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La igualdad de género puede promover el desarrollo y la reducción de la violencia

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Latinoamérica está en el epicentro de la violencia en el mundo. Aunque los diferentes tipos de violencia afecten a hombres y mujeres de manera distinta, estas dinámicas se sobreponen y se refuerzan mutuamente. En efecto, no es de sorprenderse que los países del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) lideran las estadísticas de asesinatos de mujeres en el mundo. Las mujeres entre 25 y 39 años son las que están en mayor riesgo. La presencia del crimen organizado, la debilidad de las instituciones y las dinámicas de socialización que resaltan masculinidades violentas ayudan a explicar este fenómeno.

Sin embargo, las políticas de reducción de la violencia tienden a dejar de lado o a desvalorizar las dinámicas específicas que afectan a las mujeres, y han tenido resultados mixtos o limitados en materia de prevención y reducción de la violencia contra este público específico. Por ejemplo, de 2015 a 2016, para los tres países de la región se observaron importantes reducciones en la recurrencia de ciertos delitos. No obstante, en El Salvador, la menor reducción ocurrió con los delitos sexuales, que bajaron tan solo el 1%, en contraste con la caída del 21% en los homicidios. Ya en Guatemala, casi todos los delitos experimentaron una reducción de un año al otro, a excepción de los crímenes de violencia contra mujeres, los delitos sexuales y las extorsiones. Las alzas en los delitos en Honduras se concentran justamente en los delitos relacionados a la violencia intrafamiliar, los crímenes sexuales, además de las extorsiones y accidentes de tránsito.

El feminicidio es un crimen de odio contra mujeres por el hecho de ser mujeres. No ocurren aisladamente, sino que resultan de una serie de otras violencias que tienden a ser normalizadas o menospreciadas por gobiernos y poblaciones en general. Evidencia de ello son las alarmantes tasas de asesinatos de mujeres en la región, las cuales podrían ser evitadas si se les diese una debida atención a otros tipos de violencia por parte de las autoridades y otros actores clave.

En números absolutos, los países del Triángulo Norte han presentado una disminución del 5% en el número de mujeres asesinadas entre 2010 y 2016. La pequeña reducción se observó particularmente en el último año y ha sido heterogénea entre los países que conforman esta región. Honduras ha presentado un alarmante ascenso del 25%. Guatemala, por su parte, ha presentado un importante descenso, del 19,7% en el mismo período. En El Salvador, la reducción fue del 6,7%. Estos números contrastan considerablemente con aquellos específicos de homicidios de hombres. Al contraste que los asesinatos de mujeres, en Honduras, el homicidio de los hombres bajó el 18,5%, en Guatemala el 24,7%, mientras que en El Salvador aumentó el 6,2%.

Estas tendencias diferenciadas entre hombres y mujeres demuestran que hacen falta políticas específicas dirigidas a la violencia contra mujeres. En Guatemala, una ley que tipifica y criminaliza el feminicidio fue aprobada en 2008. Además de fortalecer todo el sistema dedicado a la judicialización de este tipo de crimen, contribuye para generar datos y traer luz a un problema que suele ser ocultado. A ejemplo de Guatemala, también han sido aprobadas leyes similares en Honduras en 2013 y en El Salvador en 2010.  Los tres países también poseen legislaciones específicas sobre la violencia doméstica. Sin embargo, el desafío de la implementación, un elemento común en toda Latinoamérica, deja en evidencia el lugar y el status que tienen las mujeres en estas sociedades.

La desigualdad de género es la principal causa de  violencia. Es más, los datos demuestran que uno de los mejores indicadores para la estabilidad y la prosperidad de un país es como sus mujeres son tratadas. Su participación en la política, por ejemplo, está correlacionado a niveles de corrupción y a la probabilidad del conflicto. Asimismo, se estima que la disminución en la brecha en el acceso a la educación entre niños y niñas impactaría positivamente el PIB mundial, aumentándolo en un 5,4%.

La promoción de la igualdad de género debería estar en el centro de la estrategia de reducción de la violencia de los países de la región. De hecho, la desigualdad entre los sexos en la región, reflejada en los altos índices de violencia, también se ve representada en las economías ilegales. Mientras las mujeres están subrepresentadas y en posición de subordinación en la vida política y económica de los Estados centroamericanos, ellas asumen las funciones de mayor riesgo en las actividades ilegales. O sea, están a merced de dinámicas de socialización que valorizan masculinidades violentas que ecualizan ser hombre con ser fuerte, violento y viril. En otras palabras, la violencia urbana contribuye para trasladar a los hogares la violencia pública, ya naturalizada y normalizada en las sociedades centroamericanas.

La mejor manera de proteger a las mujeres es garantizando que políticas enfocadas en el empoderamiento y la prevención y reducción de la violencia basada en género estén en el centro de las políticas públicas. Alcanzar la estabilidad económica, social y política permite asegurar que las mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades disfrutados por los hombres y que puedan vivir una vida libre de violencias.


Renata Avelar Giannini es investigadora senior del Instituto Igarapé, el tanque de pensamiento que organizará en San Salvador, el 22 y 23 de enero, el Urban Security Exchange, un foro que analizará las políticas públicas y la prevención de violencia en el Triángulo Norte.

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