El fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, fue elegido por el Congreso en septiembre de 2013, en un polémico proceso liderado en gran parte por los intereses del Partido Nacional, actualmente en el poder. Pero Chinchilla ha cambiado la agenda política y ha terminado entre poderes opuestos, que lo han llevado al aislamiento político.
Por Steven Dudley y Felipe Puerta
Foto FACTUM/Tomada de InSight Crime
El 9 de septiembre de 2016, el hijo de Luis Alonso Valle Valle fue capturado por las autoridades hondureñas y acusado de asesinar a tres personas en el departamento de Copán, en el noroeste de Honduras.
El acusado era menor de edad, de modo que su nombre debió permanecer en reserva, pero su padre, Luis Alonso, era una figura criminal bien conocida en la zona. Luis Alonso, junto con su hermano, Miguel Arnulfo, había sido extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2014 para enfrentar cargos de tráfico de drogas. Su hermana, Digna, ya estaba en una cárcel de Estados Unidos, también por cargos de narcotráfico, cuando ellos llegaron.
La hija de Miguel Arnulfo, Yosari, todavía se encontraba en Copán, así como el hijo de Luis Alonso, quien, según los investigadores, telefoneó a Yosari para darle un detallado recuento del macabro asesinato de una mujer y dos de sus hermanos. Las autoridades registraron esta llamada y otras más, e iniciaron una operación que llevó a la captura del hijo de Luis Alonso.
Con las llamadas interceptadas y con el supuesto asesino adolescente bajo custodia, el Ministerio Público creyó que les había dado otro golpe a los insolentes grupos criminales de Honduras.
Desde que asumió su cargo en septiembre de 2013, el fiscal general Óscar Chinchilla ha atacado de manera habitual a estas organizaciones. Desde su dependencia, Chinchilla ayudó a capturar a los hermanos Valle Valle, así como a Carlos “El Negro” Lobo y a Héctor Emilio Fernández Rosa, alias “Don H”. Todos ellos han sido extraditados para ser juzgados en Estados Unidos.
Sin embargo, los esfuerzos de Chinchilla también han encontrado obstáculos, y a menudo él ha asumido la culpa. Así ocurrió con el hijo de Luis Alonso Valle Valle. En una sorpresiva decisión, el poder judicial trasladó el caso a un juez del área que maneja casos de menores de edad.
El nuevo juez hizo caso omiso de las grabaciones telefónicas, archivó el caso y dejó en libertad al joven. El Ministerio Público objetó dicha decisión, pero su objeción fue en vano. Aunque las autoridades ya han emitido otra orden de captura, el hijo de Luis Alonso Valle Valle permanece prófugo.
Este incidente es uno de los muchos que se han presentado en el último año y que han dejado claro lo aislado que ha quedado el Ministerio Público en su lucha contra la corrupción, la impunidad y el crimen organizado en Honduras.
A pesar del fuerte respaldo que les ha ofrecido la comunidad internacional, Chinchilla y sus colegas del Ministerio Público han cargado la peor parte de la batalla contra el crimen organizado y la corrupción, y han asumido la culpa cuando algo ha salido mal.
Sus críticos se encuentran sobre todo en las arraigadas élites políticas que durante años han debilitado sistemáticamente al sistema judicial y lo han utilizado para sus propios objetivos; sin embargo, los enemigos de Chinchilla no se reducen a estos únicos rivales. Varios grupos de la sociedad civil han criticado al fiscal por el manejo que le ha dado al asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres, y diversos observatorios internacionales cuestionan a Chinchilla por ser una marioneta de la Presidencia.
¿Un peón presidencial?
Cuando fue elegido como fiscal general en el año 2013, los detractores de Chinchilla temían que se convertiría en un peón del presidente Juan Orlando Hernández. En efecto, Chinchilla fue el único magistrado que sobrevivió a una depuración que el Congreso adelantó en el año 2012 en la Corte Suprema, presidida por el entonces presidente del Congreso Juan Orlando Hernández.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández.
La depuración de la corte fue un antecedente de las batallas que estaban por venir. Se concentró en administrar polígrafos y otras pruebas de “confianza” en la policía, para que los oficiales pudieran sanear su propia institución. La policía y sus aliados perdieron la lucha, así como lo hicieron también cuatro de los cinco magistrados. (Hoy en día, Chinchilla todavía discute con la policía sobre su apoyo a este tipo de pruebas.)
En ese entonces, el apoyo del presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, quien ya estaba calentando sus motores para postularse a la Presidencia, era apenas una garantía para el éxito posterior. El 1 de septiembre de 2013, Chinchilla se aseguró el apoyo del Congreso con sólo 90 votos —71 de los cuales provenían del Partido Nacional de Hernández— sólo 4 votos más de lo que necesitaba para conseguir la mayoría y convertirse en fiscal general. Pero la votación estuvo plagada por acusaciones de manipulación política. El anterior fiscal general había sido obligado a abandonar su puesto antes de tiempo, y algunos políticos querían que Chinchilla remplazara al fiscal anterior solo durante el tiempo que le faltaba para cumplir su período.
A pesar del escepticismo, Chinchilla empezó a actuar rápidamente. El 19 de septiembre, pocas semanas después de haber asumido el cargo como fiscal general, el Ministerio Público ayudó al gobierno en la confiscación de más de US$500 millones en propiedades y bienes de la familia Rivera Maradiaga, médula del temido grupo criminal Los Cachiros.
Los Cachiros eran una poderosa familia criminal que coordinaba el tráfico de drogas desde y hacia Honduras, y cuyo poder político, económico y social tocó todos los círculos de la sociedad hondureña, incluyendo al hijo del expresidente Porfirio Lobo, antiguo líder del Partido Nacional y, posiblemente, a Ramón Lobo, hermano del expresidente.
En marzo de 2014, las autoridades arrestaron a El Negro Lobo. En agosto y septiembre de 2014, después de que Digna Valle Valle fue arrestada en Estados Unidos, los hermanos Valle Valle y varios de sus socios fueron detenidos. En octubre, Don H fue detenido.
Todos estos sospechosos fueron más tarde extraditados a Estados Unidos, y estos arrestos permitieron aumentar las incautaciones de activos en Honduras. En efecto, según el Ministerio Público, éstas aumentaron diez veces entre 2013 y 2015.
Todo esto dio lugar a intimidaciones. La familia de Chinchilla fue víctima de una serie de amenazas de muerte, como las que recibió después de que se desplegó un operativo para expropiar los activos y las propiedades de la organización narcotraficante Valle Valle. Y todas éstas no eran precisamente acciones aisladas. El exdirector de la unidad de crímenes financieros, Orlán Arturo Chávez, había sido asesinado en abril de 2013.
Chinchilla además comenzó a destruir las redes de apoyo oficial que por mucho tiempo habían protegido a estas redes de tráfico de drogas. Poco después de que asumió el cargo, reestructuró la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), la unidad del Ministerio Público que hasta entonces estaba encargada de dirigir las investigaciones relacionadas con el narcotráfico —más tarde, dicha unidad fue vinculada a un caso relacionado con el contrabando de millones de dólares hacia Panamá—.
Más adelante, Chinchilla agregó 38 fiscales a la unidad de lucha contra la corrupción y designó a otros 24 a una recién creada unidad especial —la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC)— para que trabajaran en casos de corrupción. En 2015, se había duplicado el número de casos de corrupción de empleados públicos, incluyendo los casos contra 3 jueces y 42 policías, según informó el Ministerio Público.
Estos casos tuvieron enormes implicaciones políticas, pero Chinchilla parecía imperturbable y continuó criticando cada vez más a los políticos y las autoridades judiciales que facilitaban las actividades criminales.
“Los narcotraficantes a quienes nosotros hemos incautado sus bienes, que hemos llevado a prisión y otros que han sido extraditados al país, no nacieron un mes antes de que nosotros asumiéramos en el Ministerio Público, sino que tenían 20 años de estar en el país, entonces yo me pregunto: ¿Por qué nadie se había fijado que ellos estaban haciendo eso?”.
¿Enfocado en la élite?
Hernández ganó la Presidencia en noviembre de 2013, pero el fiscal general que él había designado ya había empezado a actuar. Además de las acciones para acorralar a importantes presuntos narcotraficantes y reformar su propia dependencia en el gobierno, Chinchilla presionó para que se continuara la investigación sobre el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El IHSS es uno de los organismos más grandes del gobierno de Honduras, que maneja contratos de medicamentos, construcciones y transporte con diferentes proveedores de servicios de todo el país. El gran movimiento de dineros públicos y contratos que manejan estos institutos ha hecho de ellos presas fáciles de la corrupción en lugares como El Salvador y Guatemala.
El IHSS no era diferente a sus contrapartes en los demás países y, hacia finales de 2013, el Ministerio Público ya estaba investigando las acusaciones generalizadas de fraude, uso indebido de fondos y corrupción en el instituto. En abril de 2014, la dependencia de Chinchilla acusó a Mario Zelaya, el director del IHSS entre 2010 y 2014, junto con otras personas, de cargos de corrupción, lavado de dinero y muchos otros crímenes. Zelaya huyó, pero fue capturado en septiembre de 2014.
El presidente Hernández elogió a sus funcionarios por la captura (sobre todo a la policía militar), pero este caso se convirtió en una bomba de tiempo para él y su Partido Nacional. Zelaya, un miembro del partido que en el pasado apoyó la campaña del rival de Hernández, había trabajado con el partido desde el año 2005 y era un cercano colaborador del expresidente Porfirio Lobo.
El caso finalmente se extendió, y abarcó, además de Zelaya, a otros miembros del IHSS. Las investigaciones incluían desde el pago de comisiones y viajes no autorizados hasta contribuciones a las campañas, que supuestamente entraron a las arcas del Partido Nacional durante la campaña presidencial de 2013. En total, hay 29 casos diferentes; los diversos esquemas de malversación le costaron al gobierno unos US$330 millones.
Sin embargo, después de unas fuertes acciones iniciales, el caso ha quedado rezagado en el sistema, y han aumentado los rumores y las amenazas en torno a éste. En mayo de 2015, el fiscal principal del caso huyó del país debido a amenazas, lo que retrasó aún más las investigaciones.
Ha habido más de 15 condenas en casos relacionados con el IHSS, y Zelaya ha sido condenado por un proceso paralelo de tráfico de armas. Sin embargo, el caso relacionado con el IHSS no ha llegado todavía a las cortes, y otros procesos contra participantes de altos rangos también permanecen estancados en el sistema.
Las críticas han continuado.
En enero del año pasado, The New York Times publicó un editorial del columnista invitado Alexander Marín titulado “La lucha contra la corrupción en Honduras es una farsa”, donde se señala que “[Chinchilla] no ha investigado ni procesado a los líderes del Partido Nacional por la desviación de los fondos de salud pública”.
La purga de la policía
El caso del IHSS es sólo uno de los muchos que, según los críticos, ilustran la incapacidad de Chinchilla para terminar lo que ha empezado. Dichos críticos señalan que los casos más grandes no están ni siquiera siendo llevados por Chinchilla.
En octubre de 2015, por ejemplo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a cuatro miembros del poderoso clan Rosenthal de lavado de activos y de otros cargos relacionados con corrupción. Tres de los cuatro acusados se encuentran en Estados Unidos para enfrentar cargos. La oficina de Chinchilla continuó confiscando numerosos activos de los Rosenthal, pero no se ha levantado ningún cargo criminal contra el patriarca de la familia, Jaime Rosenthal, el último de los incluidos en la acusación de Estados Unidos que permanece en Honduras.
Hay otros importantes casos en desarrollo contra las élites, pero avanzan lentamente. Bajo la administración de Chinchilla, el Ministerio Público ha detenido a 12 alcaldes que están siendo investigados por crímenes como lavado de dinero, corrupción y asesinato, varios de ellos pertenecientes al Partido Nacional. Sin embargo, ninguno de los acusados ha sido condenado, y las críticas continúan.
Algunos de los casos más sobresalientes son los de los asesinatos del zar antidrogas, Julián Arístides González, y de Alfredo Landaverde. Pero aunque el boom mediático inicial sirvió para poner en marcha una comisión especial de la policía, los casos parecen tener terribles fallas.
Los esfuerzos por depurar y enjuiciar a miembros de la policía han puesto a Chinchilla y a su ministerio en una difícil posición política, e ilustran en parte por qué él se encuentra en una situación tan complicada.
El presidente cuenta con lealtades entre los militares. Él fue educado en una escuela militar. Su hermano y asesor cercano es un coronel del ejército, y él ha ubicado a numerosos miembros del ejército en puestos tradicionalmente controlados por civiles. Y como una manera de llenar el vacío de seguridad generado por la crónica corrupción e ineptitud de la policía, el presidente Hernández decidió desplegar la policía militar. Además, intentó, en vano, establecer la policía militar en la Constitución del país.
La policía ve a Chinchilla como el perro de ataque de Hernández. Como parte del ya mencionado caso contra los exoficiales, por ejemplo, los fiscales de Chinchilla hicieron una redada a una unidad policial y examinaron sus archivos. Y la policía contraatacó: cuando Chinchilla envió fiscales a hacer una redada contra un narcotraficante en vehículos sin placas, la policía detuvo sus vehículos y justificó su decisión diciendo que los agentes estaban obligados a detener a los vehículos que andaban sin placas.
Berta Cáceres y un presupuesto ínfimo
En la tarde del 29 de septiembre de 2016, una jueza de un tribunal de apelaciones hondureño puso el expediente de Berta Cáceres en su cartera, entró en su auto y se dirigió a casa. En el trayecto, su auto fue interceptado por otro vehículo. Varios hombres la abordaron, tomaron el auto de la jueza junto con el expediente y se marcharon.
Mensaje de ”Los Indignados” pidiendo justicia en el asesinato de Berta Cáceres, donde acusan al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández de ser responsable de la muerte de la ambientalista.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
Aunque el robo del expediente fue claramente responsabilidad del sistema judicial, el sospechoso acto —que ha suscitado varias teorías conspirativas— cayó como una bomba en la oficina de Chinchilla. El caso del asesinato de Cáceres ya había afectado considerablemente el capital sustancial que el ministerio había construido bajo la dirección de Chinchilla. Después de su asesinato, los fiscales habían detenido a seis sospechosos (luego arrestaron a dos más), entre quienes se encuentran un miembro activo de las fuerzas armadas y otro retirado, así como un administrador de la empresa de energía Agua Zarca.
Pero el caso ha enturbiado las relaciones entre Estados Unidos y Honduras. Y algunos congresistas estadounidenses han propuesto detener la ayuda a Honduras hasta que el caso sea resuelto a satisfacción. No se sabe qué significa “a satisfacción” en este caso. Algunos grupos de la sociedad civil pretenden que el Ministerio Público acuse y detenga a los dueños de la empresa que estaba realizando la represa cuya construcción había sido bloqueada por Cáceres y otras personas como parte de sus protestas. Dichos propietarios son parte de una de las familias más adineradas del país, y además son partidarios acérrimos de Hernández y el Partido Nacional.
Como ocurrió con la policía, el caso de Cáceres puso a Chinchilla en medio de numerosos poderes: en este caso, se trataba del presidente y sus poderosos partidarios, por un lado, y de Estados Unidos, los grupos de la sociedad civil y diversos activistas, por el otro. Y, aunque el fiscal general insiste en que el caso continúa a buen ritmo, un grupo de abogados internacionales ha puesto en marcha una investigación paralela.
El impacto ha sido devastador a nivel político y financiero. El presupuesto actual del Ministerio Público es de $71 millones, el más bajo de la región. En la última década, Honduras ha asignado más de 115 mil millones de lempiras (unos $5 mil millones) para los sistemas de seguridad y justicia del país, de los cuales el sistema judicial ha recibido el 17,3 por ciento y el Ministerio Público sólo el 9,3 por ciento. En comparación, la Secretaría de Seguridad ha recibido el 36,2 por ciento y la de Defensa el 37,2 por ciento.
El déficit también es evidente de otras maneras. Para un proyecto piloto de ATIC se asignaron 50 fiscales en San Pedro Sula y 50 en Tegucigalpa. En contraste, la recién creada Dirección Policial de Investigaciones (DPI), una unidad especial creada seis meses después del ATIC, comenzó con 1.000 agentes y tuvo un desembolso inicial de 200 millones de lempiras (unos $8,5 millones).
En 2016, Chinchilla, junto con varias organizaciones de la sociedad civil, solicitó un incremento de 580 millones de lempiras (unos $25 millones) para el presupuesto del Ministerio Público, que se destinarían a la contratación de al menos 400 nuevos fiscales, 400 agentes de investigación, 100 médicos forenses y 100 analistas de delitos financieros. Pero la Presidencia le pidió al Congreso un aumento de 29 millones de lempiras ($1,23 millones).
Como lo señaló recientemente la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), un grupo de la sociedad civil y de organizaciones religiosas que trabajan por la reforma de la justicia, “para continuar exigiendo resultados a las diferentes fiscalías especiales, los organismos de investigación criminal, a medicina forense y a las unidades de investigación criminal, es necesario dotarlas de suficientes recursos humanos, logísticos y financieros”.
El actual aislamiento político de Chinchilla podría empeorar. Al parecer, el fiscal no siempre asiste a las reuniones de Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, de la rama ejecutiva. Y, cuando lo hace, no siempre firma su asistencia, prefiriendo quedarse como espectador.
El período de Chinchilla en su cargo va hasta 2018, pero puede que no permanezca hasta entonces. Uno de los casos más recientes de narcotráfico adelantado por el Ministerio Público implica al Cartel del Atlántico, una red que estaría vinculada a oficiales del ejército, jueces y otros funcionarios.
Ante los interrogadores estadounidenses, uno de los acusados de facilitar las actividades del cartel dijo que el hermano de presidente Hernández, un diputado por el Partido Nacional, estaba implicado. El hermano de Hernández negó esos señalamientos, pero un funcionario de la Embajada de Estados Unidos le dijo a InSight Crime que él continúa siendo una “persona de interés”.
*Este artículo, escrito por Steven Dudley y Felipe Puerta, es parte de una serie sobre la reforma judicial y policial en Honduras. Fue publicado originalmente por InSight Crime y se reproduce con autorización.
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