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La mafia infiltrada en la Fiscalía General

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En la audiencia celebrada en el Juzgado 7º de Paz de San Salvador contra, entre otros, el empresario Enrique Rais y el ex fiscal general Luis Martínez, surgieron más indicios de la connivencia entre ambos. Relación “impropia” la había llamado el Tribunal de Ética Gubernamental. La Fiscalía mostró pruebas de que el abogado que defiende a Martínez fue empleado de Rais y de la capacidad del empresario para arreglar casos judiciales que le afectaban. En corto, evidencias de que Luis Antonio Martínez fue, entre 2013 y 2015, jefe de la red de corrupción infiltrada en la Fiscalía General de la República. 

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Enrique Rais escucha a Ernesto Gutiérrez, uno de sus abogados, durante una audiencia judicial celebrada en agosto. Ambos están acusados, junto al exfiscal Luis Martínez y otros, de delitos relacionados con la fabricación de pruebas y la obstrucción de justicia. Fotos de Salvador Meléndez Girón.

 

– “Mire cómo se cierra el círculo. Al final todos son lo mismo.”

Quien habla es un fiscal de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República. Hace el comentario mientras señala con el dedo a José Manuel Cruz Azucena, uno de los abogados que se pasea por la sala de audiencias donde el empresario Enrique Rais, el ex fiscal Luis Martínez y otras seis personas son acusadas de formar parte una red de corrupción que manipuló la justicia a su antojo a cambio de dinero y dádivas.

La jueza que preside la audiencia inicial, Evelyn Jiménez, del Juzgado 7º de Paz, ha dado un receso después de casi cinco horas corridas de alegatos y discusiones. Los que están sentados en las sillas de los acusados son, además de Rais y Martínez, Hugo Blanco Rais –sobrino del empresario–, tres abogados, una mujer y un ex jefe fiscal llamado Julio Arriaza.  Es la noche del sábado 27 de agosto de 2016, final del segundo día de una larga y compleja audiencia realizada en la sala 4-A del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, y que al final duró más de 40 horas.

Cruz Azucena es uno de los 14 abogados que están defendiendo a “la red”, como los medios de comunicación han empezado a llamar a la organización que, según la fiscalía, era financiada por Rais para comprar justicia. Cruz Azucena defiende a Luis Martínez, el ex fiscal general.

El comentario que acaba de hacer el fiscal de Crimen Organizado se debe a que Cruz Azucena, el defensor de Martínez, también ha trabajado para Enrique Rais. De eso deja constancia un cheque por $8,160 dólares que la Fiscalía encontró en las oficinas de Manejo Integral de Desechos Sólidos de El Salvador (MIDES), una de las empresas de Rais allanadas en el marco de esta investigación. Una fotocopia de ese cheque está anexada en el expediente judicial del caso como parte de las pruebas.

Aunque los vínculos entre Martínez y Rais han sido ya bastante documentados, el agente fiscal de Crimen Organizado cree que haber encontrado pruebas de que Rais le paga al abogado que ahora defiende a Martínez —el jefe máximo de la misma “red” que el empresario financiaba— es evidencia contundente de la relación entre ambos. “Esa es otra línea más que los une”, comenta el fiscal con una sonrisa.

Cruz Azucena no niega la existencia del cheque ni haber recibido pago de Rais a través de ese instrumento financiero. No lo niega, pero le incomoda hablar de ello. Tras conocer de la existencia de ese cheque, Factum abordó al abogado en los tribunales durante una de las muchas pausas que tuvo la audiencia. Esto fue lo que dijo:

— “¿Para qué le pagó ocho mil dólares Enrique Rais?” —preguntó Factum.

— “Ah, no. Mirá, ahorita no quiero hablar de eso” —respondió el abogado.

— “Pero quiero que me explique, porque me parece interesante que siendo usted empleado del señor Rais esté defendiendo al ex fiscal Luis Martínez…”

— “¿Y vos sabés para qué me pagó eso?”

— “No, por eso le pregunto.”

— “¡Ya te dije que no quiero hablar!”

Luego de esta brevísima conversación, Factum abordó también a Enrique Rais, en un receso de la audiencia, para preguntarle sobre el mismo cheque. Parado frente a la silla donde permanecería sentado durante muchas horas en los primeros dos días de audiencia, el empresario contestó con cautela.

— “ Ah… sí, sí. Fue por una consultoría que nos hizo. Fueron dos meses. Es que estamos creando una nueva empresa” —dice el imputado antes de que Cruz Azucena, sentado pocos pasos adelante del empresario, se dé la vuelta rápidamente y le haga señas con las manos para que ya no hable nada. Entonces Rais corta la conversación.

Hugo Blanco Rais, sobrino del empresario y también imputado, llega apresurado adonde su tío e interviene en la plática.

—“¡De eso no vamos a hablar! ¡Muchas gracias!” —dice Blanco y señala con sus manos al periodista para que regrese por donde llegó.

La jueza vuelve del receso y tanto fiscales como defensores regresan a sus puestos para reanudar el debate. Mientras tanto, Cruz Azucena le habla en voz baja a Rais con la cara enrojecida.

Luis Martínez y su defensor.

Luis Martínez y su defensor, José Manuel Cruz Azucena, quien recibió un cheque por $8,160 dólares de Enrique Rais por “una asesoría”. Foto de Salvador Meléndez Girón.

El abogado que lo sabía todo

En esta audiencia, la Fiscalía ha acusado a esta estructura de corromper el sistema judicial desde adentro y desde afuera, a través de abogados, jueces, fiscales, peritos, entre otros; pasando por estructuras del Estado como el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y hasta los mismos juzgados.

La Fiscalía General inició la investigación contra esta supuesta red de corrupción a principios de este año, tras la salida de Martínez y con la llegada de Douglas Meléndez al despacho principal del Ministerio Público. Irónicamente, sin embargo, las pesquisas iniciaron debido a intervenciones telefónicas realizadas durante la administración Martínez, con las que Rais y su séquito manipularon al menos dos casos para hundir en la cárcel a enemigos del empresario a cambio de dádivas para todo aquel que colaborara con la causa.  El primero de los casos fue en contra de Claudia María Herrera Díaz –esposa de uno de los ex abogados de Rais– y en contra de uno de sus escoltas.

El día 20 de octubre del 2014, aproximadamente a las 12:32 de la tarde, la pantalla del teléfono del abogado Ernesto Gutiérrez, el 7112-8148, se iluminó. “Llamame. Urge”. El mensaje venía del número 7719-1741, usado por el entonces juez noveno de paz de San Salvador, Romeo Aurora Giammattei.

Una hora y veinte minutos después, Gutiérrez, uno de los abogados de confianza del empresario, llamó desde su teléfono celular a Giammattei y le dijo que estuviera pendiente. Gutiérrez  dijo al juez que “para mañana va el asunto”, y que creía que “el paquete” llegaría a más tardar cuatro días después.

La fiscalía interpreta que Gutiérrez se refería a un proceso judicial abierto un mes antes en contra de Claudia Herrera y German Amílcar Hernández Serrano, su guardaespaldas, ambos acusados de haber amenazado con armas de fuego a José Aquiles Enrique Rais y Hugo Ernesto Blanco Rais en un supuesto altercado ocurrido el 23 de septiembre del 2014 en el bulevar del Hipódromo, en San Salvador. La defensa de Herrera sostuvo en esa ocasión que todo se trató de un encuentro fortuito y que nunca hubo amenaza alguna.

Herrera es esposa de Mario Calderón, un abogado que trabajó durante varios años para Rais y llegó a estar en el círculo de más confianza del empresario. Luego Calderón renunció y terminó trabajando para Matteo Pasquale y Franco Pacetti, dos empresarios canadienses que disputan con Rais la propiedad de MIDES, un negocio que según cálculos recogidos de documentos judiciales vale alrededor de 25 millones de dólares.

A las 2:49 de la tarde del mismo día, Giammattei llamó a Gutiérrez un poco preocupado. Le dijo que “Mauricio” andaba loco, que andaba bien ansioso porque quizá no le había “caído nada” ese día ni toda la semana pasada en el juzgado; que sería bueno que “le pegaran un tentón”.

Según la fiscalía, con “Mauricio”, Giammattei se refería a Mauricio Antonio Álvarez, quien para entonces fungía como juez suplente de Giammattei en el juzgado Noveno de Paz de San Salvador. Las investigaciones además sustentan que el juez propietario se refería a que Álvarez andaba preocupado porque no había podido celebrar ninguna audiencia y por lo tanto no había podido cobrar pago alguno como suplente.

Gutiérrez, según consta en el requerimiento fiscal del caso, le respondió a Giammattei que estuviese tranquilo, porque “posiblemente mañana van a cazar a la bruja”, en referencia, dicen los fiscales, a la captura de Herrera. Giammattei le preguntó que cuándo salía la orden y el abogado respondió “hoy mismo”. La fiscalía de Douglas Meléndez cree que esta conversación prueba que uno de los abogados de Rais estaba en total capacidad de decir cuándo la fiscalía de Luis Martínez emitiría órdenes de captura contra los enemigos del empresario.

En las siguientes conversaciones sostenidas entre el juez y el abogado de Rais, ambos hablaron sobre la necesidad de que los acusados fueran capturados a más tardar el miércoles 22 de octubre de 2014.  Decían que solo así tendrían como plazo final el día viernes de esa semana para celebrar la audiencia. En las escuchas los hombres además hablaron de que sería el juzgado Noveno de Paz donde se celebraría la audiencia, y que este estaría a cargo de Mauricio Álvarez. Para ello, Giammattei dijo que iba a conseguir una incapacidad.

Al siguiente día, el martes 21 de octubre, Giammattei comenzó a enviarle mensajes a Gutiérrez desde muy temprano. “¿Ya está listo todo?”, preguntó el juez. “Buenos días, ya está librada”, contestó el abogado refiriéndose a una orden de captura. La tarde del día anterior, según las investigaciones, una fiscal de la Unidad de Vida de la Fiscalía General de la República libró orden de captura contra Herrera y su guardaespaldas.

A media mañana del día 21, Giammattei llamó a Gutiérrez y le dijo que estaba reunido “con el amigo”. Según la fiscalía este se refería al juez suplente Álvarez. Giammattei quería que el abogado de Rais le asegurara a su suplente que también recibiría una recompensa si el fallo era favorable al empresario. Gutiérrez  le contestó, como para calmarlo, que “si no cae la bruja, igual le vamos a reconocer lo que está perdiendo”, a lo que el juez de paz le contestó que necesitaba que le dieran “garantía” y luego le pasó el teléfono a Álvarez. El suplente habló con Gutiérrez y le preguntó “cómo estaba la onda”; el abogado contestó que ya estaba girada la orden de captura. “Siempre va a llegar donde ustedes”, le dijo Gutiérrez.

Pasó todo el día 21 y Herrera no fue capturada. Al día siguiente, según consta en las intervenciones de la fiscalía, Giammattei llamó a Gutiérrez cuando eran cerca de las 7:00 de la mañana para preguntarle que qué había pasado, y este le contestó que ya había salido la cuestión, pero que no había sido ejecutada, que le iba a avisar cuando tuviera noticias, que todavía había tiempo para presentar el viernes.

Al mediodía del día 21, el juez Giammattei llamó nuevamente al abogado de Rais para preguntarle que cómo iba la cosa. Gutiérrez contestó que aún nada, que le iba a avisar. El juez de paz le dijo al abogado que “Mauricio anda llorando” porque lo estaban llamando para Ciudad Delgado, y que le suplicaba recordar que había estado “disponible” desde la semana pasada. Entonces Gutiérrez le contestó que “cuánto quería”, a lo que Giammattei le contestó que le ayudara con “lo que fuera su voluntad”.

El día 22 de octubre un grupo de agentes de la PNC hizo efectiva la orden de captura contra Claudia María Herrera. Ese mismo día, a las 6:46 de la tarde, Gutiérrez llamó a Giammattei para darle la noticia: “Ya cayó el mango”, le dijo.

Giammattei y Gutiérrez continuaron platicando en los días posteriores al 22 de octubre. Según las intervenciones telefónicas, ambos estaban planeando que “la bruja” llegara al tribunal Noveno de Paz a más tardar el día viernes.

El día jueves 23 de octubre del 2014, aproximadamente a las 10:58 de la mañana, Giammattei llamó a Gutiérrez para comentarle que Mauricio ya estaba “al mando del barco”. Luego, el juez de paz le dijo al abogado que quería hablar algo grave y preocupante con él: el juez explicó que creía que lo habían descubierto. “Descubrieron al milagro, pero no al santo”, le dijo. Ambos acordaron que hablarían del tema más tarde, pero antes de colgar Gutiérrez le dijo a Giammattei que “el hombre” estaba contento y que pronto le mandaría “los verdes”, que al siguiente día llegaría como a las tres de la tarde. La Fiscalía entiende que “el hombre” era Enrique Rais.

Giammattei, antes de despedirse, le garantizó a Gutiérrez el resultado “ustedes ya saben que ya está”, aunque añadió que para garantizar el arresto permanente de Herrera, “Mauricio” pedía añadieran un expediente de Sonsonate, donde le habían dado medidas sustitutivas a la mujer.

Según la interpretación de la Fiscalía, el interlocutor de Gutiérrez se refería al expediente judicial que Claudia Herrera tenía en Sonsonate, en el que había sido procesada por conducir con una licencia falsa, y por el que para entonces le habían dado medidas sustitutivas a la detención. Eso cambiaría luego. Actualmente, de hecho, Claudia Herrera está bajo arresto en un hospital privado de San Salvador debido a problemas renales; sin embargo, al salir de ahí debe volver a prisión por la orden de detención dictada, precisamente, por el tribunal sonsonateco.

—“Van a meter ese expediente que tiene medidas y aquí le van a pedir la delta, quiero que le den la delta, que le valga verga, que la dé” —fueron las palabras de Gutiérrez, quien añadió: hablé con el hombre y me dijo “deciles que soy generoso, decile a los dos que me den esa mierda, que voy a estar feliz”.  La “delta”, según la interpretación fiscal, es la detención. Eso era lo que estaba pidiendo Rais, a través de su querella en el caso de agresión contra Claudia Hernández, y, según la fiscalía, era también lo que estaba negociando con el abogado Giammattei a través de Gutiérrez.

En las conversaciones posteriores, Gutiérrez y Giammattei advirtieron la posibilidad de que sus teléfonos podían estar intervenidos por la fiscalía, y acordaron comprar unos nuevos “de unos treinta o cuarenta bolas cada uno”.

El viernes 24 de octubre era el último día para que el caso por supuestas amenazas pudiera llegar al tribunal Noveno de Paz, puesto que el sábado solo trabaja un tribunal y este es asignado según una programación establecida mensualmente. Como Herrera y su guardaespaldas fueron capturados el jueves, el plazo de las 72 horas que la ley estipula para que fuera presentada a un tribunal vencía hasta el día sábado. Esto, según las investigaciones, ponía en riesgo el plan de Giammattei y Gutiérrez.

Ese viernes, la comunicación entre Giammattei y Gutiérrez se incrementó. La bitácora de llamadas que la fiscalía presentó añadida al caso lo confirma.

En una de las llamadas realizadas, Giammattei le dijo a Gutiérrez que él estaba en su casa, tal como lo habían planeado, y que Mauricio ya estaba en el tribunal, esperando. Sin embargo, advirtió que para entonces ya casi eran las cuatro de la tarde y que su suplente no podía esperar mucho más porque tenía un compromiso a las 4:30 de la tarde.

Gutiérrez, según las intervenciones telefónicas de la fiscalía, le contestó a Giammattei que al parecer había ocurrido un problema y que la fiscal del caso no había hecho conforme al plan de presentar el requerimiento el día viernes en el Noveno de Paz.

A las 3:30 de la tarde del 24 de octubre, Gutiérrez le dijo a Giammattei que llamara a “las tres letras” (FGR) para ver si “la cosa” ya estaba ahí, y que si le decían que no, iba a mandar a “Huguín” (Hugo Rais) para allá, para que presionara. Giammattei contestó que “la sede” no le había dicho nada, y Gutiérrez le dijo que llamaría en el acto. Los minutos pasaron, y Giammattei le advertía mediante llamadas desesperadas a Gutiérrez que Mauricio tenía que irse y que el juzgado que quedaría de turno era el juzgado Décimo Segundo de Paz.

Algo había salido mal.

Miembros élite de la PNC durante la captura de Ernesto Gutiérrez (derecha) el 22 de agosto. Foto de Salvador Meléndez Girón.

Miembros élite de la PNC durante la captura de Ernesto Gutiérrez (derecha) el 22 de agosto. Foto de Salvador Meléndez Girón.

Giammattei le comentó a Gutiérrez que le llamaba la atención lo que había pasado porque “Julio siempre ha trabajado con nosotros”. El abogado de Rais le respondió que sí, que Julio estaba con ellos, pero que por las dudas había mandado a “Hugo” y que este le había dicho que lo que pasaba es que no habían terminado el requerimiento.

De esta comunicación, la fiscalía infiere que Gutiérrez “envió” a Hugo Blanco Rais —cuyo teléfono, el 7435-5010, también fue intervenido— a las oficinas centrales de la fiscalía para “presionar” y asegurarse que el requerimiento llegara antes de las 4:00 al juzgado de Giammattei. “Julio”, deducen los fiscales, no era nadie más que Julio Arriaza, para entonces director de la unidad de Defensa de los Intereses de la Sociedad, en la misma fiscalía de Martínez.

Esta interpretación es sustentada con el análisis de la bitácora de llamadas de los implicados que la Fiscalía ha presentado ante los tribunales. En este análisis, los fiscales han establecido mediante mapas el trayecto de Hugo Rais entre las 12:00 y las 16:00 horas del día 24 de octubre. Los datos revelan que, efectivamente, el sobrino de Enrique Rais estuvo en Santa Elena cerca de las 4:00 de la tarde.

Desesperado y molesto por lo que pasaba, Giammattei le dijo al abogado de Rais que ellos necesitaban hablar con “el hombre” esa misma noche. Gutiérrez le respondió que “el hombre” no estaba, y el juez le contestó que entonces la reunión sería el siguiente día porque “el equipo tiene huecos”.

—“Seguro es la gente de las tres letras (la FGR)” —le respondió Gutiérrez al juez.

Gutiérrez se mostró extrañado y le dijo a Giammattei que no podía ser, que tenían a “todas las jefaturas” y también “al mero mero”. Según la fiscalía, “el mero mero” era el entonces fiscal general, Luis Martínez. “También a Julio”, agregó el abogado de Rais. “No es posible que una simple gata no obedezca órdenes”, finalizó. Con “simple gata”, según la fiscalía, Gutiérrez se refería a la fiscal auxiliar asignada al caso, quien, de acuerdo a la información que antes les había dado Hugo Blanco, no había terminado el requerimiento para ser presentado al tribunal Noveno de Paz.

A las 5:30 de la tarde del mismo 24 de octubre, Gutiérrez le llamó a Giammattei para decirle que “desmontaran el operativo” porque “el uno” había hablado. “Dijo que no lograron salir con la documentación de Sonsonate para fundamentar la doble medida”, señaló Gutiérrez. La fiscalía interpreta que “el uno” era Luis Martínez.

A las 6:16 de la tarde, Giammattei llamó a Gutiérrez para contarle que “sentía raro todo esto” y que su suplente, luego de esperar varias horas en el juzgado, le había llamado reclamándole por todo lo que había perdido. Gutiérrez le contestó que Mauricio no había perdido nada porque tendría “su bono”.

El mismo 24 de octubre, mientras el juez Noveno de Paz y el abogado de Enrique Rais se intercambiaban llamadas para mantenerse al tanto de “el asunto”, en el Centro de Intervención a las Telecomunicaciones de la Fiscalía los estaban escuchando. Los investigadores ya sabían que Giammattei y Gutiérrez hablaban continuamente de gestiones para que la persona detenida, Claudia Herrera, llegara al juzgado Noveno de Paz.

Los habían descubierto.

Los investigadores escucharon que existía una “coordinación” con personal de la fiscalía, específicamente con alguien llamado “Julio”, lo cual le fue informado a Julio Arriaza. Los investigadores lo invitaron al centro de escuchas telefónicas para que oyera las conversaciones entre el abogado de Rais y el juez Giammattei, y para que fuera él mismo quien decidiera a qué unidad debía ser trasladada la investigación.

Arriaza, sin embargo, no dijo a qué unidad fiscal debían ser enviadas las escuchas entre Giammattei y Gutiérrez; en lugar de eso dijo que mejor los iban “a joder” y que el requerimiento del caso del que hablaban ya no sería enviado al Noveno de Paz sino al Décimo Segundo, al siguiente día. Y así lo hicieron.

Luego de hablar con Arriaza, Sigfredo Alcides Campos Crespo, director del Centro de Intervenciones, llamó al entonces fiscal general y también le informó al respecto. Campos Crespo le advirtió a Martínez que en los delitos que se investigaban aparecía un fiscal, y que aunque no sabían de qué unidad era, era muy probable que fuera de San Salvador y que se llamaba Julio. El fiscal se limitó a decir que ya verían qué hacer con esa cuestión.

A principios de esa misma semana, Luis Martínez y Julio Arriaza fueron al Centro de Intervenciones y escucharon las llamadas, junto con el director del centro. Al escuchar lo dicho por Giammattei y al verse evidenciado de que este se refería a él “se sonrió y dijo que esas eran mierdas, que eran inventos de esos cabrones, que todo el mundo sabía que Giammattei era pícaro y que había que continuar escuchándolos”, según la acusación de la Fiscalía contra Rais y Martínez.

Julio Arriaza, jefe fiscal implicado en la supuesta red de corrupción liderada por el empresario Enrique Rais y el ex fiscal general Luis Martínez. Foto de Salvador Meléndez Girón.

Julio Arriaza, jefe fiscal implicado en la supuesta red de corrupción liderada por el empresario Enrique Rais y el ex fiscal general Luis Martínez. Foto de Salvador Meléndez Girón.

Los dibujitos falsos de Enrique Rais

Las escuchas a los números telefónicos de Giammattei y Gutiérrez continuaron. Luego de que el plan para meter el expediente de Claudia Herrera en el juzgado Noveno de Paz fallara, Gutiérrez le advirtió al juez que tenía información fidedigna de que los estaban interviniendo por lo que decidieron cambiar de teléfonos. Pero la astucia de ambos conocedores de la ley no fue mucha. Luego de cambiar de teléfonos ambos se llamaron de los números antiguos para intercambiarse los nuevos números. La fiscalía lo escuchó todo y enlistaron las nuevas líneas en las escuchas.

El día cinco de marzo del 2015, aproximadamente a las 11:42 de la mañana, Gutiérrez llamó a Enrique Rais, su jefe, para preguntarle si se encontraba en el país. Rais, usando el teléfono número 7435-9900, le contestó a su abogado que sí, que se quedaría un par de días más. Gutiérrez le indicó que para ese día, a las 2:00 de la tarde, le había programado una diligencia “con el que le va a ver la cabeza”, refiriéndose, según la interpretación de la fiscalía, a un psicólogo forense del Instituto de Medicina Legal, en específico a Néstor Francisco Recinos, quien para entonces era jefe del Departamento de Ciencias de la Conducta Forense.

El abogado también le dijo que recordara que la vez pasada le había dado una “dosis” (dinero), a lo que Rais le contestó que sí, que se acordaba.  Gutiérrez continuó diciéndole a su jefe que le estaba ofreciendo “la misma dosis”. Rais le preguntó a su empleado que de cuántos “miligramos” (miles) fue la dosis pasada y el abogado le contestó que de cinco. El empresario dijo en un principio que le parecía un precio poco alto, pero el abogado lo convenció de que “si no quería asomarse, hasta lo podían hacer a control remoto, desde donde él estuviera”. Antes de aceptar, Rais preguntó si “la dosis” era por los dos, por “Hugo” y por él. Gutiérrez contestó que sí. Rais respondió: “bueno, démosle pues”.

De esta llamada y otras posteriores, la Fiscalía logró determinar que Gutiérrez estaba coordinando la falsificación de un peritaje psicológico que serviría en un nuevo intento para hundir en la cárcel a Claudia Herrera mediante otra acusación por el delito de amenazas. Según las investigaciones, Rais pretendía, mediante ese documento, comprobar que había resultado “gravemente afectado” por las amenazas que le habrían propiciado Herrera y su escolta.

El mismo cinco de marzo, Gutiérrez llamó a Luis Ernesto Peña, otro de los abogados de Rais, quien usaba el teléfono número 7190-9092. En esa conversación, realizada aproximadamente a las 11:53, Gutiérrez le dijo a su colega que “en apoyo al caso” necesitaba que le mandara el requerimiento o acusación por amenazas que estaba preparando y que lo que más le interesaba era “la fáctica” porque en la tarde “van a hacer la cuestión del perito”. Peña le contestó que lo tenían que hacer sobre el tema de la afectación y que el requerimiento ya estaba en su correo.

Ernesto Gutiérrez (izquierda) y Enrique Rais durante la audiencia inicial celebrada en el 7o de Paz de San Salvador. Foto de Salvador Meléndez Girón.

Ernesto Gutiérrez (izquierda) y Enrique Rais durante la audiencia inicial celebrada en el 7o de Paz de San Salvador. Foto de Salvador Meléndez Girón.

Cerca de las 3:00 de la tarde, Gutiérrez realizó nuevamente una llamada desde su teléfono a Rais para decirle que ya estaba con el perito forense, que estaban en su oficina y que ahí se iba a hacer el asunto completo. Gutiérrez explicó a Rais que necesitaba anexar tres dibujitos que el empresario tenía que hacer con sus propias manos. Rais le contestó a su abogado que le explicara de qué se trataba; en tres hojas de papel bond tenía que hacer una casa, una persona y una hoja, y los tres dibujos tenían que tener borrones, como que se había equivocado, porque eso denota ansiedad, explicó el abogado a su patrón. Rais y Gutiérrez acordaron además que el empresario haría otro paquete de tres dibujos cuya autoría atribuiría a Hugo Blanco Rais, la otra supuesta víctima de las amenazas de Claudia Herrera.

—“¿El muñequito lo querés todo triste?” —preguntó Rais.

—“Sí, hágalo todo hecho leña” —contestó el abogado.

El nueve de marzo, a eso de las 9:24, Gutiérrez llamó desde su teléfono a Héctor Francisco Grimaldi, otro abogado, y le preguntó cómo iba la cosa “del loco”, que si ya había mandado los papeles a Santa Elena, a lo que el interlocutor le contestó que ese mismo día por la mañana los mandaría. Gutiérrez le advirtió que al día siguiente había que presentarlos y que tenía que ir anexado al documento principal. Grimaldi, contestó que a las 10:00 había quedado de ir a traer el documento firmado adonde “el amigo loco”. A las 10:04 Gutiérrez recibió una llamada de Grimaldi, quien le informaba que “las acciones ya estaban hechas”.

El día 11 de marzo, la Fiscalía presentó un dictamen de acusación en contra de Claudia Herrera y tres personas más por el delito de amenazas con agravación especial en perjuicio de los señores Enrique Rais y Hugo Blanco Rais. Dentro de la prueba pericial constaban dos peritajes psicológicos realizados por el psicólogo forense Néstor Recinos. Esta prueba, según la fiscalía, fue ingresada al tribunal y sirvió para que el juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ordenara la detención provisional contra Herrera.

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Luis Martínez, ex fiscal general de la república. Foto de Salvador Meléndez.

El fiscal se negó a investigar

En abril del 2015, Campos Crespo, el director del Centro de Intervenciones, tuvo una reunión con el ex fiscal Martínez y le informó sobre el caso, sus incidencias y que el plazo de intervención estaba terminando. Martínez, según Crespo, se limitó a decir que “ya iban a verificar eso”, pero no ordenó enviarlo a ninguna unidad para que el caso se judicializara.

Campos Crespo decidió entrevistarse con los fiscales en el marco de la investigación Rais-Martínez y aseguró que, en relación al caso de Giammattei, “fue insistente y persistente en decirle al fiscal general que este debía judicializarse, que esto no podía quedar así”, pero en todas las ocasiones, según él, Martínez le decía “perame (sic), ya vamos a ver” o incluso llegó a decirle que la solución era hacer renunciar al juez hablando con el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Los audios fueron engavetados y durante el resto de la administración Martínez, que terminó en diciembre del 2015, no se volvió a hablar de ellos. Sin embargo, con la entrada de Douglas Meléndez a la Fiscalía, los audios fueron retomados y la investigación continuó hasta lograr la captura de Rais y “la red” el pasado 22 de agosto.

Este caso, en realidad, comenzó a principios de septiembre del 2014, cuando el Centro de Intervenciones de las Telecomunicaciones de la Fiscalía recibió una solicitud de intervención a petición de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado. Este expediente se clasificó con la referencia 26-UEIT-08-13-2014 y ahí se solicitó al juez séptimo de instrucción de San Salvador que autorizara pinchar varios números telefónicos. El primer número intervenido fue el del ex diputado Wilber Ribera Monje, hoy condenado por el delito de lavado de dinero. Para entonces, la investigación también buscaba comprobar la tesis de que gente allegada a Monge estaba planeando atentar contra la vida del entonces fiscal Luis Martínez.

Sin embargo, a medida que las escuchas fueron avanzando, los fiscales descubrieron otros ilícitos, por lo que solicitaron ampliaciones judiciales para intervenir otros números telefónicos. Entre estos, el de Gustavo Ulices Hernández, una hija del ex diputado Wilber Rivera, además de una mujer de nombre Blanca, que se dedicaba al tráfico ilegal de personas. Transcurridos unos días, desde uno de los teléfonos intervenidos y utilizado por Gustavo Hernández, los agentes captaron una conversación con el entonces juez noveno de paz, Romeo Aurora Giammattei.

Giammattei le decía a Hernández que estuviera tranquilo porque había obtenido información de que no se le estaba investigando por los delitos atribuidos a Rivera Monge. Giammattei además le dijo a Hernández que localizara a un sujeto de apellido Rosales, ya que a este lo iban a utilizar para hacer “un trabajito”. Estas palabras llamaron la atención de los investigadores, por lo que pidieron la ampliación de intervención del número de Giammattei: creían que los hechos escuchados podrían adecuarse al delito de encubrimiento. La ampliación también fue aprobada por el juez Séptimo de instrucción.

El director del Centro de Intervenciones de la Fiscalía, Sigfredo Campos Crespo, ha dicho que informaba sobre todo al entonces fiscal general, Luis Martínez.

En octubre, los agentes empezaron a escuchar conversaciones entre Giammattei y otra persona que se identificaba como “Neto”, a quien las investigaciones señalarían más tarde como Ernesto Gutiérrez, el abogado de Rais. “Denotándose a través de las conversaciones que Giammattei realizaba actos contrarios a sus funciones como juez para favorecer en los casos a cargo del abogado antes mencionado”, dice el requerimiento.

Gutiérrez Ayala tenía, para entonces, casi diez años al servicio de Enrique Rais. Pero el empresario no era su único cliente. En 2015, el abogado también defendía a Moris Alexander Bercián Machón, alias “Barney”, un líder pandillero de la MS al que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en 2013 por estar “ligado a actividades ilegales de narcotráfico”. Según una nota publicada por La Prensa Gráfica, este caso también ha estado plagado de “altibajos”: “El proceso judicial contra Machón… incluye haber sido exonerado. Actualmente se encuentra en libertad y sin orden de captura…”

Cuando las intervenciones telefónicas a Gutiérrez Ayala arrojaron sospechas de compra de voluntades en los tribunales, quienes escucharon las conversaciones informaron a sus superiores, pero no encontraron eco. “El procedimiento era que cuando surgían nuevos delitos se debía comunicar a la unidad fiscal correspondiente para que se le diera el seguimiento respectivo, pero en este caso la instrucción que dio dicho director fue que no se comunicara a la unidad fiscal, que después se haría, porque esas eran las instrucciones del ex fiscal general”, dice el expediente del caso.

Según las investigaciones posteriores de la Fiscalía, cuando el ex fiscal Martínez se enteró de la información que involucraba a Giammattei y al abogado de Rais, dijo que “ya iba a ver qué pasaba” y además ordenó que no se informara a ninguna unidad fiscal. No hizo nada para judicializar el caso. Esta información fue reforzada a través de testimonios de seis testigos clave que aceptaron colaborar en la investigación bajo los nombres de Carlos José, Alpino, Francia, Álvaro y Roble. Asimismo, en el proceso constan declaraciones de Campos Crespo.

Luis Martínez cayó dos veces en el juego de las escuchas

A partir de las llamadas interceptadas a Gutiérrez, la Fiscalía de Douglas Meléndez capturó al abogado, a Rais y al ex fiscal general. La investigación denominada “Caso Rais-Martínez”, por ahora, ha terminado con la decisión de la jueza Evelyn Jiménez de dejar en libertad condicional a todos los imputados con la condición de entregar, cada uno, una fianza que iba desde los $1,500 hasta los $20,000. Esta última impuesta “según su capacidad económica” a Enrique Rais, quien es dueño de aviones y varias empresas.

Los fiscales del caso no dudaron en calificar de “sospechosa” la actuación de la juzgadora. Aunque no fue la primera vez que mencionaban esa palabra. Durante el desarrollo de la audiencia, los fiscales pusieron en duda al sistema judicial y, en específico, al tribunal que estaba viendo la causa.

“Es inaudito que hayamos tenido que pasar cuatro horas pensando en qué juzgado íbamos a presentar el requerimiento, lo correcto sería que en cualquiera que lo presentáramos deberíamos estar tranquilo, pero ciertamente nos vemos sorprendidos con esta resolución”, dijo una de las fiscales del caso al finalizar la audiencia.

Los fiscales dieron una conferencia luego de tres días de arduo trabajo que culminó en la libertad bajo fianza para todos los imputados. “Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. De hecho, el caso que está procesando este mismo tribunal es un ejemplo de que todo sale a la luz”, dijo Wil Ruiz, jefe de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado al preguntarle si iban a investigar a la jueza.

El ex fiscal Martínez, sin embargo, no corrió con suerte. Luego de pagar los $5,000 que le fueron impuestos como fianza para quedar en libertad condicional, Martínez no logró poner un pie en libertad. El martes, la fiscalía logró que el juzgado Primero de Paz de San Salvador lo enviara a prisión provisional por al menos seis meses al acusarlo de otro delito: divulgación de información reservada.

Este delito se suma al de omisión de la investigación y fraude procesal que la fiscalía le atribuye en el caso vinculado a Enrique Rais. Según la investigación fiscal, este tercer delito fue cometido por Martínez en el año 2014 cuando reveló parte de las escuchas telefónicas captadas al sacerdote Antonio Rodríguez, mejor conocido como “padre Toño”.

Las telecomunicaciones de “Toño” fueron intervenidas luego de que se supiera que estaba colaborando con la pandilla Barrio 18 a ingresar celulares a los centros penales en el marco de la denominada “Tregua” que el gobierno del expresidente Funes pactó con las principales pandillas del país para reducir los homicidios.

El requerimiento fiscal de este nuevo caso revela cómo Martínez volvió a caer en la trampa de las escuchas telefónicas. Esta vez, contrario a las llamadas captadas al grupo de Rais, Martínez sí se vio muy interesado en el contenido de las llamadas de “Toño”.

Lo que la fiscalía había escuchado en las llamadas del sacerdote, además de pláticas sobre introducción de ilícitos a los penales, eran conversaciones personales de “Toño” con sus amigos —no pandilleros—, de carácter sexual.

La fiscalía establece en su acusación que el ex fiscal se reunió con líderes de la iglesia católica salvadoreña para desenmascarar al sacerdote español y les mostró las conversaciones. Todas. Hasta las de contenido sexual.

Después de que los sacerdotes escucharon los audios, Martínez les ofreció un trato: Si “Toño” aceptaba los delitos de tráfico de objetos ilícitos y agrupaciones ilícitas, la fiscalía optaría por un proceso abreviado cuya pena podría ser menor a tres años, mismo que no necesariamente tendrían que ser pagados en la cárcel.

El “padre Toño” fue condenado formalmente por haber introducido teléfonos celulares a varios penales luego de que lo aceptara en un juicio y luego salió del país por un tiempo.

Sin embargo, las investigaciones que la fiscalía realiza contra el ex funcionario llegaron hasta el caso del sacerdote y hoy enfrenta otro juicio por ello.

Imputados en el caso Rais-Martínez en los tribunales de San Salvador. El abogado Luis Peña mira a la cámara. Foto de Salvador Meléndez Girón.

Imputados en el caso Rais-Martínez en los tribunales de San Salvador. El abogado Luis Peña mira a la cámara. Foto de Salvador Meléndez Girón.

Al salir de la sala de audiencias del juzgado Primero de Paz de San Salvador, la fiscal del “Caso Toño” aseguró a Factum que para lograr que al ex fiscal Martínez le dieran detención provisional introdujo al expediente un informe en el que se señala que este ya tiene otro proceso en el que le han dado medidas sustitutivas. Algo parecido a lo que los abogados de Rais intentaron hacer el 24 de octubre del 2014 con Claudia Herrera.

Todos los imputados en el llamado caso Rais-Martínez, a excepción del ex fiscal general, están libres. La jueza 7a. de Paz, Evelyn Jiménez, concluyó el pasado lunes 29 de agosto que hay indicios suficientes para procesarlos. Las pruebas, las llamadas, los dibujitos falsos, la reitereación de la relación impropia entre Rais y Martínez, sin embargo, no bastaron a la jueza para dejar preso al empresario, quien ha vuelto a su casa tras pagar 20,000 dólares de fianza y sin más restricciones  que la rendición de su pasaporte y la obligación de presentarse cada 30 días al tribunal.

En la audiencia, la Fiscalía sostuvo que las intervenciones realizadas durante nueve meses a los teléfonos de Giammattei y Gutiérrez inculpan a los implicados. Pidió que diez de esos audios fueran escuchados frente a todos los medios de comunicación. La defensa argumentó que las escuchas debieron haber sido destruidas en octubre del año pasado; nadie negó su veracidad ni su contenido.

Sobre este punto la jueza resolvió dos veces. Algo que, según los fiscales, es inaudito. La primera vez, durante la mañana del sábado, la jueza dijo que los audios podrían ser escuchados. Pero después de oír varias veces los alegatos de la defensa, se retiró a deliberar nuevamente. Media hora después regresó y dijo que ya no se podían escuchar.

La Fiscalía ha dicho que apelará la libertad de Rais y los otros imputados. Según un funcionario fiscal consultado por Factum, el Ministerio Público espera que la Cámara Primera de lo Penal revierta la libertad y regrese a Rais a la cárcel. Esa Cámara, sin embargo, ya ha resuelto en contra de adversarios del empresario en otros casos, lo que ya le ha valido señalamientos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

El fiscal general Meléndez, de cualquier forma, parece no confiar demasiado en el sistema judicial:

 


* Aclaración: Enrique Rais ha demandado a Héctor Silva Ávalos, co-director de Revista Factum, por difamación y calumnia. La demanda, activa en el Juzgado de Sentencia de Santa Tecla, está relacionada con la nota “Se deshace el castillo de naipes”, firmada por Silva Ávalos y publicada el 18 de marzo de 2016. El abogado Ernesto Gutiérrez Ayala representa a Enrique Rais en ese proceso.

 

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