La idea de una CICIG que funcione en Centroamérica, como una medida para combatir la corrupción y la creciente penetración del crimen organizado en la región, con especial énfasis en el Triángulo Norte, ha aparecido nuevamente. Una idea que apoyaría la actual administración estadounidense, si encontrara -tal como han dicho funcionarios de alto nivel- apoyo en los países que deberían estar interesados. La posibilidad de una CICIG en El Salvador, al estilo de la guatemalteca, de hecho no es nueva. Una propuesta similar fue presentada por el propio gobierno salvadoreño en 2010 por el entonces presidente Funes. No cuajó. El 13 de mayo de 2013, el periodista Héctor Silva Ávalos presentó su libro “Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC”, en el que cuenta cómo se frustró ese primer intentó de una CICIG a la salvadoreña
A continuación, Factum reproduce parte del primer capítulo de “Infiltrados” donde se explica este suceso.
La PNC fue creada por los Acuerdos para sustituir a la Policía Nacional, la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional, los tres cuerpos de seguridad dependientes de las Fuerzas Armadas, a lo que la Comisión de la Verdad señaló como autores de graves violaciones de a los derechos humanos, asesinatos extrajudiciales y masacres.[1]
Se suponía, en el papel, que la PNC sería la punta de lanza de una nueva cultura de paz; que debido a su cercanía con la gente el rol de la nueva Policía sería esencial en el proceso de democratización del país: en la PNC descansaba el estado para aplicar las nuevas leyes, ganar la confianza de la población civil y, al final, para legitimar su derecho a usar la fuerza para mantener el orden y hacer valer la legalidad en la posguerra, que se preveía turbulenta. Si la PNC fallaba, dijo en su momento la ONU, todo el proceso podía verse amenazado en el futuro.
La principal conclusión de este libro es que la PNC falló y que, de hecho, el proceso salvadoreño, el de consolidación de su paz y su democracia, es incompleto y débil por esa falla.
La PNC fue capaz de trascender el status quo previo: es, sí, una policía más profesional, menos rudimentaria, más capaz, democrática, profesional y orientada a los ciudadanos que sus tres antecesoras militares, la Policía Nacional, la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional. Esto tampoco es mucho decir. El cambio, además, no debería atribuirse a las élites políticas salvadoreñas, de derecha o izquierda, ni al liderazgo de la PNC. Fueron la comunidad internacional, representada por la ONU, por la incipiente sociedad civil salvadoreña e incluso por las víctimas mismas de los abusos policiales y por unos pocos policías visionarios, los que impidieron la regresión absoluta de la PNC. Las buenas noticias, sin embargo, acaban ahí.
La investigación plasmada en este libro permite sostener que la PNC ha fracasado. Fracasó en la tarea de construir una nueva cultura de aplicación de la ley y en la de cambiar la conducta de sus oficiales. Fracasó en la tarea de crear métodos efectivos de depuración interna. Y, con consecuencias devastadoras para su misión de perseguir y prevenir la actividad criminal, la PNC falló en su tarea de entrenar agentes capaces de investigar y castigar a los transgresores de la ley sin importar sus conexiones políticas, ideologías o su estatus económico o social. Como sus antecesores, la PNC se especializó en obstruir la justicia y garantizar la impunidad para aquellos con suficiente influencia o dinero.
Como la ONU predijo al enumerar una y otra vez los riesgos de que la PNC naciera contaminada o sin herramientas eficaces para limpiarse a sí misma, y como advirtieron algunos funcionarios extranjeros al señalar la falta de voluntad política de sucesivos gobiernos para fortalecer una fuerza pública independiente y profesional, la debilidad institucional pasó factura: fue por la Policía por donde el crimen organizado transnacional, sobre todo organizaciones de narcotráfico y lavado de dinero, penetraron el sistema de partidos políticos y el tejido social.
Esta crónica empieza en 1992, cuando el Gobierno de Alfredo Cristiani, con el aval del FMLN, irrespetaron los Acuerdos de Paz al permitir el ingreso a la PNC de una tanda de oficiales procedentes de los cuerpos militares de seguridad. Y culmina en el quinquenio del presidente Mauricio Funes, quien desperdició la única oportunidad real de depuración que había existido en dos décadas de historia de la PNC.
El 24 de septiembre de 2010, el presidente Funes reconoció por primera vez en un foro internacional que el crimen organizado transnacional, en específico el narcotráfico, se había incrustado en las entrañas del Estado salvadoreño. “Es preciso reconocer que los organismos estatales se encuentran infiltrados por el crimen organizado… y que, sin una decidida vocación para combatir esa infiltración en nuestras instituciones, no nos será posible enfrentar los enormes retos que la realidad nos impone”, dijo Mauricio Funes en Nueva York, durante la 64 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los antecesores de presidente Funes en la jefatura de Estado, al referirse a la inseguridad ciudadana y el crimen en El Salvador y Centroamérica, se habían concentrado en las actividades de las maras o pandillas[2]. Las referencia de los anteriores presidentes al crimen o corrupción en el Estado salvadoreño en foros públicos habían sido, si acaso, vagas[3].
El presidente Funes, en su discurso ante la ONU, se refirió a la PNC para ilustrar la infiltración del narcotráfico.
Al referirse a la PNC, el presidente Funes ofreció al pleno de la ONU el proceso de depuración interna que la Inspectoría General ‒institución también creada por los Acuerdos de Paz‒ había iniciado un año antes bajo el liderazgo de la abogada Zaira Navas: “Comenzamos por nuestra propia casa, limpiando las instituciones que, como la Policía, han sido presa de la corrupción y de la compra de voluntades; son funcionarios que deshonraron su posición de servidores públicos y se pusieron al servicio de las drogas, los asesinos y los extorsionistas”, dijo el presidente Funes. [4]
En aquel discurso, el presidente Funes propuso la creación de una comisión internacional para la persecución del crimen organizado con jurisdicción en el Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador. La propuesta, dijo, pasaba por reconocer la incapacidad de los estados nacionales para enfrentar por sí solos el problema de las mafias. El modelo a seguir sería la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), creada cuatro años antes en Guatemala bajo el auspicio de la ONU, que había dicho de ese país que estaba por convertirse en un estado fallido por la infiltración del crimen[5].
Ahí mismo, el presidente Funes anunció que su Gobierno había iniciado contactos con gobiernos amigos para coordinar políticas de represión y prevención del crimen. De hecho, el presidente ya había encomendado a su Ministerio de Relaciones Exteriores y a algunos miembros de su gabinete de seguridad entablar un diálogo con la ONU para emular el modelo CICIG en El Salvador primero, y luego en el Triángulo Norte.
La propuesta del presidente Funes partía, en principio, de admitir que las capacidades institucionales de investigación y persecución del delito del Estado salvadoreño estaban sobrepasadas. La propuesta pues tenía implícitos dos reconocimientos: por un lado, la penetración del crimen organizado en la fuerza pública y, por otro, la debilidad que esta penetración había provocado en el tejido estatal.
Rodrigo Ávila, director de la PNC (1994-1999 y 2006-2008), advirtió el calado de la propuesta del presidente Funes. “Pedir una CICIG para El Salvador es aceptar tácitamente que somos un estado fallido, que reconoce que no ha sido capaz de combatir el crimen”, dijo en una entrevista concedida a un diario local pocos meses después del anuncio[6].
Lo cierto es que en julio de 2010, dos meses antes de la alocución del presidente Funes ante la ONU, un grupo de asesores relacionados con la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNDOC, en inglés) había elaborado una nota conceptual[7] sobre una iniciativa piloto para reproducir la experiencia CICIG en el Triángulo Norte.
Ese borrador deja claro el problema de la infiltración y hace una advertencia: “Las bandas criminales se infiltran y tratan de controlar las instituciones del Estado, en particular las fuerzas de seguridad y el sistema de administración de justicia. El control de las instituciones y la consecuente garantía de impunidad les permite posteriormente extender su control a la sociedad civil, el sector reproductivo y los órganos de representación democráticos”.
Y el primer borrador de una comisión especial contra el crimen organizado que funcionarios salvadoreños elaboraron en octubre de 2010, un mes después de la propuesta del presidente Funes, señalaba que las instituciones nacionales estaban a punto de colapsar: “Este paso parte de un hecho políticamente complicado pero incontrovertible: la Fiscalía General de la República, encargada por mandato constitucional de perseguir el delito, es un ente inoperante en términos generales. Este hecho hace imposible en la práctica que en El Salvador exista, en este momento, una cultura agresiva de combate al crimen”.[8].
Dieciséis años antes, en 1994, otro presidente salvadoreño, Armando Calderón Sol, había hecho un reconocimiento similar cuando El Salvador vivía los años más intensos de su posguerra. A la administración Calderón Sol le tocó administrar y sobrellevar las reticencias internas al acuerdo firmado dos años antes por su predecesor, Alfredo Cristiani, y el FMLN. El terreno de la seguridad pública, en específico la creación de la nueva Policía Nacional Civil y la disolución de la antigua Policía Nacional ‒adscrita al Ejército‒, fue uno de los caminos más escabrosos por los que este presidente y su equipo tuvieron que andar.
Cuando Calderón Sol inició el proceso de formación de la nueva policía estaba rodeado de dudas, la mayoría provocadas por la incorporación de oficiales de los antiguos cuerpos de seguridad sin un adecuado proceso de veto y depuración
De entrada, y para despejar las dudas, el recién inaugurado presidente[9] y sus funcionarios aceptaron en público que el crimen organizado había penetrado a los antiguos cuerpos de seguridad, sobre todo a la Policía Nacional, que aún estaba desplegada en el país, y se comprometieron ante la ONU a acelerar el despliegue total de la PNC y a fortalecer los mecanismos de control internos para garantizar la limpieza institucional.[10]
Hugo Barrera, el viceministro de Seguridad de Calderón Sol, incluso dijo a observadores internacionales que la Policía Nacional había sido la fuerza de seguridad más corrupta y que agentes de la Unidad Ejecutiva Antinarcotráfico (UEA) de esa policía “participaban en asaltos utilizando los carro patrullas y sus uniformes”. “Parece que la Policía Nacional ha estado envuelta en actos de corrupción durante mucho tiempo, y nadie hizo nada por detenerlo”, le dijo Barrera a un observador[11].
En realidad muy poco cambió en la Policía a pesar de las expectativas generadas por los Acuerdos de Paz; a pesar de los esfuerzos de supervisión internacional encabezados por la ONU a través de su misión especial en El Salvador; a pesar de la dedicación de oficiales y observadores españoles, estadounidenses, peruanos, chilenos y de sus colaboradores salvadoreños; a pesar de la cultura de denuncia ciudadana y de algunos espacios de periodismo de investigación que abrieron los medios de comunicación.
Al final, la corrupción que Calderón Sol y Barrera admitieron que existía en los antiguos cuerpos de seguridad se inoculó en la nueva PNC, y el crimen organizado logró infiltrarse hasta los niveles más altos de dirección. Los elementos que habían posibilitado la penetración durante la guerra civil no se desactivaron después del Acuerdo de Paz, y las advertencias públicas y privadas que hizo la ONU terminaron por cumplirse.
Desde el principio, los observadores del proceso de paz y de la creación de la nueva policía ‒respaldados por distintos académicos‒ reconocieron como las principales causas de la infiltración la cultura autoritaria de las policías militares que antecedieron a la PNC[12], la incapacidad para sobreponerse a esa cultura en la formación de la nueva policía, y la capacidad del crimen organizado para mutar del móvil político al económico, para así adecuar el método al rubro de más rentabilidad y para corromper el Estado.
Dos advertencias lanzadas en los primeros años de la posguerra ilustran a cabalidad los riesgos que enfrentaba la PNC en sus albores.
La primera se extrae de las conclusiones a las que llegó el Grupo Conjunto de Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivaciones Políticas, creado por Naciones Unidas en 1993 tras varios asesinatos contra activistas políticos que pusieron en riesgo el proceso de paz. El Grupo advertía de que las estructuras armadas clandestinas que funcionaban desde el Estado seguían operando, y que empezaban a transformarse en estructuras de crimen organizado.
“Son estructuras con suficiente capacidad para permanecer en estado latente si las condiciones lo requieren… la integración de estos grupos y de sus complejas redes de crimen organizado es perceptible, a tal grado que sus actividades políticas son reconciliables con otras cuyos objetivos son puramente criminales”, dice el reporte del Grupo Conjunto.[13]
También especificaba el Grupo Conjunto el otro elemento indispensable para la infiltración: la protección desde el Estado y sus instituciones[14]. “La colaboración y/o tolerancia de miembros de algunas instituciones estatales que proveen cobertura, garantías de impunidad e incluso apoyo logístico y operativo a estas estructuras ilegales, así como un clima de generalizado de corrupción en algunos sectores de la sociedad”.
Para 1994, es cierto, ni la guerrilla ni el Ejército habían vuelto a disparar un arma por razones políticas y, en general, el proceso de pacificación caminaba. Naciones Unidas estaba orgullosa, y en El Salvador se vivía una sensación de cauta esperanza. Había, sí, buenas señales: las primeras elecciones de posguerra habían dejado a Calderón Sol ganador en segunda vuelta sin mayores contratiempos, y el FMLN había entrado como fuerza política en la Asamblea. Un tímido renacimiento cultural, marcado por la apertura de algunos espacios públicos y centros artísticos, animaba la capital. Pero también había amenazas. Muchas.
Para 1994, el FMLN no había entregado aún todo su arsenal[15]; los miembros más corruptos y desesperados de los antiguos cuerpos de seguridad ‒oficiales de alto nivel algunos‒ se involucraban en hechos criminales a plena luz del día[16]; y El Salvador ya se destapaban los primeros casos grandes de tráfico internacional de drogas[17].
La segunda advertencia la hizo ese año un diplomático español que siguió de cerca los cambios en seguridad pública en El Salvador y el proceso de transformaciones de la Policía. El funcionario escribió un contundente despacho a Madrid, parte del cual comentó con un observador de Naciones Unidas en San Salvador[18]. Los contenidos de este despacho y entrevista son otro ejemplo de las advertencias sobre los riesgos que la PNC enfrentaba en sus primeros años.
“El crimen organizado está bien enquistado en El Salvador. Ha habido mucha corrupción en gobiernos anteriores que le ha abierto el espacio al crimen. El narcotráfico es por supuesto el peor y es muy difícil combatirlo. Hay carteles internacionales del tráfico de drogas que están viniendo al país; estos carteles pueden mover más fondos que cualquier agencia del gobierno, así que no es muy difícil para ellos encontrar a quien comprar. Hay que romper la impunidad, pero es poco probable que lleguemos hasta los autores intelectuales. Podemos llegar a los niveles bajos y medios, pero probablemente no a los actores originales. Siempre he dicho que la PNC tiene que homologar pureza con eficiencia. El proyecto está todavía inmaduro y tiene que ganar mucha experiencia antes de poder combatir efectivamente el crimen organizado”, escribió el diplomático.
Dieciseis años después, en 2010, la dramática descripción que el presidente Funes hizo en Nueva York ‒“La Policía ha sido presa de la corrupción y la compra de voluntades… hay funcionarios que se pusieron al servicio de las drogas, los asesinos y los extorsionistas…”‒ dejaban entrever que las advertencias que los observadores hicieron en la década de los noventa habían sido desoídas, y que la corrupción que Calderón Sol y su viceministro Barrera habían reconocido en los cuerpos de seguridad extintos no solo había sobrevivido, sino que se había desarrollado en la nueva policía.
Un año después, en 2011, ante el mismo pleno de Naciones Unidas, cuando el proceso de reforma policial enfrentaba serios obstáculos internos, el presidente Funes insistió en sus intenciones de depurar la PNC. Pero el incipiente proceso comenzaba a ser boicoteado.
La Inspectoría General de la PNC, que entre 2009 y 2010 había abierto expedientes a 20 oficiales de alto rango acusados de connivencia con el narcotráfico y otros delitos, empezó a recibir acoso político desde la Asamblea Legislativa. Partidos afines a la derecha en el congreso habían formado una comisión especial para investigar a la Inspectoría General con el argumento de que todo se trataba de una estratagema del primer gobierno de izquierda para perseguir a oficiales provenientes del ejército.
Parecía, sin embargo, que el Gobierno del presidente Funes mantenía timón firme en su intención de investigar a fondo. Parecía que, por primera vez en dos décadas, un capítulo diferente se escribiría en la PNC. La Inspectoría acumulaba, entre 2009 y 2010, expedientes contra mandos policiales, incluidos dos directores, tres subdirectores, dos jefes de la División de Investigaciones Criminales, un jefe de la Inteligencia Policial, tres directores de la División Anti Narcotráfico, dos jefes del Grupo Especial Antinarcotráfico[19], el jefe del Centro Antipandillas Transnacional[20] y varios jefes regionales.
La lista estaba formada en su mayoría por oficiales provenientes del Ejército y de los antiguos cuerpos de seguridad, lo cual en realidad no es extraño si se piensa que fue hasta 2009, cuando el FMLN ganó la Presidencia, que oficiales exguerrilleros ocuparon puestos de dirección y subdirección ‒salvo contadas excepciones‒ o jefaturas de división; no obstante, la lista incluye a tres oficiales provenientes de las filas del FMLN[21].
En el listado, además, hay reincidentes: oficiales que ya habían sido investigados en administraciones de gobiernos de ARENA, incluso enfrentado procesos penales ‒de los que siempre salieron bien librados‒ por delitos como la ocultación de evidencia y obstrucción de justicia, asociaciones ilícitas relacionadas con grupos paramilitares de limpieza social o acoso sexual.
El presidente Funes, ante las acusaciones de intencionalidad política, fue enérgico en la defensa de la inspectora policial, Zaira Navas. “Qué se busca con echar un manto de sospecha contra quienes están ejecutando una labor tan importante para separar de la fuerza policial a los cómplices y colaboradores del crimen”, dijo el presidente el día que la Corte Suprema de Justicia recibió un recurso de inconstitucionalidad contra la comisión legislativa que investigaba a la Inspectoría.[22]
En Washington, el representante demócrata James McGovern de Massachusetts, quien ha seguido de cerca la política salvadoreña desde que fue uno de los coordinadores de la fuerza de tarea dirigida por el congresista Joseph Moakley que investigó el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) a manos del Ejército en noviembre de 1989, también defendió los intentos de reforma policial y depuración emprendidos por la inspectora Zaira Navas.
El senador demócrata Patrick Leahy, del estado de Vermont, también respaldó la labor de Navas e introdujo un texto de apoyo al pleno del Senado en diciembre de 2009, solo seis meses después de la toma de posesión del presidente Funes.
“La inspectora general Navas ha suspendido a más de 150 oficiales de policía. Estas ‘manzanas podridas’ están bajo investigación por corrupción y por sus vínculos con organizaciones criminales de narcotráfico. En lugar de apoyar este esfuerzo por limpiar la policía, fuerzas intransigentes han decidido crear una comisión en el seno de la Asamblea Nacional para investigar a la Inspectora General. Esta acción ha sido acompañada con nuevas amenazas de muerte… Creo que la Inspectora Navas está tomando acciones valientes, por lo que insto al Departamento de Estado y a la embajada de los Estados Unidos en El Salvador a seguirla apoyando en sus esfuerzos”, leyó McGovern su pronunciamiento ante el pleno de la Cámara de Representantes en Washington el 29 de septiembre de 2010.[23]
En mayo de 2011, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia decretó que la comisión legislativa que investigaba la Inspectoría era ilegal y ordenó su disolución[24]. No fue de ahí de dónde vino el golpe de gracia contra el único intento real de depuración y limpieza en la PNC: fue el propio presidente Funes quien, en un giro radical y tras nombrar a dos militares al mando del gabinete de seguridad en 2012, permitió que estos desautorizaran todo el trabajo de investigación de Navas.
El 28 de agosto de 2012, en el único acto público del que fue parte desde que fue nombrado un mes antes hata que renunció en agosto de 2013, el sustituto de Zaira Navas, el ex juez Carlos Linares Ascencio, leyó ante las cámaras de la televisión salvadoreña un comunicado en el que informaba que las investigaciones contra los altos mandos de la PNC quedaban cerrados “por no existir méritos para presentar petición razonada ante el tribunal disciplinario competente”[25]. No hay, ni en el comunicado ni en las declaraciones del nuevo inspector, refutaciones al fondo de las investigaciones abiertas en alguno de los expedientes abiertos contra once comisionados, cinco subcomisionados, dos inspectores y tres subinspectores.
Este libro aspira a convertirse en una revisión de ese ciclo de infiltración del crimen en la PNC salvadoreña que inició en 1993, cuando un grupo de oficiales, desoyendo los acuerdos logrados entre el Gobierno y el FMLN y contraviniendo las reformas de ley pactadas en los Acuerdos de Paz, ingresaron a la policía civil sin siquiera haberse dado de baja del Ejército y sin pasar por los filtros acordados para garantizar que no hubiesen estado involucrados en hechos criminales o en abusos contra los derechos humanos durante la guerra[26], y cuyo capítulo más reciente empezó a escribirse entre noviembre de 2012 y febrero de 2013, cuando dos generales cerraron sin mayor explicación 20 expedientes administrativos abiertos a oficiales sospechosos de haber utilizado su poder en la PNC para favorecer a las estructuras de narcotráfico y crimen organizado más poderosas de El Salvador.
Este último capítulo incluye, además, el regreso a los puestos más importantes de la PNC ‒investigaciones, anti narcotráfico, inteligencia, jefaturas regionales en zonas con alta influencia del narco, incluso un intento por ocupar la agregaduría policial en Washington‒ de oficiales que han sido acusados en múltiples ocasiones, no solo durante el gobierno del FMLN, sino en gobiernos de ARENA, de pertenecer a estructuras de crimen organizado[27].
La historia está aderezada, también, por un ingrediente que ha sido común a lo largo de la historia de la PNC, que es el enfoque exclusivo de la política pública de seguridad en el accionar de las pandillas juveniles, la Mara Salvatrucha-13 (MS-13) y el Barrio 18, y la exclusión de referencias al crimen organizado de la narrativa oficial.
No parece casualidad que los tres momentos en los que las políticas de seguridad enfocadas en el combate a las pandillas han tenido hegemonía en El Salvador coinciden, por un lado, con la ausencia de análisis e información oficial sobre crimen organizado y narcotráfico ‒en algunos casos incluso negación del fenómeno‒; y por otro, con los momentos en que la infiltración ha alcanzado los mayores niveles en la PNC.
Así, el lanzamiento y ejecución de la política de Mano Dura entre 2003 y 2004, durante la administración del presidente Francisco Flores, coincide con la transformación de una de las principales bandas de contrabandistas de lácteos y personas en la zona oriental de la República en el primer consorcio de narcotráfico con capacidad de transportar droga desde Nicaragua hasta la costa Este de Estados Unidos sin intermediarios. El director de la PNC que ejecutó la Mano Dura terminó expulsado de la Policía y señalado por dos exministros de ARENA de ser cómplice de un capo del narcotráfico.
Luego, el énfasis anti-pandillero de la administración del presidente Antonio Saca, ejecutado a través del plan Súper Mano Dura, coincidió con los primeros grandes casos públicos de diputados involucrados con operaciones de lavado de dinero y trasiego de droga, pero también en esquemas menos conocidos de extorsión de operadores políticos a bandas de narcotraficantes y de financiamientos a campañas políticas en el ámbito local.
Finalmente, cuando el general al que el presidente Funes nombró ministro de Seguridad Pública negoció una tregua entre las dos pandillas más fuertes, la MS-13 y el Barrio 18, que trajo consigo una considerable baja en el índice de homicidios, desapareció de los planes de la Policía una estrategia de persecución contra la banda de narcotraficantes y lavadores más importantes de la zona occidental del país, conocida como el Cartel de Texis, que hasta entonces se había ya saldado en la captura del concejal de una alcaldía con cinco kilogramos de cocaína y en el arresto preventivo de un narco de la organización por parte de la inteligencia policial.[28]
En este último periodo, las autoridades de Seguridad Pública, al hablar de narcotráfico, lo asociaron siempre a las pandillas y negaron la existencia de estructuras importantes de trasiego y lavado, a pesar de que en 2013 la Policía nacional Civil de Guatemala arrestó a un salvadoreño acusado de mover hacia Estados Unidos 10 toneladas de cocaína.[29]
Impunidad. Ocultación. Intentos fallidos de limpieza institucional que se toparon con la intransigencia y poder de fuerzas ‒sociales, económicas, políticas‒ que han impedido el sano desarrollo de la Policía. Este libro pretende ser una crónica de esa historia de la Policía Nacional Civil a partir de una tesis: la PNC nació infiltrada por estructuras de crimen organizado que existían antes del fin de la guerra, pero también por otras que se crearon en el periodo comprendido entre 1992 y 1996, cuando nuevos grupos criminales formados por ex combatientes de ambos bandos, pero sobre todo por redes criminales que ya en el pasado se habían lucrado gracias a sus buenas relaciones con el poder, se aprovecharon de la caótica transición de la seguridad pública del mando militar al civil para pactar esquemas de convivencia política con sucesivos mandos policiales; bandas que hicieron crecer empresas criminales prósperas basadas, sobre todo, en operaciones logísticas ‒tráfico de bienes‒, delitos patrimoniales ‒secuestros y extorsión‒ y, en el último tramo histórico, en el lavado de dinero y activos.
Cuando aquel 24 de septiembre de 2010 el presidente Funes reconoció ante el pleno de la 64a. Asamblea General de la ONU que la Policía de su país había sido infiltrada, y con ello en parte reconocía que la reforma policial emprendida en 1992 había fallado, parecía que una oportunidad de enderezarla por la única vía posible, la de la depuración efectiva como capítulo inicial para crear la tan ansiada cultura de rendición de cuentas y respeto a la ley, empezaba a abrirse. Que el presidente Funes, además, haya tenido la osadía política de desafiar a los poderes internos que lograron frenar la persecución real del crimen organizado al proponer la creación de una comisión internacional investigadora para suplir las deficiencias de Policía y Fiscalía, y que su Gobierno haya iniciado conversaciones con la ONU para tal fin, parecía indicar que la voluntad era real.
No lo era.
El presidente Funes terminará su mandato en junio de 2014 con la policía y los cuerpos de inteligencia salvadoreños militarizados, aun a pesar de la salida de los dos generales que dirigieron la seguridad pública hasta mayo de 2013[30], con su política pública de seguridad orientada exclusivamente al combate de las pandillas y con una narrativa oficial que, desde los cambios en su gabinete de seguridad en 2012 y 2013, ha restado importancia a los temas del crimen organizado o el narcotráfico.
El presidente Funes, además, terminará su mandato con una PNC en la que los mandos y puestos más importantes han vuelto a ser copados por una élite de oficiales que se formó en la primera posguerra, la misma que ha navegado sin castigo ni rendición de cuentas las aguas de la infiltración criminal.
El presidente Funes dejará a su sucesor una Policía con los mismos males con los que la encontró. Y al estado tan infiltrado
[1] Ver Resumen “De la Locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Años en El Salvador: Reporte de la Comisión de la Verdad para El Salvador.” Uca.edu.sv
[2] Ver, por ejemplo, discurso del presidente Antonio Saca ante la ONU el 20 de septiembre de 2006, un.org. O “Saca pide a ONU incluir tema pandillas”. La Prensa Gráfica, 20 de septiembre de 2006.
[3] La excepción es Armando Calderón Sol, presidente entre 1994 y 1999, quien en privado ante representantes de Naciones Unidas y el cuerpo diplomático acreditado en El Salvador, y en algunas ocasiones en forma pública, habló de estructuras de crimen organizado e insinúo la posibilidad de que algunos miembros de la fuerza pública trabajasen con ellas. Entrevistas del autor con exfuncionarios de Naciones Unidas. Washington, diciembre 2012.
[4] Ver Discurso del Presidente Mauricio Funes ante la 64a. Asamblea General de Naciones Unidas. www.presidencia.gob.sv
[5] Anders Kompass, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala. “El estado es ahora un estado fallido y colapsado”. Prensa Libre, Guatemala, 4 de marzo de 2007.
[6] El Diario de Hoy, 6 de abril de 2011.
[7] Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. “Nota conceptual. Fortalecimiento de la capacidad de investigación y enjuiciamiento de la delincuencia organizada en Centro América: iniciativa piloto para El Salvador, Guatemala y Honduras”. Borrador. San José, 15 de julio de 2010.
[8] “Propuesta de trabajo para seguimiento de una Comisión para la Investigación del Crimen Organizado en El Salvador (CICOSAL)”. Borrador. Washington, octubre 2010.
[9] En una entrevista televisiva de canal 12, en 1994, el presidente Calderón Sol afirmó que podía existir un vínculo entre crimen organizado, estructuras paramilitares y crimen común.
[10] “Una de las principales garantías para el respeto real de los derechos humanos en cualquier país es el comportamiento de una fuerza policial comprometida con el estricto respeto a la ley y que, como resultado, respete a sus ciudadanos. En este sentido, es necesario que la Policía Nacional Civil siga perfeccionando sus mecanismos de control interno para la prevención y represión de cualquier conducta de sus miembros que sea contraria al orden legal establecido”. Informe del Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivaciones Políticas. San Salvador. 28 de julio de 1994.
[11] Entrevista del Viceministro Hugo Barrera con investigador estadounidense. 1994. Archivos El Salvador Policy Project.
[12] Cruz, José Miguel. “Viiolencia, inseguridad ciudadana y las maniobras de las élites: La dinámica de la reforma policial en El Salvador”. En “Seguridad y Reforma Policial en las Américas: Experiencias y Desafíos.” FLACSO-Chile-Naciones Unidas-ILANUD.
[13] Informe del Grupo Conjunto. P. 27.
[14] Ibid.
[15] En mayo de 1993 había explotado cerca de Managua, en Nicaragua, un depósito de armas que fue conocido como el buzón de Santa Rosa en el que el FMLN guardaba un arsenal de alto calibre, incluidos misiles tierra-aire.
[16] El 22 de junio de 1994 un grupo de agentes de la Policía Nacional uniformados, al mando del teniente Rafael Coreas Orellana, jefe del Departamento de Investigaciones, asaltaron la sucursal del Banco de Comercio en la céntrica calle Rubén Darío de San Salvador.
[17] En 1993, la Policía encontró en San Salvador seis toneladas de cocaína guardadas en un recinto conocido como bodegas San Jorge. En 1997, el entonces jefe de la División Antinarcotráfico de la PNC, José Luis Tobar Prieto, reveló que la droga había sido transportada en avionetas que aterrizaron en una pista clandestina en El Jagüey, un pueblo costero en el oriente del país que años después serviría como base de operaciones a una banda de narcotraficantes con vínculos en los niveles más altos de la Policía.
[18] Archivos de ONUSAL. Entrevista con Juan Sul. Primer Secretario de la Embajada de España en San Salvador.
[19] Unidad adscrita a la DAN, pero en realidad independiente de su jefatura, financiada en parte, entrenada y validada a través de técnicas como el polígrafo por la Drug Enforcement Agency (DEA) de los Estados Unidos.
[20] Unidad financiada en su totalidad y validada por el Federal Bureau of Investigations (FBI).
[21] Inspectoría General de la Policía Nacional Civil. “Informe Ejecutivo sobre Principales Medidas Implementadas en el Proceso de Saneamiento de la Policía Nacional Civil”, San Salvador, 24 de septiembre de 2010.
[22] Diario El Mundo. 18 de noviembre de 2010.
[23] US House of Representatives, Congressional Record online. 29 de septiembre de 2010. O ver www.wola.org
[24] Comunicado de prensa de la Corte Suprema de Justicia. “Sala de lo Constitucional declara inconstitucional la Comisión Especial Investigadora sobre Posibles Abusos de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil”, San Salvador, 25 de mayo de 2011.
[25] Inspectoría General de la Policía Nacional Civil. Orden de archivo de expediente 262/OC-IDIGPNCE-2009.
[26] Costa, Gino. “La Policía Nacional Civil de El Salvador (1990-1997). El esfuerzo más ambicioso.” P. 253.
[27] Ver, por ejemplo, del autor: http://hectorsilvavalos.blogspot.com/2012/03/operacion-fracaso-texto-inedito.html
[28] Silva, Héctor. “The Day El Salvador´s Police Captured ‘El Burro’”. InsightCrime.org, 16 de noviembre 2012.
[29] El segundo ministro de Justicia y Seguridad Pública de la administración Funes, nombrado por el presidente a finales de 2012, el general David Munguía Payés, mantuvo desde que era Ministro de Defensa, al inicio del periodo, cuando Funes hablaba ante el pleno de Naciones Unidas sobre los peligros del narcotráfico y su capacidad de infiltración en las instituciones del estado y reconocía que eso había ocurrido en El Salvador, que el principal problema de seguridad del país eran las pandillas. En 2011 incluso sostuvo una controversia pública con el subdirector de investigaciones de la PNC, el comisionado Howard Cotto, por el porcentaje de homicidios atribuidos a las pandillas: mientras Munguía aseguró siempre que era alrededor del 90 por ciento, Cotto mantuvo que no pasaba del 40 por ciento. En abril de 2013, a pesar del reciente arresto del narcotraficante salvadoreño Jorge Ulloa Sibrián, alias Repollo, en Guatemala, el general Munguía mantuvo su posición de que en El Salvador no había grandes estructuras dedicadas al tráfico de drogas. “Ministro insiste que no hay en el país carteles de droga”. La Prensa Gráfica, San Salvador, 5 de abril de 2013.
[30] El general que conducía la PNC fue nombrado director de la inteligencia del Estado.
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