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La paz mediocre

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El Salvador amanece este 16 de enero con la conmemoración del vigésimo quinto aniversario de los Acuerdos de Paz que acabaron con el conflicto armado que destruyó al país, su economía, su tejido social, sus instituciones, su salud mental, y que, como había sido siempre en la historia del país, se ensañó más con los salvadoreños desposeídos, quienes ya antes de la guerra vivían en los tugurios y cantones paupérrimos a los que habían sido confinados por siglos de injusticia y desigualdad.

Y El Salvador amanece este 16 de enero también con sus 15 muertos diarios, la mayoría producto de una nueva guerra que enfrenta a la fuerza pública con las pandillas, las organizaciones criminales paridas por los migrantes que se fueron a Estados Unidos huyendo de aquella guerra de los 80 y nutridas por décadas de, otra vez, desigualdad, pero también por políticas públicas mal concebidas, mezquinas o simplemente inútiles.

Seguimos, además, enzarzados en la estéril retórica bipolar a la que nos han sometido las elites políticas que nacieron de aquellos Acuerdos de Paz de 1992, las que se formaron en las entrañas de las dos organizaciones banderas de esa bipolaridad, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), las dos fuerzas que se han turnado, gracias a la apuesta por la democracia representativa sellada por esos Acuerdos, en las más altas sillas del poder político nacional.

Al centro de la construcción de la esperanza estamos nosotros, los hijos de la Patria a la que queremos entender como, en esencia, la entendían los Acuerdos de 1992: como una posibilidad distinta de sí misma, una que no sea, nunca más, la que se desangra en la guerra, pero tampoco la que se sigue desangrando tras años de una paz mediocre.

Amanecemos a la misma mediocridad e indecencia políticas de un sistema secuestrado, desde entonces, por esas dos fuerzas que parió la guerra, la de la ex guerrilla convertida en partido político, y la de la expresión política que reunió primero a la oligarquía y al paramilitarismo de la derecha salvadoreña -cuyo rostro más nefasto fueron los escuadrones de la muerte- y luego a las nuevas élites nacidas en su seno.

No es casualidad que los últimos tres expresidentes de la democracia que nació en 1992 sean, hoy, símbolos de la indecencia gestada y tolerada en el seno de esas dos fuerzas: uno, Francisco Flores, murió sin responder por acusaciones de desviar fondos públicos a su partido; el otro, Antonio Saca, beneficiario de esos fondos y de otros que según las autoridades extrajo del erario nacional, está preso. Y el tercero, el primero al que el FMLN puso en la presidencia de la República, se esconde en Nicaragua de acusaciones de corrupción.

Y aunque hubo, en las últimas dos décadas y media, funcionarios y militantes en ambas fuerzas que acaso entendieron el reclamo histórico que llegó con la paz, el de procurar el bien público desde la política, estos fueron los menos, y muy pronto fueron condenados a la irrelevancia o el exilio por los liderazgos que insistieron en hacer de la paz una oportunidad para sí mismos, no para el común.

Gino Costa, un funcionario peruano que trabajó en la misión de Naciones Unidas que supervisó la ejecución de los Acuerdos de Paz, fue uno de los que con más precisión describió aquel secuestro del Estado que protagonizaron las viejas elites. “Las fuerzas del viejo régimen hicieron todo lo posible para asegurar su presencia hegemónica. Las estrategias para obstaculizar el surgimiento de lo nuevo y hacer lo imposible -incluso lo incorrecto- para asegurarse un puesto dominante se pusieron en práctica de manera simultánea el día en que se firmaron los acuerdos, si no antes”, escribió en 1993.

A partir de esa premisa, la de asegurar a toda costa la hegemonía propia -incluso por sobre la paz y la democracia en algunos casos-, las fuerzas beligerantes de la guerra, reconvertidas en elites, negaron a El Salvador la posibilidad de que las instituciones creadas por los Acuerdos, sobre todo las relacionadas con la contraloría del ejercicio del poder, funcionaran bien; las condenaron a la mediocridad.

Pero también amanecemos hoy a una realidad ineludible desde Chapultepec: en El Salvador las armas y la violencia protagonizada o financiada desde el Estado nacional no son, más, medios para la resolución de conflictos políticos.

La paz del 92, sus Acuerdos, heredó a El Salvador que siguió una civilidad que no había existido antes. El Estado mató durante siglos de vida republicana para mantener los privilegios de quienes lo secuestraron y, desde los 70, la insurgencia mató para reivindicar su acceso al poder. Estado e insurgencia hicieron la guerra cuando el resto de avenidas políticas quedaron cerradas. Con los Acuerdos del 92 ambos pactaron una premisa básica: no volverían a matar para mantener o acceder al poder.

A la sociedad salvadoreña de aquellos años, agotada por la realidad omnipresente de la guerra, en el campo de batalla, pero también en la política y en la cotidianidad, de la aniquilación del enemigo interno, la paz le trajo una esperanza. Y de esa esperanza, de la que los Acuerdos de Paz son la expresión histórica más relevante, nació la certeza de que el diálogo era, también, una avenida. Ahí radica, en esencia, la civilidad que la historia anterior había negado a El Salvador.

Pasaron ya 25 años. Es deber de los hijos e hijas de este país conmemorar con respeto y sí, aun con esperanza, el nacimiento de aquella civilidad. Para reconocer con propiedad el giro histórico que implicó, pero también para entender de una vez que la paz que los beligerantes firmaron nos pertenece a todos, no a ellos, y que debería pertenecer sobre todo a los salvadoreños que más sufrieron en la guerra, a los más pobres, a los que este país sigue confinando a más miseria y a nuevas violencias.

El peligro de que El Salvador se desvíe del camino de la civilidad es siempre latente. Como ya escribimos, seguimos amaneciendo en un país donde el Estado nacional que fundamos en 1992 es tan frágil que ha dejado de existir en grandes porciones del territorio para dar paso a la consolidación de entes no-estatales, como las pandillas y el crimen organizado, que siguen haciendo de la violencia su principal argumento. Y hoy, ante su propia mediocridad, el Estado corre el peligro de apelar a la aniquilación como política pública.

El principal espíritu de los Acuerdos de Paz de 1992, a pesar de todo, sigue resumiéndose en una palabra: esperanza, la posibilitada por la civilidad, pero también la reclamada por la certeza de que nunca queremos volver a la oscuridad de la guerra. No se trata, como escribió el Beato Óscar Arnulfo Romero en su segunda carta pastoral del 6 de agosto de 1977, de “una esperanza ingenua, porque va acompañada de la sangre y el dolor que denuncian la existencia de dificultades objetivas y malas voluntades que se oponen a la realización de esa esperanza”.

Al centro de la construcción de esa esperanza estamos nosotros, los hijos de la Patria a la que queremos entender como, en esencia, la entendían los Acuerdos de 1992, como una posibilidad distinta de sí misma, una que no sea, nunca más, la que se desangra en la guerra, pero tampoco la que se sigue desangrando tras años de una paz mediocre. La esperanza debe de ser nuestra, del soberano, de los ciudadanos de la República, no de las elites en quienes delegamos el poder.

En su último discurso como presidente de los Estados Unidos, Barack Obama dijo: “No pueden votar, reclinarse en su sofá y luego solo echar las culpas a los gobernantes que ustedes eligieron”. La recomendación parece oportuna para quienes, este 16 de enero de 2017, amanecemos en El Salvador, en el día del vigésimo quinto aniversario de la firma de la paz.

No podemos reclinarnos en el sofá: aunque una paz mediocre sea siempre preferible a la guerra, a El Salvador hace mucho que eso dejó de bastarle.

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