5793 Vistas |  2

Jimmy Morales lleva a Guatemala al borde del abismo

En su guerra por sacar del país a la comisión internacional que lo investiga, el presidente guatemalteco ha decidido pasar por encima de la ley primaria al desobedecer resoluciones de la Corte de Constitucionalidad.

Foto FACTUM/Cortesía


Jimmy Morales, el presidente guatemalteco, ha puesto a su país al borde de una crisis constitucional en su afán por deshacerse de la comisión investigadora internacional que lo ha acusado, entre otras cosas, de financiar de forma ilegal la campaña electoral que lo llevó al poder en Guatemala. En su afán, Morales ha incumplido órdenes del Poder Judicial y se ha mostrado dispuesto a usar de forma ilegal la fuerza pública para llevar adelante sus planes.

El pasado 7 de enero de 2019, el gobierno de Morales comunicó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, a través de su ministra de Exteriores, su decisión unilateral de terminar con el convenio que dio vida, en 2006, a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente supranacional financiado con fondos de varios países que funciona como una fiscalía adjunta al Ministerio Público (MP) local.

Dos días después, la Corte de Constitucionalidad revirtió lo actuado por el presidente, lo cual confirma la vigencia legal del mandato de CICIG.

Entre los argumentos que la administración Morales ha utilizado para informar a la ONU que desconoce a la CICIG están que la comisión excedió sus atribuciones y que sus funcionarios “participaron en actos violatorios de las leyes, incluyendo prevaricato, abuso de autoridad, actos en contra de la Constitución, órdenes ilegales y sedición”, según reportó Prensa Libre.

Morales armó, en la casa de gobierno en Ciudad de Guatemala, una multitudinaria conferencia televisada para anunciar al país su decisión de acabar con el mandato de la CICIG. Para defender su posición, el presidente acudió a familiares de empresarios, un exfuncionario y un ciudadano ruso que han sido investigados —y en el último caso condenado— por delitos que van desde el uso de documentos falsos hasta las ejecuciones extrajudiciales. Todos ellos, arguyó Morales, han sido víctimas de acciones arbitrarias que él atribuye a la CICIG y al MP.

El 8 de enero de 2019, un vocero de la CICIG anunció que el personal no guatemalteco de la comisión saldría del país como medida de prevención por la falta de garantías de seguridad y operación. La comisión no cerrará su sede en la capital y el personal local seguirá trabajando.

Desde su llegada al país hace una década, y sobre todo en los últimos cuatro años, la CICIG ha ayudado al MP a esclarecer casos de corrupción y criminalidad organizada que involucran a expresidentes, diputados, alcaldes e importantes empresarios; varios de ellos están ahora en la cárcel.

De hecho, los protagonistas de la conferencia de prensa del lunes anterior, incluido el presidente, conforman un muestrario de los poderes a los que la Fiscalía guatemalteca y la CICIG han afectado al investigarlos por su participación en todo tipo de crímenes.
Entre los testigos a los que el presidente acudió para justificar su nuevo ataque a la CICIG están:

• Familiares de Carlos Vielman, exministro de Gobernación. A finales de la década pasada, la CICIG investigó a Vielman por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales perpetradas desde la Policía Nacional Civil, de la que él era el jefe máximo. Documentos internos de la CICIG a los que InSight Crime tuvo acceso establecen que en enero de 2009 la comisión investigó al exministro como “integrante de un grupo organizado” dentro del Estado guatemalteco que participó en masacres de reos en la cárcel de Pavón y en el asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y su motorista. Un tribunal de España, país del que Vielman es ciudadano, lo absolvió en un juicio por su presunta participación en la masacre de Pavón. En el caso Parlacen las investigaciones en Guatemala no continuaron. En octubre del año pasado, la CICIG y el MP volvieron a presentar un caso contra Vielman, esta vez por su presunto involucramiento en las ejecuciones extrajudiciales de reos que se fugaron en 2005 de una prisión conocida como El Infiernito. Vielman fue ministro de Gobernación durante la presidencia de Óscar Berger y fue siempre muy cercano a las élites económicas guatemaltecas.

• La familia Valdés Paiz. Una detallada investigación publicada en 2016 por InSight Crime sobre las élites guatemaltecas reveló la posible participación de los hermanos Francisco y José Valdés Paiz en un complot criminal que culminó con el suicidio de Rodrigo Rosemberg, abogado que entre sus clientes tenía a Luis Mendizábal, un oscuro operador político y de inteligencia a quien congresistas estadounidenses han pedido incluir en una lista de posibles sancionados por su relación con el crimen organizado. El MP acusó a los Valdés Paiz de ser autores intelectuales de la muerte de Rosemberg. En agosto de 2017, un tribunal de segunda instancia ordenó el cierre del caso contra los hermanos por falta de pruebas.

• La familia Bitkov. Igor Bitkov es un ciudadano ruso que ha sido condenado en Guatemala por comprar documentos falsos a una organización criminal incrustada en la autoridad migratoria del país. En 2010, cuando Bitkov compró esos documentos, el MP investigó una red criminal dedicada a fraudes migratorios, en la que incluyeron, como sospechoso, a Enrique Degenhart, el actual ministro de Gobernación y uno de los principales aliados del presidente Morales. El 28 de diciembre pasado, una jueza sentenció a Bitkov a pasar cinco años en la cárcel. Este caso es también relevante porque, con el concurso de cabilderos y una columnista estadounidense, fue utilizado en Washington por congresistas republicanos para intentar frenar las investigaciones de CICIG alegando que la comisión estaba coludida con el gobierno ruso para perseguir a los Bitkov. El Departamento de Estado de Donald Trump desmintió esa posibilidad.

Pero el gran protagonista de la conferencia de prensa del lunes pasado fue Jimmy Morales, él mismo investigado por la CICIG y el MP por presunto financiamiento electoral ilícito. De nuevo, como lo hizo ante el pleno de Naciones Unidas en septiembre pasado, el presidente acusó a la CICIG, y de paso al MP, de violar la ley, y, otra vez, se puso al frente de un despliegue de fuerza para sacar a la comisión del país, esta vez contraviniendo órdenes de la Corte de Constitucionalidad que ya falló a favor de la CICIG en varias ocasiones e irrespetando órdenes judiciales, como la que establece que Igor Bitkov tendría que estar en la cárcel, no en una conferencia de prensa.

Ya el sábado anterior, al intentar impedir a Guatemala la entrada de un investigador colombiano, el gobierno de Morales, también en contravención con órdenes judiciales que deshicieron una intentona de negar visados a funcionarios extranjeros de CICIG, ordenó a la policía acordonar el aeropuerto internacional La Aurora.

Crisis constitucional

La denuncia unilateral del convenio que da vida a CICIG no tiene, por ahora, efectos prácticos: para que la comisión deje de operar antes de que su mandato expire en septiembre de 2019 aún faltan varios pasos legales que escapan, en teoría, a la decisión de Jimmy Morales.

La existencia de CICIG está regulada por la Convención de Viena sobre el derecho de tratados, legislación internacional adoptada por el Estado guatemalteco. El acuerdo firmado entre Guatemala y la ONU establece, en su artículo 14, que este tiene una vigencia de dos años. La última vigencia fue renovada por el mismo Morales el año pasado, lo cual pone la fecha de vencimiento del acuerdo el 3 de septiembre próximo.

El mismo acuerdo establece que si una de las partes quiere denunciarlo, es decir terminarlo unilateralmente, debe dar aviso con 12 meses de anticipación, lo que es imposible porque el pacto tiene ya solo 8 meses de vida.

El secretario general de la ONU, Antonio Gutérres, dijo el lunes mismo que rechaza la petición guatemalteca y reiteró que CICIG está viva al menos hasta el fin de su mandato actual.

Algo que ha quedado claro tras los acontecimientos de los últimos días es que las élites empresariales, otrora afines a CICIG, harán cuerpo con Morales sin importar las consecuencias. En una rápida reacción tras el anuncio presidencial, la cúpula empresarial dio una conferencia de prensa para acuerpar al mandatario.

Las últimas movidas de Morales en este tablero también han empujado a otros actores a posicionarse más claramente a favor de CICIG y las investigaciones contra la corrupción o a reiterar sus apoyos y oposiciones.

Así, por ejemplo, el intento de impedir el ingreso al país del investigador colombiano el sábado anterior, empujó a la fiscal general Consuelo Porras, que hasta entonces se había mostrado tibia para contravenir a Morales, a ordenar el arresto de los funcionarios del Ejecutivo que intentaron deportar al funcionario de la CICIG.

Álvaro Arzú Escobar, presidente del Legislativo e hijo del fallecido expresidente Álvaro Arzú Irigoyen -también investigado por la CICIG y el MP-, ha dicho que hay votos para apoyar la decisión del presidente de denunciar el tratado. La decisión del Congreso, de acuerdo con la ley guatemalteca, no es vinculante.

Las posiciones en Estados Unidos, uno de los países que más aporta al financiamiento de la CICIG, también han quedado más claras. Cuando Donald Trump llegó al poder, el apoyo incondicional de la administración Obama a la comisión empezó a debilitarse, e incluso permitió el empoderamiento de funcionarios que utilizaron pertrechos donados por Washington para amedrentar a la CICIG. Tras los últimos eventos, sin embargo, los demócratas, que hoy son mayoría en la cámara baja, han advertido a Morales que suspenderán ayudas y lo han tildado abiertamente de corrupto. El senador Patrick Leahy, uno de los más influyentes en temas centroamericanos en la cámara alta, ha dicho al guatemalteco que no es bienvenido en Estados Unidos.

Parece obvio, sin embargo, que el presidente Morales está dispuesto a llegar incluso más allá de lo permitido por la ley y de las presiones internacionales en su afán por expulsar a la comisión y bloquear el avance de investigaciones en curso o la apertura de otras nuevas. Por ahora ya ha intentado contravenir la autoridad del Poder Judicial, algo que la Constitución guatemalteca le impide, pero también ha mostrado intención suficiente de acudir a la fuerza pública para mantener en firme sus decisiones.

La chispa de la crisis constitucional está encendida. Jimmy Morales está resuelto a atizarla.


La versión original de este artículo fue publicada en InSight Crime y se reproduce aquí con autorización.

¿TE HA GUSTADO EL ARTÍCULO?

Suscríbete al boletín y recibe cada semana los contenidos en tu email.


Tags

#Guatemala