En una sola sesión plenaria de la Asamblea Legislativa -la del lunes 28 de agosto-, una seguidilla de situaciones inusuales fue suficiente para revelar una nueva intriga política: se eligió como presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR) a Carmen Elena Rivas Landaverde, una persona que ha laborado en la CCR casi por veinte años y que hasta hacía unas semanas estaba afiliada a un partido político, el PCN. Pero al menos dos diputados de este mismo PCN no quisieron apoyar a su excorreligionaria. Y para que quedara en el registro, no solo no votaron a favor, también hicieron explícito su desacuerdo. Y la cuenta sigue.
Foto FACTUM/Cortesía
Si la historia de militancia partidaria de la nueva presidenta de la CCR, Carmen Elena Rivas Landaverde, fuera determinante, sería el PCN el que la hubiera propuesto al cargo. Pero no fue así. La candidatura de Rivas Landaverde provino, en un principio, del partido Arena, como una propuesta de entre varias. Pero Gana, al ver imposible que sus postulaciones iban a llegar a la presidencia de la CCR, optó por abrazar la opción de Rivas Landaverde y el FMLN lo siguió. Por si eso no fuera suficiente para plantear esta situación como inusual, a la hora de votar, el partido FMLN, de izquierda, no tuvo ningún reparo en dar sus 31 votos legislativos a una persona que ha sido militante de un partido de derecha durante años.
Y, más extraño, desde el grupo parlamentario de Arena, de derecha, Rivas Landaverde no tuvo un respaldo unánime: Arena se partió en dos, entre quienes votaron por la nueva presidenta de la CCR y quienes votaron en contra o se abstuvieron. Y como ocurrió con los pecenistas, los areneros que no estaban satisfechos con la elección dejaron ver que sus votos en contra o sus abstenciones no los emitieron sin sentido. Para ellos, hubo intereses partidarios, negociaciones ocultas y una clara violación a la ley por elegir a una persona que recién había renunciado a un partido político con el fin de buscar este cargo.
Rivas Landaverde fue candidata a diputada del PCN por el departamento de Chalatenango en las elecciones legislativas de 2006, cuando PCN era la sigla de Partido de Conciliación Nacional, dirigido entonces por Ciro Cruz Zepeda. Entonces el presidente de la CCR era Hernán Contreras, quien llegó a ser uno de los hombres fuertes de la Conciliación Nacional y que permaneció en ese cargo público durante 17 años. La Fiscalía General de la República (FGR) incluso investiga dos años de administración de Contreras al frente de la CCR.
La cancelación del PCN “conciliación” por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en 2011 obligó a este partido a reestructurarse y a cambiar incluso su nombre. La conciliación pasó a llamarse Concertación Nacional y, solo por las elecciones municipales y legislativas de 2012, utilizó las siglas CN. Para defender su propuesta, el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, del partido Gana, ha dicho en varias declaraciones que tras la cancelación del PCN en 2011, Rivas Landaverde no militó más en la Concertación Nacional y, por ello, por no militar en un partido político desde hace años, ella no tiene ningún inconveniente constitucional para acceder a la presidencia de la CCR.
La Sala de lo Constitucional ha determinado mediante sus resoluciones que para algunos cargos de funcionarios públicos de segundo grado, que son elegidos por la Asamblea Legislativas, debe haber corroboración y garantía de que no existe ningún nexo ni afiliación partidaria de los candidatos. A ello se debe la preocupación de Gallegos por aclarar que Rivas Landaverde no ha sido afiliada de la Concertación Nacional.
Pero las aclaraciones que ha tratado de hacer el presidente de la Asamblea Legislativa con el interés de encubrir a su propuesta no concuerdan con los documentos oficiales. Por ejemplo, la firma de Carmen Elena Rivas Landaverde, de DUI 01577003-4, es la número 4,583 de las firmas aceptadas que presentó y publicó Concertación Nacional en 2011 para poder constituirse como partido político. Pero lo que corrobora la afiliación de Rivas Landaverde al PCN “concertación” es un documento del TSE fechado el 17 de mayo de 2017.
Ese documento contiene una resolución del TSE para que a Rivas Landaverde se le extienda una constancia de no afiliación a ningún partido político. El tribunal le concedió la constancia, pero en el contenido del documento se lee que la recién nombrada presidenta de la CCR, para corroborar su desafiliación, presentó como anexo “la renuncia que presentó al Partido de Concertación Nacional (PCN), el 5 de mayo del presente año”.
La nueva presidenta de la Corte de Cuentas dejó de ser pecenista, en documentos, días antes de presentar a la Asamblea Legislativa su postulación para el cargo. Rivas Landaverde podría correr la misma suerte que Silvia Aguilar, del partido Gana, que fue elegida como magistrada de la CCR en marzo de 2013. La Sala de lo Constitucional advirtió a los diputados que los candidatos y en todo caso los magistrados elegidos de la CCR no debían tener ninguna afiliación partidaria.
Silvia Aguilar, ante la advertencia constitucional, renunció a Gana para demostrar desafiliación partidaria. Sin embargo, ese mecanismo no fue validado por los magistrados de la sala, que declararon inconstitucional la elección de Aguilar, junto con la de Gregorio Sánchez Trejo y Javier Tránsito Bernal por tener claros nexos partidarios. Aguilar, sin embargo, quiso salir por la puerta grande al anunciar en abril de 2013 que ella renunciaba a su cargo de magistrada.
Rivas Landaverde ha dicho a medios de comunicación que la han entrevistado que va a respetar cualquier decisión de la Sala de lo Constitucional sobre su elección. Lo que se mantiene entre signos de interrogación es el rompecabezas legislativo de votos con los que Rivas Landaverde asumió la presidencia de la CCR.
Diputados de diferentes partidos poco antes de la elección de la presidenta de la CCR. Foto FACTUM/Cortesía
Francisco Merino, del PCN, excorreligionario de Rivas Landaverde, denunció un reparto político de las magistraturas de la CCR sin ningún ocultamiento. Merino, en una entrevista con Diario El Mundo, insinuó que FMLN y Gana estaban controlando la elección. En la sesión plenaria del 28 de agosto pasado eso se pudo constatar: el FMLN, disciplinado, dio sus 31 votos a la expecenista, al igual que el partido Gana.
Y al contrario, en su ex partido político, Rivas Landaverde no halló el cien por ciento de apoyo. El diputado Antonio Almendáriz, subjefe de fracción del PCN, dejó en blanco su casilla de votación, mientras que Francisco Merino apretó el botón para marcar una abstención. Desde algunos diputados del PCN en algún momento tras la elección se dejó escuchar la expresión “falta de idoneidad” y “reparto de cuotas”, con lo que dejaban ver mal la elección de su excompañera de partido.
Arena no se quedó atrás con los escenarios inusuales alrededor de esta votación por la Corte de Cuentas. Este grupo parlamentario se partió en varias fracciones: unos votaron a favor, otros se abstuvieron, pero hubo quienes votaron en contra. Y no dejaron que solo su casilla apaciera encendida con el rojo del “no”, también hicieron declaraciones -poniendo también en juicio la decisión de sus mismos compañeros de partido- acerca de manejos oscuros, falta de idoneidad e intereses partidarios por sobre los del país.
En ese escenario de rarezas legislativas, desde el lunes la CCR es ocupada por una presidenta que tiene poco tiempo de haber dejado su partido político que no la apoyó por completo y que está en el filo entre la legalidad de su nombramiento y la inconstitucionalidad que pueda reiterar la Sala de lo Constitucional.
La Corte de Cuentas de la República, en palabras del diputado pecenista Francisco Merino -quien sabe de primera mano lo que se puede hacer y lo que se puede omitir desde esa institución de Estado, por la experiencia de Hernán Contreras al frente de esa corte- se sinceró en esa entrevista con Diario El Mundo sobre el verdadero uso que se le ha dado a la CCR durante años.
-Hay una excesiva utilización de la estructura de la Corte de Cuentas para favores partidistas y eso no garantiza la transparencia. También se utiliza para estar limpiando expedientes de malos funcionarios públicos ya sean municipales o de otras instituciones, y entonces eso es seguirle dando vuelo a la corrupción. Recordemos que el único ente constitucionalmente con mandato de fiscalizar todo lo que es la hacienda pública y municipal es la Corte de Cuentas. Entonces, si la Corte de Cuentas no funciona bien, lo demás es hacer alharaca. Pero la efectividad surge de la Corte de Cuentas y ellos tienen el enlace legal para estar reportando a la Fiscalía General de la República todos los hallazgos en donde se presuma que hay ilícitos penales, dijo el diputado.
Si la CCR se mantiene como una capa para la corrupción, y así lo han denunciado los diputados que no estuvieron de acuerdo con esta elección, El Salvador va a seguir ajeno a la probidad y a la transparencia en sus instituciones estatales.
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