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El “pecado original” del presidente Jimmy Morales y de Guatemala

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Apenas cinco meses después de haber jurado como presidente de Guatemala, Jimmy Morales ya estaba en problemas. El 5 de mayo de 2016, un auditor de la autoridad electoral concluyó que el partido del mandatario había desobedecido varias leyes sobre financiamiento recibido durante la campaña. Este es el tercero y último capítulo de nuestra investigación sobre financiamiento electoral ilícito de campañas en Guatemala. Vea los otros artículos aquí.

Ilustración/InSight Crime
Este reportaje y su ilustración fueron publicados originalmente por InSight Crime y se reproducen con autorización.


Uno de los principales problemas para el auditor del Tribunal Supremos Electoral (TSE) era que la contabilidad del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), el partido que llevó al neófito Morales a las cumbres más altas de la política guatemalteca, registraba muy poco dinero en sus cuentas, algo muy raro en un país cuya historia electoral reciente indica que las campañas presidenciales cuestan entre $7 millones y $12 millones. El FCN-Nación apenas reportó, a mayo de 2016, unos $640,000 en gastos estimados de campaña electoral.

El auditor del TSE descubrió que el FCN-Nación no presentó todos los reportes mensuales y bimestrales que por ley debía entregar a la autoridad, y los reportes que sí entregó estaban incompletos. Había, por ejemplo, “informes financieros sin firmas de los responsables (…) informes con errores en los datos numéricos (…) falta de información de candidatos en el interior de la República (…) falta de documentación contable sobre ingresos”, dice el informe de mayo de 2016.

De hecho, el FCN-Nación no entregó ningún informe financiero al TSE cuando se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en septiembre de 2015, ni durante la segunda vuelta en octubre, ni en noviembre. El FCN-Nación simplemente dejó de reportar sus ingresos.

Una contadora contratada por el FCN-Nación durante la campaña de 2015 dijo luego a los fiscales que había renunciado porque las autoridades del partido le habían dejado de enviar información sobre el dinero o los donantes.

“Estuve trabajando desde finales de 2008 (…) hasta el mes de mayo de 2016 (…) una de mis funciones era que tenía que recibir al delegado del TSE (…) En los meses en que no se presentaron los informes al tribunal fue porque no contaba con la información para trabajar los informes (sic) requeridos”, dijo la contadora Ana Gloria Josefina Pérez Monterroso en su declaración como testigo en la sede fiscal en enero de 2017.

El expediente que el MP abrió a partir del reporte del TSE terminaría arrojando pistas sobre otros posibles delitos atribuibles al presidente Morales. Fuentes cercanas a la investigación dijeron a InSight Crime, por ejemplo, que Morales firmó cheques de las cuentas del FCN-Nación siendo presidente de la República, algo que la ley no permite, y que el partido mantuvo cuentas de campaña abiertas al menos hasta octubre de 2016 cuando tendría que haberlas cerrado en abril de ese año.

En agosto de 2017, el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), basados en aquella primera denuncia del TSE, habían concluido la primera investigación por posible financiamiento electoral ilícito contra el presidente Morales y su partido. El 25 de ese mes, la CICIG y el MP presentaron al Congreso la primera solicitud de antejuicio contra el presidente y pidieron que se le removiera la inmunidad.

Las autoridades del partido le habían dejado de enviar información sobre el dinero o los donantes.

Lejos quedaban, entonces, los días en que Jimmy Morales, el aspirante a presidente, se vendía a los guatemaltecos como el candidato anticorrupción; como la alternativa al gobierno de su antecesor, Otto Pérez Molina, quien para agosto de 2015 estaba a un paso de renunciar y ser arrestado por su presunta implicación en un masivo esquema de corrupción en las aduanas del país y por su propio escándalo por financiamiento ilícito de su campaña en 2011.

La ironía era que Jimmy Morales empezó a acercarse al poder en gran parte porque su antecesor había caído en desgracia, pero parecía que el nuevo aspirante a presidente no aprendió de los errores de Pérez Molina. Para mediados de 2015, miles de guatemaltecos llevaban ya casi dos meses llenando calles y plazas en protesta por la corrupción del gobierno Pérez Molina. Casi al mismo tiempo, el partido de Morales había decidido dejar de reportar sus ingresos a las autoridades.

Y empezaron entonces los grupos de poder de Guatemala a rondar al flamante candidato con donaciones por debajo de la mesa.

El candidato empieza a atraer al dinero

James Ernesto Morales Cabrera cambió su nombre legal por el de Jimmy Morales en 2011, casi un año antes de que el coronel retirado Edgar Justino Ovalle lo invitara a formar parte del FCN-Nación, un partido dominado por evangélicos y militares vinculados con oficinas de inteligencia castrense. Ovalle fue elegido a la Asamblea Legislativa para el periodo 2016-2020, fue nombrado jefe de la bancada de su partido y se convirtió en una de las voces más cercanas al presidente Morales.

En 2011, ambos hombres apenas estaban empezando sus carreras políticas. Morales era un neófito sin afiliación partidista.

Antes de mayo de 2015, cuando fue nominado candidato presidencial y después de haber pasado por la secretaría general de su partido, en la hoja de la vida política de Morales apenas asoma una desafortunada participación como candidato a alcalde de Mixco, uno de los suburbios más populosos de la capital, en las elecciones de septiembre de 2011. Quedó en tercer lugar, con apenas el ocho por ciento de los votos, muy lejos del ganador.

Y antes de incursionar en política, Morales había pasado como comediante por la televisión local, por varios centros escolares de orientación cristiano-evangélica y por la Universidad San Carlos, donde estudió Comunicaciones, fue maestro y trabó relación con Jafeth Cabrera, quien había sido rector de la universidad pública en los noventa, antes de iniciar su carrera política, y eventualmente correría con él como candidato a la vicepresidencia.

De los años en la USAC le vienen en parte a Jimmy Morales las conexiones que lo terminaron vinculando al FCN-Nación, un producto político surgido de la necesidad de varios exoficiales del ejército de crear una plataforma que les permitiera bajar el tenor de la incipiente persecución penal emprendida por el Estado guatemalteco contra militares implicados en crímenes de lesa humanidad durante los 40 años de la guerra civil.

El FCN-Nación inició siendo la manifestación política de esa batalla que algunos exmilitares siguen librando en las cortes. De ahí la importancia de miembros como el excoronel Ovalle, para quienes el partido se convirtió, más que en un mecanismo de defensa, en una forma de sobrevivencia. (La carrera legislativa del exmilitar ha quedado en suspenso luego de que la Corte de Constitucionalidad aprobó un antejuicio para despojarlo de su inmunidad para que responda por casos de desaparición forzada y delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto interno en Guatemala que terminó en 1996.)

Morales aparecía como un rostro amable para esa plataforma: sus años en televisión le habían hecho amigo de las cámaras y le habían dado un discurso convincente aunque poco profundo. Podía ser serio o simpático según la ocasión, era un hombre religioso, estudiado y con poderosos exmilitares como aliados. Sus posibilidades, sin embargo, parecían remotas, como cuando fue candidato para la alcaldía de Mixco.

Morales se enfrentaba a los herederos del poder político que había gobernado el país entre 2008 y 2012 bajo la bandera de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) del expresidente Álvaro Colom. Sandra Torres, exesposa de Colom, competía con la parte que le tocaba de aquella herencia política.

Manuel Baldizón, disidente de la UNE, competía acuerpado por viejas conexiones y financistas de dudosa reputación ligados al aparato estatal en su partido Libertad Democrática Renovada (Líder). El dinero al que tuvo acceso dio a Baldizón la posibilidad de empezar a promocionarse inmediatamente después de las elecciones de 2011.

Para junio de 2015, a poco más de un mes de su postulación como presidenciable, Morales apenas arañaba menos del 10 por ciento de preferencias entre el electorado de acuerdo con un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); Baldizón tenía cerca de 25 por ciento de preferencias y Sandra Torres cerca de 13 por ciento.

Los rumores sobre las dudosas fuentes de financiamiento de Baldizón se habían esparcido y a mediados de julio, el MP y la CICIG anunciaron que estaban investigando a Edgar Barquín, candidato a la vicepresidencia en la fórmula de Líder, a su hermano y a otros por lavado de dinero.

La desintegración de la gestión de Pérez Molina … llegó en el momento casi perfecto para la campaña.

Al mismo tiempo la administración de Pérez Molina iba en caída libre: en abril, el Ministerio Público había acusado al secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti de liderar una red de corrupción en las aduanas. Las protestas callejeras habían aumentado. En agosto, Baldetti renunció y crecía la presión para que Pérez Molina hiciera lo mismo.

Para entonces, Morales había subido en las encuestas. El dinero para la campaña del FCN-Nación había empezado a fluir. Ya para septiembre, Morales rondaba el 25 por ciento de preferencia y Baldizón había bajado al 20 por ciento. Las tendencias en las encuestas mostraban que los candidatos estaban yendo en direcciones opuestas.

Muchos atribuyeron el rápido ascenso al momento oportuno que fue aprovechado por Morales. La desintegración de la gestión de Pérez Molina entre abril y septiembre llegó en el momento casi perfecto para la campaña. Además, los otros principales candidatos se veían como más de lo mismo, mientras que parecía que Morales traería cambios. Y los cargos contra el compañero de fórmula de Baldizón arruinaron su campaña.

La puerta estaba abierta y Morales tomó ventaja. El lema “ni corrupto, ni ladrón” era pegador, dijo Elvin Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales de Guatemala.

No importaba que Morales ya estaba cometiendo algunos de los mismos crímenes que habían llevado al asediado gobierno de Pérez Molina al poder.

“No hubo (en 2015) reformas que pudieran impactar (y) las prácticas iban a reproducirse. Además que en ese entonces nunca se pensó que los intocables serían investigados”, dijo Díaz. Y este sería, de hecho, el pecado original de Morales, su partido y sus donantes.

Las primeras alarmas

Lo cierto es que el dinero para la campaña siguió fluyendo, aun cuando el partido no lo registrara.

Una de las cosas que ya a esas alturas había llamado más la atención de las autoridades electorales y de las organizaciones independientes era que la publicidad que Jimmy Morales y el FCN-Nación parecían estar pagando a los medios de comunicación guatemaltecos no se correspondía con los raquíticos reportes contables que el partido enviaba, y estos últimos no casaban con los reportes que, por obligación legal, los medios enviaban a las autoridades.

Entre mayo y el 5 de septiembre de 2015, el partido había gastado unos $77,000, según un estudio realizado por la organización Acción Ciudadana y otras organizaciones de la sociedad civil. El monto era mucho menor a los gastados por sus principales contendientes.

Después del 5 de septiembre y hasta la realización de la segunda vuelta a finales de octubre, el FCN-Nación gastó $32,300, poco más de un tercio de lo gastado por Sandra Torres.

Fuente: Informe de observación electoral 2015. Acción Ciudadana y otras organizaciones de sociedad civil.

La falta de información sobre los gastos en publicidad fue solo una de media docena de advertencias que el TSE envió al FCN-Nación entre julio de 2015 y principios de 2016. El partido decidió ignorar esos avisos.

Ya en julio de 2015, cuando algunos periodistas empezaron a lanzar algunos cuestionamientos sobre el origen del dinero, el entonces popular candidato Morales apelaba a las donaciones de miembros de su partido y a su propia fortuna personal para explicar el financiamiento de su candidatura.

En una entrevista con La República, Morales dijo que podía valorar su imagen en mucho dinero, algo que, aseguró, había logrado “trabajandito, con reputación. Soy honorable, no soy corrupto ni ladrón”, aseguró.

En concreto, dijo que hasta a julio había gastado cerca de $640,000 de su propio dinero en la campaña. A la luz de las investigaciones posteriores del TSE, hoy queda claro que los números del presidente no cuadran. De acuerdo con los reportes de la autoridad electoral, ese es el total que el partido gastó en toda la campaña; de hecho, el tribunal no pudo identificar el origen del 90 por ciento de los fondos.

El TSE, además, no encontró identificación del origen de cerca de 90 por ciento de los fondos reportados verbalmente por Morales y en los libros de su partido.

InSight Crime habló en Guatemala con tres fuentes distintas, cercanas todas a las investigaciones por financiamiento electoral ilícito a Morales y su partido, sobre los orígenes del dinero que el candidato del FCN-Nación empezó a recibir a partir de la segunda mitad de 2015.

Las informaciones coinciden en que el financiamiento provenía de tres fuentes distintas: los grupos corporativos de iglesias evangélicas con las que Jimmy Morales y el FCN-Nación estaban relacionados, del grupo de exmilitares que vieron en el partido político una forma de contestar a las acusaciones que pesaban contra ellos por crímenes de guerra y, como se sabría tres años después, de varios empresarios influyentes de Guatemala.

(Tras la elección presidencial se supo de otra posible fuente de dinero. En noviembre de 2016, un narcotraficante guatemalteco dijo a investigadores estadounidenses que había dado $500,000 al hijo del vicepresidenciable Jafeth Cabrera durante la campaña de 2015. Actualmente El Fantasma cumple condena por narcotráfico en Estados Unidos y sus acusaciones permanecen sin confirmar.)

Todos estos apoyos financieros a la campaña de Jimmy Morales son ya un lugar común en la política en Guatemala, de acuerdo con un investigador que habló en condición de anonimato. Dijo que quienes dieron dinero vieron “una oportunidad para invertir, así luego podrían pedir al candidato que ganara que les devolviera el favor”.

Para finales de octubre, ya era claro que tendrían su oportunidad. Después de que Baldizón fue eliminado de la primera ronda, Morales y Torres se enfrentaron en la segunda.

Aun con el mismo mantra anticorrupción que su oponente, Torres no tenía chance. El 25 de octubre, Morales ganó con 67.4 por ciento del total de los votos, 35 por ciento más que Sandra Torres.

La espiral que amenaza al presidente

Tomó hasta finales de 2016 para que el FCN-Nación se diera cuenta de que la investigación del TSE y el MP eran serias. El partido comenzó a cubrir sus huellas. Contrató a una firma de contadores y le pidió que reconstruyera sus libros contables de la campaña.

No fue fácil. Había meses en los que el partido no había registrado pagos, no había recibos ni auditorías, no había resúmenes de banco que tuvieran relación con sus gastos reales y tenían pocos recibos. Cuando los contadores encontraron huecos, los investigadores dicen que falsificaron documentos, usualmente cambiando la fechas de forma ilegal y firmandolos.

En total, las autoridades están investigando unas 65.000 transacciones realizadas en al menos tres bancos guatemaltecos, la mayoría entre junio y noviembre de 2015.

Por ejemplo, los investigadores del MP dijeron que encontraron recibos cuestionables por pagos hechos a través de una cuenta del banco G&T Continental.

Un recibo era por dos cheques por poco más de $30,000 firmados por Rafael Díaz Samos, dueño de varias compañías constructoras que también estuvieron vinculadas a casos similares de financiamiento electoral ilícito en 2011.

Cuando los investigadores del MP le preguntaron por los cheques, Díaz Samos testificó que nunca hubo recibos por ellos. Cuando la firma contable del FCN-Nación encontró un recibo fechado en junio de 2015, los investigadores volvieron a preguntar; Díaz Samos reiteró su respuesta. Para el FCN-Nación había, además, otro problema: el recibo había sido firmado por otro contador, no el que el partido tenía cuando Díaz Samos hizo la donación a la campaña de Jimmy Morales.

Las irregularidades seguían apareciendo. Jimmy Morales continuó firmando cheques de la cuenta de campaña del FCN-Nación hasta abril de 2016, cuando tendría que haberlo dejado de hacer en enero, al tomar posesión como presidente de la República.

El MP también advirtió que las cuentas de campaña del FCN-Nación habían estado abiertas hasta octubre de 2016, algo no permitido por la ley electoral guatemalteca.

Cuanto más creció la investigación, las autoridades continuaron descubriendo actividad sospechosa.

La lista de donantes del FCN-Nación incluía a personas que terminaron vinculadas al gobierno del presidente Morales. El caso más emblemático es el que involucra a Fanny Finisterre de Domínguez y Francisco Estrada Domínguez, madre y hermana de Julio Héctor Estrada Domínguez, a quien Morales nombró ministro de Finanzas. (Julio Héctor renunció en protesta por los embates de Morales contra CICIG, pero su renuncia no fue aceptada en un primer momento.)

Otro ministro de Morales también es propietario de una empresa de construcción llamada Pedreiro, la cual ha realizado negocios con el gobierno.

El asunto de la familia Estrada Domínguez abría otro frente en la investigación: no era solo que el presidente incumplió al firmar cheques cuando no podía hacerlo, sino que, en un aparente conflicto de interés nombró miembro de su gabinete a un financista cuya empresa constructora, Pedreiro, ha sido contratista del Estado.

Entre otras personas que recibieron fondos de las cuentas del FCN-Nación están Edgar Ovalle, el exmilitar que apadrinó la candidatura de Morales y fue jefe de la bancada legislativa del partido hasta que tuvo que enfrentar a la justicia por supuestos crímenes de lesa humanidad. Hay reportados egresos por unos $20,000 para Ovalle de una cuenta del partido.

Las conexiones con el PP encendieron más alarmas.

También salió de una cuenta del FCN-Nación una cantidad similar para Estuardo Galdámez, en su momento primer secretario del FCN-Nación y administrador de la compañía Agromec, una empresa que había sido contratista del Estado en la reparación de carreteras. Galdámez es también exmilitar y estuvo vinculado con el Partido Patriota (PP) de Pérez Molina y Baldetti.

Las conexiones con el PP encendieron más alarmas. Y aunque Pérez Molina y Baldetti habían terminado en la cárcel, las investigaciones al partido y otros operadores continuaron. Esas pesquisas arrojarían más conexiones problemáticas entre la mafia saliente y el nuevo gobierno del FCN.

InSight Crime trató de comunicarse con el presidente Morales a través de su vocero, José Alfredo Brito, quien dijo que llevaría al mandatario la petición de una entrevista. Al final, no hubo respuesta.

Jimmy Morales va a la guerra

El 26 de agosto de 2017, Jimmy Morales se paró ante una cámara para hacer un anuncio.

“En el ejercicio de mis facultades constitucionales… como presidente de la República de Guatemala, por los intereses del pueblo… y el fortalecimiento de la institucionalidad, declaro non-grato (sic) al señor Iván Velásquez Gómez en su calidad de comisionado (de la CICIG)”, dijo Morales en un corto de vídeo de 1 minuto y 44 segundos que luego subió a un canal de YouTube.

Iván Velásquez es el exmagistrado colombiano que dirige la CICIG desde 2013 y se ha convertido en el principal enemigo de las élites políticas y económicas de Guatemala. Es él quien ha dicho que el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la política guatemalteca.

El mismo día el presidente firmó un documento en el que ordenaba a Velásquez que “abandone la República de Guatemala”. Un día después, el 27 de agosto, el presidente ordenó a su ministra de Relaciones Exteriores que hiciera cumplir su mandato “dentro del marco legal y diplomático”.

La guerra había empezado dos días antes, cuando la CICIG y el MP pidieron al congreso el retiro de la inmunidad del presidente para que respondiera legalmente por más de $900,000 recibidos por su partido durante la campaña presidencial y no declarados a la autoridad electoral como manda la ley. Esto fue con base en la investigación MP510-2013-278 del MP que había sido abierta oficialmente en mayo.

El asunto había adquirido un cariz personal para el presidente cuando, en 2016, la CICIG y el MP abrieron una investigación al hijo y hermano del presidente por un asunto en apariencia menor: la compra no facturada de canastas navideñas por unos $24,000 de una pequeña oficina del gobierno mucho antes de que Morales fuera presidente. Los cargos parecían exagerados e hicieron que el presidente y sus seguidores montaran en cólera.

Pero no fue sino hasta la petición de antejucio contra él cuando el presidente emprendió una guerra abierta contra la CICIG y el MP, que entonces dirigía Thelma Aldana, a través de las instituciones y en alianza con otros miembros de las élites también investigados, como Álvaro Arzú, el expresidente del país y exalcalde de la capital, quien falleció en abril de 2018 en medio de una investigación que lo implicaba con supuestos actos de corrupción en la municipalidad. Arzú fue, hasta su muerte, un poder importante detrás de Jimmy Morales, uno que quiso retroceder el tiempo a las épocas en que las élites no tenían que responder por sus actos.

Pero Velásquez también tenía aliados. Estados Unidos, el principal financista de la CICIG, ha mantenido su apoyo al colombiano. El día siguiente de ser declarado persona non grata, el procurador de Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas, interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que suspendiera la declaratoria firmada por el presidente. El frenesí llegó entonces a la CC, según dos funcionarios que conocieron las interioridades de lo que sucedió el domingo 27, cuando ese tribunal mandó a llamar a los magistrados para resolver la petición de Rodas. La corte resolvió en contra del presidente por tres votos contra dos.

El comisionado se quedaría y el presidente no se lo tomó a bien.

Una de las fuentes -que hablaron con InSight Crime en condición de anonimato por razones de seguridad- recuerda que entre algunos en el órgano judicial rondó el temor de que Morales declarara Estado de excepción, algo que no ocurrió.

Después de que este primer intento por acabar con la CICIG fue detenido, el presidente comenzó una campaña más silenciosa contra la comisión.

Al centro de este esfuerzo está Javier Hernández, el político que asumió la secretaría general del FCN-Nación tras los problemas legales del excoronel Ovalle Maldonado. Hernández tenía sus propios problemas legales, y además su firma aparecía en los cheques para la campaña del partido, la CICIG y el MP le atribuyen no haber informado sobre los orígenes de al menos unos $400,000.

En septiembre de 2017, a poco de que la CICIG y el MP habían pedido el antejuicio al presidente Morales por financiamiento electoral ilícito, Hernández encabezó un intento por modificar las leyes guatemaltecas tendientes a suavizar castigos a funcionarios y políticos acusados de actos de corrupción. Entre otras cosas, las reformas pretendían librar a los secretarios generales de los partidos, como él, de responder por dudas sobre financiamientos electorales; la propuesta de los cambios era que solo respondieran los contadores. Esa iniciativa en el Congreso, que recibió fuertes críticas del público y la comunidad internacional, fue bautizada por la prensa guatemalteca como “Pacto de Corruptos”.

También en septiembre, Hernández encabezó un esfuerzo por botar cualquier posibilidad de que el Congreso retirase la inmunidad al presidente Morales. En dos ocasiones, el secretario general del FCN-Nación logró blindar a su jefe.

Ya para enero de 2018, Jimmy Morales había sumado un nuevo aliado en el Congreso. Empujado por su padre, el alcalde Arzú, y por el FCN-Nación de Javier Hernández y el presidente, Álvaro Arzú Escobar asumió a principios de año la presidencia del Congreso.

Morales, además, había despedido de su gobierno a funcionarios que estaban trabajando de la mano con CICIG, como el ministro de Gobernación y el jefe de la oficina recolectora de impuestos. Parecía que el jefe del Ejecutivo guatemalteco podía respirar tranquilo, pero faltaban aún más sorpresas en las chisteras de la CICIG y el MP.

El FCN-Nación y las élites

A inicios de diciembre de 2016, la fiscalía guatemalteca pidió la inmovilización de 12 propiedades.

Los investigadores encontraron rastros de papeles quemados, pero también pistas que los llevaron a otras bodegas e instalaciones industriales y oficinas de empresas relacionados con las tramas de corrupción durante la administración de Pérez Molina.

“Un allanamiento nos llevaba a otro…”, cuenta un investigador que participó en aquellas pesquisas.

De a poco, la CICIG y el MP armaron un rompecabezas que hablaba sobre sobornos de empresarios y cobro de coimas por proyectos de construcción. Las autoridades bautizaron el caso como “Construcción y Corrupción” y ubicaron a la cabeza de la red: Alejandro Sinibaldi, quien había sido ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda durante la presidencia de Pérez Molina.

Hace tiempo que no se sabe de Sinibaldi. La última vez que se le vio en público fue dando una entrevista vía Skype desde la India, cuando habló sobre sus contactos con otros partidos políticos.

Pero el caso “Contrucción y Corrupción” abrió otra avenida de investigación en el caso de financiación de campaña del FCN-Nación.

Los investigadores descubrieron que dos compañías relacionadas con Sinibaldi, Inversiones Delta y Multitek, donaron $18,600 a la campaña Multitek, que era administrada por Jhonatan Chévez, alias El Mago, implicado en un caso de corrupción durante la gestión de Pérez Molina.

En varios de los allanamientos los investigadores obtuvieron información del Movimiento Cívico Nacional (MCN) y de posibles donaciones ilícitas al FCN-Nación y Morales. El MP y la CICIG abrieron una nueva línea de investigación, que a la postre bautizarían como fase 2 del caso por financiamiento electoral ilícito que ya involucraba al presidente.

Estaban pagando el derecho de picaporte como decimos en Guatemala… por contratos, por ministerios clave.

Así como la primera fase, la segunda se había construido a partir de información desde el interior del esquema. El 26 de febrero de 2018, Paulina Paiz Riera, miembro de una de las familias más poderosas de la élite guatemalteca, brindó declaración como testigo en la Fiscalía de Delitos Electorales del MP. La mujer presentó documentos que probaban que varios empresarios, entre los más influyentes del país, habían hecho donaciones no permitidas a la campaña de Morales.

Paiz detalló que el 19 de agosto de 2015, cuando ya el FCN-Nación punteaba en las encuestas y la administración Pérez Molina estaba por colapsar, el entonces candidato Morales y el excoronel Ovalle se reunieron con varios miembros de la familia Paiz y otros empresarios para acordar donaciones que servirían al partido para pagar fiscales de mesas electorales por parte de algunas de las familias de mayor alcurnia del país. Las donaciones se harían a través de la empresa Novaservicios, administrada por Paulina Paiz, a cuentas de cheques proporcionadas por Ovalle.

En total, los empresarios aportaron cerca de $1 millón para el pago de fiscales, pero el FCN-Nación solo había reportado unos $14,000 para ese rubro en la primera y segunda vueltas electorales.

“Los pagos fueron realizados directamente por las empresas (…) a los fiscales del partido y el gasto no fue reportado al TSE, lo que constituye financiamiento electoral ilícito”, concluyeron la CICIG y el MP en una conferencia de prensa celebrada el 19 de abril de 2018, poco antes de la salida de Thelma Aldana de la Fiscalía.

Los empresarios nombrados por Paulina Paiz decidieron desmarcarse de inmediato con una estruendosa conferencia de prensa en la que leyeron un comunicado en el que aceptaban haber realizado las donaciones a Morales y pedían disculpas a los accionistas de sus empresas y al país.

“El carácter de las personas no se conoce en los errores, sino en la forma en cómo los enfrentamos y de qué aprendemos de ellos, asumiendo un firme y claro compromiso de no volver a cometerlos. Por estas acciones le pedimos disculpas a Guatemala…”, decían los empresarios en su carta.

Uno de los empresarios contactó a InSight Crime poco después de la publicación del comunicado. No quiso que se le citara por nombre y se dedicó a intentar contextualizar el momento en que hicieron donaciones, enfocándose en Baldizón y su partido Líder.

Baldizón, quien luego fue arrestado en los Estados Unidos por su presunta participación en el capítulo guatemalteco del escándalo de corrupción internacional relacionado con la constructora brasileña Odebrecht, era un candidato que generaba preocupación. Sus presuntos vínculos con oscuras fuentes de financiamiento habían llamado la atención de los Estados Unidos, que había empezado a mandar señales de que no le simpatizaría una eventual administración Baldizón.

“Actuamos rápido y no fuimos diligentes. Líder -el partido de Baldizón para las elecciones presidenciales de 2015- estaba violando los límites (legales de financiamiento electoral)… (El FCN) era un partido pequeño que nos pidió ayuda”, dijo el empresario.

Cuando InSight Crime lo presionó para que explicara si habían verificado hacia dónde iba el dinero, si les habían dado recibos, o si habían vuelto a hablar con el FCN-Nación tras la elección, el empresario se excusó y colgó el teléfono.

Dos investigadores relacionados con el expediente del FCN-Nación son menos benevolentes al valorar la actuación de los empresarios.

“Estaban pagando el derecho de picaporte, como decimos en Guatemala… por contratos, por ministerios clave… Los descubrieron y hoy aparecen arrepentidos”, dice uno de ellos.

La soledad del presidente

Jimmy Morales recibió la batuta presidencial en enero de 2016. Sus problemas legales por posible financiamiento electoral ilícito comenzaron a los pocos meses de su juramentación. Foto/AP

En total, el Ministerio Público reclama al FCN-Nación y al presidente Jimmy Morales por no haber reportado el ingreso de unos $2 millones durante la campaña de 2015 y los primeros meses de 2016. En mayo de 2018, en la última conferencia que dio como fiscal general, Aldana dijo que lo establecido por las investigaciones era suficiente para pedir otro antejuicio al presidente.

A pesar del cambio en su liderazgo, el MP ha mantenido la presión. El viernes 10 de agosto, María Consuelo Porras, la abogada que en mayo sustituyó a Aldana como jefa del MP, solicitó al Congreso un segundo antejuicio a Morales por presunto financiamiento electoral ilícito.

Había dudas sobre los compromisos de Porras: su esposo es un exmilitar y ella había sido jueza, no fiscal. Sin embargo, Porras ha dejado claro que seguirá confrontando el poder del presidente: flanqueada por el comisionado Velásquez de CICIG, la nueva fiscal general detalló en una conferencia de prensa que esta segunda petición de antejuicio tiene que ver con las revelaciones de Paulina Paiz y los pagos a fiscales de mesa en la campaña de 2015 con dinero aportado por los empresarios.

El círculo vuelve a cerrarse. Jimmy Morales, el candidato que se convirtió en presidente cuando Guatemala se retorcía por la corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina, enfrenta hoy acusaciones similares a las que pesan sobre su antecesor. Parece que Morales no aprendió la lección: el financiamiento oscuro de su campaña fue su pecado original.

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