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La extraña muerte del policía que sabía demasiado sobre sus jefes

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A David Orlando Jerónimo Monroy, un ex detective de la División Especial contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía, lo golpearon varias veces antes de dispararle en la cabeza. Nadie le avisó a su familia y fue enterrado en una fosa común. Hasta aquí, esta puede leerse como la historia de otro asesinato de los centenares que no son investigados en El Salvador. Pero hay detalles perturbadores: Monroy dejó al menos 400 folios escritos, llenos de denuncias de corrupción contra sus ex compañeros y ex jefes, a quienes acusó de vínculos con el crimen organizado ante al menos dos directores de la PNC, dos inspectores generales y dos procuradores de Derechos Humanos. Según el testimonio de dos familiares cercanos, el detective dejó copias de esos documentos en la casa en que vivía en Santa Tecla con su compañera de vida, pero dos semanas después del asesinato, policías de civil allanaron esa vivienda y se llevaron laptops, memorias y hojas impresas. 


David Monroy escribió su último tuit a las 3:35 de la tarde del 27 de noviembre de 2015. Era la respuesta a otro tuit que el periodista Juan José Morales había escrito: “Los nombres que revela la declaración patrimonial del dr. Leonel Flores: Funes, Mecafé, Herbert Saca. Todo el clan”, el cual estaba acompañado de dos fotos tomadas a documentos relacionados con el proceso de investigación contra el exdirector del ISSS. “En esos movimientos se advierte claramente LAVADO, ya que es la manera o M.O.”, escribió el detective desde su cuenta @MonroyDavidJ.

A partir de entonces, silencio. La cuenta @MonroyDavidJ sigue activa, pero del 27 de noviembre de 2015 al 26 de junio de 2016, día en que se terminó de escribir esa nota, solo envía mensajes programados por servicios de Twitter que cuentan el número de seguidores.

Unas tres horas después de escribir ese último tuit, el policía salió de su casa, en la colonia Santa Teresa de Santa Tecla, para encontrarse con una persona aún identificada en el Paseo El Carmen de esa ciudad. Poco después de las 9 de la noche, Monroy hizo una llamada a uno de sus parientes. Fue la última vez que habló con alguno de sus familiares.

 

***

La última vez que platiqué con Monroy fue en septiembre de 2015, en la cafetería Shaw’s ubicada frente a la Residencia Presidencial, en la colonia Escalón. Fue un sábado por la mañana. Como siempre, el ex detective de la DECO llegó puntual a la cita. Y, como casi siempre, mantuvo el gesto serio y los ojos fijos en los míos. Monroy sonreía poco. Eso y el derrame facial que mantenía paralizada una mitad de su rostro daban a sus palabras un eco mucho más sombrío del que ya tenían cuando hablaba de las cosas que vio y protagonizó en las unidades élite de investigación de la Policía Nacional Civil (PNC) desde 1994.

Había conocido a Monroy a finales de los noventa. Lo vi una vez en la casona que la División de Investigación Criminal (DIC) de la PNC ocupaba entonces sobre la calle El Progreso de San Salvador, cerca del estadio Mágico Gonzalez. Él era entonces parte del equipo al que Mauricio Sandoval, que para finales de 1999 era director de la PNC y había sido director del Organismo de Inteligencia del Estado,  formó para hacer una investigación paralela del asesinato de la niña Katya Miranda en un rancho costero. Y volví a verlo y a platicar durante largas horas con él a partir de 2013, cuando yo estaba embarcado de lleno en una investigación sobre la corrupción en la PNC.

En aquella reunión de septiembre de 2015, Monroy lucía más abatido que de costumbre. Nuestras pláticas siempre navegaban entre dos lugares internos del detective: ese en que su afilada mente de investigador recordaba cada nombre, cada fecha, cada detalle… Y otro en el que él veía sombras por todos lados, compañeros de la Policía que querían matarlo, pandilleros que planificaban un atentado… Buena parte de su mal ánimo tenía que ver con que uno de sus jefes, el inspector Francisco Carranza Noyola, había pedido que lo trasladaran de la DECO. Tras ese traslado, Monroy terminó sus días en la Policía refundido en un viejo escritorio descascarado.

Esto escribí, por ejemplo, en una de mis libretas después de otra reunión que tuvimos en febrero de 2015 en una cafetería de la Plaza Madero, en Santa Elena:

—¿Hasta dónde llega esto?, le pregunté mientras hablábamos de la subida en las cifras de homicidios y el recrudecimiento de la violencia pandillera pos tregua.

—Hasta que se suban a un carro con un M-16 y rocíen un lugar como este donde estamos ahorita, me contestó, lacónico.

Poco menos de un año antes, Monroy me había entregado unos 400 folios, impresiones de denuncias y cartas que había escrito desde 2010, en las que hacía acusaciones de corrupción contra sus ex jefes en la DECO y detallaba pormenores de varios incidentes que, según él, reflejaban la connivencia entre oficiales de esa división y el crimen organizado.

***

Copia de uno de decenas de documentos que Monroy envió a las autoridades policiales.

Copia de uno de decenas de documentos que Monroy envió a las autoridades policiales.

Uno de los casos que más ocupa esas páginas es el del narcotraficante Edwin Reynaldo Argueta Contreras, conocido como El Porras, un operador de la banda Los Perrones y, según fuentes de la PNC y de la Fiscalía citadas en varias notas de prensa, informante de la DEA estadounidense.

A Porras lo mataron el 29 de agosto de 2009: lo sacaron a él y otras cuatro personas de la barra show Capricho’s de San Salvador, lo torturaron y lo ejecutaron. La Fiscalía sospechaba, poco menos de dos años después, que oficiales de la PNC habían planificado y ejecutado el asesinato. “No descartamos dentro de la investigación que puedan estar vinculadas personas dentro de la Policía”, dijo el fiscal Óscar Torres a periodistas de La Prensa Gráfica a mediados de 2011. La entonces inspectora de la PNC, Zaira Navas, confirmó a los reporteros que había policías implicados, pero se negó a darles los nombres de los sospechosos alegando que la ley se lo prohibía.

Monroy fue uno de los detectives que investigó la muerte del Porras. En una de nuestras reuniones me dijo que, como suele pasar en los casos en que se determina la participación de policías, la investigación languideció una vez las pruebas que vinculaban a un inspector de la DECO con el Porras se habían fortalecido.

De cualquier forma, Monroy dejó sus sospechas por escrito. El 27 de enero de 2010, el detective envió un memo con los pormenores de su investigación al entonces subdirector general de la Policía, el comisionado Mauricio Ramírez Landaverde. La subdirección selló la carta como recibida a las 11:59 de ese día, según una copia en poder de Factum. Ahí, Monroy identificó con nombre y apellido a uno de los policías que se comunicaba con el Porras.

“Por haber tenido información previa del teléfono celular que portaba el sujeto Edwin Argueta, se pudo advertir la comunicación que sostenía con miembros de la institución policial… en el último mes (agosto) la comunicación fue acrecentada (sic) y se identifica un número determinado el día anterior y cuando ocurrió el homicidio… Además se tuvo información que la noche previa tuvo comunicación con agentes de la DAN, quienes le habían indicado recogerlo al siguiente día, o sea el día del hecho a las 6:00 horas, pero es el caso que ningún elemento llegó, sin embargo, antes de esa hora comenzó a tener comunicación con el celular que está asignado al inspector jefe Arana Portillo (quien entonces era jefe de operaciones de la delegación de Ilopango)”, escribió el detective de la DECO.

Fuentes de la PNC confirmaron que la ex inspectora Navas; el entonces jefe anti homicidios de la Fiscalía, Óscar Torres; y el inspector jefe Francisco Noyola Carranza tuvieron acceso a la investigación de Monroy. Torres y Navas dieron por válidas las sospechas de participación de policías en el hecho.

Tanta credibilidad le dio la Fiscalía a Monroy que el 11 de julio de 2011, el fiscal Torres, jefe de la unidad antihomicidios, le comunicó a Ramírez Landaverde que habían otorgado al detective “medidas ordinarias y extraordinarias de protección” como testigo del Ministerio Público en el caso del Porras y otros, reunidos en el expediente 69-UFEDH-SS-11.

Nueve días después de haber recibido aquel memo, el subdirector Ramírez Landaverde giró la instrucción al subdirector de Áreas Especializadas de la Policía, comisionado Roberto Villalobos, el memorándum interno número 4737, en el que le ordenaba asignar a Monroy un guardaespaldas permanente.

Factum contactó en numerosas oportunidades a la oficina de Ramírez Landaverde, ahora ministro de Justicia y Seguridad Pública, para hablar sobre las denuncias puestas por el detective. La primera vez que se contactó a su asistente fue el 13 de junio y desde entonces hubo seis inentos por mensajería electrónica y tres por teléfono. El asistente únicamente dijo que el ministro había recibido la petición de entrevista sobre el caso de Monroy pero aseguró que no tenía tiempo de atender a Factum ni esta semana ni la siguiente.

No fue el del Porras el único caso de connivencia policial o de corrupción interna que Monroy investigó. Ex fiscales que lo conocieron y que hablaron con Factum con condición de anonimato, no obstante, aseguraron el detective también fue acusado internamente de participar en ilegalidades. “Era uno más de ese grupo de la DECO que fabricaban casos y pruebas. Lo digo así: eran capaces de todo, de torturar, de inventar, con tal de resolver casos”, me dijo un agente del ministerio público que trabajó con la DECO en al menos dos casos a finales de 2000.

Fotografía de un esquema escrito por el detective Monroy.

Fotografía de un esquema escrito por el detective Monroy.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de cualquier forma, dio por válidas denuncias de amenazas y atentados que Monroy presentó en esa institución, las cuales atribuyó a sus investigaciones y a denuncias internas que hizo contras sus jefes y compañeros.

El 23 de diciembre de 2010, el entonces procurador Óscar Luna firmó una resolución de medida cautelar anexa al expediente SS-0806-2010, en el que pidió al entonces director de la PNC, comisionado Carlos Ascencio, que “adopte de inmediato las medidas que estime necesarias en orden a garantizar la vida e integridad física del señor David Orlando Jerónimo Monroy y su grupo familiar”, y al entonces fiscal general, Romeo Barahona, que “con carácter urgente, investigue de manera imparcial, exhaustiva y efectiva los hechos denunciados por el señor Monroy”.

El expediente SS-0806-2010 de la PDDH lista cinco casos a ser investigados. Dos de ellos están relacionados con el asesinato de El Porras y el supuesto encubrimiento hecho desde la DECO de la participación policial en ese crimen. Hay otro que tiene que ver con la venta ilegal de vehículos y motocicletas de la DECO. Uno sobre la destrucción ilegal de actas policiales. Y uno que reúne al menos dos atentados contra Monroy, que él atribuyó a jefes de la PNC.

***

Familiares de Monroy denunciaron la desaparición hasta el lunes 30 de noviembre de 2015, más de 48 horas después de haberlo visto por última vez. No era la primera vez que Monroy se ausentaba de casa por la noche.

Dos de sus parientes, quienes pidieron no ser identificados, tuvieron noticias de las autoridades más de una semana después. El 9 y el 10 de diciembre, investigadores de la Policía llevaron a uno de ellos a las morgues central y de Santa Tecla para ver si alguno de los cadáveres desconocidos ahí depositados era el de Monroy. De acuerdo al relato que ese familiar hizo a Factum, el cadáver de Monroy no estaba ahí.

Una de esas veces, el pariente dijo a los policías que enviaría la foto de Monroy a los medios de comunicación. Le dijeron que no era una buena idea, porque si el detective estaba vivo y alguien lo tenía secuestrado lo podían matar. Pidió, entonces, autorización para enviar la foto a Medicina Legal. Y tampoco se lo permitieron.

De acuerdo a una esquela de reconocimiento forense, fechada el 28 de noviembre a las cinco de la mañana, un empleado de Medicina Legal certificó el hallazgo del cadáver de un hombre en la calle a la hacienda Lido en el cantón El Pedregal, en el municipio de El Rosario, en La Paz. La causa de la muerte: trauma craneoencefálico por proyectil de arma de fuego.

El 15 de diciembre, la compañera de vida de Monroy y la madre y hermana del detective reconocieron el cadáver que hasta entonces había figurado como desconocido, según el acta de defunción que Medicina Legal levantó pocas horas después del asesinato. Pero nunca vieron el cuerpo: el reconocimiento ocurrió con base en fotografías del cadáver que les mostraron el mismo día en la División Central de Investigaciones (DCI) de San Salvador y en Medicina Legal de San Vicente.

Tres días después de aquello, más policías llegaron a la casa de Monroy y su compañera en la colonia Santa Teresa de Santa Tecla: entrevistaron a la mujer y revisaron los dormitorios. Se llevaron laptops, memorias electrónicas, celulares y el carnet que usaba en el trabajo… “Llegaron a recoger todo lo que estaba en su estudio; se llevaron los documentos de las denuncias… cámaras… USB”, relata uno de los parientes por mensajería electrónica.

—¿Qué le dijeron los policías para llevarse todos esos documentos?, pregunto.

—Que se los llevaban porque eran papeles que tenían el logo de la PNC… Eran todas las denuncias que él había hecho, insiste.

***

Esquela de reconocimiento de cadáver.

Esquela de reconocimiento de cadáver.

Corre noviembre de 2014. Monroy ha dudado mucho en venir hasta aquí. Dice que es demasiado peligroso. Pero al final ha accedido. Vamos en su carro, un sedán gris que mantiene en condiciones regulares. Conforme cruzamos la Troncal de Norte, rumbo a la colonia Valle Verde de Apopa, el detective elabora sobre otro de los casos que se le convirtió en obsesión, y en el que se involucró hasta los tuétanos: el asesinato de Jocelyn, una joven prostituta implicada en el asesinato en julio de 2008 de Carlos Humberto Sigüenza Guardado, siquiatra del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

El carro enfila hacia los pasajes estrechos de la Valle Verde, por la calle La Arenera. Monroy vuelve sobre los detalles de su historia: cuenta que él y otro detective de la DECO convencieron a la Fiscalía de que utilizará a Jocelyn como testigo criteriada en el homicidio del siquiatra, por el que eventualmente un tribunal condenó a dos miembros de la pandilla 18, de la que la joven era colaboradora, según confirmaron fiscales que llevaron el caso. Al llegar a Valle Verde, Monroy se niega a continuar. No es temor porque ese es un territorio controlado por las pandillas, me asegura. Pero no dice más.

Con calma, el detective da vuelta para tomar la carretera que conduce a Tonacatepeque. Cerca del kilómetro 22 de esa calle estaba la casa “Destroyer” de la pandilla 18 a la que, según el expediente judicial 534-CAS-2009 del tribunal especializado de sentencia de San Salvador, Jocelyn llevó al siquiatra para que lo mataran. El motivo del crimen: robar el carro del médico, quien había tenido una relación romántica de dos años con la prostituta.

De vuelta en un Mr. Donut, el ubicado en la esquina de la Manuel Enrique Araujo y la Avenida La Reforma, Monroy me explica algo que ocurrió cerca de aquellos pasajes de la Valle Verde de Apopa, mucho después del asesinato y mucho después de que Jocelyn pasara varios meses en una casa de protección de testigos que la DECO vigilaba. En esa casa, según confirmaron a Factum otro detective y dos ex fiscales, al menos tres oficiales de la PNC tuvieron relaciones sexuales con Jocelyn; uno de ellos la golpeó en la cara hasta que le sangró.

Fue allí, en Valle Verde, que la madre de la joven le confirmó a Monroy que a Jocelyn la habían matado y que no volviera a aparecerse por ahí, porque ella ya no confiaba en nadie, menos en los policías.

En los centenares de folios con denuncias que Monroy dejó tras de sí, al menos en las copias que me dio, no hay referencias al caso de Jocelyn. Dos ex colegas del detective me aseguraron que él era uno de los oficiales que tuvo relaciones con la joven. Cuando se lo pregunté, Monroy me lo negó.

***

¿Ustedes de quiénes sospechan?, le pregunté a uno de los parientes que aún hoy, 7 meses después de que el cadáver de Monroy apareciera semi-enterrado en una calle rural de La Paz, sigue dando vueltas en oficinas y texteándose con investigadores para que le den razón sobre la investigación o le digan qué debe hacer para exhumar el cadáver de la fosa común de Zacatecoluca donde lo enterraron. “Tenía muchos enemigos”, me dice dos veces, una a través de un texto y otra por teléfono.

Hice la misma pregunta a otro de los familiares de Monroy. Y me contestó exactamente lo mismo: “Él tenía muchos enemigos”.

Los dos parientes tienen poca fe en que algún día conocerán los nombres de los asesinos. Y ambos refieren esta historia: El 13 de diciembre, dos días antes de que los familiares reconocieran el cadáver de Monroy mediante fotografías, un ex compañero del detective que estaba entonces destacado en Zacatecoluca ya lo había hecho. “Nos dijo que por la forma en que lo ejecutaron él cree que fue mandado a hacer por alguien de arriba que utilizó policías”, escribe uno de los familiares.

Factum consultó en la Fiscalía General por el estado de las investigaciones. Un vocero del Ministerio Público dijo que el acaso había sido trasladado a la sección central anti-homicidios, en San Salvador, a mediados de junio pasado “porque en Zacatecoluca no avanzaba”. La Fiscalía también informó a Factum que la identidad del cadáver ya fue confirmada a través de pruebas de ADN.

El 23 de junio pasado volví a preguntar a uno de los parientes si había habido algún avance. “No veo una salida”, me contestó.

Con reportes de Bryan Avelar.
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