Moreno. Se lo dicen con cariño: así se refieren a Barack Obama algunos latinos, morenos ellos también, en los suburbios de Washington, DC, la capital, desde donde el presidente de los Estados Unidos anunció el jueves pasado, 18 de noviembre, que su Ejecutivo tomará medidas para evitar la deportación de unos 5 millones de indocumentados. Tras el anuncio hubo euforia en lugares como Langley Park, Culmore, Silver Spring, Gaithersburg o Columbia Heights, enclaves latinos en el Distrito de Columbia y alrededores. A la alegría han seguido, otra vez, las dudas sobre a quién aplican realmente los beneficios y a quién no. Y ha seguido un intenso ataque retórico de la América blanca más conservadora que, en boca de políticos republicanos, ha ofrecido la guerra política al presidente por “abrir de par en par la frontera y poner alfombra roja a los ilegales”, como dijo hace poco Newt Gingrich, el exlíder republicano de la Cámara Baja. Y mientras los políticos se atragantan, ellos, los indocumentados-que-pueden-dejar-de-serlo siguen en lo suyo: trabajan, trabajan, trabajan. Y trabajan.
Parque Lafayette. Frente a la Casa Blanca. Noviembre 19. Poco después de las 3 de la tarde.
Peter Uribe, de Chile, se paró frente al micrófono instalado por CASA, uno de las organizaciones pro hispanas más activas en la región metropolitana de Washington, a unos doscientos metros de la fachada norte de la Casa Blanca. Obama no estaba ahí a esa hora, pero igual, Peter se dirigió a él desde el parque.
“Los que hemos venido a trabajar duro, señor presidente, estamos orgullosos de lo que hacemos y hoy se lo podemos decir a todo el mundo. Lo que usted ha hecho nos da tranquilidad”, dijo Peter con voz suave ante unos 300 activistas que se apresuraron a corear uno de los gritos de batalla usados desde que, a mediados de 2013, habitan los parques y espacios públicos de la capital para exigir cambios a la ley migratoria. “¡Sí se pudo, sí se pudo…!”
Peter y su esposa, Marlene, vinieron hace 19 años a Estados Unidos. Tienen dos hijos. Una de ellas, Natalie, nació aquí. Solo ella, Natalie, existe legalmente: es ciudadana de los Estados Unidos de América. Hoy, según lo anunciado por Obama, la niña dará a los miembros de su familia la posibilidad de que el Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) no los deporte, de que sus padres tengan un permiso de trabajo y puedan, si consiguen un permiso especial, entrar y salir de los Estados Unidos.
Los Uribe cumplen todas las condiciones planteadas en varios de los nueve memos de DHS en los que la administración Obama escribió las líneas generales del alivio migratorio. Como los Uribe hay al menos 5.2 millones de personas que cumplen los requisitos de acuerdo a los cálculos del Instituto de Política Migratoria (MPI, en inglés), uno de los think tanks más respetados del país en este tema.
Esto es lo que dice uno de los memos de DHS sobre los requisitos que deben cumplir padres como los Uribe:
“DHS ampliará la elegibilidad para la acción diferida a las personas que (i) no son prioridades de remoción bajo nuestra nueva política (criminales), (ii) han estado en este país por lo menos 5 años, (iii) tienen hijos que a la fecha de este anuncio son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, y (iv) no presentan otros factores que harían inapropiada la concesión de la acción diferida. Estas personas serán evaluadas para la elegibilidad para acción diferida caso por caso y luego se les permitirá solicitar la autorización de empleo, siempre y cuando paguen una tarifa. Cada persona será sometida a una minuciosa revisión de antecedentes en todas las bases de datos relevantes a la seguridad nacional y bases de datos criminales, incluyendo las bases de datos del FBI y DHS. Al tener autorización de empleo, estas personas tendrán que pagar impuestos y contribuir a la economía”.
Algunos activistas antiimigrantes protestaron también frente a la Casa Blanca el viernes 19 de noviembre. Foto de Miguel Ángel Álvarez.
El alivio no incluye, como sí lo hacía el proyecto de reforma migratoria aprobado por el Senado en junio de 2013, un camino a la legalización permanente y, al depender de la acción unilateral -sin paso por el Congreso- de un presidente, puede ser anulado sin previo aviso por el próximo inquilino o inquilina de la Casa Blanca.
Algunos de los migrantes que han llegado hasta este parque aledaño a la Casa Blanca saben que lo que Obama, el moreno, había anunciado la noche anterior es frágil, temporal, que no es una amnistía general, y que deja por fuera a unos 7 millones de indocumentados, entre ellos a los padres de unos 250,000 jóvenes que vinieron a Estados Unidos sin papeles siendo muy pequeños y quienes han evitado la deportación gracias a otro programa de alivio que Obama firmó en 2011. Pero saben que esto es mejor que nada. Mucho mejor.
No es solo que hoy tienen permiso para trabajar y que pueden optar por ir y volver a sus países de origen; es, sobre todo, que pueden “salir de las sombras”: pueden hacer esas cosas que quienes tienen papeles dan por sentado, como manejar un carro, ir al supermercado, acceder a un seguro de salud, ir a un restaurante, a cualquier lado, sin temor a que un policía los detenga y los ponga en la fila de deportados, como los 400,000 indocumentados que la misma administración Obama ha deportado en promedio cada año desde 2009.
Marlene, salvadoreña que prefiere no dar su apellido, es indocumentada y también estaba en la marcha de Lafayette Square el viernes pasado. “(El anuncio de Obama) no es lo que esperábamos… pero quiero darle gracias al Presidente, hizo lo que pudo… Nos quitó los temores…”
Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA, una de las organizadoras de la marcha, también agradeció en nombre de los indocumentados: “…de parte de quienes siempre tuvieron miedo”.
Silver Spring, Maryland. Noviembre 19, 6:00 p.m
Sandra (nombre ficticio) es salvadoreña. Tiene 32 años y dos hijos que viven en El Salvador, en un cantón de Aguilares. Vino a Maryland en 2009 con una visa de trabajo que venció en 2012. Se quedó y desde entonces no tiene documentos. Trabaja como doméstica en dos casas y, de vez en cuando, cuida niños ajenos. Puede llegar a ganar, si las cosas van bien, hasta 1,500 dólares al mes. En El Salvador, también como doméstica, lo más que ganó fueron 250 dólares mensuales. Hace dos años, Sandra se acompañó. Vive en Langley Park, en la línea que divide las ciudades de Hyattsville y Takoma. Sandra está embarazada. Su niña, que nacerá en marzo próximo según le ha dicho la ginecóloga que la atiende gratis gracias a un programa de salud financiado por el estado de Maryland al que pueden aplicar indocumentados, será ciudadana estadounidense con derechos plenos.
“Vi ayer lo que dijo el moreno. Y hoy estaba viendo en Despierta América -revista de variedades de la cadena Univisión- y alguien preguntó si las embarazadas podíamos aplicar… pero el abogado que tenían no estaba claro… Voy a averiguar”, dice Sandra mientras termina de limpiar una de las casas en que trabaja.
El invierno se ha adelantado y Sandra quiere irse pronto. Cada día le cuesta más caminar, bajo temperaturas que esta semana no han subido de los 5 Centígrados la media milla (unas ocho cuadras) que separan esta casa de la parada de bus, la C2, que la lleva hasta la suya. Mañana, además, tendrá que madrugar: la casa que le toca limpiar está a 40 minutos y debe entrar antes de las 7:30 a.m., cuando los dueños salen a sus trabajos.
Antes de salir esta tarde, Sandra se detiene un poco. Deja los platos que está sacando de la lavadora mecánica y fija sus ojos en quien le pregunta, pero en realidad su mirada apunta más lejos: a su cantón de Aguilares. “Sería bueno que la niña -se pasa la mano por su estómago de ocho meses de embarazo- me dé papeles. También tengo que preguntar si se los puede dar a los hermanos…” Sandra piensa, como lo hace desde que vino, en sus dos hijos mayores, de 17 él, de 13 ella, a quienes lleva cuatro años sin ver.
Sandra, sin embargo, no esperará mucho: cuando haya reunido los 3,000 dólares que un coyote le ha pedido mandará a traer al mayor. “Para eso vine”, sigue la mujer pensando en voz alta: “vine para traerlos a ellos”.
Hijos de deportados piden por la reforma migratoria en una marcha realizada en septiembre de 2013. Foto de Héctor Silva.
27 de Junio 2013. El Capitolio, ala del Senado
Harry Reid, jefe de la mayoría demócrata en el Senado, recién sale del salón plenario para anunciar a las decenas de reporteros reunidos en el pasillo que la Cámara Alta acaba de aprobar el proyecto de ley S. 744, la cual establece un camino para legalización permanente de indocumentados, amplía programas para visas de trabajo y endurece medidas policiales en la frontera entre Estados Unidos y México. Es el inicio proyectado de la reforma migratoria integral, que se discute en Washington desde que George W. Bush propuso su versión en 2006. Por primera vez desde entonces, una de las cámaras del congreso aprueba un cuerpo legal que, a partir de aquí, debe pasar por la Cámara Baja y llegar luego al escritorio del Presidente para convertirse en ley nacional.
Poco después de la conferencia, Astrid Silva, una migrante indocumentada que vive en Chicago, abraza a Reid para una photo op (operación de foto, como se llama en inglés a estos momentos de calculada espontaneidad). La foto servirá para ilustrar varias de las notas periodísticas que explicarán, mañana, la S. 744. Astrid también será protagonista, 13 meses después, en el discuros de Obama.
Pero el mañana dura muy poco: la ley llegará a la Cámara Baja, dominada por un partido republicano cuya ala conservadora antiinmigrante poco quiere saber de legalización permanente, para no salir de ahí. John Boehner, el líder de la Cámara, se negará a llevar al pleno la propuesta aprobada por el Senado, o cualquier otra versión, y, con ello, matará la reforma migratoria.
Pasará otro otoño, otro invierno, otra primavera y otro verano. Washington olvidará el tema por un buen rato: el ébola, la muerte de un joven negro a manos de un policía blanco y el posterior tumulto social causado por el incidente, la guerra interminable en Afganistán o la nueva guerra en Siria ocuparán la atención de los políticos. Eso y las elecciones del nuevo otoño, en las que Obama y su partido recibirán una derrota histórica que llevará a los republicanos al control absoluto del Congreso. Entonces, tras la derrota, Obama actuará por sí solo.
Hyattsville, Maryland. Frente a la sede de CASA en Maryland
El moderno edificio de CASA está en el corazón de Langley Park, donde viven Sandra, la embarazada; Jenny Varela, una mexicana de 34 años a la que su hija menor puede darle papeles bajo las nuevas medidas de Obama; o Marta (nombre ficticio), salvadoreña y madre de una de los miles de jóvenes que entre junio y agosto abarrotaron los albergues de la Patrulla Fronteriza en Arizona y Texas.
Para llegar hasta la explanada que precede el edificio de CASA hay que pasar varias cuadras de town houses y complejos de edificios que acogen centenares de diminutos apartamentos en los que vive un buen porcentaje de los 55,000 padres de familia elegibles para beneficios en el estado de Maryland. En este lugar, y a pesar del frío, hay pequeñas ventas de mango -incluso la versión local del twist, semi-congelado-; de varias de las casas sale un sugerente olor a frijol con cebolla frita. Aquí se habla español. Este es territorio latino. Aquí viven los indocumentados. Y de aquí salen, todos los días, a trabajar.
Esta noche muchos han llegado hasta la explanada o al sótano de la sede de CASA, según reportarán mañana el Washington Post y el New York Times, a oír a Obama, al moreno…
“¿Somos una nación que tolera la hipocresía de un sistema en el que los trabajadores que recogen nuestra fruta y que tienden nuestras camas nunca tienen la oportunidad de estar bien con la ley? ¿O somos una nación que les da una oportunidad de compensar, asumir responsabilidad, y dar un mejor futuro a sus hijos?”, dijo el presidente. En el sótano de CASA, según una de las personas que vio el discurso desde ahí, hubo aplausos, incluso lágrimas: “¿Cuánta gente de la que estaba ahí crees que se vio reflejada en esas palabras…?” …Que tienden nuestras camas, dijo Obama; como Sandra la embarazada.
A ella, a Sandra, el embarazo no le valdrá para optar a estos beneficios, según le explicará luego una abogada. “Esas madres no son elegibles; solo pueden optar quienes dieron a luz antes del jueves, cuando el presidente hizo el anuncio”, asegura una vocero de MPI.
Si son elegibles, según los primeros cálculos del Pew Research Center, unos 425,000 salvadoreños indocumentados. Casi medio millón de personas que podrán salir de las sombras.
En el caso de los salvadoreños que tienen Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), estos “no necesitan aplicar a las medidas para diferir la deportación, porque ya están protegidos y tienen permiso de trabajo. Sí podrían beneficiarse de otra medida -menos discutida- que anunció el presidente, y es que pueden pedir permisos permantes de trabajo –green cards– sin que les afecten las prohibiciones de aplicar a ellos durante 3 o 10 años si dejan los Estados Unidos”, explica Michelle Mittelstadt de MPI. Para viajar, los tepesianos tendrá que pedir permisos especiales, para lo cual tendrán que demostrar que en el país de origen enfrentarán situaciones extremas. (Qué significa esto en la práctica para DHS está aún por verse, según explicó un abogado migratorio desde Seattle, Washington).
La posibilidad de que decenas de miles viajen ida y vuelta a sus cantones, pueblos y ciudades en El Salvador puede ser una de las consecuencias económicas más importantes del anuncio de Obama, según había adelantado MPI en análisis previos.
Obama también dijo, alto y claro, que no optan a estos beneficios los que ingresaron antes de noviembre de 2009 ni los que ingresen en el futuro. Y anunció, como lo ha hecho desde que asumió la presidencia cada vez que habla de migración, que reforzará las medidas de seguridad en la frontera.
A Sandra, tras saber que su hija no-nata no podrá regularizarla, el anuncio le sabe a poco. Los abogados, dice, le han asegurado que esa niña podrá, eventualmente, darle papeles. Como sea, en los planes de esta mujer no está volver a El Salvador. Su futuro inmediato pasa, más bien, por seguir ahorrando para traer a su hijo mayor. “Para eso vine”, había dicho antes de terminar de sacar los platos de la lavadora mecánica.
Lafayette Square. Frente a la Casa Blanca. Noviembre 19, poco después de las 4 p.m
“Obama es el peor de los coyotes”, dice en inglés -solo el coyote sale de su boca en español: suena algo así como coyoure, un hombre blanco vestido con pantalones camuflajeados que ondea una bandera de barras y estrella mientras desafía, con un megáfono, los “sí se puede” de los latinos aquí reunidos para agradecer a Obama.
Al poco rato se une al camuflajeado una mujer, blanca y alta también, que grita, sin megáfono: “go back where you came from” (regresen al lugar del que vinieron).
Los latinos no se inmutan. Siguen en su acto agradeciendo a Obama y contando sus historias. Solo uno de ellos, cuando le toca usar el micrófono, dice algo que bien podría estar dirigido a los dos antiimigrantes: “también le hablamos a ustedes, miembros de la América blanca, que son pobres como nosotros fuimos o somos. Nosotros trabajamos, como ustedes. Vivimos aquí. Nuestros hijos son americanos, como ustedes…”
La discusión, improvisada, resume de alguna manera los ríos de tinta que han corrido a propósito del anuncio de Obama. En la arena política le espera al presidente, al moreno, un rifirrafe político que podría, incluso, tener consecuencias electorales para los próximos candidatos a la Casa Blanca o, en lo inmediato, podría generar una medida del partido repulicano, empujado por su ala más conservadora, para desfinanciar al gobierno.
En Hyattsville, Langley Park, Culmore, Silver Spring, en los enclaves salvaoreños y latinos de la nación, esas discusiones quedan lejos ya. Mañana hay que trabajar.
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