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La batalla por Guatemala

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La del viernes 31 de agoso fue la segunda intentona de Jimmy Morales. No fue solo su segundo golpe en la mesa en su pretensión por deshacerse de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y así blindarse él y a sus acólitos de investigaciones criminales presentes y futuras. Fue también un nuevo gesto que busca dejar claro que él es el comandante en jefe; el hombre fuerte. La primera vez, hace un año, cuando quiso deshacerse del magistrado colombiano Iván Velásquez, jefe de Cicig, el asunto no le salió bien al presidente: acorralado entonces por las investigaciones en su contra y por alianzas más bien frágiles, Jimmy dio marcha atrás; pero era un repliegue táctico, de un año casi exacto, durante el cual el mandatario ganó más aliados, construyó cabildeos eficientes entre los grupos conservadores que le dieron vida política en Guatemala, maniobró para sembrar dudas en Washington sobre Velásquez y la Cicig y aprovechó el aparente debilitamiento de la euforia civil que generó la corrupción de su antecesor, Otto Pérez Molina, en 2015. Esta es la segunda intentona de Jimmy Morales de ganar esta batalla por Guatemala y sus instituciones.

Foto/cortesía Plaza Pública


La reunión con el funcionario guatemalteco de la fiscalía está a punto de terminar. La plática, off the récord, ha pasado ya por algunos de los puntos más relevantes de la investigación por financiamiento electoral ilícito contra el presidente Jimmy Morales y su partido, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que llevó el mes pasado al Ministerio Público a hacer al Congreso guatemalteco una tercera petición de antejuicio al mandatario.

De pronto, el funcionario vuelve la mirada a su teléfono móvil:

“¡Quéee!”, exclama extrañado.

Y se responde:

“Hay tanques alrededor de la Cicig… Este (el presidente) capaz saca al comisionado…”

La reunión, queda entendido, ha terminado. El funcionario, abrumado ya por mensajes y llamadas que no cesan, se despide rápido. Son poco menos de las 11:30 de la mañana del viernes 31 de agosto. Una hora y media después, el investigador envía un mensaje de texto: “Sacó a la comisión…”

Ha terminado entonces una conferencia de prensa en la que el presidente Morales ha anunciado, flanqueado por su ministro y viceministro de Gobernación, su ministra de Exteriores, el de Defensa y unas dos docenas de jefes militares que, uniformados de fatiga, lo saludan mano en la frente, que su gobierno ha decidido no renovar el mandato de la Cicig, que vence el 3 de septiembre de 2019.

***

La primera foto de los tanques a los que se refería el funcionario llega por mensajería electrónica de un empleado de la Cicig. No son tanques en realidad, son jeeps J-8 artillados de fabricación estadounidense que Washington ha donado al ejército guatemalteco recientemente para “combatir el narcotráfico”.

Cuando esa primera foto llega a las redes de mensajería de periodistas locales, justo a las 11:24 de la mañana, ya hay movimiento de oficiales de protocolo en el palacio presidencial de Guatemala: al menos una hora antes la secretaría de comunicación de la presidencia había convocado una conferencia de prensa sin mencionar el tema a tratar. La comparecencia ocurrirá pasado el mediodía y el asunto quedará claro. Jimmy Morales anuncia a la nación y al mundo que la Cicig no va más, o al menos que no irá más el próximo año. El presidente dice que ha decidido no renovar el mandato de la comisión, lo cual es su potestad y explica que ha mandado una carta al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, informándole.

La decisión, asegura Morales, viene después de gestiones diplomáticas que lo llevaron a él y a su canciller, Sandra Jovel, a denunciar lo que el jefe del Gobierno llamó “persecución penal selectiva, con sesgo ideológico evidente, sembrando terror judicial en Guatemala”. A Iván Velásquez Morales lo acusó, en su alocución del viernes, de lo mismo por lo que el MP y la Cicig han pedido levantar la inmunidad que le protege: actos de corrupción e impunidad.

Morales también dijo que es el momento de que la comisión internacional empiece el traspaso definitivo de funciones y capacidades a las instituciones nacionales a las que ha apoyado.

El presidente habló acuerpado por varios de los máximos jefes del Ejército de Guatemala, lo que no parece casual en el caso de este mandatario que llegó a la silla más importante el Ejecutivo aupado en buena medida por viejos oficiales perseguidos por la justicia por su presunta participación en crímenes de guerra, como es el caso de Edgar Ovalle, un coronel al que la justicia persigue desde 2016 por crímenes de lesa humanidad.

En una crónica que publicó sobre los hechos del 31 de agosto pasado, el periódico Plaza Pública hizo eco de versiones “repetidas en varios espacios políticos” ese día según las cuales el presidente se disponía a anunciar medidas más drásticas, como la suspensión de algunas garantías constitucionales para evitar desórdenes tras su anuncio.

Edgar Gutiérrez, ex canciller de Guatemala, publicó el lunes 3 de septiembre en El Periódico una versión similar: “El presidente (y sus colaboradores) darían el anuncio de la expulsión de Iván Velásquez y la suspensión de garantías civiles y políticas para ‘prevenir desórdenes callejeros’”, escribió. Factum consultó en Ciudad de Guatemala con dos fuentes diplomáticas sobre la verosimilitud de esta versión. Ambas dijeron que habían escuchado informaciones similares la mañana del 31 de agosto.

Los jeeps artillados, los coroneles, los uniformes. Lo cierto es que esa puesta en escena tan centroamericana de los años 80 y 90, la del presidente rodeado de uniformados que le saludan con el gesto grave, es la última movida de Jimmy Morales en una partida de ajedrez político que, en realidad, empezó hace poco más de un año, en agosto de 2017, cuando el presidente intentó por primera vez deshacerse de Iván Velásquez.

El inicio de las hostilidades

Esa partida entre Jimmy Morales y la Cicig de Iván Velásquez empezó hace un año, el 26 de agosto de 2017. Pero esa metáfora, la del ajedrez, sirve apenas para describir la batalla por las instituciones de Guatemala, reclamadas de nuevo por las élites económicas y grupos políticos que, de acuerdo con investigaciones del MP y la comisión internacional, tienen vínculos añejos con los grupos de crimen organizado más importantes del país.

En juego está, dice uno de los principales actores de la trama, que el Estado guatemalteco no se libere nunca de las viejas prácticas corruptas que lo arrodillan.

“Desde el 2014, el diseño de las líneas investigativas de la Cicig parte de una hipótesis: la captura del Estado. Lo que las investigaciones han demostrado es que, efectivamente, eso es una realidad. Y entonces cuando se producen fenómenos de captura del Estado, que no son los problemas de cooptación específica o sectorial, sino que es realmente una captura, uno podría decir prácticamente total del Estado”, dijo durante una conversación en su despacho el colombiano Iván Velásquez, jefe de Cicig.

En 2015, miles de guatemaltecos se volcaron a las calles para pedir la renuncia de Otto Pérez Molina, entonces presidente, acusado de corrupción. El apoyo popular a las luchas anticorrupción, al menos en las calles y plazas, parece haber disminuido. Foto FACTUM/Archivo.

La animadversión de grupos empresariales a Cicig y el MP no fue tal mientras las investigaciones no tocaron a varios de los conglomerados económicos privados más importantes del país o al expresidente Álvaro Arzú Irigoyen, a quien las investigaciones vinculan con Byron Lima, un militar asesinado en la prisión donde purgaba pena por su relación con el asesinato en 1998 del obispo Juan Gerardi, autor de un reporte sobre atrocidades cometidas durante la guerra civil del país, la mayoría atribuibles a fuerza militares y de inteligencia estatal.

Velásquez lo describe así: “Entendieron que no iba a haber privilegios… que se iban a presentar las investigaciones como fuera, y si un banquero o un gran empresario o un político resultaban involucrados… se presentaba (la acusación) sin importar de quién se tratara”.

Eso, dice el jefe de Cicig, “asusta”. El comisionado acude a algunas de las frases de la narrativa que el poder económico afectado por las investigaciones empezó a usar, como “se va a destruir el país”, “se va a desestimular la inversión”, “todo tiene un límite”, antes de lanzar dos preguntas retóricas de su propia cosecha: “¿Cuál es el cuidado que hay que tener con la verdad? ¿Es por lo que se está luchando por la verdad independientemente de a quién afecte?”

En el Ministerio Público, media docena de fiscales consultados desde principios de 2018 coinciden en que una vez destapado en 2015 el caso de La Línea, el esquema de corrupción y defraudación aduanera cuyos principales beneficiarios eran el expresidente Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, se abrieron diversas líneas de investigación que terminaron llevando a despachos de grandes conglomerados empresariales.

“Empezaron a salir casos que implicaban a empresarios fuertes… a empresas que captaban dinero de comisiones delictivas”, dice un agente del MP que habló bajo condición de anonimato.

En 2015, cientos de miles de personas se reunieron durante varios días de junio en la plaza central de la ciudad y en otras localidades a exigir las renuncias de Pérez y Baldetti. Según notas de prensa de esa época, en la plaza se juntaban empresarios, estudiantes, indígenas, sindicalistas a ondear la bandera guatemalteca y a clamar por el fin de los corruptos. Eso ha cambiado.

“Se generó, si no fractura, por lo menos un menor compromiso de otros sectores, ya en esa lucha contra la corrupción, y finalmente todo se fue diluyendo y estamos en la situación en que estamos”, reflexiona el comisionado Velásquez.

María Eugenia Solís, una abogada y defensora de derechos humanos guatemalteca que ha seguido de cerca los procesos políticos de cambios en el sector justicia de su país, cree que “la lucha contra la corrupción era popular cuando era contra los igualados (como se llama en el uso coloquial del lenguaje en Guatemala a funcionarios que se enriquecen mientras están en sus cargos, pero no comparten orígenes con las clases altas del país), hoy que es contra Arzú no es tan popular”.

Álvaro Arzú Irigoyen, el expresidente y alcalde sempiterno de la capital, fue hasta antes de su muerte en abril de este año el rostro más visible de la cruzada contra Cicig además del de Morales. Famosa es en Guatemala la estampa del exalcalde, blanco, alto, desafiante, irrumpiendo en la conferencia de prensa en que Velásquez detallaba las sospechas de alianzas entre Arzú y Byron Lima. “Mentira… Es mentira”, repetía Arzú, el rostro rojo por la ira.

A partir de entonces, el alcalde tejió una madeja política para colocar a su hijo, Álvaro Arzú Escobar, como presidente del Congreso, y para reinstalarlo luego de que la Corte Constitucional adversara la primera elección de junta directiva de la legislatura. El alcalde cimentó su alianza con el presidente Morales y se posicionó, desafiante, como la cabeza de un movimiento que, de acuerdo con su discurso y el de sus acólitos, busca rescatar Guatemala.

Esa junta directiva de los Arzú fue capaz de sobrepasar una resolución de la Corte de lo Constitucional que declaró ilegal su elección, gracias a las alianzas entre los diputados del FCN -el partido de Morales-, del Partido Patriota -del expresidente Pérez Molina- y otras nuevas formaciones políticas con vínculos compartidos. Ese Congreso desechó la primera petición del MP, hecha el año pasado, de levantar la inmunidad del presidente para que respondiera por cargos de financiamiento electoral ilícito.

Un diplomático acreditado en Guatemala resume así los movimientos políticos que lideraron Arzú y el presidente Morales: “Es el contraataque por el control absoluto del poder”.

El poder amenazado

A inicios de diciembre de 2016, la fiscalía guatemalteca pidió la inmovilización de 12 inmuebles relacionados con Alejandro Sinibaldi, excandidato presidencial y ministro de comunicaciones durante el gobierno del presidente Otto Pérez Molina. Investigaciones del Ministerio Público y la Cicig ponían a Sinibaldi en el centro de una de las tramas de corrupción que había terminado con el gobierno de Pérez en 2015. Las pistas que los fiscales encontraron en esos allanamientos los llevaron, entre otras, a una bodega en la zona 5 de la capital. Lo que los agentes del Ministerio Público vieron al llegar ahí les confirmó que el poder al que investigaban era más grande de lo que suponían y haría todo lo posible por protegerse.

En la bodega de la zona 5, relacionada con Constructora Benelli, una de las empresas asociadas a Sinibaldi, había, dice una fuente guatemalteca relacionada con las investigaciones, rastros de papeles quemados: la red de corrupción, en la que estaban incluidos Pérez Molina, su vicepresidenta Roxana Baldetti y media docena de sus ministros, intentaba ocultar sus huellas, que, pronto se sabría, incluían a algunos de los conglomerados empresariales más poderosos de Guatemala.

Con sumo sigilo y bajo el más absoluto hermetismo, el MP y Cicig continuaron la investigación. No más de 10 personas sabían todos los detalles de las pesquisas, según un investigador consultado en Guatemala, quien habló bajo condición de anonimato para no interferir con casos judiciales que continúan abiertos.

Tres días después del allanamiento en que los fiscales encontraron papeles quemados, miembros de la red criminal cotizaron bodegas en la zona 12 de la ciudad. Pero a esas alturas ya los investigadores habían intervenido casas de colaboradores de Sinibaldi y otros depósitos industriales donde encontraron archivadores electrónicos y papelería en los que se detallaba los sobornos que grandes empresarios del país hacían a la red del ministro para garantizar contratos y agilizar la llamada deuda de arrastre, que es como se llama a los desembolsos que hace el Estado contra entrega de obra pública contratada.

“Un allanamiento nos llevaba a otro… lo trabajamos siempre de forma muy hermética. A veces solo 6 investigadores y los jefes sabían. A la Policía solo le avisábamos el mismo día dónde eran los allanamientos, pero ellos no sabían a qué iban”, cuenta el investigador.

La investigación a la red de Sinibaldi, conocida en el MP como “Corrupción y construcción”, es uno de varios expedientes que se abrieron a partir del caso conocido como La Línea, un esquema de corrupción aduanera que dirigían directamente Pérez Molina y Baldetti, según las autoridades. A partir de La Línea también se abrieron expedientes que involucraban directamente a algunos de los apellidos más añejos, adinerados y poderosos de las viejas elites guatemaltecas.

En “Corrupción y construcción”, por ejemplo, terminaron involucrados Asfaltos de Guatemala, Pavimentos de Guatemala, CONASA S.A. y otras constructoras relacionadas con capitales tradicionales del país. Entre los acusados por este caso están José Luis Rodrigo Agüero Urruela, ex presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción y de la Junta Monetaria del país; Álvaro Mayorga Girón, también ex presidente de la Cámara y socio de CONASA, una de las ocho empresas más grandes de Guatemala; y Pedro Luis Rocco, también miembro de la Cámara a finales de la década pasada.

En corto, el esquema de corrupción entre funcionarios y constructoras funcionaba así: los oficiales cobraban sobornos para agilizar contratos o devoluciones fiscales; lo hacían creando empresas de cartón en la que los empresarios pagaban por servicios no prestados. Por ejemplo, según el expediente, entre 2012 y 2014, la empresa Asfaltos de Guatemala pagó 12,830,540.13 quetzales (1.75 millones de dólares) a Constructora Benelli, relacionada a Sinibaldi y una de las allanadas por el MP.

De La Línea, han dicho tanto Cicig como el MP, se desprendieron, además de casos como “Corrupción y Construcción”, otro conocido como “Cooptación del Estado”, que incluye esquemas de financiamiento electoral ilícito por parte de grandes empresas y de sobornos a cambio de contratos públicos.

El pasado 25 de enero, Cicig y MP convocaron a su segunda conferencia de prensa esa semana para revelar detalles cobre un caso de tráfico de influencias que incluía a varios funcionarios y exfuncionarios a los que ambas entidades han identificado como operadores de la corrupción, entre ellos Felipe Alejos, un diputado que es miembro de la junta directiva que preside el hijo de Álvaro Arzú Irigoyen. Entre los señalados también está Ingmar Iten, un empresario que importa y exporta desperdicios metálicos y que de acuerdo con El Periódico ha tenido relaciones políticas con el coronel Edgar Ovalle, quien hoy es prófugo de la justicia por otro caso y fue uno de los principales operadores políticos del presidente Morales.

Alejos, Iten y otros, dicen Cicig y MP, formaban parte de una estructura que funcionaba con esquemas parecidos al de “Corrupción y construcción” para gestionar la agilización del pago de devoluciones impositivas a grandes empresas previo cobro comisiones ilícitas por ello. Alejos era uno de los principales intermediarios entre los empresarios y funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). En total, en este último caso, bautizado como “Traficantes de influencias”, estarían implicados tres ex jefes de la SAT.

Y es quizá este caso uno de los que mejor describe las marañas políticas y empresariales que se esconden detrás de los esquemas de corrupción descubiertos por Cicig y el MP. Alejos, contra quien ya la fiscalía guatemalteca pidió antejuicio, estuvo en la órbita de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), del expresidente Álvaro Colom, y ha sido uno de los peones claves en la operación por el control del Congreso de la que formaron parte el expresidente Arzú y su hijo. Mario Leal, otro de los implicados, fue candidato a vicepresidente de la UNE. Iten tiene vínculos con los operadores políticos cercanos al presidente Morales. Y así.

Pero de todos los expedientes el que tiene el potencial de sepultar a Morales es el que está abierto en la tercera planta del edificio que alberga al Ministerio Público en el centro de la Ciudad de Guatemala, la zona 1, donde está la unidad de delitos electorales. Ahí hay detalles e indicios sobre posible financiamiento ilícito del FCN achacable directamente al presidente.

En la cuarta planta está la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Impunidad (FECI), que trabaja de la mano con los investigadores de Cicig y ha sido una de las mayores protagonistas en la persecución penal de las estructuras criminales de cuello blanco. Una de las claves del éxito de la FECI ha sido, como en el caso “Construcción y corrupción”, el hermetismo, el manejo compartimentado de la información, que al decir de un jefe fiscal consultado ha evitado las filtraciones a los investigados, algo que antes era común.

Eso, sin embargo, parece estar en peligro desde que el 26 de enero pasado el presidente Morales destituyó a Francisco Rivas, el joven ministro de Gobernación que había estado trabajando de cerca con Cicig y el MP, y que entre otras cosas apoyaba el uso compartimentado de la información. También fue destituido el viceministro Ricardo Guzmán, quien 24 horas antes había comparecido junto al comisionado Velásquez y la fiscal general Aldana en la conferencia de prensa sobre el caso “Traficantes de influencias”.

El presidente Morales nombró a Enrique Degenhart como ministro y a Kamilo José Rivera Gálvez como viceministro. Rivera Gálvez fue muy cercano a Víctor Rivera, alias Zacarías, un oscuro agente venezolano que fue asesor de las policías de El Salvador y Guatemala y fue señalado en ambos países por crímenes que van de las ejecuciones extrajudiciales a la obstrucción de justicia. El actual viceministro también testificó en España en el juicio contra el ex ministro de Gobernación Carlos Vielmann, juzgado y absuelto de ordenar ejecuciones en una cárcel guatemalteca. De acuerdo con una fuente del Ministerio Público, una de las primeras órdenes que dio Kamilo Rivera a sus subalternos al llegar al despacho fue que todas las peticiones del MP tenían que pasar por su despacho.

Todo esto forma parte del fragor de la lucha, palmo a palmo, movida a movida, en este tablero de ajedrez. El objetivo final es, si cabe, el control de esos expedientes y de quienes deciden qué hacer con ellos.

Los primeros calores del incendio

El juego de ajedrez empezó, lento, el 26 de agosto de 2017, cuando el presidente Jimmy Morales declaró non-grato a Iván Velásquez, el jefe de Cicig. Fue el inicio de la batalla, sorda a veces, muy públicas las más.

La primera movida en el tablero vino del presidente Morales con su intento por expulsar a Velásquez del país luego de que Cicig hizo públicas investigaciones a familiares del mandatario y al presidente mismo por las sospechas de financiamiento ilícito de su campaña política. Siguió una reacción en cadena que de acuerdo con algunos involucrados ha estado a punto de reventar el país y devolverlo a los días más oscuros del autoritarismo.

El 26 de agosto de 2017 Morales firmó el documento en que declaró “non-grato al señor Iván Velásquez Gómez… y le ordenó que abandone inmediatamente la República de Guatemala”. Un día después, el 27, el presidente ordenó a su ministra de Relaciones Exteriores que hiciera cumplir la orden “dentro del marco legal y diplomático”.

Presidente Jimmy Morales. Foto FACTUM/Archivo.

La canciller a la que Morales dio esa orden se llama Sandra Jovel, nombrada ese mediodía tras la renuncia de su antecesor, Carlos Raúl Morales, y otra media docena de funcionarios que no estuvieron de acuerdo con la declaratoria contra Velásquez. Jovel ha sido señalada en un caso de adopción irregular de menores.

El siguiente en mover pieza fue el Procurador de Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas, quien interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que suspendiera la declaratoria firmada por el presidente.

El frenesí llegó entonces a la CC, según dos funcionarios que conocieron las interioridades de lo que sucedió el domingo 27 cuando ese tribunal mandó a llamar a los magistrados para resolver la petición de Rodas. La corte resolvió en contra del presidente por tres votos contra dos. Una de las fuentes -quienes hablaron en condición de anonimato por razones de seguridad- recuerda que entre algunos en el órgano judicial rondó el temor de que Morales declarara estado de excepción. En un análisis publicado un día después, el lunes 28 de agosto, los periodistas Geovanny Contreras y Alex Fernando Rojas escribieron: “La sombra de un estado de sitio está en el ambiente”.

Abortada la posibilidad de expulsar a Velásquez vía la declaratoria de persona non-grata, parece haber ganado fuerza la estrategia de retomar de a poco el control de las instituciones dedicadas a la seguridad pública y de la persecución penal. Caben ahí los cambios en Gobernación o en el SAT, de donde Morales sacó a Juan Francisco Solórzano Foppa, un funcionario que también había trabajado de la mano con Cicig y el MP y que había empezado a revertir la historia de corrupción que habitaba en la superintendencia.

El objetivo final en esa estrategia es el control del MP, la disminución de las capacidades investigativas de la Cicig o su salida definitiva de Guatemala.

El contraataque de Jimmy Morales

Julio Rivera Clavería es un viejo abogado guatemalteco que ha trabajado como funcionario público en áreas de seguridad e inteligencia, y que en enero pasado coqueteó con la idea de postularse como candidato a suceder a Thelma Aldana como jefe del MP. En mayo, una comisión postuladora formada por decanos de derecho de universidades guatemaltecas, el presidente de la Corte Suprema y funcionarios del colegio de abogados elaboraron una lista de seis candidatos entre los que el presidente Morales escogió a la abogada Consuelo Porras como nueva fiscal general.

En enero, Rivera Clavería no se decidía entre postularse al MP o la posibilidad de armar un partido político para competir por la presidencia de la república el próximo año.

Para algunos como Rivera Clavería lo que pasa en Guatemala no es un simple juego político, sino que podría ser incluso la antesala de la guerra. Este abogado, que ya había optado dos veces por ser fiscal general y quien se declara abiertamente opuesto a muchas de las acciones de Cicig y del MP durante la gestión de Thelma Aldana, dice incluso que el país puede devenir en una nueva guerra civil.

“Me tardé porque me encontré en la calle con unos amigos que me insinuaban eso, que aquí podía haber otra guerra”, se disculpa por los minutos de retraso con que llega a una cita pactada en un hotel de la capital guatemalteca un día de la última semana de enero.

Rivera Clavería es uno de los que entiende que los procesos de investigación emprendidos por Velásquez y Aldana desestabilizan al país y forman parte de un plan que Estados Unidos impulsa desde la época de Hillary Clinton al frente del Departamento de Estado. El principal operador del plan, opina el abogado, fue Todd Robinson, el ex embajador de Washington en Guatemala, quien fue un apoyo vocal -vital coinciden muchos aquí- del trabajo de Cicig y el MP.

Los ejecutores de ese plan en Guatemala, según el discurso del abogado, son oenegés, gobiernos europeos con representación diplomática en el país y otros grupos de sociedad civil a los que el abogado llama “izquierda light”. Según esta tesis, la actual batalla por Guatemala sería entre unos guatemaltecos a los que llama patriotas y otros apoyados por fuerzas internacionales de izquierda y por Estados Unidos.

El discurso de Rivera Clavería podría parecer una excentricidad, pero no lo es. Por lo bajo y por lo alto, políticos, organizaciones civiles y funcionarios relacionados casi siempre con la derecha guatemalteca y las élites económicas, las viejas y las emergentes, se hacen eco de ese discurso. Desde principios de año hasta el pasado 31 de agosto, cuando anunció que no renovaría el mandato de Cicig en 2019, el presidente Morales parece haber capitalizado esa narrativa según la cual la comisión internacional es parte de una agenda del comunismo internacional -a él siguen acudiendo muchos de los voceros anti-Cicig- para desestabilizar al gobierno y al país. Las palabras que suelen usar los defensores de esta versión son las mismas que el presidente utilizó en su reciente alocución: “persecución penal selectiva, con sesgo ideológico evidente, sembrando terror judicial en Guatemala”.

Son las mismas palabras que la tarde del 31 de agosto, frente a la sede de Cicig en la zona 14 de la capital guatemalteca, gritaba Noel Barillas, un guatemalteco regordete, de pelo entrecano, que vociferaba en contra de Velásquez, de la comisión, del procurador de Derechos Humanos que defendió al comisionado y de todos los que querían imponer la agenda de “extranjeros corruptos y asesinos” en Guatemala.

Una ciudadana se manifiesta a favor de Iván Velásquez frente a la sede de Cicig el 31 de agosto de 2018. Foto FACTUM/Héctor Silva Ávalos.

Y son las mismas tesis que grupos de presión guatemaltecos y estadounidenses, afines a Morales y contrarios a Velásquez, han llevado a Washington en lo que va de 2018 para intentar erosionar el apoyo que la comisión internacional había recibido en Estados Unidos hasta ahora. Solo que en los pasillos del poder en la capital estadounidense la narrativa es mucho más sofisticada que la utilizada por Barillas en una calle guatemalteca.

Uno de los episodios más relevantes del cabildeo anti-Cicig ocurrió el 27 de abril pasado cuando la llamada comisión Helsinki, que es como se conoce al cuerpo bicameral que ve asuntos de seguridad y cooperación con Europa del Congreso en Washington, convocó a una audiencia especial para conocer el caso de una familia rusa de apellido Bitkov, tres de cuyos miembros están presos en Guatemala bajo cargos de utilizar documentos falsos.

Los Bitkov son una familia de millonarios rusa que hicieron su fortuna gracias a la explotación maderera y a inversiones en el sector financiero de su país en la década de 2000. El presidente ruso Vladimir Putin, de acuerdo con la versión de la familia, los persiguió y presionó hasta hacerlos quebrar. Los Bitkov huyeron a Guatemala en 2010, pero pese a que luego dijeron ser perseguidos políticos, nunca pidieron asilo político. Ese año, la Cicig y el MP abrieron una investigación a la que llamaron Caso Migración contra varios funcionarios migratorios guatemaltecos a los que acusaron de vender pasaportes falsos a clientes como los Bitkov.

A partir de este caso, y aupados públicamente por la columnista del Wall Street Journal María Anastasia O’Grady, los detractores de Cicig en Estados Unidos hicieron suyo el discurso según el cual la comisión y Velásquez eran agentes extranjeros que habían llegado a Guatemala a desestabilizar el país. Una narrativa que, sin duda, favorecía al presidente Morales en su guerra contra el ente que había contribuido a investigarlo por varios posibles delitos de financiamiento electoral ilícito y lo tiene a un paso de perder la inmunidad.

El inefable caso Bitkov incluso sirvió de excusa al senador republicano Marco Rubio para poner en suspenso el financiamiento a Cicig por 6 millones de dólares en el Congreso estadounidense. Al final, todo quedó en humo y Rubio desistió de condicionar la ayuda financiera. El apoyo a la Cicig, sin embargo, se había agrietado.

Tras el anuncio del 31 de agosto, la ambigüedad estadounidense quedó manifiesta en las reacciones contradictorias de sus funcionarios. Mientras en Ciudad Guatemala la embajada mantenía el apoyo firme a Velásquez y, de acuerdo con dos fuentes diplomáticas consultadas, servía de parapeto para evitar desmanes mayores, desde la administración de Donald Trump llegaba apenas un tuit del secretario de Estado Mike Pompeo: “Nuestra relación con Guatemala es importante. Valoramos los esfuerzos… antinarcóticos y en seguridad”. La casa presidencial de Morales lo entendió como un apoyo e hizo un agradecimiento público.

En teoría, la última movida de Jimmy Morales en el tablero de ajedrez no tiene efectos inmediatos. La vida legal de la Cicig está garantizada hasta septiembre del próximo año, después de las elecciones generales de junio que marcarán el fin del mandato del presidente. En el Congreso hay ya formada una comisión especial que determinará si hay méritos suficientes para levantar la inmunidad a Morales para que responda por los crímenes que le atribuyen MP y Cicig. Pero.

Pero muchas cosas pueden pasar entre hoy y septiembre de 2019. La más inmediata, que el presidente ordene que no se renueve la visa de trabajo de Velásquez, que se vence el 18 de este septiembre de 2018. De acuerdo con una fuente diplomática consultada en Guatemala, al pedir que Cicig inicie el traslado de capacidades a las instituciones locales, Morales está allanando el camino para justificar la no-renovación del visado.

Luego, y según las mismas fuentes diplomáticas, la siguiente movida en el tablero podrá ser intento del Ejecutivo por presionar a la Corte de Constitucionalidad para que resuelva recursos legales a favor del presidente, y no de Cicig y Velásquez como lo hizo en agosto de 2017. “Uno de los riesgos más grandes es que traten de destituir magistrados de la CC para evitar que esta ponga en su lugar al pacto de corruptos”, dijo una exfuncionaria guatemalteca que habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad.

Un grupo de cinco excancilleres guatemaltecos -entre los que está Edgar Gutiérrez- advierte otro efecto, que puede ser imperceptible en lo inmediato pero que, de concretarse, podría tener un efecto devastador en la lucha anticorrupción: que las mismas mafias económicas y políticas que han sido investigadas y procesadas con la ayuda de Cicig vuelvan a campear a sus anchas una vez la comisión haya dejado Guatemala.

“Pareciera que se quieren asegurar que cuando dejen el puesto en 2020 ya no existirá una Cicig que los investigue. Esto además puede corroborarse con el desmantelamiento en los últimos meses de las estructuras profesionales de investigación de la policía, que tomó más de 20 años formar”, dice una carta firmada por los exministros y publicada el 3 de septiembre en la prensa local.

Iván Velásquez, comisionado de CICIG. Foto FACTUM/Archivo.

En poco menos de 10 años de existir, la Cicig y el MP, fortalecido durante una década gracias en buena medida a los recursos y al blindaje político que trajo la comisión a Guatemala, han investigado o procesado a tres expresidentes y al mandatario actual, a decenas de empresarios acusados de participar en el saqueo del recurso público, a grupos de narcotráfico y a policías y militares señalados por atrocidades que van de las violaciones sexuales al genocidio. E, igual de importante, ambas instituciones han desvelado una realidad que muy pocos se atreven ya a negar: la suciedad que carcome al Estado tiene raíces profundas que han crecido al amparo de grupos de poder cuyos miembros jamás se imaginaron en la cárcel. Hasta hace poco.

Jimmy Morales parece empeñado en pasar a la historia como el presidente que acabó con esa comisión y sus efectos. Jimmy quiere ganar esta batalla a toda costa.

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