La Fiscalía despierta y decide investigar a “Chepe Diablo”

La Fiscalía ha reactivado el caso de lavado de dinero contra miembros el Cartel de Texis y ha pedido oficialmente información a Estados Unidos por vías diplomáticas, a través de la Corte Suprema de Justicia. En 2015, cuando Luis Martínez era fiscal general ordenó a sus subalternos engavetar la investigación por blanqueo contra el empresario José Adán Salazar Umaña.

Especial para Factum, Insight Crime y La Prensa Gráfica

En 2015, cuando todavía era fiscal general, Luis Martínez ordenó a sus subordinados dejar de lado la investigación de lavado de dinero contra el empresario José Adán Salazar Umaña, conocido como “Chepe Diablo”. Ahora, con Martínez fuera y procesado penalmente con cargos de corrupción, la Fiscalía General de la República (FGR) ha reactivado el caso contra Salazar Umaña y miembros del llamado Cartel de Texis, y ha solicitado oficialmente información a los Estados Unidos y varios países de Centroamérica a través canales diplomáticos.

Factum, InSight Crime y La Prensa Gráfica (LPG) han confirmado que en octubre de 2016 la FGR solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) requerir oficialmente a Estados Unidos y a otros países centroamericanos información sobre al menos 20 compañías y actividades financieras relacionadas con Salazar Umaña; Juan Umaña Samayoa, el alcalde de Metapán; Wilfredo Guerra, hijo de Umaña Samayoa; y José Adán Salazar Martínez, hijo de “Chepe Diablo”. Las actividades están relacionadas con el Cartel Texis, la organización de transporte de drogas y lavado de dinero que opera desde el noroeste de El Salvador.

Tres fuentes de la CSJ, incluido un magistrado, confirmaron que la petición de información, conocida en el argot judicial como suplicatorio, está hecha con base en un expediente abierto contra las personas mencionadas por sospechas de lavado de dinero. Fuentes diplomáticas consultadas aseguran que el camino de un suplicatorio en un caso judicial, cuando es tramitado desde la Fiscalía, debe ser avalado por la Corte Suprema, trasladado posteriormente a Cancillería para después liberar los oficios correspondientes, vía embajadas, a las autoridades judiciales del país al que se ha requerido información.

El martes 6 de diciembre, además, el fiscal general Douglas Meléndez confirmó a LPG el envío del suplicatorio a la Corte Suprema. “Se está en eso, pero no estoy seguro en qué estado específico está. Lo que sí sabemos es que posiblemente hubo fuga de información en esa tramitología. Todo tiene que ver con tema financiero”, dijo escuetamente Meléndez después de un evento sobre transparencia en un hotel de San Salvador.

Previo a esas declaraciones con LPG, el fiscal Meléndez había dado una breve conferencia de prensa donde aseguró que el caso contra el Cartel de Texis se había reactivado, pero sin dar detalles ni hacer referencia directa a su antecesor en el cargo.

“El caso del Cártel de Texis prácticamente estaba archivado en la institución, cuando yo llegué lo anuncié, se reabrió. Ese caso está bajo investigación. Pueda ser que lleguemos  y demos los resultados correspondientes, pero ahora está en investigación, así como otros casos”, explicó Meléndez.

Esta investigación por lavado de dinero es la primera acción penal de gran alcance que el Estado salvadoreño emprende contra Salazar Umaña y su grupo, asociado por investigaciones oficiales y periodísticas al Cartel de Texis, una organización de narcotráfico que según Naciones Unidas se nutrió en El Salvador de la complacencia del sistema político.

En 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró a Salazar Umaña un “kingpin”, la designación de capo del narcotráfico que hizo suponer que una acusación formal en Estados Unidos sería posible. Sin embargo, el péndulo se balanceó en otra dirección. El entonces fiscal Luis Martínez decidió no abrir una investigación de lavado de dinero a pesar de los informes de los propios fiscales, a los Factum ha tenido acceso, que abogaban por una investigación formal.

En su momento, Factum, InSight Crime y LPG trataron de consular al ex fiscal general y a uno de sus subalternos al respecto, pero se negaron a dar entrevistas.

Lo mismo ocurrió con Salazar Umaña, al que Factum llamó a sus oficinas de Hotesa, en Antiguo Cuscatlán, y se le dejó recado del porqué de la entrevista. También se le buscó a través de Wilfredo Guerra, su ahijado, quien dijo que a Salazar Umaña “no le gustaban las entrevistas”.

La decisión de emitir un suplicatorio es una cara hasta ahora desconocida de la Fiscalía, que hace poco más de un año cerró todas las investigaciones contra Salazar Umaña y su grupo cercano de socios comerciales después de que varios de estos, incluido Salazar Umaña, pagaron multas de miles de dólares al ministerio de Hacienda para cerrar una investigación por evasión de impuestos.

Una investigación ignorada

Fuentes que trabajaron en los casos de lavado de dinero y evasión de impuestos dijeron a InSight Crime que Martínez y varios fiscales obstaculizaron activamente la búsqueda de la justicia, a pesar de la abundante evidencia proporcionada por investigadores del ministerio de Hacienda que demostró que Umaña Salazar tenía riquezas sin justificar.

Específicamente, los fiscales bajo el mando de Martínez retrasaron la solicitud de información relacionada con la investigación que podría implicar a Salazar Umaña en lavado de dinero. En un caso, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía argumentó que no tenía donde poner el expediente físico del caso contra “Chepe Diablo” y que por lo tanto no podían examinarlo; en otro, la UIF dijo que el objetivo, Salazar Umaña, era una figura pública y “en el ojo” de Estados Unidos, por lo que cada paso del proceso tenía que ser medido y cuidadoso.

Ambos casos fueron confirmados a Factum por agentes fiscales que trabajaron en las investigaciones y vieron cómo estas cayeron en el completo ostracismo.

Al final, la UIF declaró que el caso de lavado de dinero estaba muerto, pidió a los tribunales que hicieran lo mismo y envió los expedientes de “Chepe Diablo” al archivo. El suplicatorio de la Fiscalía, tramitado vía Corte Suprema, lo ha sacado de donde estaba.

*Con reportes de Jessica Ávalos, Gabriel García y César Castro Fagoaga