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Encuesta Iudop: los salvadoreños solo están en contra del aborto cuando una niña es violada

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La reciente encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA refleja que la mayoría de la población está a favor de permitir el aborto cuando la vida de la madre corre riesgo y si el feto tiene malformaciones que impidan su vida fuera del útero. Sin embargo, en el caso de las niñas embarazadas a causa de una violación sexual, el grupo más vulnerable por su condición de víctimas y menores de edad, el rechazo de la sociedad al aborto es predominante.

Foto FACTUM/Frederick Meza


Pregunta de la tabla 93: “Érica es una niña de 11 años. Su tío la violó y quedó embarazada ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que la ley permita un aborto cuando el embarazo es producto de una violación, como en este caso?”

Siete de cada 10 salvadoreños respondieron que no, que la ley no debería permitir el aborto en un caso como este, el de una menor de edad que ha quedado embarazada producto de un delito grave e imprescriptible – violación sexual en menor o incapaz-, cometido por un adulto que abusó de la confianza y los vínculos familiares con la víctima.

Pregunta hecha en la encuesta del Iudop.

Érica es solo un caso ficticio que se incluyó entre las preguntas de la más reciente encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA (Iudop), presentada este martes 22 de mayo. Pero la realidad de Érica es representativa de la situación actual de la legislación salvadoreña: prohibición total del aborto en cualquiera de sus formas y además penalización con condenas que van desde los dos a ocho años de cárcel si se considera delito de aborto consentido (artículo 133 del Código Penal), hasta los 30 a 50 años cuando el delito es tipificado como homicidio agravado (artículo 129 del Código Penal) contra el hijo recién nacido.

El caso hipotético de Érica simboliza también la continua vulneración de los derechos de la niñez en El Salvador. Solo en 2017 se registraron 1,885 partos de menores de edad y 1,350  denuncias por el delito de violación sexual en contra de niñas y adolescentes, según los registros del Observatorio de Violencia de Ormusa, que se refieren exclusivamente a los casos conocidos por la Policía Nacional Civil.

Sin embargo, los resultados de la encuesta del Iudop muestran que la población es más tolerante con el aborto en otros dos supuestos, ejemplificados con los casos ficticios de Guadalupe y Cecilia, incorporados como preguntas de la misma encuest.

Tabla 92: “Guadalupe tiene dos meses de embarazo cuando el doctor le dice que su bebé está creciendo fuera del útero. Si el embarazo sigue y el bebé sigue creciendo fuera del útero, Guadalupe podría morir ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que la ley permita un aborto cuando el embarazo pone en grave peligro la vida de la mamá, como en este caso?”. Cinco de cada 10 salvadoreños consideraron que la ley debe permitir un aborto en casos como el de Guadalupe.

Pregunta hecha en la encuesta del Iudop.

La opinión de la población también es favorable en un tercer caso hipotético presentado por el Iudop que se parece mucho a la polémica petición de “Beatriz”, quien padecía de lupus, tenía un hijo pequeño y en 2013 estaba embarazada de nuevo, pero el feto no tenía cerebro ni posibilidades de sobrevivir. Su condición de salud era crítica y por eso pedía que le permitieran interrumpir el embarazo desde los primeros meses de gestación. No lo consiguió y al final le hicieron una cesárea. La bebé murió a las pocas horas de nacida.

Tabla 94: “Cecilia está embarazada por segunda vez. Cuando tiene tres meses de embarazo, el doctor le explica que su bebé no tiene cerebro, por lo que va a nacer muerto o va a morir pocas horas después de nacer. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que la ley permita un aborto cuando el bebé no va a sobrevivir, como en este caso?

En el caso de Cecilia, el 50.6 % de la población se mostró a favor del aborto si la ley permitiera esta posibilidad en El Salvador. Así lo recoge la encuesta del Iudop.

Pregunta hecha en la encuesta del Iudop.

“Encontramos una población dividida, pero no es despreciable que los consultados estarían de acuerdo con que la ley permita un aborto bajo fundamentalmente estas dos causales”, dijo Jeannette Aguilar, directora del Iudop, tras la presentación de los resultados de la encuesta. En la conferencia de prensa, el énfasis fue en la calificación del presidente Salvador Sánchez Cerén -nuevamente reprobado-, la situación del país y de las perspectivas de cara a las presidenciales de 2019. Nadie se refirió, en ese momento, a las preguntas sobre el aborto.

“Tanto las autoridades eclesiales como los sectores políticos, sobre todo partidarios, los de mujeres, sobre todo el movimiento feminista, los movimientos pro-vida, se abrogan el derecho de hablar en nombre de la población, pero no le han preguntado a la gente qué opina (…) Creo que hay que sacar el tema de la ideologización y moralización y plantearlo como un problema real que están enfrentando las mujeres”, concluyó Aguilar.

Las preguntas del Iudop a la opinión pública sobre el aborto se hicieron por primera vez en 2012, a raíz de discusión que se generó en ese momento sobre las cuatro causales para la despenalización del aborto. Entonces, el 51 % consideró que se debería permitir cuando el bebé no tenía posibilidades de sobrevivir. El 76 % respondió que no se debería permitir el aborto por el embarazo fruto de una violación sexual y el 57 % estaba a favor de ello cuando la vida de la madre estuviera seriamente amenazada, así lo reflejaba la “Encuesta de opiniones sobre el aborto terapéutico”.

Las preguntas de ambas encuestas responden a las cuatro causales planteadas en la propuesta de reforma del artículo 133 del Código Penal. Se refieren a cuatro escenarios: 1. Por el riesgo para la vida o la salud de la madre; 2. Por ser un embarazo a causa de una violación sexual o por trata de personas en una adulta; 3. En caso de graves malformaciones del feto que impidan su vida fuera del útero; 4. Por tratarse de una violación sexual en una menor o un caso de estupro. En todos los casos expuestos además se exige la autorización médica previa y el consentimiento de la mujer o la menor de edad y sus padres o tutores legales.

La propuesta de reforma fue respaldada por la diputada Lorena Peña en octubre de 2016, cuando era presidenta de la Asamblea Legislativa. Las organizaciones nacionales e internacionales que impulsaron las cuatro causales presionaron e intentaron convencer a los diputados para lograr una aprobación de las reformas durante la pasada legislatura que finalizó en abril de 2018. Pero la iniciativa a favor de la despenalización no logró avanzar en el órgano legislativo, ni siquiera llegó a ser discutida en el pleno de la Asamblea.

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