Superar la coyuntura actual es indispensable -El Salvador ha empezado otro año sin presupuesto aprobado-, pero está muy lejos de solventar la raíz del problema. Los principales actores han sido incapaces de tener un debate sensato.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
Desde semanas atrás, representantes del gobierno y de los partidos políticos ARENA y FMLN han venido discutiendo la propuesta de ley del presupuesto para 2018, que ha presentado el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. La discusión debiera ser en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto; sin embargo, dadas las diferencias entre los dos partidos con mayor representación legislativa, y la necesidad de contar con las dos terceras partes de los diputados para la aprobación, se tomó la decisión de hacer una mesa de la que han sido excluidos los demás partidos y sobre la que la ciudadanía tiene muy poca información concreta. Los partidos con representaciones legislativas menores han sido invitados a reuniones para “informarles” sobre los avances de las negociaciones. Lo que se traslada a la población son declaraciones confrontativas que hacen los participantes, y que no reflejan los puntos básicos que debiera tener una discusión sensata del presupuesto.
Ha sido notoria la dificultad de encontrar credibilidad y puntos de negociación entre los principales actores de la política partidaria; una muestra es la condición – hecha por ARENA y aceptada por el gobierno – de la participación del BID en las reuniones para “poder trabajar sobre datos creíbles”. Pero más notable aún es la negativa a aceptar los datos que proporcionó el BID – que no han sido divulgados – cuando no coincidieron con las afirmaciones del partido de derecha. Pero más significativo es que en las declaraciones públicas de los participantes se pueden encontrar pocas justificaciones fundamentadas para las proposiciones que se afirma que se han puesto sobre la mesa. Es problemático discutir si las propuestas no están basadas en la realidad, en la visión conceptual de los partidos, y con sustento técnico, cuyos objetivos sean bien definidos, y que respondan a la verdadera naturaleza del problema que se discute. Hablar de recortes del presupuesto sin mayor justificación que la necesidad de cortar el gasto – lo que requiere una explicación más allá del problema de caja – o defender gastos sin explicar la razón de su prioridad, no permite que desde fuera de la mesa se perciba con claridad lo en el fondo está en juego. Cierto es que no tenemos por qué participar en ella, pero como ciudadanos tenemos el derecho de saber con claridad qué es lo que se discute, sobre qué bases se hacen las propuestas, sobre los efectos que cada una de ellas tendrá sobre las perspectivas de crecimiento, sobre la vida cotidiana de los salvadoreños.
El problema fiscal del país no es simplemente de caja, o coyuntural. Desde hace dos décadas, expertos en el tema han señalado una tendencia estructural hacia la crisis de nuestras finanzas públicas. Basta leer los trabajos de FUSADES elaborados quince años atrás o los escritos de Juan Héctor Vidal – que fue director ejecutivo de la ANEP – veinte años atrás, para darnos cuenta de que lo sorprendente no es que hayamos caído en la situación en la que estábamos en la primera mitad del año (aliviada temporalmente por la reforma a la ley de pensiones, a costa de los futuros pensionados); lo notable es que, habiendo tomado sólo medidas de parche temporal durante ya dos décadas, la crisis no haya estallado antes y más grave aún.
La política fiscal del país fue diseñada por los gobiernos de ARENA como respaldo a un modelo económico que a partir de la apertura económica, y la concentración de activos e ingresos en pocas manos, produciría un rápido crecimiento económico. Sin embargo, el modelo no funcionó como se esperaba y rápidamente caímos en un período largo de bajo crecimiento del que aún no salimos (ver mi trabajo Piketty y la desigualdad: una visión desde El Salvador, Fundación Heinrich Böll, enero 2015, y mi artículo “Las apuestas perdidas”). No es extraño entonces que los desequilibrios se expresen en la balanza fiscal, y que eso sea un problema fundamental en una situación en la que la política fiscal es casi el único instrumento de política económica con que cuenta el Estado. El problema es esencialmente estructural, y requiere decisiones urgentes de reforma del modelo económico y, como consecuencia, reformar las leyes fiscales a manera de hacerlas coherentes con la nueva visión de crecimiento que se acuerde. Superar la coyuntura actual es indispensable, pero está muy lejos de solventar la raíz del problema.
Sin embargo, el debate ha estado muy lejos de esos requerimientos. Se ha optado por la facilidad de hablar de “excesivos gastos” (cuando tenemos un presupuesto innegablemente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de acción del Estado, aunque existan rubros en los que la revisión es insoslayable) y por otro lado hablar de la necesidad de nuevos impuestos sin relacionarlos con una visión de desarrollo concreta.
El bloqueo a créditos y donaciones que cubrían necesidades concretas de la gente tiene poca justificación. Haber perdido un crédito para caminos rurales (en condiciones privilegiadas y unido a una parte “no reembolsable”), o un préstamo para construir un nuevo Hospital Rosales, tiene poco que ver con una visión de satisfacción de las necesidades de la gente y con un compromiso por el desarrollo económico y social de nuestro país. Es básicamente una muestra de la dificultad de llegar a acuerdos cuando ninguna de las dos partes principales en el diálogo tienen más interés que el de responsabilizar al otro por la falta de entendimientos.
Tampoco la Sala de lo Constitucional ha contribuido a mejorar el clima. Sobrepasando su mandato constitucional, ha dado resoluciones en las que asume funciones que corresponden al Órgano Ejecutivo como es la política fiscal. No puede dejar de coincidirse con la Sala en la inconstitucionalidad de los presupuestos desbalanceados; años atrás, como diputado, denuncié ese mismo defecto de presupuestos presentados a la Asamblea Legislativa por gobiernos de ARENA. Lo que no puede hacer es definir cómo deben equilibrarse los gastos y los ingresos, o cuáles partidas deben ser cortadas y cuáles no, pues eso es violar la autonomía del Órgano Ejecutivo en el cumplimiento de sus responsabilidades.
El acuerdo sobre pensiones fue un primer espacio de entendimiento, en el que quién más cedió fue el Ejecutivo, y quién más impuso sus intereses fueron las AFP; fue una muestra de que es posible llegar a compromisos comprendiendo que nadie gana todo lo que pide a la entrada. Que se diga que en los primeros días de este 2018 tendremos presupuesto aprobado es una señal de que pese a las declaraciones altisonantes hay un espacio de compromiso, aunque hay voces de la derecha que siguen afirmando que no hay decisión tomada; lamentablemente hay poca información sobre lo que pueda haberse acordado – salvo algunas cifras gruesas – y menos sobre sus consecuencias sobre el desarrollo económico del país. Si esto se realiza o no, la tarea central – una discusión de una nueva estrategia de desarrollo y por ende una nueva política fiscal – continúa siendo el reto. Para ello se requiere de propuestas serias de parte de los partidos políticos y de las gremiales empresariales – actores centrales en el debate superficial que tenemos – sin olvidar los aportes indispensables de una academia hasta ahora en general ausente del proceso o, en algunos casos, enredada en el tipo del debate actual.
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