La democracia de unos pocos

La democracia salvadoreña está secuestrada. Lo describe de esa manera el más reciente informe sobre riqueza extrema y desigualdad publicado por la internacional Oxfam.

Está secuestrada por la influencia del dinero. Sin importar el color del gobierno en turno, el poder económico, representado en el establishment empresarial criollo y extranjero, ha demostrado ser capaz de imponer su agenda por encima de cualquier intención de hacer “justicia social”.

A pesar de que El Salvador es uno de los países que en los últimos años ha intentado distribuir equitativamente el ingreso en la región más desigual del planeta, lo ha hecho de una manera tímida y marginal.

Según datos recogidos por Oxfam, a partir del informe de Wealth-X, sobre la extrema riqueza global, en el 2014 el ingreso anual de cada uno de los 160 multimillonarios salvadoreños era 4 mil veces mayor al ingreso de los hogares más pobres. En conjunto, los multimillonarios acumulaban una riqueza de 21 mil millones de dólares, lo que representaba cerca de 9 de cada 10 dólares del Producto Interno Bruto nacional.

En principio, estas cifras no espantan a nadie que conozca las consecuencias del esquema de acumulación privada capitalista en el que se inserta la economía salvadoreña. Sin embargo, lo alarmante del asunto es que cuando se compara la riqueza de los multimillonarios con la inversión realizada por el Estado, nos enteramos de que el patrimonio neto de 160 personas representa más de 18 veces el gasto en la salud pública.

Ahora, ¿cuál es el problema?

El gobierno no presenta cifras oficiales sobre la acumulación de la riqueza en pocas manos. Muchos menos lo vemos decididamente buscando el apoyo popular para impulsar reformas fiscales sobre el ingreso y el patrimonio, lo que permitiría financiar el combate a la pobreza.

El problema radica ahí mismo, en la voluntad. Actualmente el gasto público es financiado en su mayoría a través de impuestos. De cada 10 dólares que ingresan a la Hacienda Pública por la vía de tributos, 6 son aportados por los consumidores, es decir, por la población en general, y solo 4 restantes tienen un enfoque proporcional al ingreso del contribuyente, en donde los que ganan más, aportan más.

El esquema de impuestos en El Salvador es regresivo. Beneficia a los extremadamente ricos y perjudica extremadamente a los pobres.

La propuesta de Presupuesto General de la Nación para 2016 destaca que los ingresos generados por impuestos no sobrepasarán el 16.3 por ciento del PIB, muy por debajo de la media latinoamericana que excede el 25 por ciento, y abismalmente distanciada de los países aglutinados en la OCDE, en donde sobrepasa el 35 por ciento.

Por si fuera poco, en los próximos días se sumarán nuevas iniciativas a las más de 20 leyes que permiten a grandes empresas no pagar impuestos. La elusión como instrumento legal ha sido utilizada de manera arbitraria, porque a la fecha ni un solo gobierno ha rendido cuentas a la población sobre los resultados que ha dejado al país, el hecho de que grandes empresas no contribuyan a las finanzas públicas con sus millonarias utilidades.

Es real. El poder de las élites económicas tiene influencia en las decisiones políticas. Hoy por hoy es inmune a la redistribución de la riqueza. Su principal injerencia en el Estado la hace a través del financiamiento de los partidos políticos. Una moneda de cambio ideal para su sometimiento.

El secuestro de la democracia se sustenta en un círculo vicioso que no distingue colores partidarios. Romper con esta injusticia exige de liderazgos con independencia de las élites, promotores de nuevas instituciones y, sobre todo, con un sentido popular de la democracia.