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La Fiscalía de Martínez enterró la investigación contra “Chepe Diablo”

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La investigación fiscal, entonces a cargo de Luis Martínez, fue frenada con excusas, retrasos en la solicitud de expedientes, cambios en las jefaturas de unidad hasta finalmente la solicitud explícita, pese a pruebas presentadas por el ministerio de Hacienda, de cerrar las averiguaciones en dos juzgados de San Salvador.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez

El 5 de septiembre 2014, Blanca Noemí Ayala de Reyes, jefa de la Unidad de Investigación Penal Tributaria de Hacienda remitió a la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General el memo referencia 10014-NEX-0603-2014, en el que constan, entre otros, dos pagos hechos por José Adán Salazar Umaña al Estado salvadoreño, uno de $467,949.77 y otro de $335,784.91, en sendas cuotas cobradas entre junio y agosto de ese año. En total, Salazar pagó en efectivo $1.05 millones.

El pago lo liberaba de un caso de evasión de impuestos en su contra, otro en una serie de evasiones de la justicia. Eso a pesar de que Salazar Umaña, conocido como “Chepe Diablo”, es ya un nombre emblemático en el prontuario del crimen organizado salvadoreño. Las inteligencias policial y estatal del país le han atribuido el rol de líder del Cartel de Texis, una de las organizaciones criminales de tráfico de drogas más importantes del país.

Otros gobiernos también lo han tenido en la mira. En Guatemala una vieja acta policial lo relaciona con amenazas y un grupo de narcotraficantes menores, pero todas aquellas investigaciones quedaron cerradas por falta de seguimiento. En mayo de 2014, el departamento de Tesorero de los Estados Unidos lo señaló como kingpin, un capo del narcotráfico.

Una investigación conjunta entre revista Factum, La Prensa Gráfica e Insight Crime muestra cómo entre 2012 y 2015, la Fiscalía General de la República (FGR), entonces dirigida por Luis Antonio Martínez, el exfiscal general ahora procesado por corrupción y vender justicia, favoreció y enterró una investigación por lavado de dinero contra Salazar Umaña.

Solo después de la salida de Martínez, y su posterior captura y procesamiento bajo cargos de corrupción, fue posible que la FGR, ahora comandada por Douglas Meléndez, reactivara el caso contra “Chepe Diablo”. Esta semana, la primera parte de esta investigación develó que la FGR, a través de una petición diplomática gestionada en la Corte Suprema de Justicia, ha requerido información oficial a Estados Unidos

El expediente 22-UIF-2014 o cómo botar una investigación a la basura

ADAN SALAZAR PRESIDENTE DE METAPAN ------ 4 col., color

José Adán Salazar Umaña. Foto FACTUM/Cortesía de La Prensa Gráfica

Las sospechas sobre las actividades ilícitas de Salazar Umaña empezaron durante los últimos meses del quinquenio presidencial de Antonio Saca (2004-2009), del partido ARENA, motivadas por el rápido crecimiento de capital e inversiones de las empresas relacionadas a “Chepe Diablo”. Las pruebas parecían contundentes. “No había forma legal de explicar esos crecimientos”, dijo a un ex ministro de Estado que sirvió durante la gestión de Saca y estuvo al tanto de las investigaciones.

Las cifras extraídas del expediente abierto por evasión de impuestos hablan, de hecho, de tres empresarios y dos empresas, todas relacionadas a Texis, con acceso a importantes cantidades de dinero para pagar las multas acordadas con la Fiscalía por tributos no hecho al fisco entre 2010 y 2011. Salazar Umaña pagó, a título personal y a nombre de Hotesa – una de sus empresas-, $1,056,707.43. Gumarsal, la empresa agrícola que Salazar fundó junto a Juan Umaña Samayoa, alcalde de Metapán, y Wilfredo Guerra, hijo de Samayoa y ahijado de “Chepe Diablo”, pagó $1,327,860.47. El alcalde Samayoa, a título personal, pagó $135,636.24, y Guerra, $393,037.08.

Esa investigación empezó a dejar claras las anomalías. En 2010, Hacienda realizó varias auditorías contables a Salazar Umaña. Los auditores rastrearon en cuentas bancarias no registradas en la contabilidad del empresario un incremento patrimonial no justificado por $753,289. El año siguiente, “Chepe Diablo” generó ingresos no justificados por $280,500 en el rubro de bienes raíces. En 2011, Salazar Umaña reportó un ingreso patrimonial no justificado de $600,761.91, tanto en cuentas del Banco de América Central ($567,967.49) y del Banco Hipotecario ($32,794.42). Además, en el Hipotecario ingresó dinero correspondiente a incremento patrimonial no justificado por $208,899.10, este sí en una cuenta registrada contablemente, la número 005000000535. Los auditores también encontraron otras transacciones curiosas en las auditorías hechas entre 2010 y 2011 a varios ejercicios contables que van incluso hasta 2004, como pagos de deudas inexistentes a empresas reconocidas.

Cuestionado por los peritos de Hacienda, los contadores de Salazar Umaña dijeron, por ejemplo, que el 18 de agosto de 2008 el empresario hizo un préstamo de $350,000 a la transnacional Chevron Caribbean Inc, con la que entonces tenía una relación comercial para abastecer gasolineras de las que también era dueño; el objetivo del préstamo era financiar en parte la construcción del Hotel Sevilla, propiedad de Hotesa. Salazar Umaña registró la deuda hasta el 26 de septiembre de 2011, más de tres años después, y no presentó al fisco documentos que avalaran el empréstito. Los peritos de Hacienda establecieron que ese dinero “se presume inexistente” y ocupan esta deuda para explicar cómo funciona, en este caso, la transformación de dinero ilícito.

Cuando en 2014 la Fiscalía de Luis Martínez procesaba a Salazar Umaña y a su grupo por evasión fiscal, Hacienda remitió el legajo de auditorías con todos los hallazgos. (Para esta investigación se obtuvo una copia escrita, avalada por el Ministerio de Hacienda, de todos esos hallazgos).

Uno de los agentes que participó en esa investigación, la de tipo penal, aceptó hablar bajo condición de anonimato por temor a represalias para explicar por qué los indicios no se convirtieron en pruebas y el expediente no fue una acusación penal de lavado de dinero o, incluso, en órdenes de arresto. Se contrastó lo expuesto por este agente con otros investigadores que participaron en el caso, así como con agentes hacendarios que han seguido trabajando en el expediente de Salazar Umaña. Al final, declaraciones hechas por el actual jefe de la Fiscalía, Douglas Meléndez, dan fe de que este caso y otros estaban “retenidos” o “de alguna manera engavetados”.

El agente que participó en la investigación criminal asegura que, tras los hallazgos de Hacienda, los fiscales encargados del expediente 22-UIF-2014 hicieron gestiones ante varias instituciones del Estado para ampliar la información; e hicieron algo que parecía más simple: pedir a un juzgado de San Salvador, el Octavo de Paz, que secuestrara toda la documentación contable y retenida a Salazar y a su grupo en el caso de evasión de impuestos para “la realización de una pericia contable… con el objeto de establecer la existencia del delito de Lavado de Dinero y Activos, así como las personas que tenían participación en tales hechos”. Ahí, dice el investigador, estaban las pruebas de “las falsedades de los investigados”.

El siguiente paso era que la Fiscalía, a través de especialistas contables y financieros (peritos), certificara la prueba y abriese un caso por lavado de dinero, algo que los fiscales asignados pidieron al juzgado Segundo de Paz de San Salvador. De hecho, desde marzo de 2015 todo estaba listo para que la Fiscalía nombrara peritos.

“Es casi de manual, la idea de la Fiscalía debió haber sido procesar de inmediato a esta gente por lavado, porque en la ley está claro que cuando alguien reconoce evasión por ingresos no justificados de inmediato se configura el delito de lavado”, explicó uno de los investigadores durante una entrevista en San Salvador.

Sin embargo, la fiscalía desistió. Con argumentos que terminaron pareciendo excusas escolares, el jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía y otros fiscales asignados directamente por Luis Martínez intentaron a toda costa impedir que especialistas nombrados por la misma Fiscalía convirtieran en pruebas para un caso penal los indicios que había encontrado el ministerio Hacienda.

Para hacer eso, lo primero que hicieron los fiscales de Martínez fue retrasar la petición de los documentos al juzgado Octavo de Paz de San Salvador, el que había llevado el caso por evasión de impuestos y en cuyos expedientes estaban las pruebas de lavado. “Los documentos eran vitales para la pericia”, dijo uno de los fiscales de menor rango que participó en el caso y atestiguó cómo sus jefes retrasaban los trámites.

Las excusas que ponía la UIF para no pedir los documentos parecían inverosímiles. Primero, dice el fiscal que formó parte del proceso, el jefe de la unidad dijo que no podían pedir los documentos “porque no había espacio físico para tener la documentación y que los peritos trabajen”. Eso, dice la fuente a este reportero, es mentira: en los últimos 20 años la Fiscalía ha utilizado espacios en el mismo centro judicial de San Salvador para revisar expedientes voluminoso como lo era el de Salazar Umaña.

Otra excusa: que había que pensar con mucho cuidado cualquier acción de la Fiscalía porque Salazar Umaña estaba “en el ojo de los Estados Unidos” y de todos los medios, por lo que cualquier paso debía ser meditado una y otra vez. El Salvador tiene un tratado vigente de extradición con Estados Unidos que data de 1917, el cual rara vez es aplicado.

El 24 de agosto de 2015, el jefe de la UIF, Tovías Menjívar, mandó por escrito la orden de no seguir. Ya no solo se trataba de inventar excusas para no pedir las pruebas documentadas por Hacienda y de no juramentar a los peritos que certificarían los indicios para la Fiscalía, la nueva orden era desistir por completo de la investigación.

Factum, LPG e InSight Crime trataron de hablar con Menjívar cuando era todavía jefe de la unidad pero no hubo respuesta. Lo mismo ocurrió con Salazar Umaña y con el exfiscal Martínez.

Cuando los pretextos se habían agotado, el fiscal general Luis Martínez optó por poner, como encargada del caso, a alguien de su confianza: su sobrina, Alessia Esteffi Herrera Menjívar. Ella siguió las órdenes de Martínez y pidió al juzgado Segundo de Paz que desistiera de la pericia contable y financiera a “Chepe Diablo” y a su grupo. No solo eso: pidió que todos los documentos y auditorías contables fuesen devueltas a Salazar Umaña. Y, finalmente, pidió el cierre definitivo del expediente 22-UIF-2014.

Así, la Fiscalía salvadoreña de Luis Martínez enterraba el caso más claro que tenía contra el hombre al que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos había designado como capo del narcotráfico.

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