1180 Vistas |  Like

Inútil

Compartir...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestBuffer this pagePrint this pageDigg thisShare on TumblrEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Reddit

A finales de 2014, un reporte del Senado de Estados Unidos reveló que las torturas a acusados de pertenecer a Al Qaeda realizadas por tropas estadounidenses no produjeron ninguna información que previniera futuros ataques en el mundo. El mismo reporte señala que las técnicas de interrogación, entre las que estaban quitarle el sueño a los prisioneros y ahogamiento simulado, estuvieron mal gestionadas y produjeron información fabricada.

Al gobierno de Estados Unidos le tomó más de una década confirmar que los métodos extraoficiales que utilizó en su persecución de Al Qaeda lastimaron profundamente la imagen de esta nación norteamericana, un país que se enorgullece de su democracia y separación de poderes.

En El Salvador, un reportaje de El Faro sugiere la existencia de ejecuciones extrajudiciales en operativos destinados a desalojar pandilleros que usurpaban un inmueble en el departamento de La Libertad. Otros reportes señalan que un pandillero, acusado de ordenar un paro al transporte público, asegura haber sido torturado durante interrogatorios policiales.

Estas informaciones, al margen de ser ciertas o no, afectan la imagen y la credibilidad de un gobierno que se dice respetuoso de los derechos humanos y de los procedimientos institucionales. Ya la experiencia estadounidense sugiere que cualquier método extrajudicial de recolección de información es inútil e ineficaz. Además, el combate a la delincuencia con acciones ocultas solo abona a la continuidad de la violencia.

Es por eso que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén necesita reforzar la controlaría de derechos humanos en las acciones de la Policía y de la Fuerza Armada, de la cual el presidente es comandante en jefe por mando constitucional. La Procuraduría de Derechos Humanos podría tener una labor relevante en documentar y establecer responsabilidad en estas situaciones. En el caso de El Salvador, esta verificación se vuelve más complicada porque muchos de los involucrados son responsables de victimizar a la población civil. Pero no por eso menos necesaria.

Nuestra realidad obliga a un monitoreo muy diferente a los de las décadas de los setentas y ochentas, cuando los gobiernos en turno, la Policía y la Fuerza Armada perseguían opositores políticos. En ocasiones como esta, los símiles históricos con épocas pasadas, lejos de aclarar el panorama, lo oscurecen.

Vulnerar los derechos humanos de los detenidos no solo es inútil, sino que compromete la efectividad de las instituciones para combatir la delincuencia. Es hora de que el gobierno de El Salvador haga un compromiso mayor en la investigación de estos hechos y no olvide el pasado de una izquierda que siempre pregonó los derechos humanos como parte inalienable de su ideario político. Ojalá no tengan que pasar 10 años para eso.


 

[Ricardo J. Valencia es estudiante del doctorado en medios de comunicación de la Universidad de Oregon, Estados Unidos. Su trabajo se concentra comunicación internacional y comunicación estratégica. Puede seguirlo en su cuenta de Twitter @ricardovalp]

Compartir...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestBuffer this pagePrint this pageDigg thisShare on TumblrEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Reddit