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La policía salvadoreña desafía a la ley

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La policía no quiere investigar a sus policías. La agente Carla Ayala desapareció de la base del GRP, la unidad élite de más alto rango de la policía, durante una fiesta de fin de año. Desde entonces, la fiscalía lucha por encontrar la verdad, pero no puede. La policía, al mismo tiempo que ayuda a la fiscalía, juega en su contra: filtra información, incumple órdenes de incautar teléfonos y colabora muy poco para resolver este caso.

Ilustración FACTUM/Judith Umaña


Más de un mes después de que la agente Carla Ayala desapareciera tras una fiesta en el cuartel central del Grupo de Reacción Policial (GRP), la Fiscalía General de la República acepta que no tiene certeza de lo que ocurrió la noche del 28 de diciembre de 2017 porque la misma policía se lo ha impedido.

La jefa de la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio, Guadalupe Echeverría, comienza una conferencia de prensa improvisada frente al cuartel del GRP con una frase honesta.

–Hay que hacer una reflexión bastante lógica –dice, durante un allanamiento al cuartel del GRP el 19 de enero–: Ellos son compañeros, y debido a ese compañerismo hemos detectado que hubo fuga de información de parte de la unidad de Investigaciones hacia los procesados. Ahora ellos han cambiado sus versiones de los hechos y esto nos afecta gravemente.

A lo que la Echeverría se refiere, mientras dirige un allanamiento en la sede del GRP, no es únicamente a un encubrimiento entre compañeros. Lo que la fiscal describe va más allá. Luego de tres semanas de la desaparición de la agente Ayala, la fiscal describe más bien a una policía cómplice.

En tres semanas (desde la desaparición al allanamiento), la Fiscalía ha encontrado elementos a los que Echeverría llama “incongruencias”: Uno. No se sabe realmente por qué la agente Amaya estaba en el cuartel del GRP la noche de la fiesta. Dos. La policía tuvo tres oportunidades de capturar a Juan Josué Castillo Arévalo, el principal sospechoso, y no lo hizo. Tres. Policías de la unidad de Investigaciones –que nada tiene que ver con el GRP – filtraron información para que los acusados y testigos cambiaran su versión de los hechos. Cuatro. La policía omitió incautar “muchos” de los teléfonos de los agentes investigados. Y cinco. El día de la fiesta en la sede del GRP había al menos dos jefes policiales, uno de ellos el subcomisionado Julio César Flores Castro, jefe del mismo GRP.

Ahora la Fiscalía está trabajando el caso con Asuntos Internos, la unidad encargada de investigar crímenes o faltas dentro de la corporación policial. Sin embargo, Echeverría parece no confiar plenamente aún. Esto, según dice, porque todavía no entienden la dimensión del caso e incluso no saben si hay jefes policiales involucrados.

–Creo que hay que hacer un diagnóstico y ver si realmente es la policía la que va a investigar a los mismos policías o tendría que ser un cuerpo de investigadores que dependa de FGR, dice la fiscal frente a las cámaras de televisión.

La fiscal acepta además que, hasta ahora, lo único que ha nutrido la investigación ha sido un puñado de testimonios contradictorios, cambiantes e incompletos. Con esos testimonios, la fiscalía armó una acusación formal y construyó una versión oficial de los hechos. Estos relatos de agentes que también estuvieron en la fiesta sugieren que, luego de ser lesionada con un arma de fuego, la agente Ayala fue desaparecida por el policía Castillo Arévalo de quien hasta ahora no se conoce su paradero.

Por eso fue, según la fiscal Echeverría, que se decidió allanar las instalaciones del GRP el pasado 19 de enero, para intentar recabar más pruebas de tipo documental o pericial: ubicar cámaras que puedan servir para dar un seguimiento del sospechoso, hacer un mapeo con la bitácora de llamadas de los teléfonos de los agentes y extraer la información de los dispositivos. Sin embargo, en esta que podría ser la prueba clave para avanzar, la policía también pone trabas y no ha entregado todos los teléfonos.

La versión construida con los testimonios cambiantes y contradictorios, sin embargo, se encuentra en el requerimiento contra dos policías capturados el 29 de diciembre por haber permitido que el gerrepé Castillo Arévalo escapara con la agente Ayala herida en un vehículo particular; y contra dos particulares (familiares de Castillo) que supuestamente le ayudaron a huir.

La versión de la Fiscalía que ni la Fiscalía misma se cree

La noche en que la agente Carla Ayala desapareció estaba en uno de los lugares más seguros de El Salvador; un lugar donde, se supone, ningún delincuente se atrevería a entrar, menos para raptar a una policía. El 28 de diciembre de 2017, tras finalizar la fiesta de fin de año en el cuartel del Grupo de Reacción Policial (GRP), sus mismos compañeros policías la desaparecieron.

Esa versión, como los relatos que la sustentan, es incoherente en muchos puntos.

A las seis de la tarde del 28 de diciembre del 2017 inició una fiesta en el cuartel del GRP. A esa fiesta, preparada como un regalo de fin de año para los miembros de la unidad élite de más alto rango de la policía salvadoreña, llegaron familiares, jefes policiales, incluido el jefe del GRP, Julio César Flores, y agentes de otras unidades, entre ellos la agente Ayala y otra compañera. La fiesta avanzó amena y finalizó cerca de las 10:40 de la noche.

Al terminar la celebración, el GRP dispuso algunos vehículos para ir a dejar a los agentes y sus familiares a casa. Los policías Ovidio Antonio Pacheco Morales y Wilfredo Deras Hernández fueron encomendados, según la Fiscalía, para ir a dejar a la agente Ayala a su casa en el municipio de Apopa, en San Salvador. Para ello, se llevaron el vehículo policial número 01-2924 con placas N 2-187. Al vehículo también se subió Juan Josué Castillo Arévalo. La Fiscalía dice que a los agentes se les dio esa orden, aunque no dice quién la dio.

Al llegar a la zona conocida como Residencial La Gloria, en el municipio de Mejicanos, “se escucha un disparo en el interior del automotor”. El documento no dice quién disparó ni qué más ocurrió en ese contexto: es más, no aclara quién de los que iba en el carro contó así los hechos, pero agrega que los agentes que venían a cargo del traslado de la agente Ayala se regresaron nuevamente a la base del GRP, “sin percatarse de las condiciones de salud de la agente”, dice el requerimiento.

De acuerdo con la versión que la Fiscalía ha hecho oficial hasta el momento, los agentes Pacheco Morales y Deras Hernández se bajaron en el cuartel del GRP “a informar sobre lo sucedido, sin conocer el estado de salud de la agente”. Esta versión, sin embargo, no explica una duda fundamental: ¿Cómo puede ser que le den un balazo a alguien dentro de un carro (policial) y los demás tripulantes no sepan el estado de salud de ese alguien? La Fiscalía, empero, toma como cierta esa versión y continúa narrando los hechos. El documento fiscal dice que los agentes regresaron al vehículo placas nacionales y vieron que Castillo Arévalo estaba encendiendo el carro y dándose a la fuga con la agente Ayala abordo. El mismo documento dice que se encontraron “rastros de sangre en el lugar”, pero vuelve a señalar que nadie supo el “estado de salud” de la agente Ayala.

El requerimiento fiscal dice que Castillo Arévalo regresó a la base del GRP cerca de las 4:00 de la madrugada para dejar el vehículo y las llaves con el vigilante de la entrada. El cuerpo de la agente Ayala ya no estaba.

Los dos agentes que antes estuvieron encargados de ir a dejar a Ayala a su casa tenían orden de capturar a su compañero gerrepé, pero no lo hicieron. Luego, según la versión fiscal, fue el inspector Pedro Antonio Estrada Villalobos quien persiguió el Toyota Corolla color gris, placas P-711-060, donde dos hombres identificados como José Atilio Jiménez Castillo y Joel Isaac Castillo Arévalo se llevaron al agente Castillo.

La corta relación de los hechos descrita en una página y media del requerimiento fiscal dice que el inspector Estrada Villalobos le disparó y persiguió al Toyota Corola hasta la zona conocida como “Árbol de la Paz”, a unos dos kilómetros de la base del GRP. En ese lugar pudo detener el vehículo y capturar a los familiares, pero no al agente Castillo. El documento no aclara cómo escapó el agente; sin embargo, la fiscalía sostiene que esta es la tercera vez en que se le pudo atrapar y no se hizo. No se sabe en qué condiciones escapó, si hubo un enfrentamiento, un forcejeo, nada. Solo se sabe que no fue capturado.

A la mañana siguiente a la captura de los dos agentes que se negaron a atrapar a su compañero Castillo y de los dos familiares que le ayudaron a escapar, el director de la Policía, Howard Cotto, dio una conferencia de prensa. Frente a las cámaras, el director dijo que, desde ese día a esa hora, el agente Castillo se convirtió en la persona más buscada por la policía salvadoreña. Más de un mes después no hay ni pistas de él.

La fiscalía no confía en la policía

No es la primera vez que el GRP se ve involucrado en un hecho delictivo. Y tampoco es la primera vez que el GRP encubre sus propios crímenes. El 26 de marzo del 2015, un grupo de agentes de esa misma unidad élite cometieron una masacre en la finca San Blas, en el municipio de San José Villanueva, fingiendo que se había tratado de un enfrentamiento. Tras ese hecho, publicado en una investigación de El Faro, los mismos miembros del GRP se encubrieron hasta el final. La Fiscalía tampoco pudo determinar, tras casi dos años de investigación, quién disparó el arma que mató a Denis, el escribiente de la finca que ni siquiera era pandillero.

A pesar de los ocho muertos que hubo en la finca San Blas, a pesar de que dos de ellos no eran pandilleros, según la investigación de El Faro, la Fiscalía acusó a nueve agentes del GRP por una sola bala: la que mató a Denis. Y así, aunque el 22 de septiembre de 2017 una jueza confirmó que el joven había sido ejecutado por el GRP, la Fiscalía perdió el caso por no poder demostrar quién disparó.

En agosto del año pasado, Revista Factum pubicó una investigación que reveló la existencia de un grupo de exterminio dentro de la Fuerza de Reacción Especial El Salvador (FES), otra unidad élite de la policía al igual que el GRP. En ese contexto, una fuente de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía dejó ver a Factum que la fiscalía trae entre manos la idea de crear una policía independiente de la PNC: una unidad que sea capaz de investigar a los mismos policías sin que juegue en contra de la Fiscalía al mismo tiempo.

Esta idea, según la fuente fiscal, surge de la cada vez más numerosa necesidad de investigar casos que vinculan a miembros de la policía, y de una policía que tiende a cubrir sus propios delitos.

La investigación de Factum sobre grupos de exterminio lo mostró: al tener acceso a dos chats de Whatsapp donde participaban decenas de policías de diferentes unidades, algunas élites como la Sección Táctica Operativa (STO), se conoció cómo estos se daban consejos entre sí para montar escenas, negociaban armas, cargadores y planificar actividades de sicariato.

Por lo pronto, luego de que el hecho fuera público, se convirtiera en escándalo nacional, ocupara grandes espacios en todos los medios de comunicación, obligara al director de la policía a aparecer frente a la prensa para prometer resolver el caso cuanto antes, y produjera la proclamación del agente como uno de los hombres más buscados del país… nadie sabe qué pasó exactamente la noche del 28 de diciembre del 2018 dentro de la sede del GRP. Hasta hoy no hay rastros del cuerpo de la agente Carla Ayala ni de su presunto agresor.

 

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