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La disputa por los crímenes de lesa humanidad

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La reciente solicitud de reabrir el Caso Jesuitas en el juzgado Tercero de Paz de San Salvador, a petición del Idhuca, ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de los militares involucrados y el reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado.

Foto FACTUM/Archivo


Han pasado ya 17 años desde que el juzgado Tercero de Paz de San Salvador decidió cerrar el caso contra los siete autores intelectuales acusados por la masacre de los seis sacerdotes jesuitas, y Elba y Celina Ramos, la noche del 16 de noviembre de 1989 en las instalaciones de la Universidad Centroamericana, UCA. Entonces, el tribunal se amparó en la vigencia de la Ley de Amnistía y el no reconocimiento de los hechos como crímenes de lesa humanidad.

Apoyado precisamente en esas dos argumentos, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) pidió el pasado 27 de noviembre que el proceso sea reabierto al considerar que son crímenes de lesa humanidad, es decir, que no prescriben; y la declaración de ilegalidad de la Ley de Amnistía,  por el fallo de la Sala de lo Constitucional en 2016, que ahora permite que vuelvan a ser juzgados.

Esta masacre es el primer caso que se menciona en el Informe de la Comisión de la Verdad. La Comisión lo tomó como ilustrativo de los ataques contra opositores por parte de los agentes del Estado durante el conflicto armado de El Salvador.

Sin embargo, para el abogado Lisandro Quintanilla, defensor de tres militares, estos crímenes son asesinatos, no son crímenes de lesa humanidad. Y así lo explica:

“Si nosotros hacemos un estudio de cuántos sacerdotes jesuitas había en 1989 en El Salvador, y de estos asesinatos, fueron cinco sacerdotes jesuitas, creo que el número no es representativo de toda la comunidad jesuita en el país. Si usted analiza el contexto de 1989, El Salvador, a menos que mintamos, no tenía una política sistemática de persecución de los jesuitas, mucho menos de torturarlos, forzarlos o desaparecerlos”, dijo Quintanilla.

Los crímenes de lesa humanidad, son – según el artículo 7 del Estatuto de Roma- aquellos en los que existe un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, incluyendo el asesinato y la persecución “de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género…”.

Manuel Escalante, abogado y asistente de la dirección del Idhuca, señaló que no hay lugar a la discusión en este aspecto. Se apoya en lo reconocido por la Sentencia de Corte Plena 23-S- 2016, que negó la extradición a España del coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, exdirector de la Escuela Militar. En la página 25 de esta sentencia ya se reconoce que la masacre fue un crimen de lesa humanidad:

“…Contra el señor Benavides Moreno existe un proceso penal en el que ya no continúa produciendo efectos el ocurso de gracia de la amnistía producto de la LAGCP (Ley Amnistía General para la Conciliación de la Paz) y, pues los hechos que en éste se conocieron configuran delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario”.

Mientras el tribunal decide reabrir el Caso Jesuitas, las partes han presentado ya sus escritos para argumentar su posición jurídica. El Idhuca demanda a la Fiscalía General de la República la presentación de un requerimiento fiscal para identificar claramente a los involucrados en el caso. Por su parte, la Fiscalía ha solicitado una audiencia especial para reabrir el caso.

Mientras la defensa representada por Quintanilla insiste en que no es aplicable por tres razones: es un caso ya juzgado, los delitos no se configuran como crímenes de lesa humanidad según los tratados internacionales por lo que ya prescribieron y aun siéndolo no se podrían juzgar porque no se pude aplicar este reconocimiento de forma retroactiva.

Quintanilla es el abogado defensor del coronel Francisco Elena Fuentes, exjefe de la Primera Brigada de Infantería; el general Juan Orlando Zepeda, exviceministro de Defensa y el general José Rafael Bustillo, exjefe de la Fuerza Aérea, señalado en el proceso actual por la masacre de El Mozote.

El coronel Guillermo Benavides, el único militar que fue encarcelado por el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas, hecho ocurrido en noviembre de 1989.
Foto Factum/Salvador Meléndez

Además, están involucrados en este caso el exministro de Defensa, Humberto Larios; el fallecido jefe del Estado Mayor, René Emilio Ponce y el coronel Inocente Orlando Montano, extraditado en España donde se sigue otro proceso bajo el principio de justicia universal por ser cinco de las víctimas de nacionalidad española.

El séptimo involucrado en este proceso histórico es el expresidente de la República, Alfredo Cristiani, entonces comandante general de la Fuerza Armada por mandato constitucional. Sin embargo, el Idhuca ha solicitado que Cristiani sea sobreseído definitivamente. Considera que no hay interés en seguir procesándolo pues es acusado por omisión – no como autor intelectual-; es decir, que el entonces presidente desconocía la orden de matar a los jesuitas y solo supo del hecho horas después, según recoge el informe de la Comisión de la Verdad.

“Nunca hubo una acusación directa más allá del encubrimiento. La responsabilidad de la autoría es dirigida al Alto Mando, pero estamos claros que la dinámica del ejército era, no solo en la época de Cristiani, desconectada de las autoridades civiles. (…) El asunto es que el sistema judicial salvadoreño se pronuncie al respecto porque el gran ausente de todo esto ha sido el órgano judicial”, expresó Escalante.

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