La ANEP se olvida de una CICIES tras destapes de corrupción que incluyen a empresarios

Los empresarios salvadoreños ya no quieren que se establezca una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción en El Salvador. Para ellos, lo visto en Guatemala en las primeras semanas de septiembre fue suficiente: un presidente, Jimmy Morales, fue señalado de enriquecimiento ilícito con los aportes que recibió de financistas aún no revelados en su campaña electoral de 2015, luego de una investigación de la CICIG. Involucrar al sector privado guatemalteco en las investigaciones por corrupción no ha caído en gracia. Para los empresarios, la apuesta es hoy fortalecer a una Fiscalía que pierde casos judiciales trascendentales. Desde la Asamblea Legislativa, luego del posicionamiento de la ANEP, pocos diputados han quedado en pie con su discurso de que sí es necesaria una CICIES.

Foto FACTUM/Tomada de ANEP

A la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) no le suena bien que en El Salvador se establezca una institución de cooperación internacional contra la corrupción. El gremio de empresarios tomó este posicionamiento el pasado jueves 7 de septiembre, luego de consultar lo que había sucedido días atrás en Guatemala: una acusación contra el presidente Jimmy Morales y más de una treintena de personas particulares y empresas por financiamiento ilícito para las campañas del partido FCN-Nación, que llevó a Morales a la presidencia en 2015.

La acusación que hizo formal el Ministerio Público (MP) de Guatemala, apoyado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), provocó que Morales declarara persona non grata a Iván Velásquez, comisionado de la CICIG, y ordenara el trámite para su expulsión del país. La Corte de Constitucionalidad detuvo la acometida de Morales y amparó provisionalmente a Velásquez. Tampoco progresó el trámite contra el presidente guatemalteco: el congreso decidió mantenerle la inmunidad constitucional para que evite la justicia.

“Al país no le conviene una CICIES, ¿por qué? Bueno, porque la CICIES es una instancia internacional que viene a trabajar con la instancia nacional. Pero, de todos modos, así como está sucediendo ahorita en Guatemala, pareciera ser, pues, que aquí nosotros les entregamos nuestra soberanía a unos extranjeros que si tenemos la suerte de que son buenos, el resultado va a ser bueno; pero si resulta que no son tan buenos o son malos, los resultados no van a ser los que estimamos”, dijo Luis Cardenal, presidente de la ANEP, en la conferencia de prensa de la gremial de empresarios el 7 de septiembre.

Cardenal fue ministro de Turismo entre 2004 y 2005 -en uno de los gobiernos del partido Arena- y fue obligado a renunciar porque una empresa de la que era accionista tenía un contrato con el gobierno. Antes, quiso ser alcalde de San Salvador, en el 2000, también con Arena, pero perdió la elección municipal.

En 2015, el sábado 5 de septiembre precisamente -un día antes de la primera vuelta electoral para las presidenciales de Guatemala que ganó Jimmy Morales-, Cardenal estuvo presente en una concentración ciudadana en la que, entre otras consignas, se exigía el establecimiento de una CICIES. Su hija, Andrea, fue incluso parte de los organizadores de la manifestación. También estuvieron presentes el empresario Ricardo Simán y el entonces presidente de la ANEP, Jorge Daboub. Los empresarios se mezclaron entre otros ciudadanos que levantaban carteles con lemas en contra de la corrupción, a favor de la transparencia y, también, con mucho acento, a favor de una CICIES.

Luis Cardenal, entonces presidente de la Cámara de Comercio, junto con Jorge Daboub, entonces presidente de la ANEP, durante concentración contra la corrupción donde se exigió una CICIES el 5 de septiembre de 2015.

Revista Factum ha buscado una entrevista con Luis Cardenal desde el pasado 13 de septiembre, pero no ha habido una respuesta positiva desde la unidad de comunicaciones de la ANEP. Ante la negativa, se enviaron preguntas por escrito para que las pudiera responder, pero tampoco han sido contestadas. ¿Hay temor de que una comisión de este tipo extienda y enfoque sus investigaciones no solo a la esfera pública sino también a la privada, cuando esta última esté involucrada en casos de corrupción? Esa pregunta aún no la responde el presidente de la gremial de empresarios.

Paul Steiner, fundador del movimiento Democracia Limpia, analizó la postura de la ANEP: “Es bien fácil ser promotor de una CICIES cuando usted quiere que se juzgue a los funcionarios corruptos, pero especialmente cuando los funcionarios corruptos que están de turno son los que usted no quiere que estén allí. Pero es muy distinto seguir apoyando una comisión internacional cuando se da cuenta de que hay 1,500 empresarios en Guatemala que están en cola para que se descubra La Línea 2 o que la CICIG ya está comenzando a limpiar a los financistas de partidos políticos. Entonces, obviamente, ellos dicen lo que les conviene. Pero cuando la población ya se dio cuenta de que ya no solo se mete con los corruptos, sino también con los corruptores, ya hay que pensarlo dos veces”.

La Línea a la que se refirió Steiner es el caso judicial guatemalteco, investigado por la CICIG, en el que se descubrió una mafia dentro de las instituciones públicas guatemaltecas para favorecer con dinero público a una red de empresas que estaban no solo vinculadas a personas particulares, sino también al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti. El caso les costó el cargo público a los dos y a varios funcionarios de su gobierno.

La CICIG ha colaborado con el MP en varias investigaciones de casos de corrupción de alto impacto y, como lo dijo Steiner, la lupa de esta comisión no solo se limita a la fiscalización de los funcionarios, sino de las personas particulares con suficiente dinero y poder para corromper la esfera pública e inclinarla hacia sus intereses.

En Honduras, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) hace ya también su parte. La MACCIH, una iniciativa por acuerdo entre el gobierno de Honduras y la OEA -a diferencia de la CICIG, que se deriva de la ONU-, tiene en lista casos de corrupción de gran magnitud que está por destapar entre este mes de octubre y noviembre.

Revista Factum conversó en Honduras con un alto funcionario de la MACCIH que aseguró que ya preparan casos contra agrupaciones criminales emblemáticas como Los Cachiros, que llegaron a tener poder económico y político e influencias en las élites hondureñas, que estarían involucradas, así como tenían corrompidas a la policía y demás autoridades para dedicarse a sus actividades con impunidad. A finales de octubre, se espera también que la misión haga público un informe con los resultados de las investigaciones de al menos 30 casos que nunca culminaron en los tribunales de justicia desde la administración presidencial de Manuel Zelaya.

La MACCIH, lo dijo el funcionario, tampoco tendrá reparos en incluir personas particulares, como empresarios, en la ampliación de sus investigaciones y posteriores procesos judiciales en apoyo a la Fiscalía de ese país. En El Salvador, al sector privado no le gusta la idea.

“Tenemos un problema serio: el sector empresarial es un sector clave del país, pero se acostumbró por décadas a trabajar dentro del esquema de la corrupción”, dijo Steiner.

Directivos de la ANEP comentaron en la conferencia de prensa de septiembre que la apuesta de la gremial, en lugar de apoyar una CICIES, es el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República. Los empresarios obviaron que la Fiscalía ya recibió refuerzos económicos millonarios de Estados Unidos en este mismo año y que los resultados recientes han sido reveses judiciales sobre casos de relevancia tanto de crimen organizado como de corrupción.

La absolución de los funcionarios públicos que fueron mandos medios durante la tregua con pandillas, la absolución de los policías que participaron en la masacre de San Blas, la falta de investigación contra policías de la FES involucrados en homicidios, violaciones sexuales contra niñas y extorsión, y las medidas judiciales que permiten a los reos escapar del país y evitar que continúen sus procesos judiciales, como el caso de Enrique Rais o la decisión de arresto domiciliario a favor de Max González, Ernesto Regalado O’Sullivan y otros implicados en un caso de remuneración a cambio de relaciones sexuales con menores de edad, reflejan que el sector justicia no funciona bien en El Salvador.

La ANEP se unió a las condenas contra las amenazas que, según el fiscal general, Douglas Meléndez, había recibido días atrás por las investigaciones que hace contra el crimen organizado y la corrupción. Por estas amenazas contra Meléndez tampoco, a la fecha, hay acusados en tribunales.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), mientras tanto, recién presentó un estudio y propuesta de un sistema nacional de transparencia y anticorrupción, que estaría integrado por representantes de la sociedad civil y las mismas instituciones encargadas de combatir la corrupción. La dirección de las propuestas del sector privado ha tomado un giro hacia prescindir de la ayuda internacional -que no sea económica- y apostar por lo que dan por llamar fortalecimiento institucional.

El sector privado, con este discurso, desatiende que el sistema judicial salvadoreño, en el que se incluye la Fiscalía General, no solo ha sido sobrepasado, sino incluso ha sido infiltrado por el crimen organizado y por el tráfico de influencias. Esta preocupación ha sido mencionada y reiterada en la última década por tanques de pensamiento, organizaciones sociales y hasta por altos funcionarios como el expresidente Mauricio Funes, durante su administración gubernamental entre 2009 y 2014. Por ello, la postura de la ANEP en contra de la instauración de una CICIES fue relevante y criticada. O al menos nadie, con excepción del partido gobernante FMLN, la compartió.

El combate al crimen y la corrupción, que también pasa por cortar los flujos económicos de la delincuencia, así como el control y la reducción de la evasión de impuestos, no han tenido los resultados más felices para El Salvador. Las unidades de investigación financiera de la Fiscalía y el mismo gobierno desde el Ministerio de Hacienda no han podido atajar por completo el vaivén de los dineros ilícitos que entran y salen del país. El estudio Flujos financieros ilícitos desde y hacia países en desarrollo: 2005-2014, de Global Financial Integrity (GFI), estima que en El Salvador, solo en 2014, los flujos financieros ilícitos que entraron y salieron libremente del país, más las falsificaciones comerciales en las que se incluyen sobrefacturaciones y subfactoraciones con el fin de evadir impuestos, sumaron $15,783 millones, más o menos tres presupuestos generales de la nación.

Y en la década de 2005-2014, las estimaciones en el estudio de la GFI -para el que colaboró el gobierno de Finlandia, tercera nación menos corrupta en el mundo, según el ránking de Transparencia Internacional- ponen a El Salvador en una situación más escandalosa: $135,445 millones pasaron por las narices de las autoridades ya sea de forma ilícita a manos del crimen o en concepto de evasión y elusión. En diez años, 27 presupuestos generales de El Salvador aproximadamente pasaron por El Salvador en dinero ilícito o no reportado.

 El efecto ANEP en la política

El arrastre de la postura de la ANEP se ha llevado a su paso el discurso de diputados del partido Arena -de derecha- que han mantenido, durante los últimos tres años al menos, que El Salvador debería replicar los esfuerzos de Guatemala en el combate a la corrupción y que desde el órgano ejecutivo es conveniente invocar la colaboración internacional para instaurar una CICIES, en referencia a la CICIG.

Desde principios de septiembre pasado, justo luego de las declaraciones del presidente de la ANEP, pocos funcionarios areneros siguen en pie con apoyar esa iniciativa específica de una CICIES para erradicar la impunidad; otros la matizan o buscan ya no abordar el tema.

La diputada de Arena Margarita Escobar cree que no se debe desvalorar la colaboración internacional, aunque tampoco es ajena a la apuesta de depurar y mejorar las instituciones. La diputada Karla Hernández, también de Arena, sigue firme en su postura de que se establezca una CICIES. El legislador arenero Juan Valiente ha invitado a no temer a la instauración de una comisión internacional que ayude a la Fiscalía a investigar casos de alto impacto sobre la corrupción y el crimen organizado.

Factum consultó con fuentes del partido Arena y al menos dos de estas aseguran que en el interior del grupo político hay correligionarios que, después del posicionamiento de ANEP contra una CICIES, dan una variedad de sugerencias que van desde bajar la intensidad a la propuesta hasta otras más fuertes como dejar de hablar por completo del asunto. Una de las fuentes aseguró que se han recibido, incluso, avisos de que de continuar con el discurso a favor de una CICIES se podrían cortar financiamientos para la campaña electoral de 2018.

Todo apunta a un hecho: hablar de una comisión internacional que va a ayudar a investigar no solo a los funcionarios y políticos corruptos, sino también a los ciudadanos corruptores, causa escozor en el empresariado y sus brazos políticos.

Desde el otro lado, en la izquierda política, el FMLN no ha cambiado de postura y sostiene su recelo ante la colaboración internacional en las investigaciones por corrupción. Esta conducta ha sido criticada por Arena, que señala al FMLN de tapar la corrupción en El Salvador. Pero esta crítica ya no se escuchó de Arena hacia la ANEP desde el anuncio de los empresarios el 7 de septiembre. De hecho, de forma contradictoria, ahora ANEP y el FMLN -extremos ideológicos históricos en el país- comparten la postura: No a una CICIES.

Mientras tanto, Guatemala y Honduras combaten la corrupción con la ayuda internacional de la ONU y la OEA, respectivamente. En Guatemala, la CICIG recién colaboró con otra investigación que ha culminado con la acusación contra el expresidente y actual alcalde de Ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú, por malversar dineros públicos y por nexos con Byron Lima, un militar conocido por su posible involucramiento en el asesinato del obispo Juan Gerardi en 1998, en el período presidencial de Arzú, y por ser, de facto, el jefe de las prisiones en Guatemala mientras estuvo recluido.

El MP guatemalteco, con el apoyo de la CICIG, también acusa a Álvaro Arzú por financiación electoral ilícita: dinero que recibió de personas particulares y que no fue declarado, justo como el caso del presidente Jimmy Morales y justo lo que disparó las alarmas en la ANEP salvadoreña.