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La defensoría de los pobres está ahogada

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¿Un defensor público que recibe más de 200 casos nuevos cada año puede garantizar el debido proceso? La respuesta llega desde la misma Procuraduría General de la República (PGR), y es tajante: no, no puede. La precariedad de la institución, que en parte se encarga de defender a los que no pueden pagar un abogado particular, es tal que muchas veces las diligencias para probar la inocencia son hechas por los familiares de los mismos acusados. 

Foto ilustración FACTUM/Salvador Meléndez

Todos los días, la unidad de Defensoría Pública de Chalatenango y sus ocho procuradores tienen que hacer malabares para cubrir, con solo dos carros,  las  audiencias judiciales en los 33 municipios del departamento. Por eso el coordinador de esa oficina se pone de acuerdo con el coordinador de la Fiscalía, piden un vehículo prestado al jefe policial, ven a dónde tienen que ir primero, y establecen una ruta logística. De esta forma, defensor y fiscal, partes enfrentadas en los procesos judiciales, hacen el recorrido juntos para no faltar a ninguna de las audiencias. Y esta deficiencia, una más en la larga lista de necesidades, se repite en las 17 oficinas de la PGR distribuidas por el territorio nacional. La precariedad se ha vuelto parte de la rutina.

“¿Qué ocurre cuando ve el imputado bajarse del vehículo de la Policía, al fiscal y al defensor que va para esa audiencia?”, se pregunta Kenia de Palacios, coordinadora de la Unidad de la Defensoría Pública Penal. “Entra una natural desconfianza; cuando no es así, tenemos personal con mucho compromiso y desarrollo profesional”.

La falta de recursos, y la demanda creciente del órgano judicial durante los últimos años, ha impactado en la defensoría pública, la Procuraduría, la encargada de velar por el derecho en ocho de cada 10 casos que ingresan al sistema penal, según sus autoridades. Esta situación afecta directamente a la población de escasos recursos, la que vive en zonas pobres y violentas, la que no puede pagar los servicios de un abogado particular en la mayoría de casos.

Y es que con solo 268 defensores penales y un promedio de 60,000 casos al año, es decir, 224 expedientes por cabeza, asistir a todas las personas detenidas, investigar todos los casos, lograr pruebas de descargo y llegar a todas las audiencias no es solo una tarea titánica; es algo casi imposible.

Por eso, De Palacios solicitó aumentar en 174 las plazas para esta unidad como parte del presupuesto de la PGR para 2017. La mayoría son para contratar a más defensores y  motoristas, entre otros puestos administrativos que también son clave para el trabajo diario.

Sin embargo el proyecto de presupuesto revisado por el Ministerio de Hacienda recortó en más de $500,000 los fondos institucionales.

Para los usuarios y el público en general esas carencias se traducen en procuradores que no llegan a las audiencias o que, cuando lo hacen, no conocen los casos porque apenas tienen tiempo para preparar una buena defensa.

Pero no siempre fue así. Los procuradores pasaron de ser los abogados mejor preparados para el manejo del Código Penal y el Código Procesal Penal de 1998, cuando su defensa técnica era muy apreciada por el gremio, a concentrar todas las deficiencias del sistema en una sola figura, la del defensor público. La evolución del crimen en el país ha sido clave para deformar esta labor.

“El sistema para el que estaba hecha la Procuraduría, con todas las reformas que ha tenido, ya no es este sistema. Porque si bien la institución ya existía, tuvo su propia reforma institucional a partir de 1998; (…) pero no se actualizó a la defensoría pública. Y con las políticas represivas que han llevado a una secuencia, con cambios de nombre, pero el flujo de reos siempre tiende a la alza con los planos Mano Dura, Súper Mano Dura, la proscripción de pandillas, los tribunales especializados, entonces han saturado”, sostiene el abogado Pedro Cruz, presidente de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (Asdehu) y ex fiscal de la República.

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 “Este mes tengo como 50 expedientes: 12 para vista pública, seis para audiencias preliminares; porque gracias a dios estos días me han salido delitos pequeños y los demás están en instrucción”, señala una defensora del área metropolitana de San Salvador.

Para esta defensora, que ha pedido no ser identificada, trabajar bajo estas condiciones es frustrante. Los procuradores, considera, son los primeros en violar los derechos de los imputados al no poder garantizar algo tan simple como una llamada. En las oficinas hay teléfonos fijos, que no tienen salida para llamar a celulares, por lo que muchos imputados no pueden hablar con sus familiares.

“Muchas veces….yo tengo aquí.., – mete la mano en su bolso y busca algo, finalmente saca un teléfono inteligente pero de un modelo antiguo con una funda colorida – a mí me dicen: no lo hagás, es protección de uno. Sí, pero este es mi teléfono que yo llevo para los familiares de los imputados.  Entonces yo se lo doy a quien yo creo conveniente y según hago mi estudio”.

La defensora muestra la lista de contactos en su teléfono, y todos tienen clave y el municipio de dónde son originarios. Dice que pasan dificultades económicas para poder llegar a la oficina y reunirse con ella, por eso toma este tipo de riesgos.

“Muchas veces tenemos que jugárnosla por ser humanizados y es difícil porque son familiares de pandilleros y hay que ayudarles, pero no todos son pandilleros y malos. Muchas veces lo he hecho porque me urge salvar a esta persona. Ahí viene la pasión del trabajo. Muchas veces el carácter se nos sale lo enojado, nos sale pelearnos con el jefe, con los compañeros. ¿Por qué? Porque nosotros queremos mejorar las cosas, no solamente hacer lo más fácil, sino que, por ejemplo, ahora me tocó un señor que no sé si es víctima o victimario, está como victimario pero él parecía la víctima. Y la verdad es muy difícil de tratar…”, dice con frustración.

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José Agapito Ruano Torres, un albañil de Guazapa, se hizo famoso por cumplir una condena de 15 años por un secuestro en el que nunca se pudo probar su autoría. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en octubre de 2015, declaró al Estado salvadoreño responsable por violar el derecho a la integridad personal y la prohibición de la tortura, el derecho a la libertad personal, a la presunción de inocencia, a la defensa y a la protección judicial, entre otras violaciones.

Según la sentencia de la Corte IDH, Ruano Torres fue condenado “por el delito de secuestro cometido el 22 de agosto de 2000, con serias dudas sobre si él era efectivamente la persona apodada El Chopo, respecto de la cual se alegaba que había participado en la comisión del delito”.

Ahora, el Estado tiene que pagar $300,000 a Ruano Torres en concepto de reparación, así como darle asistencia psicológica y otorgar becas de estudio para él y su familia. Al Estado la Corte también le demanda que mejore la selección y formación de los defensores públicos, entre otras órdenes. Una de las más conocidas ha sido la colocación de una placa a la entrada del edificio central de la PGR, “con el propósito de despertar la conciencia institucional para evitar la repetición de hechos como los ocurridos en el presente caso”, señala la sentencia.

Pero la sentencia de la Corte IDH no hubiera sido posible sin el apoyo de Pedro Torres Hércules, un primo de José Agapito. Torres es albañil y tiene un puesto de licuados energéticos en una calle de San Martín, al este de San Salvador. Las paredes del pequeño local, al que apenas llegan clientes, están cubiertas de páginas donde ha impreso frases motivadoras, otras religiosas, algunas pacifistas. Entre todos los rótulos destaca uno que aparece repetido varias veces: “Asesoría en Derechos Humanos”.

Pocos creerían que este hombre de pequeña estatura, 56 años, con estudios básicos, fue quien logró llevar el caso hasta la Corte IDH. Porque Torres nunca dejó de creer en la inocencia de José Agapito, aunque para ello tuviera que mudarse desde Belice, donde vivía junto a su madre, mujer e hijos, perdiendo así el derecho a la residencia porque, según dice, “no podía permitir esa injusticia”.

“Usted va a ver, agarran a alguien solamente porque iba pasando por el lugar de los hechos. Y a este se le hacen los cargos a como dé lugar, ¿quién lo hace? La Fiscalía. El policía cumple con su deber, como sospechosos ¿Sabe qué? No hay ninguna prueba, pero la Fiscalía la puede fabricar. Eso es lo que hicieron en el caso de José Agapito Ruano Torres, fabricaron pruebas para vencerlo en juicio. No les importó. Yo les dije, ‘señores están equivocados, reorienten la investigación’. Los de la Procuraduría, la defensa, dijeron que no había ninguna equivocación, que era el líder de la banda, que no había testimonio que valiera ante el dicho de un testigo”, se queja Torres.

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El puesto de Pedro Torres, primo de Agapito Ruano, donde combina la venta de licuados con asesoría jurídica. Foto FACTUM/María Cidón

Pero la lucha de Torres no se detuvo: “Me voy al juzgado y les importó poco, en la etapa de instrucción y en la etapa de juicio, y me dirijo al tribunal segundo de sentencia. En ese tiempo estoy metiendo escritos ante la Sala de lo Constitucional, ampliando el Hábeas Corpus que a temprana hora se puso, tampoco les importó. (…) Entonces, ¿qué le puedo yo decir? El sistema salvadoreño no ha tenido ningún argumento válido, por eso el Estado tuvo que allanarse”.

Las asesorías que brinda Pedro Torres son gratuitas. Él se identifica como un férreo defensor de los derechos humanos, sin interés en la política. Dice que su lema es la justicia. Señala que en el contexto en que se dio el caso de su primo, se “logró una condena social masiva hacia este tipo de delitos (secuestros), (y) lo que se buscaba era endurecer la penas y bueno, lo consiguieron, endurecieron el Código Penal, lo que no hicieron fue mejorar la investigación”.

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Con el nuevo Código Penal, aprobado en 1998, la PGR dejó de contar con la figura del investigador de delito. Los investigadores, que debían tener formación en técnicas policiales, eran un apoyo fundamental para los defensores públicos. Al desaparecer,  las labores de investigación recayeron en los mismos defensores quienes, al no tener tiempo suficiente para cubrir audiencias y hacer indagaciones, han ido delegando esa responsabilidad en los familiares de los acusados, aunque muchos no cuenten con dinero suficiente para desplazarse en bus, hacer fotocopias y recoger otras pruebas. Así como tuvo que hacer Pedro Torres para defender a su primo José Agapito.

“No tenemos los recursos adecuados de motoristas, tampoco tenemos una estructura muy moderna, no tenemos una sala de atención al usuario como muchas procuradurías, quitaron el papel de los investigadores que era muy importante. Recuerdo un caso donde el imputado me dijo: ‘donde dicen que yo maté hay una cuadra, pero en realidad no se puede ver, se mira un precipicio, no se puede ver por la curva’. Entonces ellos iban a investigar todo eso. Ahora los familiares son los que tienen que investigar todo eso. Ellos (…) nos ayudaban a nosotros a traer antecedentes penales, a entrevistar testigos, a alguna diligencia por ejemplo a Sertracen y (…) me tiene que ayudar la familia del imputado, pero es de tan bajos recursos que a veces uno le da los recursos”, dice la defensora pública que se frustra.

La Unidad de Defensoría Pública Penal recibe $6.7 millones, el 26.5% del presupuesto total de la PGR. La mayoría se destina al pago de salarios.  Para el próximo año, De Palacios ha solicitado la contratación de 47 investigadores del delito, pero el recorte de fondos ha cerrado por el momento esa posibilidad.

“A veces creo que es un sistema un tanto perverso que pretende limitar el accionar de la defensa pública para que parezca como que es un Estado que está luchando, que está reprimiendo el delito. Sí, qué bueno que lo haga, pero debe garantizar al mismo tiempo, el juicio previo, el debido proceso, el respeto a la garantías fundamentales de la persona. Porque no todo el que es detenido o procesado, es responsable y de eso nos tenemos que encargar nosotros”, sostiene De Palacios.

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El repunte de la criminalidad y la represión de los cuerpos de seguridad han aumentado la carga laboral de la PGR. Por ejemplo, las capturas administrativas han subido un 38.8 %, totalizando 5,497 detenciones entre enero y octubre de este año, según balance reciente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP). Y una gran parte de estas personas reciben la asistencia de defensores públicos desde el momento en que son detenidos.

Sin embargo, el presupuesto de la PGR no ha crecido de acuerdo al aumento de la demanda. El presupuesto estimado para 2017 por el Ministerio de Hacienda recortó los fondos para la Procuraduría, así como las carteras de Salud, Educación, Seguridad Pública y Medio Ambiente, entre otras.

De las tres instituciones que conforman el Ministerio Público: PGR, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y Fiscalía General de la República (FGR), solamente esta última ha visto su presupuesto aumentado, pasando de $62.7 millones a $68.8 millones para 2017.

“La Fiscalía tiene un presupuesto destinado para todo el monopolio de la acción penal, porque ellos lo tienen. Pero nosotros, al mismo tiempo, solamente una parte de todos nuestros servicios es defensoría pública y nosotros nos hemos basado en esto, donde haya un fiscal haciendo su deber de acusar, de ver los intereses del Estado, tendrá que haber un defensor (…) Y no me refiero a una defensa formal, para salir del paso, sino una defensa técnica, adecuada, donde se garanticen todos los derechos humanos de las personas defendidas”, dijo recientemente la procuradora general, Sonia de Madriz.

Según un informe de la Unidad Financiera de la PGR, el presupuesto estimado ha recortado fondos para remuneraciones y  adquisición de bienes y servicios, dejando un total de $24.7 millones para 2017, una reducción de $501,238 respecto al actual presupuesto. En una nota adjunta se especifica que el recorte de $383, 810 en remuneraciones “corresponderían a los fondos que financiarían el próximo año 2017, el primero desembolso del bono equivalente a $300 para cada uno de los empleados y empleadas de la PGR”, señala el informe con fecha del 5 de octubre.

En septiembre pasado, el Sindicato de Trabajadores de la PGR convocó a un paro de labores para exigir un aumento del presupuesto alegando la falta de fondos para hacer al pago de facturas. Unos días antes, la procuradora general dijo que la institución tenía un déficit de $1.2 millones y que en los últimos meses del año se hacía necesario pedir un refuerzo para pagar servicios y proveedores, deuda que se cancela con el presupuesto del año siguiente. La funcionaria apoyaba entonces la propuesta de reforma constitucional para que las instituciones del Ministerio Pública pasaran a formar parte del órgano Judicial y absorber así el 6% del presupuesto designado para el ramo, según informó La Prensa Gráfica.

 

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