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La mala herencia

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El asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas en el campus de la UCA de San Salvador fue la テコltima gran masacre de la guerra civil salvadoreテアa (1980-1992), pero fue tambiテゥn el primer gran acto de encubrimiento criminal del Estado en la posguerra. Las formas aprendidas y ejecutadas por investigadores, jueces, fiscales, polテュticos y presidentes para ocultar la verdad sobre los autores intelectuales se convirtieron en hilo conductor de la justicia nacional hasta la fecha. Son los mismos vicios y los mismos protagonistas.

La plaza de Santa Ana, en Madrid, estテ。 llena de gente. Corre agosto de 2010. Entre los veraneantes que suelen poblar la capital espaテアola en estas fechas, sentados en una mesa diminuta de una de las tantas terrazas que abarrotan la plaza, conversan dos hombres, un funcionario espaテアol y otro salvadoreテアo. El tema: el Caso Jesuitas y el juicio abierto en el juzgado sexto de instrucciテウn de la Audiencia Nacional, presidido por el juez Eloy Velasco.

El funcionario salvadoreテアo, a quien aquテュ llamaremos Anテュbal, es uno de varios de la administraciテウn del presidente Mauricio Funes que se reunieron entre 2010 y 2012 con homテウlogos espaテアoles y con potenciales testigos como parte de una empresa secreta de colaboraciテウn entre Madrid y San Salvador para avanzar las investigaciones del juez Velasco. Tres personas relacionadas al caso en Madrid, dos exfuncionarios del gobierno socialista de Josテゥ Luis Rodrテュguez Zapatero y otros dos de la administraciテウn Funes confirmaron los detalles sobre el contenido de las reuniones. Todos hablaron con condiciテウn de anonimato por no estar autorizados o por tener impedimentos legales para hacerlo con sus nombres.

Aquella tarde de agosto en la plaza Santa Ana, Anテュbal trasladaba un mensaje a su contraparte, un funcionario de La Moncloa. La administraciテウn Funes ponテュa a disposiciテウn de la justicia espaテアola, de forma oficiosa y discreta, la informaciテウn que fuese necesaria para ayudar a las investigaciones de los abogados querellantes. El interlocutor de Anテュbal recibiテウ el mensaje y se ofreciテウ a trasladarlo a sus jefes en la Casa de Gobierno. Ambos apuraron el cafテゥ antes de despedirse.

Dテュas antes otros funcionarios salvadoreテアos se habテュan reunido en Madrid con empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Fiscalテュa espaテアola, de forma informal, para trasladar mensajes similares.

En una de esas reuniones, realizada tambiテゥn en el verano de 2010 en las oficinas de un titular de Exteriores, un salvadoreテアo recibiテウ, de su contraparte espaテアola, la confirmaciテウn de que emisarios de los gobiernos de ARENA, desde Alfredo Cristiani hasta Antonio Saca, habテュan llegado a Madrid con anテ。lisis jurテュdicos, negociadores de los Acuerdos de Paz y argumentos polテュticos para dejar claro a sus interlocutores espaテアoles que, hasta ese dテュa, la posiciテウn de San Salvador habテュa sido echar tierra al asunto. La mayorテュa de los mensajes que habテュan trasladado los salvadoreテアos, segテコn coinciden dos fuentes que conocieron de esa reuniテウn en 2010, iban encaminados a proteger al presidente Cristiani de una eventual acusaciテウn en Madrid.

En noviembre de este aテアo, en San Salvador, Almudena Bernabテゥu, una de las querellantes en el caso abierto en Madrid, confirmテウ que a ella un funcionario espaテアol le habテュa contado lo mismo que dijo a los enviados salvaoreテアos en 2010.

窶廢llos se desplazaron a Espaテアa para hablar con miembros del Gobierno, que en aquel momento era del Partido Socialista, y hablaron con la secretarテュa de Estado para Latinoamテゥrica. Ahテュ estaba un viejo amigo, un diplomテ。tico importante espaテアol, una persona ecuテ。nime, muy decente, que considerテウ que era importante que yo supiera que estas personas se habテュan presentado en su despacho para decirle que por favor pusiera presiテウn en la Audiencia Nacional para que no se dictara auto de procesamiento contra el expresidente Alfredo Cristiani, a quien yo habテュa seテアalado en mi querella original por encubrimiento. Este caballero, este diplomテ。tico espaテアol, miembro del gobierno en aquel momento, estaba absolutamente anonadado, estupefacto de que en el aテアo 2009 o 2010 seres humanos que se consideran sofisticados, expresidentes, que van por el mundo de ejemplo de democracia, creyeran que se puede ir a Espaテアa a decirle a un miembro del Ejecutivo que por favor interfiera en el poder Judicial, que fundamentalmente es lo que le dijeron窶, dijo Bernabeu al periテウdico salvadoreテアo El Faro poco antes de la conmemoraciテウn del 25 aniversario de la masacre.

Aquellas misiones fueron una muestra de los esfuerzos oficiales del Estado salvadoreテアo por obstaculizar la investigaciones sobre la masacre. Ha sido, en realidad, un esfuerzo continuado, que empezテウ en 1989 y que dura hasta 2014. En el camino, las instituciones salvadoreテアas, las viejas y las nuevas que nacieron con los Acuerdos de Paz, se especializaron en hacer eso para lo que se graduaron con honores gracias al caso Jesuitas: encubrir.

El fin del principio

El coronel Manuel Antonio Rivas Mejテュa saliテウ sin gloria de su cargo como jefe de la Comisiテウn Investigadora de Hechos Delictivos (CIHD) a principios de junio de 1990. Sin gloria y con escテ。ndalo. Sus propios jefes en el Ministerio de Justicia lo acusaban de corrupciテウn, de apropiarse en forma indebida de fondos de la Policテュa.

Despuテゥs de ser uno de los oficiales favoritos de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, parecテュa que la carrera del coronel estaba por terminar, pero no fue asテュ: los mecanismos que los estadounidenses y el propio presidente Cristiani habテュan usado para proteger a este militar, el oficial a cargo de investigar la masacre de la UCA, valdrテュan, incluso, para que Rivas fuera ascendido a subdirector de la Policテュa Nacional y estuviese a un paso de dirigir la nueva Policテュa Nacional Civil, creada en 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz.

El 8 de junio de 1990, la oficina de la Agencia Central de Inteligencia (CIA en inglテゥs) en San Salvador enviテウ a su sede en Langley, Virginia, el cable secreto 080839z. En uno de los incisos, el memo se refiere a la situaciテウn de Rivas Mejテュa: 窶廰a renuncia de Rivas se debe a que テゥl se va frustrado. Las acusaciones sobre mal manejo de fondos de la unidad especial investigadora (los estadounidenses se referテュan a la CIHD como Special Investigative Unit) fueron la テコltima gota…窶

Mテ。s adelante, los agentes de la CIA escriben algo que el coronel nunca dirテュa en pテコblico, pero que sテュ repitiテウ mテ。s de una vez a sus contrapartes estadounidenses: 窶彝ivas se ha quejado de que todos los esfuerzos por obtener cooperaciテウn de la Fuerza Armada en su investigaciテウn de los asesinatos de los Jesuitas fueron frustrados constantemente por el Estado Mayor窶.

En ese y otros cables, la Embajada defendiテウ a Rivas sin aspavientos.

Ya en 1991, un aテアo despuテゥs de su renuncia a la CIHD, el coronel era subdirector de la Policテュa Nacional, nombrado ahテュ por el presidente Cristiani. Desde ese puesto, Rivas Mejテュa fue uno de los primeros oficiales del Ejテゥrcito salvadoreテアo que tuvo relaciテウn con la avanzada de Naciones Unidas que llegテウ a San Salvador en el marco de las negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla del FMLN. El coronel no se llevaba bien con los extranjeros.

En agosto de 1991, la Policテュa Nacional desalojテウ unas viviendas en la colonia Zacamil, al norte de San Salvador. Enviados de la ONU dijeron que se trataba de una violaciテウn a los derechos humanos de los habitantes. Sin dilaciテウn alguna, la embajada de Estados Unidos informテウ a Washington del incidente; su fuente: el coronel. 窶廢l subdirector de la Policテュa le dijo al oficial polテュtico que ha oテュdo que la ONU tratarテ。 el tema como un tema de derechos humanos… tras aテアos de ver los derechos humanos manipulados por motivos polテュticos, muchos salvadoreテアos estテ。n preocupados de que la ONU siga ese patrテウn…窶

Y asテュ, entre diciembre de 1989, tras los asesinatos en la UCA, y junio de 1990, cuando renunciテウ a la CIHD, las referencias a Rivas Mejテュa en las comunicaciones desde la Embajada hacia la CIA, el Pentテ。gono o el Departamento de Estado en Washington hablan de un oficial correcto, enfrentado al poderoso Estado Mayor del Ejテゥrcito salvadoreテアo en la utテウpica misiテウn de resolver el caso Jesuitas. Pero esa es solo una parte de la historia. Una versiテウn. Cables anteriores a la masacre de la UCA dibujan otro panorama.

Un aテアo antes de los asesinatos de los jesuitas y sus colaboradores, en 1988, el Departamento de Estado habテュa resumido en un pテ。rrafo los problemas que la CIHD enfrentaba a la hora de investigar al Ejテゥrcito. 窶廢l problema es que la unidad estテ。 compuesta por militares y oficiales de policテュa graduados de la academia militar. Ellos, como la oficina del fiscal general, no afrontan casos en los que tengan que ver sus superiores窶, dice el reporte.

Los hechos que hoy conocemos indican que el coronel Rivas Mejテュa fue mucho mテ。s que una vテュctima del acoso del alto mando o un oficial abnegado que no pudo encontrar la verdad sobre el caso porque sus superiores se lo impidieron. No. El coronel fue parte activa del encubrimiento.

Entre todas las historias de encubrimiento que existen en el catテ。logo que las autoridades salvadoreテアas perfeccionaron con el caso Jesuitas destaca la de este coronel, un militar escogido por el gobierno de Ronald Reagan, a mediados de los 80, para dirigir la CIHD, una unidad con que Estados Unidos pretendテュa dar un giro mテ。s profesional a un Ejテゥrcito muy cuestionado en Washington por constantes violaciones a los derechos humanos.

En 1989, tres semanas de ocurrida la masacre en la UCA, el embajador estadounidense en San Salvador, William Walker, elogiaba la labor de la unidad que dirigテュa Rivas Mejテュa. Agentes de la CIA destacados en San Salvador hacテュan algo similar.

En un largo memo que enviテウ al Departamento de Estado el 12 de diciembre, Walker informa sobre la eficiencia de la CIHD, que a esas alturas ya habテュa entrevistado a miembros de 窶徼odas窶 las unidades militares desplegadas en los perテュmetros de seguridad que el Ejテゥrcito montテウ en torno al campus universitario varias horas antes de que una unidad del Batallテウn Atlacatl entrara a matar a los jesuitas.

Esas entrevistas, sin embargo, servirテュan de poco. El mismo dテュa en que Walker elogiaba la eficiencia de Rivas Mejテュa, agentes de la CIA en San Salvador enviaban un despacho a su base en Langley, Virginia, en el que ya se perfilan los argumentos del encubrimiento. 窶廚reemos que los oficiales militares (entrevistados por la CIHD) dicen la verdad y (sus testimonios) no serテ。n テコtiles para la investigaciテウn. El SIU (como los estadounidenses llamaban a la unidad dirigida por Rivas Mejテュa)… concluyテウ que no hay evidencia de que alguno (de los militares posicionados cerca de la UCA) aquella noche hayan estado involucrados窶, dice el cable secreto 101711z.

Es decir, solo 26 dテュas despuテゥs de la masacre, ya la CIA y la CIHD, segテコn el cable de la CIA, habテュan concluido, basados en entrevistas a algunos de las varias decenas de militares desplegados alrededor de la universidad la noche del 15 de noviembre de 1989, que ninguno estaba involucrado en la masacre y que ninguno podテュa aportar pistas de lo que habテュa ocurrido la madrugada del 16.

La misma CIA se contradijo nueve meses despuテゥs. En otro cable secreto enviado a Langley el 9 de agosto de 1990, agentes en San Salvador informaban sobre cuatro oficiales que podテュan tener informaciテウn sobre los asesinatos porque habテュan estado en las instalaciones de la Escuela Militar o en el perテュmetro de la universidad aquella noche, segテコn el memo 091550z. La CIHD no entrevistテウ a ninguno. Uno de ellos, el entonces capitテ。n Julio Garcテュa Oliva, llegテウ a ser agregado militar en Washington en 2009.

En 1993, Martha Doggett, investigadora independiente, se refiriテウ a estas investigaciones del CIHD como el 窶徇ito del buen trabajo policial窶 en su libro Una muerte anunciada, el informe mテ。s completo escrito hasta la fecha sobre la masacre de la UCA y el encubrimiento posterior.

窶廢l objetivo de la CIHD era controlar el daテアo, mテ。s preocupados como estaban en ocultar la complicidad de otros militares de alta graduaciテウn que en establecer la verdad… En julio de 1990 el presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que no desechaba la posibilidad de que Rivas tuviera que enfrentarse a acusaciones por su conducta durante la investigaciテウn policial窶, escribe Doggett en su libro.

Rivas Mejテュa, de hecho, fue uno de los primeros en enterarse de que la orden final de matar a los jesuitas habテュa llegado de otro coronel, Carlos Guillermo Benavides, a la postre enjuiciado, condenado y amnistiado como テコnico autor intelectual de la masacre. Sin embargo, esa confesiテウn directa, hecha al jefe investigador, no fue parte del expediente judicial hasta que un militar estadounidense, el mayor Eric Buckland, refiriテウ esa conversaciテウn a uno de sus superiores; y hasta que la fuerza de tarea legislativa del Congreso estadounidense, presidida por el congresista Joe Moakley, desempolvテウ las declaraciones de Buckland del ostracismo en el que esos superiores pretendieron sumirlas.

Y Rivas Mejテュa fue, ademテ。s, encargado de intimidar, con la anuencia de Estados Unidos y del Burテウ Federal de Investigaciones (FBI en inglテゥs) a Lucテュa Barrera de Cerna, la テコnica testigo ocular salvadoreテアa de la masacre.

Dos semanas despuテゥs de los asesinatos, Rivas Mejテュa viajテウ hasta Miami, donde el FBI habテュa retenido ilegalmente a Barreraツy a su esposo Jorge Cerna para acosarlos hasta lograr que ella se retractara del testimonio que habテュa dado en San Salvador, segテコn el cual habテュan sido soldados uniformados quienes mataron a los religiosos.

En Miami, Rivas Mejテュa se hizo pasar como mテゥdico para ganarse la confianza de los Cerna. Durante una semana intimidテウ a Lucテュa y a su esposo; a ella la llamテウ prostituta, comunista, traidora; a テゥl le dijo cobarde y lo amenazテウ con golpearlo.

El ex embajador de EUA en El Salvador, William Walker, conversa con la investigadora Martha Doggett el 15 de noviembre de 2014 en un acto por el XXV aniversario de la masacre de la UCA. Doggett fue la primera investigadora que documentテウ el encubrimiento del estado salvadoreテアo en las investigaciones de los asesinatos de los jesuitas. Foto de Francisco Campos.

El ex embajador de EUA en El Salvador, William Walker, conversa con la investigadora Martha Doggett el 15 de noviembre de 2014 en un acto por el XXV aniversario de la masacre de la UCA. Doggett fue la primera investigadora que documentテウ el encubrimiento del estado salvadoreテアo en las investigaciones de los asesinatos de los jesuitas. Foto de Francisco Campos.

Ahテュ donde todo empieza y no ha terminado

El 15 de marzo de 1993, la Comisiテウn de la Verdad de Naciones Unidas, creada como parte del Acuerdo de Paz que habテュa puesto fin a la guerra civil salvadoreテアa el 16 de enero de 1992, consignテウ que el coronel Manuel Rivas Mejテュa Mejテュa era responsable de encubrimiento en el caso Jesuitas. Eso fue, al decir del peruano GinoツCosta, enviado por Naciones Unidas a El Salvador en 1992 para supervisar la formaciテウn y despliegue de la policテュa civil -que sustituirテュa a los cuerpos de seguridad militares que se habテュan encargado de la seguridad interna en el paテュs desde principios del siglo XX-, lo テコnico que impidiテウ a la administraciテウn Cristiani nombrar al coronel como primer director de esa nueva policテュa. (El autor ha intentado entrevistar a Mejテュa desde 2012 para hablar sobre su rol en la masacre y en la formaciテウn de la PNC, pero no ha sido posible).

Rivas Mejテュa no fue director, pero varios de los oficiales a los que テゥl entrenテウ llegaron sin problemas a las unidades herederas de la CIHD en la PNC, la Divisiテウn de Investigaciテウn Criminal (DIC) y la Divisiテウn Especializada contra el Crimen Organizado (DECO). En junio de 1994, uno de sus subalternos, el teniente Josテゥ Rafael Coreas Orellana, se vio involucrado en el asalto armado a una sucursal bancaria en el centro de San Salvador. El abogado que defendiテウ a Coreas, y que logrテウ que un juez lo liberara luego de impedir que sirviera como prueba un vテュdeo de la televisiテウn local que mostraba al teniente en pleno asalto, se llama Manuel Chacテウn. En 2012, Chacテウn era asesor del Ministro de Seguridad, el general David Munguテュa Payテゥs. En agosto de 2011, el general Munguテュa Payテゥs negociテウ con el presidente Mauricio Funes para proteger a nueve miembros del alto mando salvadoreテアo que, segテコn la acusaciテウn introducida en la Audiencia Nacional de Espaテアa, participaron en la planificaciテウn de los asesinatos de los jesuitas; ese mes, el juez Eloy Velasco, titular del Juzgado Sexto de la Audiencia que lleva la causa abierta por la masacre de la UCA, enviテウ a Interpol テウrdenes internacionales de arresto contra esos militares, que no se hicieron efectivas en El Salvador gracias, en parte, a la intervenciテウn de Munguテュa Payテゥs, segテコn han confirmado miembros de la administraciテウn Funes. El cテュrculo de protecciテウn creado por el Estado salvadoreテアo en este caso, que ha incluido a funcionarios de todos los niveles, sigue sin cerrarse.

En esta historia de impunidad, la Fiscalテュa General de la Repテコblica tambiテゥn es protagonista. Encargados por Constituciテウn de ejercer el monopolio de la acciテウn penal, los siete abogados que han pasado por el despacho de fiscal general desde aquel 16 de noviembre han hecho poco o nada por avanzar las investigaciones contra los autores intelectuales de la masacre. No lo hicieron en 2000, cuando la UCA pidiテウ reabrir el caso. No lo habテュan hecho en 1990 y 1991, cuando en lugar de apoyar a los dos fiscales especテュficos que llevaron la acusaciテウn contra 10 militares -incluido Benavides- juzgados en El Salvador, los empujaron a renunciar.

Ya el 18 de diciembre de 1989, a un mes de la masacre, mientras el Departamento de Estado y agentes de la CIA en San Salvador cruzaban cables que elogiaban el 窶彙uen trabajo policial窶, otro informe de coyuntura sobre el sistema judicial salvadoreテアo, elaborado a propテウsito de la investigaciテウn del caso, profetizaba sobre las limitantes del Ministerio Pテコblico, de la policテュa y de las cortes. Lo que ahテュ dice bien podrテュa haberse escrito en 1990, en 2000 o en 2014.

窶廢l sistema de investigaciテウn criminal salvadoreテアo sigue siendo la mテ。s dテゥbil y menos desarrollada de las instituciones democrテ。ticas… Los cuerpos de investigaciテウn criminal son incapaces de producir evidencia fテュsica suficiente y aceptable para satisfacer los requerimientos procesales en los tribunales… Creemos que estos investigadores solo proporcionarテ。n informaciテウn parcial e incompleta si hay oficiales de alto rango implicados… Y son las テゥlites polテュticas y econテウmicas las que controlan la judicatura en El Salvador窶, concluye el memo de la CIA de 1989. El texto es parte de un anテ。lisis pedido por el Deparamento de Estado que presidテュa entonces James Baker, el jefe de la diplomacia de George W. Bush.

Mテ。s cables introducen otro de los elementos que han marcado muchas de las investigaciones de ese sistema de justicia al que la CIA llamaba 窶徑a mテ。s dテゥbil de las instituciones democrテ。ticas窶: la fabricaciテウn de falsos testimonios.

EllacuXni

El presidente Cristiani y el padre Ignacio Ellacurテュa en 1989. Foto tomada del portal de la UCA.

El 15 de diciembre de 1989, el embajador Walker desayunテウ con el presidente Cristiani para discutir los avances en la investigaciテウn de la masacre. Ahテュ, el mandatario hablテウ de un testigo repentino, 窶彳ncontrado窶 en una cテ。rcel del paテュs, en Sonsonate, quien aseguraba tener pruebas de que el FMLN planificaba matar a Ellacurテュa desde 1985. El presidente ofreciテウ mandar a miembros de su guardia presidencial a la cテ。rcel para que apoyaran a la CIHD en la entrevista al potencial testigo, que nunca apareciテウ.

En el encuentro, el presidente tambiテゥn informテウ a Walker que, segテコn el fiscal general de entonces, el Arzobispo de San Salvador, Arturo Rivera y Damas, y la jefa de su oficina de socorro jurテュdico, Marテュa Julia Hernテ。ndez, habテュan 窶彡ontaminado la escena del crimen窶.

Ni el testigo de la cテ。rcel sonsonateca. Ni las acusaciones contra el Arzobispado. Los 窶彿ndicios窶 que el presidente ofreciテウ a Estados Unidos cuando ya en Washington el mismo secretario de Estado habテュa escrito a la CIA para orientar la investigaciテウn al Ejテゥrcito de El Salvador, no pasaron de ser pistas falsas, segテコn confirma hoy un detective espaテアol que siguiテウ de cerca los eventos de aquellos dテュas. De hecho, el supuesto testigo sonsonateco nunca volviテウ a ser mencionado.

Testigos acosados. Testigos inventados. Incapacidad o displicencia para producir evidencia fテュsica. Y, de ser necesario, buscar chivos expiatorios para realizar el 窶彡ontrol de daテアos窶 del que hablaba la investigadora Martha Doggett en 1993: 窶廣unque hay casos ocasionales en que oficiales de bajo rango son procesados penalmente, es usual que los oficiales de alto rango se muevan rテ。pidamente, actuando como cuerpo, para proteger a sus colegas… Ningテコn oficial de alto rango ha sido condenado en aテアos recientes, aunque haya clara evidencia de su participaciテウn (en delitos)窶, concluye el anテ。lisis de la CIA de 1989.

Poco ha cambiado: en 22 aテアos de existencia, ningテコn oficial de alto rango de la Policテュa Nacional Civil, cuyo cuerpo de detectives empezテウ con varios subalternos del coronel Rivas Mejテュa, ha sido condenado, siquiera juzgado, por delitos graves. Varios de ellos -un director, tres subdirectores, cuatro jefes de la Divisiテウn Antinarcotrテ。fico, tres jefes de la DIC y varios asesores- han sido seテアalados en expedientes administrativos por delitos como obstrucciテウn de justicia, complicidad con narcotraficantes, falsificaciテウn de evidencias, homicidios, amenazas y acoso sexual.

Y ninguno de los miembros del alto mando del ejテゥrcito salvadoreテアo que ordenテウ los asesinatos de la UCA habテュa sido nombrado en un expediente de investigaciテウn criminal. Hasta 2008, cuando el juzgado espaテアol abriテウ su investigaciテウn por asesinato, crテュmenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado.

La ventana abierta

El exembajador William Walker volテウ a San Salvador el 15 de noviembre. Habテュan pasado 25 aテアos desde la masacre. Hoy, 16 de noviembre de 2014, estテ。 sentado en el auditorio Segundo Montes de la UCA, nombrado asテュ en honor a uno de los sacerdotes asesinados. Espera, junto a varias decenas de religiosos estadounidense, abogados, familiares de los sacerdotes, las autoridades actuales de la universidad y varios jesuitas de todo el mundo, la apertura de un evento que tambiテゥn ha traテュdo a El Salvador a James P. McGovern, el congresista de Massachusetts que en 1989 era el principal asistente de Joe Moakley, a hablar del impacto que el martirio de los seis jesuitas y sus dos empleadas tuvo en la polテュtica exterior de los Estados Unidos. En la mesa de honor estテ。, tambiテゥn, el padre Charly Curry SJ, en 1989 presidente de la Compaテアテュa de Jesテコs en los Estados Unidos y uno de los detractores mテ。s fテゥrreos de la polテュtica exterior de Washington, que entonces representaba Walker en El Salvador.

Han pasado 25 aテアos. Algunas cosas han cambiado.

En el pテコblico tambiテゥn estテ。n Terry Karl, la profesora de Stanford que ha descrito en detalle la participaciテウn del Ejテゥrcito salvadoreテアo en la masacre tras estudiar miles de documentos desclasificados del gobierno estadounidense y cuyo testimonio ha sido fundamental en el caso abierto en Madrid y en otro seguido en Massachusetts por delitos migratorios contra Inocente Orlando Montano, uno de los coroneles implicados.

Cerca de Karl hay tres salvadoreテアos que se acercan a saludarla. Sus nombres: Carlos Mauricio, Nerys Gonzテ。lez y Juan Romagoza. Los tres acusaron en 1999 a los generales Eugenio Vides Casanova y Josテゥ Guillermo Garcテュa de permitir que tropas bajo su mando los torturaran. El caso, litigado en una corte civil en Florida, donde los militares retirados viven, provocテウ una orden de deportaciテウn que estテ。 a punto de cumplirse.

窶廣quテュ estテ。n ellos. Con ellos empezテウ todo窶, dice, exultante, la profesora Karl mientras abraza por turnos a los tres salvadoreテアos, que no dudan en tomarse fotos y bromear.

A unos metros de Karl, la abogada Almudena Bernabeu conversa con jesuitas estadounidenses que han llegado hasta El Salvador a conmemorar. La mujer vino a El Salvador hace cinco dテュas con un grupo traテュdo por el Centro de Justicia y Rendiciテウn de Cuentas (CJA en inglテゥs), una de las organizaciones que representa a las familias de las vテュctimas en Espaテアa. La agenda los ha llevado a la tumba de Monseテアor Romero en la Catedral Metropolitana, a comunidades rurales pobres atendidas por jesuitas y a el despacho de los principales asesores del presidente Salvador Sテ。nchez Cerテゥn, excomandante del FMLN. Ella, Bernabeu, ha aprovechado para decirle a El Salvador, a travテゥs de varios medios de comunicaciテウn que este Gobierno, como lo habテュa hecho el de Funes, le ha prometido no entorpecer el caso judicial en Madrid.

Han pasado 25 aテアos. Queda ver, al menos en el caso Jesuitas, si el Estado salvadoreテアo cambiarテ。 su actitud. Pronto podrテュa haber una prueba de fuego: Madrid ha pedido formalmente a Washington la extradiciテウn del coronel Montano para abrir el caso a etapa de sumario y, con un reo presente, dejar sentada toda la prueba recaba por la Audiencia Nacional, que incluye testimonios de expertos como la profesora Karl, de testigos oculares como Lucテュa Barrera de Cerna y otro puテアado de militares mencionados en los documentos desclasificados de Estados Unidos que estuvieron presentes en las reuniones donde se discutiテウ la orden de matar a los jesuitas, asテュ como miles de documentos secretos de los gobiernos estadounidense y espaテアol.

Algunas declaraciones pテコblicas indican que Estados Unidos estテ。, al menos, listo para reconocer la autorテュa intelectual del alto mando militar salvadoreテアo. Ya lo hizo, de hecho, a travテゥs de un funcionario de nivel medio. Fue el 2 diciembre de 2013 en el Museo del Holocausto de Washington, durante la celebraciテウn de los 10 aテアos de existencia de la unidad de derechos humanos del Departamento de Seguridad Interna (DHS en inglテゥs). Ese dテュa, Daniel Ragsdale, jefe adjunto de DHS, dijo al enumerar casos en los que su oficina ha colaborado con la fiscalテュa general para sacar de Estados Unidos a exfuncionarios extranjeros acusados de violaciones a los derechos humanos: 窶弑n caso es del coronel Inocente Montano, que estテ。 condenado… Hoy sabemos que a los jesuitas (en El Salvador) los matテウ un pequeテアo grupo en el alto mando, al que pertenecテュa el coronel Montano窶.

Han pasado 25 aテアos. La herencia del sistema de encubrimiento estatal que se perfeccionテウ con el ejercicio masivo desplegado para proteger a los responsables de la masacre de la UCA sigue a la vista en las instituciones de ese sistema, al que el Departamento de Estado en Washington lleva seテアalando de corrupto e ineficiente durante una dテゥcada en sus informes anuales sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.

Es el mismo sistema que hoy, 25 aテアos despuテゥs, es incapaz de lidiar con los 10 u 11 asesinatos violentos que ocurren cada dテュa; o con el テュndice de niテアos asesinados anualmente, uno de los mテ。s altos de la regiテウn centroamericana y del mundo segテコn el reporte de violencia mテ。s reciente de Naciones Unidas; o con el deplorable テュndice de condenas que logra su Fiscalテュa: cinco por ciento de todos los delitos denunciados.

窶廢l sistema de investigaciテウn criminal salvadoreテアo sigue siendo la mテ。s dテゥbil y menos desarrollada de las instituciones democrテ。ticas… Los cuerpos de investigaciテウn criminal son incapaces de producir evidencia fテュsica suficiente y aceptable para satisfacer los requerimientos procesales en los tribunales…窶, habテュa escrito la CIA en 1989, un mes y dos dテュas despuテゥs de que agentes del Estado entraran a la UCA a matar a Ignacio Ellacurテュa Baescoechea, a Segundo Montes Mozo, a Ignacio Martテュn-Barテウ, a Joaquテュn Lテウpez y Lテウpez, a Amando Lテウpez y Juan Ramテウn Moreno, sacerdotes jesuitas, a su cocinera, Elba Ramos y a su hija, Celina Marissette.

ツLea la primera y la segunda entregas de este especial publicado por revista Factum y Plaza Pテコblica.

*ツLa imagen principal de este reportaje fue tomada durante el juicio por la masacre de la UCA, en 1991. En ella se aprecian al coronel Carlos Guillermo Benavides (derecha) y el teniente Ricardo Espinoza. Foto: Francisco Campos.
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