cuadradas y por un valor de $34,285.61. A cambio, Flores entregó un terreno en punta San Juan, en el cantón Corral de Mulas de la misma bahía de Jiquilisco. El terreno que entregó el presidente medía 10,000.82 varas cuadradas y con el mismo valor de $34,285.61 y, extrañamente, nunca lo reportó en su declaración de patrimonio de toma de posesión en 1999. Este intercambio de terrenos ocurrió el 28 de mayo de 2004, cuando solo faltaban tres días para que Francisco Flores dejara de ser presidente de la República.

E igual llamó la atención un crédito que recibió del Banco Agrícola por $90,000 el 19 de mayo de 2004, a solo 12 días de que finalizara su período presidencial. Probidad descubrió que para el 31 de mayo, a horas de traspasar la banda de los mandatarios a su sucesor Antonio Saca, Flores ya había registrado un retiro de ese crédito por $89,935.16 a los que Probidad se quedó sin encontrar su destino y no se plasmó en su declaración de cese de funciones.

El actual fiscal general de la República, Douglas Meléndez, comentó este 1 de junio de 2017, que si bien las notas periodísticas sobre corrupción son reveladoras y dan pauta de investigación a la Fiscalía, nada se puede hacer cuando se trata de gobiernos pasados cuyos tiempos para haber emplazado a funcionarios, investigarlos y juzgarlos ya prescribieron, como lo dictan las mismas leyes. “Lo que pasa es que algunas acciones de estos tipos ya prescribieron”, sentenció Meléndez en una conferencia de prensa.

***

El 3 de mayo de 2005, un último memorándum: Eduardo Cáceres ya no solo se dirigió al magistrado presidente Agustín García Calderón, sino que la correspondencia iba para el conocimiento de la CSJ en pleno y con copia para la Gerencia General de Asuntos Jurídicos. Como anexo, Cáceres adjuntó el “memorándum confidencial” que le envió el 21 de febrero a García Calderón. En el documento, Cáceres pedía autorización a los magistrados en pleno para continuar con las investigaciones sobre los funcionarios del gabinete de Francisco Flores y el mismo Flores.

Cáceres aprovechó para informarles a los magistrados que no obtuvo la colaboración del Ministerio de Hacienda respecto a la información de Juan José Daboub Abdalá y su esposa; de La Pirámide, S.A. de C.V., y de Carlos Mauricio Duque González y su esposa. Tampoco, entre febrero y mayo, recibió respuestas ni del Banco Agrícola ni del Banco Salvadoreño sobre sus solicitudes de información financiera de Francisco Flores y la primera dama Lourdes de Flores, de Edgar Ramiro Mendoza Jerez y su esposa, de Ruy César Miranda González, de Enrique Molins Rubio y de Aldo Vinicio Parducci Meléndez y su esposa.

Treinta siete días después de ese último memorándum, el 9 de junio de 2005, 10 magistrados de los 15 que integran la CSJ en pleno votaron a favor de que fuera la Corte y no la Sección de Probidad la que entablara comunicación con los bancos para solicitarles cooperación para las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito.

Desde entonces hasta el 9 de enero de 2014, cuando esa medida quedó anulada por el nuevo pleno de la CSJ, la Sección de Probidad estuvo maniatada para hacer su trabajo, bajo la presidencia de un magistrado como Agustín García Calderón, que poco se comunicó con la sección y que no quiso promover ninguna investigación por enriquecimiento ilícito en los nueve años (2000-2009) en que tuvo el cargo de presidente de la CSJ.

En 2014, sin embargo, se abrió un juicio civil por enriquecimiento ilícito contra el expresidente Francisco Flores. El exmandatario falleció en enero de 2016 sin conocer una resolución judicial sobre su caso. En cuanto a García Calderón, la misma CSJ le abrió un juicio civil en febrero de este año 2017 por enriquecimiento ilícito, por no haber justificado la procedencia legal de alrededor de $165,000 que se reportaron dentro de su patrimonio.

Mientras tanto, los casos expuestos por Eduardo Cáceres entre 1999 y 2005, para que fueran investigados, perdieron vigencia y quedaron prescritos. Si hubo enriquecimiento ilícito en algunos de ellos, todo quedará en la oscuridad.

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