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La hipocresía de la derecha

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Desde que asumió el poder en 1989 hasta que lo dejó en 2009, la derecha política salvadoreña representada sobre todo por los partidos Arena y el PCN se aseguró de ejercer un control sobre los tres poderes del Estado que le permitiera, entre otras cosas, protegerse de eventuales investigaciones por malos usos de los fondos públicos.

Hoy, y desde que la izquierda representada en el Fmln asumió el poder, la derecha ha intentado hacer suya la bandera de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Algunos de sus dirigentes y diputados dicen que apoyan, por ejemplo, la creación de un mecanismo internacional de combate a la corrupción y la impunidad, similar a la Cicig de Guatemala.

Y casi todos sus políticos y acólitos alaban, sin arrugarse, las investigaciones realizadas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia a varios funcionarios de las administraciones del también arenero Antonio Saca y del efemelenista Mauricio Funes.

Lo que casi nadie parece recordar en la derecha salvadoreña es que desde la administración de Alfredo Cristiani hasta la del mismo Saca, y sobre todo en la de Francisco Flores, la alianza Arena-PCN en la Asamblea Legislativa fue responsable del nombramiento de Cortes Supremas de Justicia que echaron a la basura cualquier intento de combatir la corrupción con herramientas como la Sección de Probidad.

En un artículo publicado este jueves 1 de junio de 2017, el periodista Fernando Romero explica cómo Agustín García Calderón, jefe del Judicial aupado por la alianza derechista y uno de los principales aliados políticos del expresidente Francisco Flores, ignoró una y otra vez llamados del jefe de Probidad, Eduardo Cáceres, para investigar indicios de enriquecimiento ilícito de varios funcionarios areneros.

Escribe Fernando Romero: “Los memorándums a los que ha tenido acceso Revista Factum revelan la magnitud de las investigaciones a las que apuntaba la Sección de Probidad de la CSJ… La incomodidad que generó la sección llegó hasta las instancias de que fue la misma CSJ en pleno, por una velada presión de los bancos y por el poder político del partido en el gobierno (Arena), la que le retiró atribuciones investigativas a Probidad”.

No solo García Calderón ignoró los llamados de Cáceres, sino que al final maniobró para quitar a Probidad todas sus capacidades de investigación. Fue, todo, una decisión del sistema dominado por la derecha política. Una decisión consciente de impedir la investigación, de tolerar y, de hecho, fomentar el enriquecimiento ilícito a costa de fondos públicos. En corto, de fabricar impunidad.

La desidia de la Corte y la connivencia del Ejecutivo impidieron a Probidad, en tiempos de Arena, lo que hoy, en tiempos del Fmln, Arena le alaba a Probidad: el ejercicio de sus funciones legales de forma tal que le permitieran convertirse en punta de lanza de la lucha anticorrupción en El Salvador.

Un ejercicio de ingenuidad podría sustentar la falacia de que esta Arena, la de oposición, es diferente a la que gobernó el país durante 20 años después de la guerra, una que realmente está interesada en la transparencia y no solo en poner a la defensiva a los gobiernos del Fmln, culpables ellos de sus propios pecados.

Pero no, los silencios de la actual cúpula arenera dejan claro que pensar lo anterior es eso, una falacia ingenua.

Nada ha dicho la cúpula tricolor, por ejemplo, de las revelaciones que acaba de hacer el periódico digital El Faro sobre la forma en que los Ejecutivos de Calderón Sol, Flores y Saca repartían sobresueldos y otras regalías con dinero de la partida secreta de la Presidencia de la República.

Entre las justificaciones que en su momento dieron los empleados de las sucesivas presidencias areneras sobre el uso de la partida secreta están, según el reportaje de El Faro, que esta se usaba para financiar gastos de inteligencia o de gobernabilidad.

A esta última, la gobernabilidad, la derecha la entendía, entre otras cosas, como el pago de sobresueldos a funcionarios que, como el fiscal general de la República, son encargados de proteger al Estado de los abusos de los oficiales designados para administrarlo. La connivencia entre la Corte Suprema y los Ejecutivos de Arena impidió, por ejemplo, investigar los patrimonios de algunos de estos funcionarios responsables de velar por el buen uso del fondo público; tal es el caso de Romeo Melara Granillo, ex fiscal general, a quien Probidad no pudo investigar por el aumento patrimonial de poco más de medio millón de dólares.

Poco ha cambiado en Arena, decíamos: no fue solo blindar al exfiscal Melara Granillo, fue también que, en 2015, varios de los financistas más importantes del partido apoyaron el intento de reelección de Luis Martínez, otro exfiscal, hoy preso por delitos relacionados con la corrupción.

La derecha política escribió varios capítulos del manual de la impunidad institucional en El Salvador y hoy muchos de sus miembros pretenden hacer uso del discurso anticorrupción como arma política contra el Fmln. Eso no es un compromiso con el país, es solo otra maniobra para cubrir los pecados propios y exacerbar los del contrario efemelenista, que en este caso, y en solo ocho años al frente del Ejecutivo, ya escribió sus propios capítulos del manual.

La lucha por la transparencia y contra la corrupción no debería ser un arma arrojadiza; tiene que ser un compromiso político del Estado, desde el Estado. En El Salvador el problema ha sido que los dos principales partidos políticos, el de izquierda y el de derecha, nunca han tenido interés real en otra cosa que no sea acusar al corrupto ajeno y defender al propio.

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