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La depuración policial malograda por la administración Funes

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La Policía Nacional Civil vive una nueva crisis. Enfrentada con pocos recursos a la guerra contra las pandillas declarada por el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, la PNC ha visto morir a 154 de sus agentes en los últimos dos años. Además, los recientes suicidio de una agente, desaparición de otra tras un ataque a manos de un miembro del Grupo de Reacción Policial y el homicidio de otra agente del 911 pusieron en evidencia, de nuevo, la falta de controles internos y de recursos para ayudar a los miembros de la corporación a lidiar con el desánimo, el miedo y la frustración que les provoca la violencia permanente a la que se enfrentan. A la base de todo está una cultura de impunidad que lleva carcomiendo a la PNC desde que nació; una cultura motivada y exacerbada en gran medida por la indolencia de gobiernos que nunca se preocuparon por limpiar la institución o que, como en el caso de la administración del expresidente Mauricio Funes, se aseguraron de desactivar un intento de depuración institucional que prometía resultados. Esta es la historia de cómo el gobierno de Funes impidió depurar a la PNC, contada en el libro “Infiltrados: Crónica de la corrupción en la Policía Nacional Civil.

Foto FACTUM/Cortesía Francisco Campos*


“En la PNC cualquier persona tiene la posibilidad de ir a poner una denuncia, el problema es probarlas. Eso no nos va a detener a nosotros para hacer los cambios que creemos que debemos hacer y poner a la persona idónea en el puesto que nosotros necesitamos”.

31 de enero de 2012. General David Munguía Payés, ministro de Seguridad, al defender cambios en la PNC y cierre de expedientes contra oficiales de alto nivel.

“De los comisionados se dicen muchas cosas. La cosa es probarlas.”

29 de mayo de 2013. Presidente Mauricio Funes, sobre  nombramiento de oficial vinculado con narcotraficante como agregado policial en Embajada de El Salvador en Washington, DC.

Todavía en agosto del 2013 seguía vivo el rumor de que el Inspector Luis Ernesto Núñez Cárcamo estaba a punto de llegar a la Embajada de El Salvador en Washington como agregado policial, con un sueldo de 7,000 dólares al mes –similar al del jefe de misión.

El 29 de mayo, tras el despliegue público de múltiples denuncias en contra de Núñez Cárcamo por sus relaciones con el miembro de Los Perrones José Natividad Luna Pereira y otros delitos, el Presidente Mauricio Funes anunció que había pedido al entonces director de la PNC, el general Francisco Salinas, que detuviera el nombramiento. Así sucedió. Dos meses después, sin embargo, la posibilidad de que el oficial y dos asistentes llegaran a la suite 100 del 1400 de la calle 16 de Washington, sede de la Embajada, volvía a sonar.

En dos momentos diferentes de su presidencia, casi al principio y a poco del final, el Presidente Mauricio Funes se refirió a las investigaciones que, en El Salvador, vinculan a Núñez Cárcamo con narcotraficantes. Lo que dijo en cada uno de los dos momentos definen el cambio radical en su postura respecto a la depuración de la Policía Nacional Civil.

La primera vez fue al dar declaraciones a la prensa salvadoreña tras un acto en el que entregó 90 vehículos nuevos a la Policía en San Salvador, el 2 de octubre de 2010:

“Aquí se acabó la impunidad”, dijo Funes al defender el trabajo de la Inspectoría General de la PNC, dirigida desde junio de 2009 por Zaira Lis Navas. La Inspectoría había abierto 20 expedientes internos contra 21 oficiales de alto rango en la PNC. La primera reacción de esos oficiales y de sus aliados políticos fue que el Gobierno de Funes había decidido ir tras los oficiales provenientes de las filas del ejército como parte de una “vendetta” política del primer gobierno de izquierda.

Uno de los voceros más activos entre quienes se opusieron a las investigaciones de Navas fue el diputado Ernesto Angulo, del partido ARENA, quien unos días antes del acto de Funes había dicho: “Hemos recibido la visita y notas de personas de la policía, que nos consta que vienen del Ejército, y que el señalamiento de ellos es que solamente se está queriendo investigar y dañar la imagen de personas que pertenecieron al ejército. Y no es uno, varios nos lo han mencionado”.

Funes, en su defensa pública de la inspectora general, reveló que Navas ya había investigado y aconsejado el despido de 185 miembros de la PNC por “sospechas de que actuaron en contra de la ley”. “Los Gobiernos anteriores –dijo el Presidente en alusión a las administraciones de ARENA–  no llevaron a cabo depuraciones. De lo que se trata es de quitar el agua al pez combatiendo la corrupción, que es el caldo de cultivo en el que opera con facilidad del crimen organizado”.

Una semana antes de que Funes diera esas declaraciones, Casa Presidencial había recibido, de la dirección general de la PNC, el informe titulado “Sobre principales medidas implementadas en el proceso de saneamiento de la Policía Nacional Civil”. Ahí, la inspectora Navas informaba que de junio de 2009 a agosto de 2010 había recibido 2686 denuncias y que había abierto expedientes contra 40 oficiales de nivel superior y ejecutivo de la PNC.

En el documento hay un cuadro con 20 nombres de oficiales que se han rotado en los puestos más importantes de mando de la PNC, incluyendo la dirección general, subdirecciones, la DAN, la DIC, Finanzas, el Centro Antipandillas Transnacional y el Centro de Inteligencia Policial.  Ocho de los oficiales listados son miembros del grupo inicial que formó la PNC y se dio de baja del ejército de forma ex-temporánea el 12 de mayo de 1994[1] en virtud del Acuerdo Ejecutivo número 221 de ese año.

Y uno de esos oficiales es Luis Ernesto Núñez Cárcamo, a quien la Inspectoría General abrió expediente el 27 de octubre de 2009 por “vínculos con el narcotraficante José Natividad Luna Pereira”.

Ya entre 2004 y 2006, la Dirección General de Aduanas había perfilado a Núñez Cárcamo como uno de los colaboradores de Luna Pereira cuando este se dedicaba al contrabando y al tráfico de personas. “Tuvimos que maniobrar fuerte desde Hacienda -el ministerio al que está adscrita Aduanas- para que lo quitaran de Finanzas”, una de las divisiones de la PNC más infiltradas por el narcotráfico, asegura un investigador que trabajó entre 2004 y 2009 la investigación de Los Perrones. De Núñez Cárcamo, el investigador asegura que “hasta se subía a los carros con él (Luna)”.

En el expediente 66-TEG-2007 del Tribunal de Ética Gubernamental, fechado el 25 de mayo de 2009, un subalterno dice que Núñez Cárcamo le ordenó no recuperar sacos de café que dos haciendas en Ataco, Ahuachapán, habían reportado como robado. En 2010, por este y otros casos similares, el Consejo Salvadoreño del Café se quejó ante el Ministerio de Hacienda de que Núñez Cárcamo era “inoperante”.

En 2013, cuando ya Zaira Navas había renunciado a la Inspectoría General y los 20 expedientes habían desaparecido por orden de su sucesor, el ex juez Carlos Linares Ascencio, el Presidente Mauricio Funes era mucho más cauto al hablar de Núñez Cárcamo; incluso le daba el beneficio de la duda. “De los comisionados se dice mucho… la cosa es demostrarlo”.[2]

A esas alturas, sin embargo, lo que pedía el Presidente era muy difícil: desde que el 28 de agosto de 2012 el inspector Linares Ascencio dio la orden de archivar definitivamente los expedientes disciplinarios abiertos por su antecesora, ninguna autoridad competente investiga a algún oficial de alto rango en la Policía. A ninguno.

Este capítulo narra, en cinco partes (incluido un epílogo), los sucesos ocurridos entre las dos declaraciones de Funes respecto a la depuración de la PNC.

El momento más importante entre el apoyo inequívoco de Funes a su primera inspectora policial y el silencio y dudas presidenciales luego que los expedientes contra los 40 oficiales quedaran desechados fue, sin duda, el nombramiento del general de división David Eulogio Munguía Payés al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y del general Francisco Ramón Salinas Rivera como director general de la Policía Nacional Civil.

Con los generales volvieron a la Policía Nacional Civil la mayoría de oficiales que habían sido descartados en principio por el Gobierno de Funes debido a los recurrentes señalamientos de vínculos con el crimen organizado.

Con el general Munguía, además, ingresó a las oficinas del Ministerio, en el Centro de Gobierno, el abogado Manuel Chacón, quien en 1994 se había hecho famoso por defender a un teniente de la vieja Policía Nacional acusado de robar, vistiendo su uniforme y a punta de ametralladora, un camión blindado frente a una sucursal bancaria en San Salvador en un hecho que costó la vida a cuatro personas.

En principio, de acuerdo a dos funcionarios cercanos al grupo de asesores de Funes en Casa Presidencial, Munguía Payés incluso propuso a Chacón como un candidato a Viceministro de Justicia, pero el Presidente rechazó la idea debido a la toxicidad mediática que el nombre del abogado podía generar.

Chacón fue, durante todo el periodo de Munguía Payés, uno de sus asesores principales. Una de las primeras misiones que el general le encomendó fue defender, desde el argumento jurídico, que no había problema legal en que un militar o ex-militar ocupara el despacho de Seguridad Pública ni, mucho menos, violación al Acuerdo de Paz.

Fue Chacón quien acompañó al general cuando había que defender el tema del estatus militar, que había sido el principal reclamo formal de socios de la administración Funes cuando el Presidente nombró a Munguía como sucesor de Manuel Melgar. Una de esas reuniones fue con Henry Campos, el viceministro de Melgar. Una persona que conoció de esa reunión y lo que en ella se habló asegura que Campos dijo que, por principio, le parecía que el nombramiento de un militar al frente de la cartera contrariaba el Acuerdo de Paz, a lo que Munguía respondió que los análisis jurídicos hechos por Chacón le permitían asegurar que no había ilegalidad.

Acto I. Los expedientes de la inspectora Zaira Lis Navas Umaña

El único oficial de alto rango acusado de vínculos con el crimen organizado al que la administración Funes sacó de la Policía es a Ricardo Menesses. El ex-director, sin embargo, no fue destituido por las sospechas compartidas por dos ex-ministros de Estado y otros dos ex directores de la Policía de que tenía vínculos con Chepe Luna o por una foto en la que departe, sonriente, con uno de los principales líderes de la pandilla Barrio 18; Menesses salió por una falta menor: ausentarse del trabajo. Ese fue el único camino que la PNC encontró para deshacerse del oficial una vez que Cancillería lo había retirado de la Embajada en Washington y lo había despachado de regreso a San Salvador.

A la postre, con la aquiesencia del Presidente, el gabinete de Munguía Payés terminó empoderando de nuevo a oficiales sospechosos de vínculos con el crimen organizado a los que gobiernos de ARENA ya habían desechado.

Antes de eso, la abogada Zaira Lis Navas Umaña, había abierto expedientes contra 20 altos mandos de la Policía por delitos graves, la mayoría relacionados al crimen organizado[3]. Navas Umaña, nacida en 1972, había adquirido relevancia pública en El Salvador por representar a familiares de desaparecidos de guerra en una demanda interpuesta contra miembros de la cúpula militar[4] de los primeros años de la guerra y por dirigir la Asociación Pro-Búsqueda, una organización no gubernamental dedicada a la búsqueda de niños desaparecidos durante el conflicto.

Trece de los expedientes que Navas Umaña abrió contra los 20 oficiales, están relacionados con Los Perrones: los operativos fallidos de 2004, 2005 y 2008 para capturar a José Natividad Luna Pereira y Reynerio de Jesús Flores Lazo, el levantamiento de retenes policiales a propósito para facilitar el paso de droga por carreteras nacionales y la destrucción de pruebas que implicaban a los narcotraficantes en delitos.

Los oficiales expedientados por esos hechos son: el comisionado, Ricardo Mauricio Menesses Orellana, el comisionado Ciro Antonio Barrera[5], el comisionado Jorge Luis Callejas, el subcomisionado Herberth Omar Larios Rivera, el subcomisionado Gabriel Antonio Mayorga Ramírez[6], el entonces subcomisionado Godofredo Alberto Miranda Martínez, el inpector jefe José Arana Portillo, los subcomisionados Jaime Ernesto Perla Flores y José Jaime Cabrera Soriano[7], el subcomisionado Óscar Antonio Aguilar Hernández, el comisionado Douglas Omar García Funes[8], los comisionados Pedro Baltazar González Rodríguez[9] y Víctor Manuel Rodríguez Peraza[10] y el subcomisionado Luis Ernesto Núñez Cárcamo.

Ocho de los trece de esa lista pertenecen al grupo que en este libro he llamado del 221, en virtud del acuerdo ejecutivo que los dio de baja del ejército el 12 de mayo de 1994, y sobre el cual he argumentado que se constituyó en la élite policial a partir de entonces a pesar de que su baja tardía violó lo establecido en el Acuerdo de Paz.

Es esa, además, una lista de la que es posible decir sin equívocos que reúne a oficiales que han estado en el más alto nivel de la Policía desde su despliegue inicial en 1993. Hay ahí, dos ex directores, tres ex-subdirectores, cuatro ex jefes de la DAN, tres ex jefes de la División de Finanzas, un ex-jefe del Centro Transnacional Antipandillas, un ex-jefe del Grupo Especial Antinarcotráfico, dos ex jefes y el jefe actual del Centro de Inteligencia Policial.

Además de Núñez Cárcamo, con cuyo caso se abre este capítulo, y del ex director Menesses Orellana, sobre quien se ha hablado en capítulos anteriores[11] y se profundiza en este, el comisionado Miranda Martínez y el subcomisionado Aguilar Hernández ya habían sido investigados internamente, mencionados en expedientes de la Fiscalía o en los medios de comunicación mucho antes de que la inspectora Navas les abriera expediente.

Menesses Orellana y Miranda Martínez, de hecho, ya habían sido apartados de puestos de poder de forma discreta entre 2006 y 2008.

Ya antes del quinquenio Funes, como se relató en el Capítulo 2, hubo dos intentos de purga. El primero, durante el periodo de Mauricio Sandoval, que nació marcado por una pugna interna entre los mismos oficiales de derecha provenientes del ejército y terminó revertido casi en su totalidad por amparos que concedió la Corte Suprema de Justicia. Y el segundo, marcado por la destitución silenciosa del director Ricardo Menesses por sus vínculos con los narcotraficantes de oriente, pero también por el exilio dorado que la administración Saca dio al oficial como agregado policial en Washington.

Al final de la administración Saca hubo, además, un periodo de transición marcado por la salida de Rodrigo Ávila –quien había sustituido a Menesses– para lanzar su candidatura presidencial. A Ávila lo sustituyó Francisco Rovira, quien solo duró 7 meses en el cargo: tuvo que salir luego que artículos de prensa relacionaran a dos de sus principales asesores con la red de Blanca Margarita Parada Grimaldi, cabecilla de una banda de roba-furgones que murió lapidada en la cárcel de mujeres de San Salvador.

Tras la intempestiva salida de Rovira llegó a la dirección general el comisionado José Luis Tobar Prieto, el mismo que en 1997 había dicho que en el narcotráfico salvadoreño había involucrados militares, empresarios y políticos. Tobar Prieto había sido la mano derecha de Ávila y, a la luz de lo ocurrido, el primero que ejecutó una depuración real, limitada pero efectiva.

Primero, Tobar Prieto se aseguró de mantener a Menesses en Washington. La relación entre ambos oficiales nunca había sido buena y, al decir de algunos oficiales de rango menor en la PNC –de promociones posteriores de la Academia Nacional de Seguridad Pública–, fue la rivalidad entre ambos la que marcó divisiones en el grupo que aquí hemos llamado la élite policial. “Hubo siempre envidias, intentos de marginarse mutuamente, de crear grupos de poder alrededor de ellos y del poder político”, dice un ex oficial que salió de la PNC depurado por Mauricio Sandoval y ha trabajado desde entonces en otras oficinas del Ejecutivo en investigaciones sobre crimen organizado y narcotráfico.

Dos hechos sirven para graficar el antagonismo: una declaración pública de Menesses despreciando el trabajo de Tobar Prieto y el apoyo decidido de Tobar Prieto a los agentes de la Fiscalía General que empezaron a recabar información contra Menesses, aunque a la postre nunca lo investigaron formalmente ni lo procesaron.

En 2003, empoderado en el Olimpo policial como director general, Ricardo Menesses dio una entrevista de prensa en la que dijo “Yo nunca he sufrido una derrota” y se vendió como el hombre que había, de hecho, creado el Centro de Inteligencia Policial y había hecho eficientes las divisiones de Finanzas y Antinarcotráfico, de la que antes había sido jefe Tobar Prieto.

 

Foto de archivo de La Prensa Gráfica en la que aparece el exdirector de la PNC Ricardo Menesses junto al líder de la pandilla Barrio 18 Carlos Ruiz Barahona, alias “Chino tres colas”.

“Cuando yo llegué a la DAN, esa división no daba resultados, no daba nada. No había decomisos, no había capturas, ahí no había nada. El director (Mauricio Sandoval) estaba molesto porque la embajada norteamericana había preparado un perfil, dieron cursos y no había producción. Yo conocía lo que necesitaba…”, lanzó Menesses su crítica a Tobar Prieto.

Poco más de tres años después, en la cúspide de la investigación contra Los Perrones, los investigadores, sobre todo fiscales y agentes de Aduanas, no disimulaban sus sospechas sobre Menesses y su relación con alguno de los líderes de la banda. “¿Cómo se explica que se hayan escapado, que las investigaciones nunca hayan avanzado? Cuando les preguntábamos a los policías se hacían los pendejos”, contaba en 2008 uno de los fiscales que investigaron a la banda[12]. Un ex asesor de las autoridades de Seguridad Pública entonces reitera: “A pesar de todo el tiempo que Menesses estuvo en la DAN él nunca aceleró lo de los ‘Chuchos’[13]. Todo se empezó a hacer cuando él se fue”.[14]

No son pocas las fuentes en la Policía que aun hoy insisten en que las investigaciones contra Menesses y otros oficiales no hubiesen sido posibles sin el empuje de Tobar Prieto.

Cuando estaba destacado en Washington, donde además de su salario nominal de 4,700 dólares recibía un sobre sueldo de Casa Presidencial, Menesses se comunicó con Tobar Prieto para felicitarlo por su nominación como director general y pedirle que mantuviera las condiciones para el sobresueldo, lo cual en realidad dependía de Casa Presidencial.[15]

Además de anular a Menesses, Tobar Prieto hizo algo que era considerado imposible en la Policía: desafiar el poder político e institucional del sub-comisionado Godofredo Alberto Miranda Martínez, dueño y señor de la DAN desde 2000 hasta 2008. Los agentes que investigaron a  Los Perrones también sospecharon de Miranda: En 2008, dos de ellos explicaron que la DAN había traspapelado investigaciones por narcotráfico contra Reynerio Flores Lazo. “Ahí empezamos a sospechar de la DAN”, me dijo un coordinador de fiscales.

El oficial número 5 en la lista de Navas es Miranda Martínez. El expediente, abierto el 5 de mayo de 2009, detalla el motivo de la investigación: “Relación de jefaturas policiales con narcotraficantes. Vinculación y participación de miembros policiales en estructura delincuencial (Banda Los Perrones).

Para finales de 2008, el único oficial de rango medio que había renunciado de la Policía por supuestos vínculos con Los Perrones era el inspector Darwin Serrano Lemus, jefe de la DAN en San Miguel cuando filtraciones provenientes de la Policía botaron una investigación de varios meses y provocaron el asesinato de un agente[16]. Makey –ese era su indicativo en la DAN– fue acusado por investigadores del GEAN de tener participación activa en el trasiego de cocaína, pero ni la Fiscalía ni la Inspectoría abrieron expedientes por esos señalamientos.

Casi al final de diciembre del 2008 entrevisté a Serrano Lemus en las instalaciones de La Prensa Gráfica, el periódico en el que yo trabajaba entonces y en el que junto a un grupo de reporteros investigamos y publicamos varias notas, perfiles y reportajes sobre Los Perrones. Tras unos 45 minutos de reclamos, el ex jefe regional nos dijo que su superior, el comisionado Miranda Martínez, sabía todo lo que él hacía.

Si se atiende a estos hechos es posible decir que el principal postulado que la derecha política utilizó en 2009 y 2010 para atacar a la inspectora Zaira Navas es inexacto. Según los diputados que en septiembre de 2010 formaron una comisión legislativa para investigar “posibles abusos de la Inspectoría… contra miembros de la institución”, y según la mayoría de oficiales acusados, lo que Navas hizo fue emprender una campaña de acoso político.

En realidad, lo que la inspectora hizo fue intentar, por primera vez, robustecer, desde el marco legal de la Inspectoría General,  los indicios de prueba que ya existían sobre los vínculos entre oficiales de alto rango de la PNC y el crimen organizado; es decir, convertir en investigaciones internas formales las acusaciones y testimonios de subalternos, fiscales y criminales que ya antes habían llevado al Presidente Antonio Saca a despachar a Ricardo Menesses hacia Washington y a José Luis Tobar Prieto a destituir a Godofredo Miranda de la DAN el 8 de diciembre de 2008, después de ocho años al frente de la División (el periodo más largo de un oficial al frente de una unidad élite en la historia de la PNC) para mandarlo a una oficina departamental en Chalatenango.

Acto II. La comisión legislativa

 El primer embate público contra Navas llegó en forma de una comisión legislativa formada con los votos de ARENA, GANA y CN (antiguo PCN) la derecha política en la Asamblea para investigar a la investigadora.

El 9 de septiembre de 2010, con 46 votos, el congreso aprobó el Acuerdo Legislativo número 1104[17] que crea “la Comisión Especial investigadora sobre posibles abusos de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil contra miembros de esa institución”.

Elizardo González Lovo (CN), Guillermo Antonio Gallegos Navarrete (GANA) y Rodolfo Antonio Párker Soto (PES), tres de los diez diputados que formaron la comisión habían sido mencionados o señalados, o aparecerían vinculados luego, en investigaciones periodísticas o fiscales relacionadas con crimen organizado.

González Lovo fue el padrino legislativo de Roberto Carlos Silva Pereira, cuyos vínculos con la banda Los Perrones, el asesinato de tres parlamentarios salvadoreños en Guatemala por una venganza relacionada con drogas y un amplio esquema de lavado de dinero han sido ampliamente mencionados en capítulos anteriores. Silva fue el suplente de González Lovo y, según consta en expedientes fiscales, financista del PCN en Usulután y La Unión.

Gallegos Navarrete fue uno de los hombres más cercanos a Adolfo Tórrez Díaz, uno de los principales operadores políticos del narcotráfico en El Salvador, como se describió en el capítulo 8 de este libro. Media docena de fuentes ubican a Gallegos como una de las personas que estuvo con Tórrez Díaz antes que este apareciera muerto frente a su casa el 2 de junio de 2009. Hasta la fecha, el diputado de GANA no ha desmentido esas versiones, publicadas por primera vez en julio de 2009.

La foto de Parker Soto junto a Roberto Antonio Herrera Hernández, preso por robo de autos e investigado desde 2005 por actividades de narcotráfico relacionadas con el Cartel de Texis, apareció en Facebook a finales de julio de 2013, luego que Herrera Hernández fue capturado.

 

Roberto “El Burro” Herrera (camisa color salmón, investigado por delitos de narcotráfico y condenado por robo de vehículos, junto al diputado Rodolfo Parker del PDC durante un desfile ganadero en Santa Ana en 2009. Foto cortesía.

Antes, en 2003, el español Joaquin Alviz, acusado por una millonaria estafa relacionada con la estatal de agua ANDA y por quien El Salvador ha sometido petición formal de extradición ante Madrid, extendió un poder general judicial[18] a favor de Párker Soto.  También en España, en el juzgado sexto de la Audiencia Nacional en Madrid, el nombre del diputado aparece relacionado por la fiscalía española como pendiente de investigación por posibles actos de encubrimiento en la masacre de los jesuitas de la UCA en 1989 a manos del ejército.

La comisión legislativa de 2010 fue, más bien, el primer embate formal. Ya antes varios de los oficiales cuestionados habían hecho rondas por varios medios de comunicación repitiendo que la inspectora estaba envuelta en una conspiración política.

“Qué raro que solo a oficiales que venimos del ejército nos han abierto investigaciones”, dijo el comisionado García Funes en una entrevista de prensa[19] tres días antes de que la Asamblea aprobara la creación de la comisión legislativa.

El comisionado Pedro Baltazar González Rodríguez llegó a una entrevista de televisión con un tamal envuelto en hojas de mata de maíz: en el uso coloquial del lenguaje en El Salvador la palabra tamal se utiliza para designar una intriga o una estratagema diseñada para perjudicar a alguien[20].

A todo eso, Navas también respondió a través de múltiples entrevistas en medios de comunicación. Sus principales argumentos: la comisión quería “obstaculizar el saneamiento de la PNC”, que en la Asamblea había diputados interesados en “proteger a gente que había actuado al margen de la ley durante muchos años”[21] y que su investigación no solo incluía a ex-miembros del ejército sino también a un buen número de policías provenientes del FMLN.

Antes de la polémica pública creada por la Asamblea, a tan solo cinco meses de haber tomado posición del cargo de inspectora, Zaira Navas había denunciado amenazas de muerte en su contra, ante lo cual, además del espaldarazo del Presidente Funes entonces, recibió desde Washington decididos apoyos públicos del senador Patrick Leahy de Vermont y del representante James McGovern de Massachussetts, dos congresistas demócratas que ya habían mandado cartas a Funes y a su antecesor, Antonio Saca, en las que mostraban preocupación por señalamientos de corrupción en la PNC.

El 11 de diciembre de 2009, en una declaración ante el pleno de la Cámara Alta, Leahy dijo a sus colegas al hablar de El Salvador en el marco de las discusiones ese año en Washington en torno al presupuesto de ayuda externa: “Me refiero a la inspectora Navas por la importancia crítica del trabajo que está haciendo, y porque ha recibido amenazas de muerte y estoy preocupado por su seguridad… Nada, desde mi punto de vista, es tan importante como fortalecer el estado de derecho (en El Salvador) y apoyar a personas como la inspectora Navas…”[22]

Seis meses después de su creación, la comisión  fue declarada ilegal por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En resolución de inconstitucionalidad del 26 de mayo de 2011[23], la Sala informó a la Asamblea que la investigación legislativa violaba la Constitución porque usurpaba funciones de otro órgano de estado y con ello vulneraba la separación de poderes.

No fue desde la derecha legislativa que llegó el tiro de gracia para la Inspectoría General de Zaira Navas. La muerte de los expedientes llegó desde los despachos del Ejecutivo.

Acto III. La llegada de los generales y el control de la inteligencia

El general Francisco Ramón Salinas Rivera llegó vestido de paisano, sin el uniforme que había usado para los actos oficiales desde que fue nombrado Viceministro de la Defensa al inicio de la administración del presidente Mauricio Funes. El general, que había quedado en categoría de retiro unas horas antes gracias a un documento legal que se empezó a escribir pocas horas antes en el despacho del secretario jurídico de Casa Presidencial, llegó a la cita del 23 de enero de 2012 con un saco gris y una corbata azul adornada con pequeños puntos blancos.

A media tarde de ese día, en el amplio salón multiusos de la casa de gobierno y ante una veintena de periodistas citados a última hora, el Presidente nombró a Salinas director general de la Policía Nacional Civil a pesar de las duras críticas que recibió en público desde su partido, el FMLN, y de las voces de preocupación que llegaron desde la sociedad civil y algunos aliados extranjeros, como los Demócratas de Estados Unidos.

Esa tarde, además de poner punto final a un ocho semanas de especulación sobre el futuro de la Policía tras el nombramiento de otro militar, el general David Eulogio Munguía Payés, al frente de su gabinete de seguridad, la administración Funes abrió la puerta al desmantelamiento de todo el cuerpo de jefaturas que asumió las riendas de la PNC en junio de 2009, cuando el primer gobierno de izquierda de El Salvador tomó el poder del Ejecutivo tras ganar una apretada elección presidencial en marzo de ese año.

Ya entrada la tarde, tras la conferencia de prensa en Casa Presidencial, Salinas asistió a otro encuentro con los periodistas, esta vez en el cuartel central de la Policía en San Salvador y flanqueado por su nuevo jefe, el ministro Munguía Payés –quien también había cambiado el verde olivo por la corbata tras su nombramiento en noviembre de 2011–, y por el Comisionado Carlos Ascencio, el oficial de la Policía proveniente de las filas del FMLN a quien Funes designó como director general en 2009 y quien dejaba su puesto tras intensos enfrentamientos con Munguía y todos los militares que el general llevó al ministerio de Seguridad. De los tres sentados en esa mesa, solo Ascencio vestía uniforme, el azul marino de fatiga de la PNC.

Cuando Ascencio se levantó de la mesa, y luego de entregar el despacho de director a Salinas, terminó el breve reinado del FMLN en la cartera de seguridad pública de El Salvador: antes de Ascencio habían renunciado o habían sido separados del cargo subrepticiamente el anterior ministro de Seguridad, Manuel Melgar; la Inspectora General Navas; el viceministro de Justicia y Seguridad, Henry Campos; el director del Organismo de Inteligencia del Estado, Eduardo Linares, y el director general de Migración, Rubén Alvarado.

A los pocos días, además, Munguía y Salinas completarían el cambio de gabinete con la reestructuración de mandos medios, la cual dejaría sin puesto fijo dentro del organigrama policial a los comisionados Hugo Ramírez, hasta entonces subdirector de seguridad pública, y Edgar Lizama, director del Centro de Inteligencia Policial.

Un mes después de la juramentación de Salinas, los viejos oficiales de la élite policial retomaron el control de la mayoría de oficinas estratégicas de la Policía, incluidos el Centro de Inteligencia Policial, la Subdirección de Investigaciones, la División Antinarcotráfico y jefaturas regionales en el territorio. Buena parte de esos oficiales, como se ha dicho, tenían investigaciones abiertas al llegar a sus nuevos despachos; algunos incluso habían sido separados de la Policía o degradados de sus cargos en administraciones areneras por esos vínculos. Los cambios más importantes ocurrieron en las áreas de inteligencia y antinarcotráfico.

Una de las primeras cosas que hizo el general Salinas al llegar al despacho fue cambiar a todo el personal de confianza del Comisionado Carlos Ascencio. Cosas nunca antes vistas empezaron a ocurrir en las oficinas del costado norte del Castillo, como se conoce popularmente al histórico cuartel central de la Policía. Por primera vez, por ejemplo, dos hombres, militares de paisano armados con M-16, custodiaban la base de la alta puerta de madera de doble hoja que conduce al despacho del director general. Por primera vez había, en el organigrama de la Policía, un secretario privado del director, por el que tenía que pasar cualquier solicitud de entrevista con Salinas.

El 28 de enero, menos de unas semanas después de su juramentación en Casa Presidencial y rodeado ya de su gente de confianza, Salinas hizo pública una orden general de cambios en la Policía. No eran, como defendieron las comunicaciones oficiales de la Policía y el discurso trasladado a través de la mayoría de los medios de comunicación, cambios rutinarios; aquel memo era el inicio de un cambio completo de estrategia de rumbo en la PNC.

Uno de los cambios más importantes fue el regreso del subcomisionado Óscar  Antonio Aguilar Hernández, de alias Cachorro, a la máxima jefatura del CIP, quien ya había estado al frente de la inteligencia policial antes, durante el breve periodo en que Francisco Rovira fue director de la Policía en 2008[24]. Rovira tuvo que deshacerse de Aguilar Hernández al poco tiempo de nombrarlo luego la administración del Presidente Antonio Saca y su Ministro de Seguridad, René Figueroa, recibieran una enorme presión pública tras publicaciones periodísticas que vinculaban a Aguilar Hernández con el narcotraficante Luna Pereira. Figueroa, entonces, se vio obligado a reconocer en privado que las sospechas eran suficientes como para abrir investigaciones.

En la lista que la inspectora Zaira Navas incluyó en el informe que Casa Presidencial conoció en 2010, Aguilar Hernández ocupa la casilla número 9. En el expediente, abierto el 27 de septiembre de 2009, dice que se investigará “responsabilidad en el supuesto fracaso de cuatro operativos diseñados para capturar al reconocido narcotraficante José Natividad Luna Pereira, debido a fuga de información”.

El 3 de febrero de 2012, Salinas estampó su firma en otra orden de cambios, una que nunca se hizo pública: 14 traslados de oficiales que, hasta ese día, habían trabajado toda la inteligencia policial relacionada al Cartel de Texis y a los contactos de sus líderes con policías, fiscales, diputados y operadores políticos. Se consolidaba así, un nuevo CIP, con Aguilar Hernández a la cabeza y uno de sus hombres de confianza, el oficial de apellidos Cubías Carranza, también perfilado por la DEA estadounidense y por informantes de la policía como asociado de Chepe Luna, como lugarteniente. Este oficial fue dado de baja sin sueldo durante 6 meses en 2002 luego que un tribunal abriera un expediente en su contra por contrabando de queso, una de las actividades criminales a las que se ha dedicado Chepe Luna.

Los generales Francisco Salinas (al centro) y David Munguía Payés. Foto de Francisco Campos.

El nuevo director general nombró, además, al subinspector Juan Roberto Díaz Castillo, de alias Alfil, como enlace entre el CIP y el Ministerio de Justicia y Seguridad, encabezado por el general Munguía Payés. El principal referente de “Alfil” en el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), sería el coronel Simón Alberto Molina Montoya, hombre de confianza de Munguía en la Fuerza Armada.

El coronel Simón Alberto Molina Montoya requiere un aparte. El militar, que llegó al OIE como jefe interino hasta que Funes nombró a Ricardo Perdomo como director,  fue el encargado de llevar adelante una purga que incluyó pase de polígrafo a todo el personal, según narran dos ex agentes de inteligencia, procedentes del ejército ambos, expulsados por sospechas de haber pasado información sobre Texis a periodistas.

Adidas, indicativo del coronel en el mundo de la inteligencia salvadoreña, empezaría a aparecer constantemente en reportes del CIP de Lizama desde entonces. Y después: “Ese nombre te va a aparecer en oriente, en Opico, en occidente”, me dijo un ex asesor de ARENA en temas de seguridad a mediados de 2013.[25]

Un oficial de la PNC[26] confirmó, en febrero de 2012, que había escuchado que Molina Montoya,  coordinaba la reestructuración de la OIE antes de la llegada de Perdomo y adelantaba pláticas con líderes pandilleros.

“¿Quién es Molina Montoya?”, le pregunté al oficial.

“Uno de los hombres de confianza de Munguía Payés”, me respondió mientras me mostraba un informe, al que dio validez, en el que el nombre de Molina aparece asociado al asesinato de un informante del ejército infiltrado en grupos cercanos a Los Perrones.

En 2010, investigadores de la PNC habían relacionado a Molina Montoya como uno de los autores intelectuales del asesinato del ex mayor Carlos Antonio Portillo Escobar, un agente de inteligencia del ejército que tenía al menos un año investigando la reestructuración de Los Perrones en el oriente. “Portillo Escobar había entregado a Molina Montoya información de una estructura de militares que colabora con el narcotráfico. Lejos de abrir una investigación, lo que hizo Molina Montoya fue llamar a las personas que aparecían en el reporte y frente a ellos rompió el documento bajo condición de que lo apoyaran”, dice un reporte elaborado por el CIP para la Subdirección de Investigaciones de la PNC ese año.[27]

El 14 de marzo de 2012, el periódico digital El Faro reveló que agentes de inteligencia del gobierno de Mauricio Funes habían participado en la negociación de una tregua entre las pandillas MS13 y Barrio 18. Tras esa publicación, según los testimonios de pandilleros y oficiales del CIP, Molina Montoya y Aguilar Hernández apresuraron la reestructuración del CIP y la OIE. A los 14 cambios iniciales ordenados por Salinas en febrero siguió la purga general. Molina y Aguilar supervisaron la aplicación del polígrafo a todo el personal del CIP y a varios agentes del OIE en busca de información sobre posibles filtraciones a la prensa sobre la tregua y casos de narcotráfico.

Tras la denuncia de El Faro, Munguía retiró a Molina Montoya del OIE y lo regresó a la unidad de inteligencia militar desde donde sigue haciendo labores de inteligencia, incluso en la OIE, a través del capitán Romeo Cornejo Ayala, de alias Alberto Canizales, actual jefe de contrainteligencia.[28]

Con los cambios que ordenó el 3 de febrero de 2012[29], el general Salinas de hecho sacó del CIP a todos los agentes y oficiales que habían investigado temas relacionados a narcotráfico y crimen organizado y desechó expedientes en los que la inteligencia policial proponía la investigación sistemática de 11 organizaciones relacionadas con el tráfico de drogas, entre las que se incluía [30]:

 

  • El Cartel de Texis, la banda de narcotráfico y lavado de dinero más importante de El Salvador, la cual tiene importantes conexiones políticas en la Asamblea Legislativa y en la organización territorial de los partidos ARENA, FMLN, PES, CN y Gana.

 

  • Los Perrones, la primera gran banda de narcotráfico de El Salvador, que fue parcialmente desmantelada en 2008 debido a que sus líderes dejaron de pagar sobornos acordados con operadores políticos del gobierno de Antonio Saca, entre ellos Herber Saca. A partir de 2010 la banda se reintegró y en la actualidad, según autoridades costarricenses y salvadoreñas, mueve hasta 100 kilos mensuales de cocaína entre Costa Rica y Guatemala.

 

  • Herbert Saca. Uno de los principales operadores políticos acusado de vínculos con el crimen organizado.[31]

 

  • Caso Límites. Estructura original de lavadores y narcotraficantes en Metapán, relacionados con el Cartel de Texis y con la clica Fulton Locos Salvatruchos de la MS13.

Uno de los oficiales removidos del CIP era, según uno de sus compañeros, quien había logrado infiltrar las estructuras de José Misael Cisneros Rodríguez[32], el líder pandillero de la FLS al que Estados Unidos considera un “objetivo”[33]. “Fue removido un agente de inteligencia que logró penetrar y perfilar los programas y clicas de la MS13 más fuertes del país, como la Fulton Locos Salvatruchos, FLS, que operan principalmente en Nueva Concepción, Chalatenango, y otros lugares del país, que es un programa estrechamente vinculado a Cisneros Rodríguez”, dice un informe escrito por algunos de los agentes depurados. Fuentes federales en Estados Unidos confirman que han utilizado información de inteligencia elaborada por el CIP antes de los cambios en 2012.[34]

Además de la inteligencia, la División Antinarcotráfico de la PNC, la DAN, receptora de uno de los principales programas de cooperación financiados por el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado, también sufrió cambios importantes.

En enero llegó a la cabeza de la DAN Marco Tulio Lima, un oficial proveniente de las filas del FMLN que también ha sido señalado por nexos con Medio Millón.

Lima, según testimonios de oficiales que fueron sus compañeros en la academia policial y que constan en expedientes internos de la Policía, empezó a vivir por encima de lo que permitía su sueldo desde principios de la década de 2000.

En 2010 un operativo para capturar a José Misael Cisneros, de alias Medio Millón[35], líder de la FLS y uno de los proveedores de armas y sicarios de Texis, fracasó debido a filtraciones provenientes de la PNC. El CIP, entonces, señaló a Lima como sospechoso. En 2012 Cisneros fue detenido, pero recobró su libertad tras arreglos con un juez de paz. Luego volvió a ser arrestado y actualmente guarda prisión en una delegación policial.

Tras los cambios en la inteligencia policial y en toda la estructura de la Policía, el Estado salvadoreño no volvió a hablar de Texis ni de Los Perrones. Ni a investigarlos. La inteligencia se dedicó, más bien, a dar seguimiento a la tregua entre las dos pandillas, pactada a inicios de 2012.

Acto IV. El acto único del nuevo inspector

Carlos Rodolfo Linares Ascencio, un juez de Santa Ana cuyo título universitario fue cuestionado por un fiscal especial en 1999[36], fue nombrado el 16 de julio de 2012 inspector general de la Policía.

Un mes y medio después, el 28 de agosto, Linares Ascencio firmó el documento que marcaría su tiempo al frente de la Inspectoría: la orden de archivar definitivamente la investigación disciplinaria 262/OC-IDIGPNCE-2009 “por no existir mérito para presentar la petición razonada ante el tribunal disciplinario competente”. Con esa acción, el recién nombrado inspector dio carpetazo a todos los expedientes contra los oficiales de alto rango de la Policía acusados e investigados en primera instancia por sospechas de que estaban vinculados con José Natividad Luna Pereira, un narcotraficante investigado en El Salvador, Honduras y Guatemala.

No existen, dice Linares en su resolución, “investigaciones en su contra ni elementos probatorios por no haberse recolectado por los mismos hechos indagados a los mismos oficiales”. Es decir, el investigador no investiga porque no hay investigación. Pero sí había: entre el 5 de mayo y el 8 de diciembre de 2009, no solo Zaira Navas, la antecesora inmediata de Linares Ascencio, sino también la anterior inspectora, Nora Centeno de Bell, habían abierto expedientes contra oficiales de alto rango por una lista de hechos que incluían complicidad con narcotraficantes, acoso sexual, discriminación contra seropositivos, uso indebido de recursos policiales, ocultación de pruebas en un caso de violación y asesinato y obstrucción de justicia.

Linares, en su resolución de agosto, dice también en su resolución que exonera a Óscar Antonio Aguilar Hernández, nombrado jefe del Centro de Inteligencia Policial con el siguiente argumento: “cuando ocurrieron los hechos no era (Hernández Aguilar) el responsable de investigar (a Luna)”. Hernández era, cuando los operativos contra Luna se frustraron, jefe de la Divisón de Finanzas. Según un agente de Aduanas que investigó a Los Perrones desde 2002, testimonios recabados durante las etapas iniciales de las investigaciones daban cuenta de que este policía cobraba sobornos a algunos de los miembros de la banda para dejarlos pasar mercadería por la frontera.

El comisionado Óscar Antonio Aguilar Hernández, indicativo “Cachorro” (segundo desde la derecha) es uno de los oficiales más cuestionados de la PNC. La inspectora Zaira Navas le abrió investigación en 2010 por supuestas relaciones con narcotraficantes. Un año después fue reinstalado por el director de la PNC, el general Ramón Salinas, en el Centro de Inteligencia Policial, desde donde fue uno de los principales ejecutores de la tregua pandillera concebida en el seno de la administración Funes. Foto cortesía.

Tras el acto público en el que anunció el contenido de la resolución, las actuaciones de Linares Ascencio recibieron el apoyo decidido de sus jefes.

El general Munguía Payés incluso dijo que una denuncia no era suficiente para retirar la confianza a un oficial de la Policía. “En la PNC mucha gente está siendo investigada porque cualquier persona tiene la posibilidad de ir a poner una denuncia, El problema es probarlas. Yo estoy seguro que (sic) no hay un comisionado que no tenga una denuncia y eso no nos va a detener a nosotros para hacer los cambios que creemos que debemos hacer y poner a la persona idónea en el puesto que nosotros necesitamos”.[37]

Lo mismo diría el Presidente Funes meses después, al hablar del caso de Luis Ernesto Núñez Cárcamo: “De los comisionados se dice mucho… la cosa es demostrarlo”.

 V. Los meses de silencio

La Fiscalía llevaba ya varias semanas investigándolo. Alguna información se había filtrado a reporteros. El Fiscal General había sostenido reuniones con medios de comunicación para pedir que no hubiese publicaciones hasta que las principales capturas estuviesen hechas.

En Washington, agentes federales confirmaban que en San Salvador se preparaba una investigación inédita, basada en viejos reportes de inteligencia pero sobre todo en conversaciones captadas por el centro de escuchas financiado por Estados Unidos.

Ya con los generales fuera de sus cargos tras la resolución de la Corte Suprema de Justicia que resolvió ilegales sus nombramientos,  la investigación se amplió e incluyó la sospecha de vínculos entre narcotraficantes y policías.[38]

Los principales objetivos: Roberto Antonio Herrera Hernández, el Burro; José Adán Salazar Umaña, el Diablo; José Misael Cisneros Rodríguez, Medio Millón. Los líderes del Cartel de Texis, la organización de narcotráfico de la que en El Salvador las autoridades no hablaron durante más de dos años. La lista, confirmaban fiscales y funcionarios de nivel medio desde San Salvador, incluía, de nuevo, a algunos de los oficiales expedientados por la anterior inspectora general.

La primera pista de que algo había cambiado respecto a las organizaciones de crimen organizado llegó en forma de una captura fugaz que, a la luz pública, no tuvo demasiada importancia, la de Leonel Sandoval Villeda, un empresario de Santa Ana vinculado por la inteligencia policial a Texis y varios oficiales de PNC.

El 12 de junio de 2013, la Policía capturó a Sandoval Villeda en su casa santaneca, donde había permanecido “prófugo” tres años desde que evadió cargos por posesión de armas de fuego. La PNC volvió a encontrar, como en 2010 cuando lo detuvo la primera vez, un nutrido arsenal en su vivienda.

Venticuatro horas después, Sandoval Villeda era, de nuevo, un hombre libre. Antes de salir había dicho algunas cosas importantes a los investigadores policiales; entre lo más relevante: había confirmado que pagaba a comisionados y sub-comisionados de la PNC destacados en la zona occidental desde hacía al menos ocho años[39]. Los nombres que el santaneco mencionó, al menos dos de ellos, aparecen en los expedientes de la inspectora Zaira Navas.

Mes y medio después, el 23 de julio, la Policía presentó esposado a Herrera Hernández: lo habían  arrestado por robo de vehículos. El operativo, previsto para la media mañana de ese día según una fuente de la policía, tuvo que adelantarse a la madrugada por temor a fuga de información, como ya había pasado antes en casos de narcotráfico.

Ante los periodistas que llegaron a cubrir la captura, el Burro aseguró que todo se trataba, como había dicho años antes el abogado Reynerio Flores Lazo cuando su cliente estaba por ser deportado de Tegucigalpa a San Salvador, de una venganza orquestada por operadores políticos que lo querían chantajear.  “Soy el papel higiénico de este país”, dijo Herrera Hernández.  La confesión, por supuesto, paró ahí, pero sirvió para añadir una pieza más al rompecabezas del narcotráfico, el lavado de dinero y la complicidad del estado salvadoreño con el crimen organizado. La vieja y productiva “protección política” que el cartel de Texis, la supuesta organización narco a la que pertenece el Burro, y Los Perrones reciben desde hace un buen rato según la ONU.

La Prensa Gráfica relató así las declaraciones de Herrera Hernández: “El trato ofrecido fue desvanecer toda la investigación del cartel de Texis –cuya existencia calificó de “invento”– a cambio de $200,000 por cabeza. ‘Soy un chivo expiatorio de alguien aquí, todo ha sido basado en una extorsión’, dijo ”.

El Burro Herrera, el Diablo Salazar y Medio Millón Cisneros aparecen en al menos tres docenas de informes que elaboró el Centro de Inteligencia Policial que el Ejecutivo desmanteló con la llegada del sub-comisionado Óscar Aguilar Hernández al centro. Por el mismo Ejecutivo que antes de los cambios en Seguridad Pública les había dado validez y que hoy vuelve a usarlos para retomar las investigaciones, al menos contra uno de ellos.

El ministro Perdomo, sucesor del general Munguía Payés, ya dijo en público que la investigación tiene que ver con narcotráfico y al menos tres agentes salvadoreños que coordinan con su despacho las pesquisas, además de un agente federal en Washington, han confirmado que el caso contra el Burro Herrera puede marcar el inicio de una operación más grande contra Texis.

Antes de los cambios en la PNC, la PNC había intentado tres golpes contra el cartel de Texis.

Al Burro la Policía lo había asustado en 2011 cuando lo retuvo por unas horas en espera de una orden de captura estadounidense que nunca llegó. [40]

A Medio Millón intentaron capturarlo en 2010 con un cinematográfico operativo policial que, según un investigador de la misma PNC, se vino abajo por filtraciones que llegaron desde la DAN y desde un oficial destacado en Chalatenango: un subinspector al que testigos ya habían acusado por malos procedimientos en Quezaltepeque y a quien la Fiscalía nunca investigó por eso.

Y, el más importante, fue el arresto, el 24 de enero, de un funcionario municipal de la ciudad de Metapán, controlada por el cartel, y el decomiso de 5 kilos de cocaína.

Todo eso paró entre 2012 y la primera mitad de 2013, mientras los generales David Eulogio Munguía Payés y Francisco Ramón Salinas Rivera estuvieron a cargo de la seguridad pública en El Salvador.

De esos meses, Estados Unidos había guardado silencio público. En principio, el ex Encargado de Negocios de Washington en San Salvador se refirió al general Munguía como un aliado, pero casi cuatro años después, el Departamento de Estado hizo una referencia que, sin ser explícita, no deja bien parados a los militares.

Al referirse a la baja en los decomisos de cocaína en 2012 respecto a los dos años anteriores, el Departamento de Estado de Estados Unidos dice, en su informe sobre el estado del narcotráfico en El Salvador,  que se debe en parte a “cambios institucionales dentro de la Policía y el Ejército”.[41]

La administración de Mauricio Funes abrió, con aquel discurso del Presidente en la ONU en 2010, una ola de apoyo político internacional que parecía suficiente para sostener el afán de depurar la Policía Nacional Civil y combatir la infiltración del narcotráfico en el estado.

Desde 2009, a menos de medio año de haber iniciado el quinquenio, Patrick Leahy, uno de los senadores demócratas más poderosos de los Estados Unidos, se paró ante el pleno del Senado para pedirle a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton,  que apoyara la gestión de la inspectora Zaira Navas. Algo parecido hizo en la Cámara Baja el representante James McGovern , otro demócrata cercano a Clinton y el principal aliado de Funes en Capitol Hill hasta el nombramiento de los militares en Seguridad Pública.

El Departamento de Estado en Washington incluso se había mostrado dispuesto a brindar apoyo técnico a la comisión internacional contra el crimen organizado –basada en el modelo CICIG de Guatemala– que Funes había propuesto al pleno de la ONU en Nueva York y para la que varios funcionarios salvadoreños habían empezado a buscar apoyos financieros. Los Gobiernos de Canadá, Italia, Países Bajos e incluso la Unión Europea habían mostrado apertura a buscar fondos.

Como los expedientes de Zaira Navas, la comisión internacional a la que en borradores iniciales se llamó Cicosal (Comisión Internacional contra el Crimen Organizado en El Salvador) desaparecieron de la agenda presidencial en 2012.

Con la Inspectoría General anulada, desechado el apoyo político internacional a una estrategia de estado que incluyera el combate frontal al narcotráfico y el lavado de dinero, y con el regreso de varios de los miembros de la élite policial a los despachos desde los que se supone la Policía Nacional Civil debe combatir ese tipo de crimen El Salvador volvió a perder la oportunidad de detener 20 años de penetración y corrupción en la Policía… De revertir la infiltración a la que el mismo Presidente Funes había llamado “la principal amenaza a nuestra estabilidad democrática”.

Epílogo

Era una de las entrevistas más importantes. También de las más difíciles de conseguir. Tuvo que intervenir un viejo amigo, ex funcionario salvadoreño de nivel ministerial para que el investigador, al que aquí llamaré Dragón, aceptara sentarse conmigo en un restaurante del centro de San Salvador a hablar de las cosas que ha visto durante 17 años investigando crímenes financieros, corrupción institucional y redes de narcotráfico en El Salvador.

Dragón es un tipo esquivo. Quizá por la recomendación con la que llegué o porque, como él me dijo en aquella comida, “sí de verdad escribís eso al menos será algo”, en poco más de dos horas alcanzó a confirmar investigaciones contra altos oficiales de la Policía, esquemas de lavado de dinero que involucran casi siempre a empresas legítimas, micro, medianas y grandes.

Los datos, la corroboración de hechos y tendencias, que Dragón me dio fueron de vital importancia para este libro. Pero acaso lo más valioso fue entender, de un hombre que ha visto de todo en este tema y se sabe casi de memoria los ciclos de operación del crimen organizado salvadoreño, que la ligazón entre el corruptor y el corrupto es parte ya del ADN del sistema político salvadoreño, y que su principal mecanismo de defensa ha sido mantener viva la impunidad entre otras vías restando capacidad de investigación a la fuerza pública.

“Aquí, me dijo hemos creado un sistema que nos sirve para no investigar. Lo que hemos creado en El Salvador es un sistema para no investigar las cosas en serio. Nunca lo hemos hecho”, me dijo, inclinándose un poco sobre el plato de carne y arroz.

De todos y cada uno de los oficiales de Policía listados en la lista que la Inspectoría General de la PNC entregó a Casa Presidencial en 2010, Dragón tiene una anécdota. Uno, dice, no podía explicar cómo compró una casa de poco menos de 100,000 dólares en efectivo. Otro dijo que dos caballos pura sangre habían sido regalos. Uno más que había comprado un carro rojo último modelo gracias a “un dinerito” que había ganado dando capacitaciones en México. Y los hubo, cuenta, quienes se dedicaban al “poquiteo”: “se robaban cosas que le decomisaban a maleantes de poca monta para luego venderlas”. Dragón cuenta cada historia con una mueca que pasa por sonrisa sardónica.

¿La penetración política? Claro, dice, evidente, demostrable. Pero, de nuevo, insiste: “aquí todo está hecho para no investigar… para encubrir, pues”.

La violación y muerte de Katya Miranda. Evasión fiscal de 8 millones de una empresa constructora. Compras de granos que el mismo estado hace desde hace al menos tres quinquenios a Daniel Reyes o a José Adán Salazar para cubrir la demanda interna. Las fugas de Reynerio Flores o José Misael Cisneros. Todas las empresas fachadas de seguridad, autolotes, agroservicios, deportivas ligadas a narcos o políticos que “no aguantan la más mínima fiscalización si se hiciera en serio”. Todo, dice este hombre, podría terminar en investigaciones fuertes. En cárcel.

“Pero te repito”, insiste Dragón casi al final del almuerzo como quien explica una verdad evidente a alguien sin mucho brillo, “el sistema de no investigar se ha mantenido siempre y en todos lados”.

¿Cambiarlo? “Esa es una decisión política que tiene que venir del Presidente de la República”… Dragón sonríe, piensa unos segundos, y completa: “pero de verdad”.


Notas:

[1] Ver Capítulo 4ª.

[2] Ver Soriano, Antonio. “Pide investigar si nombrado por Salinas tiene nexo narco”. Diario El Mundo, 29 de mayo de 2013.

[3] Informe Ejecutivo sobre Principales Medidas Implementadas en el Proceso de Saneamiento de la Policía Nacional Civil. Inspectoría General de la Policía Nacional Civil. 24 de septiembre de 2010. Documento a disposición.

[4] El 30 de agosto de 2006, Navas Umaña y el abogado David Morales (desde 2009 a la fecha director de Derechos Humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores), en representación de 6 desaparecidos durante el conflicto armando, demandaron, entre otros al ex ministro de Defensa, general José Guillermo García, y al ex director de la Guardia Nacional,  general Eugenio Vides Casanova. Ambos militares han sido juzgados por fraude migratorio en los Estados Unidos, donde cortes distritales de la Florida estudian su expatriación en virtud de crímenes cometidos durante la guerra salvadoreña.

[5] De origen “civil”, es decir que entró a la Policía sin ser cuota del FMLN o el Ejército, pero afin al FMLN. Según fuentes de ese partido, antes de que Funes ganara la presidencia, Barrera era uno de los candidatos a ocupar la dirección general de la PNC.

[6] Uno de los primeros jefes de la División de Investigación Criminal. En su época la DIC recibió acusaciones de obstruir algunas investigaciones y de favorecer a oficiales vinculados al sicariato.

[7] Cabrera Soriano era el jefe del Grupo Especial Antinarcotráfico cuando inició en 2002 la investigación de los contrabandistas de oriente a los que luego se conocería como Los Perrones.

[8] García Funes fue el primer jefe del Centro Transnacional Antipandillas, unidad financida por Estados Unidos y por tanto supervisada por el FBI y el Departamento de Justicia.

[9] González Rodríguez fue el subdirector durante la gestión de Ricardo Menesses Orellana y uno de los más entusiastas ejecutores de la política Mano Dura del Presidente Francisco Flores

[10] Rodríguez Peraza fue brevemente jefe de la DAN; su nombre aparece mencionado en el artículo en el que el periódico digital El Faro reveló la existencia del Cartel de Texis.

[11] Apuntar números de capítulos.

[12] Ver Silva Ávalos, Héctor. “Tijuana en El Salvador”. Revista Séptimo Sentido. La Prensa Gráfica, 24 de agosto de 2008.

[13] Chucho es un término coloquial que los salvadoreños usan para referirse a los perros, el cual sigue siendo utilizado por investigadores, periodistas, fiscales y policías para referirse a la banda de oriente.

[14] Entrevista con el autor. Agosto 2013.

[15] En un correo fechado el 2 de septiembre de 2008, enviado a las 6.59 pm, Menesses escribe a Tobar Prieto: “Quisiera informarte que al salir de la Policía… el Señor Presidente me ofreció un apoyo económico que me sirve para cubrir mis compromisos en El Salvador… espero que todo siga normal.”  Copia del correo en poder del autor.

[16] Ver Capítulo 7.

[17] Ver Diario Oficial de El Salvador. Tomo 388, número 178, San Salvador, 24 de septiembre de 2010. Página 4.

[18] Testimonio de Escritura Pública número 131 del año 2003 del libro de protocolo del licenciado Raúl Eduardo Benítez Denis, abogado y notario. Copia del documento en poder del autor.

[19] Ver “Usan a inteligencia del estado contra jefe CAT”. El Diario de Hoy, 6 de septiembre 2010.

[20] El Diccionario de la Real Academia Española indica que tamal puede significar intriga.

[21] Ver Guzmán, Jessica. “Hay interés en la Asamblea para evitar que la PNC sea saneada”. Diario La Página, 1 de abril de 2011.

[22] Leahy, Patrick. United States Senator for Vermont. Statement on El Salvador, 11 de diciembre de 2009. www.leahy.senate.gov/press/statement -on-el-salvador

[23] Ver “Resolución de Inconstitucionalidad 85-2010”.  Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recibido por la Gerencia de Operaciones Legislativas de la Asamblea Legislativa a las 10:15 am del 26 de mayo de 2011.

[24] Rovira fue nombrado director el 5 de febrero de 2008 para sustituir a Rodrigo Ávila -quien había dejado la PNC para competir en la primaria de ARENA por la candidatura a la Presidencia de la República-, y renunció el 23 de agosto de ese año en medio de acusaciones públicas de corrupción contra él y sus asesores.

[25] Entrevista con el autor. San Salvador. Agosto de 2013.

[26]  Se omite su nombre por razones de seguridad. Este oficial siguió de cerca la investigación del grupo de narcotraficantes Cartel de Texis en 2011 y también conoció de algunos hechos de violencia relacionados a la reestructuración de la banda Los Perrones en el oriente de El Salvador. Entrevisté a este oficial en San Salvador dos veces.

[27] Documento disponible.

[28] En un memo interno de Casa Presidencial, según fuentes de la casa de gobierno,  Luis Verdi, encargado de la imagen presidencial y uno de los asesores más cercanos de Funes, fue advertido de que Cornejo Ayala había ordenado a agentes del OIE seguirlo. Correo disponible.

[29] El general Salinas firmó de su puño y letra la orden de traspaso. Documento disponible.

[30] Documento propuesta sobre creación de unidad especializada contra el crimen organizado en el Centro de Inteligencia Policial de la PNC, elaborado en Diciembre de 2011.

[31] Ver Capítulo 8.

[32] Ver Silva Ávalos, Héctor. “Medio Millón, nexo de pandillas con narcos: EUA”. La Prensa Gráfica, 17 de junio de 2013.

[33] Ver “Treasury Department sanctions significant MS13 members”. Immigration and Customs Enforcement, Department of Homeland Security. Washington, DC. 5 de junio de 2013.

[34] Entre la segunda mitad de 2009 y los primeros meses de 2012, el CIP y la OIE elaboraron  al menos 154 informes relacionados solo a pandillas.

[35]Medio Millón fue deportado de Estados Unidos el 16 de febrero de 2007. En mayo de 2012 fue detenido y acusado de homicidio, pero el caso ya fue desechado por un juez de paz. Antes de eso, un operativo de captura falló por filtraciones desde la PNC. Memo de Inteligencia. Documento disponible.

[36] En 2001, tras denuncias del Ministerio de Educación, la Fiscalía General de la República nombró a un fiscal especial, el doctor Roberto Vidales, para que investigara la extensión de títulos falsos o irregulares en universidades salvadoreñas. En su reporte final, del 25 de junio de ese año y titulado “Informe sobre la investigación de títulos irregulares de licenciatura de Ciencias Jurídicas realizada por la Fiscalía General de la República, Vidales lista a Carlos Rodolfo Linares Ascencio como portador de título irregular extendido por la Universidad Las Américas. Op., Cit. Página 88.

[37] Ver Membreño, Tania. “Munguía Payés defiende cambios en la PNC”. La Prensa Gráfica, 31 de enero de 2012.

[38] Ver Redacción de Nación. “13 detenidos más ligados a banda de robo de autos del Burro Herrera”. La Prensa Gráfica, 24 de julio de 2013. Y Silva Ávalos, Héctor. “El Burro Herrera,  ¿La tapadera de la cloaca? InSightCrime, 5 de agosto de 2013.

[39] Una fuente cercana al despacho del ministro de Seguridad y al despacho presidencial asegura que el ministro Perdomo informó al Presidente Funes que Sandoval Villeda denunció al menos a un jefe regional destacado en occidente. Y lo hizo en presencia del general Munguía Payés, entonces asesor del Presidente.

[40]Ver  http://hectorsilvavalos.blogspot.com/2012/11/el-dia-que-capturaron-al-burro.html

[41] Ver Reporte de la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado. 2013.

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