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La Fiscalía busca capturar a un muerto

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La Fiscalía General de la República giró, en abril de 2016, una orden para capturar a David Orlando Jerónimo Monroy. Un pequeño problema: para entonces, el policía, quien fue uno de los más destacados investigadores de la DECO, tenía cinco meses de haber sido asesinado.  La postura oficial de la Fiscalía, más allá de explicar por qué no certificaron si el acusado estaba vivo, es que siguieron las órdenes de un juez tras un enredado proceso legal. 


La portada del expediente judicial abierto contra David Orlando Jerónimo Monroy tiene un pedazo de cinta adhesiva con una palabra escrita en letras mayúsculas que podría bien llegar a resumirlo: “REBELDE”.

El 20 de enero de 2016, la fiscal auxiliar Marcela Cerrato Ángel se presentó ante el Juzgado Primero de Paz de San Salvador para interponer un requerimiento fiscal en contra del ex detective de la División Especial contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía. El documento de tres páginas estaba plagado de errores ortográficos.

En el requerimiento, la Fiscalía General de la República acusa al ex agente de la DECO del delito de Desobediencia de Particulares por supuestamente no haberse practicado un peritaje psicológico ordenado por el Juzgado 9° de Paz de San Salvador.

Monroy, el detective que había participado como investigador en los casos más sonados de los noventa y principios de la siguiente década, fue asesinado entre la noche del 27 de noviembre y la madrugada del 28 de noviembre de 2015. No hubo una investigación posterior a su asesinato (pese a ser policía) y su cuerpo fue enterrado en una fosa común en La Paz. Sus familiares, tal como lo contaron a Factum, fueron alertados más de una semana después.

El detective había escrito y presentado más de 400 folios con denuncias por supuesta corrupción contra sus jefes en la Policía Nacional Civil (PNC). Ni la Policía, ni el ministerio de Justicia y Seguridad Pública ni la Fiscalía han dado una explicación a la inacción tras el crimen de Monroy.

El detective de la DECO David Jerónimo Monroy.

No resultó extraño, entonces, que el sistema, que nunca investigó su muerte, lo declarara rebelde y ordenara su captura cinco meses después de su muerte.

La Fiscalía explicó en su acusación que el 12 de noviembre de 2014, durante la audiencia preliminar por un caso de violencia intrafamiliar en el que Monroy estaba involucrado, se libró un oficio dirigido al Instituto de Medicina Legal para que las partes se realizaran una pericia psicológica. Este caso, según el requerimiento, está marcado bajo la referencia 28-VI-15.4R.

Sin embargo, al revisar detenidamente el expediente saltan algunas inconsistencias. El caso, para empezar, es de 2015, por lo cual la audiencia preliminar no pudo ser realizada en noviembre de 2014.  Otro error es que Monroy no tenía la calidad de “imputado” sino de víctima, tal como lo reconoce la misma fiscal apenas unas líneas antes, cuando explica que el policía incluso gozó de medidas de protección.

De acuerdo con la información proporcionada y agregada al expediente con referencia 09-2016-2, archivado en el Juzgado Primero de Instrucción, el caso 28-VI-15.4R tiene su origen el 19 de junio de 2015, cuando Monroy se presentó ante el Juzgado 1° de Paz de San Salvador para denunciar un caso de violencia doméstica en su contra.

En esa ocasión, Monroy denunció una supuesta serie de maltratos recibidos por parte de María Cecilia de Hernández, encargada de la subdelegación policial de Cuscatancingo, con quien mantenía una relación sentimental.

A partir de este momento empieza una larga lista de idas y venidas en tribunales, de acusaciones mutuas por violencia doméstica, peritajes psicológicos, y una decisión judicial que hizo pasar a Monroy de víctima a victimario.

El relato de Monroy, plasmado a lo largo del caso que más tarde pasó al Juzgado 9° de Paz con la referencia 28-VI-15.4R, señala que  Hernández lo humillaba frente a sus compañeros de trabajo y que, siendo su pareja sentimental, se “bromeaba de forma vulgar” con otros compañeros y que incluso había hecho que lo trasladaran de puesto, mediante injerencias con sus jefes.

El mismo día que puso la denuncia, el juez ordenó medidas de protección para Monroy, y libró un oficio a Medicina Legal para que le realizara el peritaje psicológico a la víctima “a la mayor brevedad posible” y “a efecto de determinar el daño psicológico producido”, según consta en un oficio acumulado en el caso 28-VI-15-4R.

Monroy además advirtió al juez que tenía abierto un proceso en su contra en el juzgado 8° de Paz de San Salvador por el delito de Violencia Intrafamiliar. Por esa razón, el juez noveno de paz, Romero Aurora Giammattei, envió las diligencias realizadas al Juzgado 8 ° de Paz para que el proceso fuera acumulado bajo la causa 23-MP-2015-1 que llevaba dicho tribunal.

Efectivamente, un día antes de que el investigador pusiera su denuncia, el 18 de junio del 2015, María de Hernández había interpuesto otro caso por el mismo delito contra él, según consta en el oficio número 329 procedente de la Unidad de Atención Integral del Centro Judicial Isidro Menéndez. El expediente había sido  enviado hacia el Juzgado 8° de Paz de San Salvador, y añadido al expediente judicial.

El juez Giammatei decidió continuar su proceso, el caso  28-VI-15-4R, y citó a las partes para una audiencia preliminar a realizarse el día 8 de julio del 2015.

Después de la audiencia preliminar, el día 13 de julio, el juez Giammatei libró los oficios 1846 y 1847 en los que pedía al Instituto de Medicina Legal realizar un peritaje psicológico a Monroy y a Hernández, en su calidad de víctima y victimario, respectivamente.

Pero Monroy, que en ese caso tenía calidad de víctima, no se presentó.

Ante esto, a las 11:15 de la mañana del 17 de septiembre de 2015, el Juzgado 9° de Paz emitió un oficio que dice:  “…visto el contenido del informe emitido por el doctor Gerardo Rivera Trejo, en el oficio que antecede, en cuanto no fue posible realizar el peritaje psicológico al señor David Orlando Jerónimo en su calidad de AGRESOR; evaluaciones que fueron programadas por el Instituto (IML) para las 9:00 del 17 de agosto del presente año (…) y de conformidad a lo establecido en los artículos 193 ordinal 3-4 de la Constitución de la República, remítase las presentes diligencias a la Fiscalía General de la República por lo antes expuesto a efecto que inicie el proceso penal correspondiente…”.

Con este oficio, el Juzgado 9° de Paz cambió de tajo la calidad de víctima que el agente Monroy  tenía en el proceso  28-VI-15-4R, y lo convirtió en victimario, dando pie para que la Fiscalía lo acusara del delito de Desobediencia de Particulares.

Portada del documento judicial donde se consigna la supuesta rebeldía del detective Monroy.

Portada del documento judicial donde se consigna la supuesta rebeldía del detective Monroy.

Fiscalía dice que solo obedece órdenes

Factum buscó la posición del Juzgado Noveno de Paz como de la Fiscalía General de la República. Al Ministerio Público se le solicitó una entrevista con la fiscal del caso, pero el personal de comunicaciones respondió que probablemente se podría gestionar dentro de una semana.

La versión oficial de la Fiscalía, sin embargo, fue que la acusación se hizo después de recibir la orden del juez Giammattei y que, en todo caso, a quien habría que pedirle explicaciones es al juzgador por haber señalado a Monroy como “agresor” en el oficio enviado el 17 de septiembre del 2015.

La Fiscalía, cuyo labor constitucional la obliga a dirigir la investigación del delito, no explicó, sin embargo, qué hizo en los cuatro meses que transcurrieron entre que el juez mandó su oficio hasta el 20 de enero de este año, cuando se presentó el requerimiento por Desobediencia de Particulares.

De igual manera se intentó buscar al juez Noveno de Paz que llevó el proceso, pero este fue destituido el pasado 13 de mayo, luego de que se conociera que, además de ser juez, trabajaba como notario para la Empresa Transmisora de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable (ETESAL), en la cual ganaba un salario de $24,000 anuales, según publicó el periódico La Prensa Gráfica.

Factum también intentó obtener la versión del juez Octavo de Paz mediante una petición de entrevista con el personal de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez, pero hasta el cierre de esta nota aún seguía pendiente.

El muerto rebelde

Al seguirle la pista a los documentos del expediente abierto a petición de la Fiscalía, el proceso no se inició sino hasta el mes de enero, cuando la fiscal Marcela Cerrato Ángel se presentó ante el Juzgado Primero de Paz a interponer el requerimiento de tres páginas lleno de errores. Posteriormente el caso pasó al Juzgado Primero de Instrucción, mismo que abrió el caso 09-2016-2.

En ninguno de los dos peritajes que el juez Giammattei solicitó a Medicina Legal, Monroy tenía la calidad de agresor, como lo manifiestó el mismo Giammattei en una carta emitida el 17 de septiembre. Es más, él nunca lo procesó por agresor. Y en todo caso, para cuando emitió el oficio en el que informaba a la Fiscalía que “el agresor” no se había realizado la pericia psicológica, el caso en el que Monroy sí estaba señalado como agresor tenía casi tres meses de haberse cerrado.

Entre enero y marzo de este año, el juzgado Primero de Instrucción ha tratado de localizar al agente Monroy al menos en tres ocasiones para que se presente a las audiencias. En las tres ocasiones, delegados de un juzgado de Santa Tecla lo han ido a buscar a su casa, y al no encontrar a nadie, le han dejado las esquelas debajo de la puerta.

Desde el 7 de abril de 2016, a petición de la Fiscalía y por orden del Juzgado Primero de Instrucción, Carlos Ernesto Calderón, el agente David Orlando Jerónimo Monroy tiene orden de captura tras haber sido declarado “Rebelde” por no presentarse a las audiencias, algo que desde el principio ya era imposible para el detective.

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