La cadena de evasión y elusión fiscal en El Salvador

La evasión y elusión fiscal engendran carencias en el sector público y distorsionan la economía del país. La evasión y elusión fiscal reducen los ingresos del Estado, por consiguiente, la capacidad para cumplir las obligaciones. También contribuyen al aumento de la deuda pública, pues el Estado se endeuda para cubrir medianamente las carencias del sector público. La distorsión de la economía se genera por competencia desleal, pues cuando una empresa paga impuestos no puede competir vía precio contra aquellas que evaden o eluden. Esta competencia desleal motiva a más empresarios a permanecer en la informalidad o evadir. La evasión y elusión fiscal no es una acto aislado, sino una cadena, gracias a la colaboración de diversos actores —sea de forma activa o pasiva; por impericia, inercia, negligencia, dolo o por obtener beneficios—, entonces, ¿Quiénes intervienen? ¿Cómo se da la evasión y elusión fiscal?

Un eslabón de la cadena está en quienes decretan las leyes. Los diputados y el gobierno son responsables del marco normativo e institucional que permite la evasión y elusión fiscal. La Constitución otorga la responsabilidad compartida, a los diputados y al gobierno, para crear o reformar leyes. Si las leyes tienen vacíos que permiten la evasión o si hay leyes para la elusión es por consentimiento, inacción o incompetencia de estos. Los debates sobre reformas fiscales muestran que les resulta difícil decidir sobre asuntos fiscales, debido a intereses discrepantes, que están más conectados con quienes les financian la campaña electoral. Parece que es más fácil decretar tributos a quienes tienen poco, como vimos cuando aprobaron la contribución especial del 5% cargado a las llamadas telefónicas, mientras el impuesto predial sigue sin aprobación.

Además, cuando decretan tributos, suelen irrespetar principios constitucionales; las reiteradas declaratorias de inconstitucionalidad lo demuestran. Por otro lado, los diputados y el gobierno aprueban el presupuesto de las instituciones, y la prioridad otorgada a la lucha contra la evasión se concretiza en el presupuesto aprobado para fiscalización y control o para reprimir la defraudación fiscal y otros delitos conexos. Así que, al escuchar a diputados o al gobierno quejarse por la evasión y elusión fiscal, preguntemos ¿Qué hacen para cambiar la situación?

La debilidad institucional del aparato de represión y del ente fiscalizador es parte de la cadena. Las tareas de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de reprimir la defraudación fiscal son imposibles de cumplir cuando los recursos son insuficientes, y menos aún cuando los funcionarios están insuficientemente capacitados y motivados. Aunque ha habido mejoras en la recaudación fiscal, a nivel del gobierno central, aún falta por superar las debilidades que hacen posible la evasión fiscal. La Fiscalía General de la República reportó que durante el periodo 2014-20015 experimentó un déficit de $4.2 millones para cubrir las necesidades institucionales. En el presupuesto 2016, el Ministerio de Hacienda destinó 3.57% para la fiscalización y control, mientras la Fiscalía 4,05% para la defensa de los intereses del Estado. Las debilidades en la administración tributaria municipal, por lo general, son mayores, tanto para establecer tributos como en la recaudación. Cabe advertir que las debilidades institucionales son imposibles de superar con inyección de recursos si la opacidad y la corrupción reinan en una institución.

También el mercado ofrece facilidades que fortalecen la cadena de evasión y elusión fiscal. El defraudador del fisco recibe apoyo de contadores, auditores, abogados y notarios… que venden sus servicios profesionales en un mercado sin control suficiente. El desempleo y las carencias ponen en condiciones de vulnerabilidad a los profesionales, quienes, para generar ingresos, encuentran atractivo participar en la cadena de evasión. Es común que el evasor pregunte: ¿Cómo puedo hacer para pagar menos impuestos? ¿Cómo puedo evitar la sanción que impone el fisco? Este es el momento para la intervención profesional. Además, hay profesionales que han sido entrenados en el sector público, y conocen las falencias y oportunidades que pueden ser aprovechadas para evadir y eludir. El mercado también brinda servicios para formalizar empresas offshore con el propósito de evasión y unido a esto, los servicios financieros internacionales—gracias al secreto bancario—, facilitan la evasión. Por otro lado, las redes empresariales facilitan la evasión, sea por tener interés de hacerlo o por imposición de las empresas con poder de mercado.

La racionalidad del evasor y las condiciones institucionales de opacidad también forman parte de la cadena. Para el evasor resulta conveniente sobornar a agentes de la Policía, a funcionarios de aduanas o quien sea, siempre y cuando el resultado en costos sea menor que hacer las declaraciones correspondientes. La percepción de complejidad de los trámites en aduanas y en otras instancias abona a esta situación. También la impunidad estimula a los evasores y sus colaboradores. Diversas investigaciones en materia fiscal son consistentes en advertir que el impuesto sobre la renta se evade en un 50%, y se desconoce que reciban algún castigo. En la racionalidad del evasor y de sus colaboradores también está la idea de que de todas formas el dinero se lo roban los políticos corruptos—y en la historia salvadoreña hay suficiente ejemplos que sustenta este pensamiento. Además la opacidad fiscal reduce los costos de la evasión, de allí que se promueva mantener el anonimato de los deudores del fisco.

La ciudadanía, por su parte, con su inercia y falta de educación fiscal, contribuye de forma activa o pasiva para que la cadena de evasión y elusión fiscal sea inquebrantable. Una forma de contribuir es no exigir factura cuando compra: para constar esta costumbre basta pararse enfrente de una gasolinera y ver a los que no piden factura por el combustible. Este comportamiento a veces es por evadir o porque el ciudadano piensa: “si de todas formas el dinero se lo roban los políticos corruptos”. También hay quien desconoce la importancia de la factura, ignora que puede ser procesado penalmente por transportar mercadería sin factura. Otra expresión de falta de educación fiscal es pensar que los servicios públicos gratuitos no se pagan, y desconocer que se pagan impuestos para financiar estos servicios. En general, la falta de educación fiscal del ciudadano es tal que no exige a los diputados y al gobierno resolver el problema de la evasión y elusión fiscal. Superar este problema será imposible sin la colaboración de la ciudadanía, así que conviene invertir en educación fiscal.

Ahora bien, ¿Cómo romper esta cadena? Una forma efectiva y sostenible es desde la ciudadanía, promoviendo la educación fiscal, transparentando los procesos de selección de los empleados públicos, manteniendo como prioridad de la agenda política la lucha contra la evasión y elusión fiscal. Sería un gran legado que el Secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia enfocara sus esfuerzos a este cometido.