Jo-Marie Burt es latinoamericanista. Doctora por la Universidad de Columbia, esta catedrática y directora de Estudios Latinoamericanos en la Universidad George Mason, en Virginia, empezó su relación con América Latina cuando tenía 19 años y era apenas una estudiante. Fue en la década terrible, la de los 80, cuando el gobierno de Estados Unidos presidido por Ronald Reagan apoyaba en el continente a dictaduras brutales que hicieron de la tortura una de sus principales argumentos para el ejercicio de su poder absoluto, que Burt se dio cuenta de cuánta distancia había entre la narrativa oficial en su país -la de Estados Unidos, defensor de la democracia- y la realidad que Washington ayudaba a construir en los países del sur. En estos días, Burt es una de las latinoamericanistas más citadas en medios de prensa estadounidenses a propósito del informe del Senado sobre torturas perpretadas por la CIA tras el 11 de septiembre de 2001, que ha traído el tema a los jardínes de la Casa Blanca y el Congreso. Factum charló con ella sobre el significado de ese informe para la política estadounidense, sobre la ironía de que al final es Washington el que debería aprender de América Latina -en el sur, a pesar de todo, varios torturadores se han sentado en el banquillo o están en la cárcel- y sobre la incierta posibilidad de que todo esto termine en procesos judiciales contra funcionarios de la administración Bush, principales responsables de los métodos de tortura expuestos por el Senado.

En esa década terrible de 1980, Jo Marie Burt siguió de cerca lo que pasaba en El Salvador, su guerra, sus asesinatos políticos, sus masacres. Luego, cuando la paz llegó a El Salvador, a Guatemala, a Centroamérica, siguió viendo de reojo los procesos de reconciliación nacional y de rendición de cuentas -el juicio del dictador Ríos Montt en Guatemala, por ejemplo. De reojo: durante buena parte de la década pasada, Burt centró su investigación y su activismo en Perú: fue observadora para la Oficina de Washington para América Latina (WOLA en inglés), de la que es miembro senior, en el juicio contra el expresidente Alberto Fujimori y ha escrito libros, ensayos y artículos sobre justicia transnacional.

El 15 de diciembre pasado, la catedrática escribió una artículo en el blog del Huffington Post en el que, desde el título, resume su tesis central: parece que a Estados Unidos le queda mucho que aprender en este tema. Mucho que digerir. “Lecciones de América Latina para los Estados Unidos: procese a los torturadores” se titula la pieza.

“Es mi esperanza que quienes aún lo creen (que las torturas realizadas por la CIA eran necesarias y ayudaron a prevenir ataques terroristas contra Estados Unidos) lean el reporte del Senado; si lo hacen seguramente quedarán horrorizados por sus revelaciones: que los Estados Unidos de América, que presume de ser un ejemplo de libertad, defensor y activista de los derechos humanos, aprobó el uso de la tortura; eso no es solo una aberración jurídica, también es una aberración moral”, escribe Burt.

El reporte del Senado, espera la catedrática, puede generar una discusión más amplia en Estados Unidos, no solo sobre la tortura, sino sobre la posibilidad de llevar ante la justicia a los torturadores.

 Lea aquí "Cátedra de tortura 
(made in USA)", columna de Héctor Silva Ávalos

¿Cuál es tu relación con este tema, sobre todo en lo referido a la tortura en América Latina?

Empezó en los 80, en la universidad. Por algunos de mis profesores, que se habían involucrado con Centroamérica, aprendí sobre las guerras centroamericanas. Aprendí sobre el rol que Estados Unidos jugaba en todo eso.  Estaba impactada. En los 80 aprendíamos en la escuela que éramos una gran democracia, que hacíamos cosas maravillosas y que ayudábamos a promover la democracia en el mundo. Lo que empecé a entender fue que todo era mucho más complicado; empecé a entender que Estados Unidos apoyaba a dictadores brutales en Centroamérica, especialmente en El Salvador, que era el país del que más se hablaba aquí entonces debido a lo intenso del involucramiento de los Estados Unidos, pero también por los niveles de violencia y brutalidad. Así empecé, digamos, a cuestionar a mi país; empecé a estudiar y a viajar… a investigar, a escribir.

Pero te especializaste en Perú…

Viajé a Perú y a las dos semanas de estar ahí hubo una masacre en una cárcel; había motines en las prisiones; el gobierno bombardeaba las prisiones… ejecutaron a más de 100 prisioneros. Era 1986. Trabajé en el tema de violencia política, pero en años recientes he trabajado más en el tema de derechos humanos… He entendido que el tema al que es siempre importante ponerle atención es al de la impunidad. Si revisas, a mediados de 2000, algunos países de la región empezaron a revisar sus leyes de amnistía, o al menos a encontrar formas de superarlas, y terminaron enjuiciando a violadores de derechos humanos. Estudié los casos de Uruguay y Argentina al principio; luego fui observadora en el juicio contra (el ex presidente peruano Alberto) Fujimori. Hoy sé que América Latina es única en su esfuerzo por combatir esta impunidad, al menos algunos países, porque no pasa en todos lados: El Salvador es uno de los países en que sabemos que no ha pasado nada en términos de persecución legal.

“Pensamos que Obama iba a abrir investigaciones por esto, pero eso no pasó”.

Nada, no ha pasado nada.

Pero hay mucho lugares en América Latina donde sí ha habido procesos legales importantes, y no solo contra los autores materiales de los abusos, sino también contra oficiales superiores; contra la gente que ideó y puso en marcha los planes para ejecutar violaciones masivas a los derechos humanos, torturas, desapariciones, ejecuciones…

Déjame saltar a lo que está pasando ahorita en los Estados Unidos. La experiencia latinoamericana habla claro del apoyo estadounidense a los torturadores, ¿por qué este informe del Senado ha sorprendido a tanta gente? ¿Por qué hay tantos a los que parece inaudito que la CIA esté involucrada en torturas y violaciones a los derechos humanos?

Para quien conoce América Latina la relación parece obvia, pero tienes que recordar que la opinión pública en Estados Unidos no está muy enfocada en la política exterior. No estudiamos nuestra política exterior lo suficiente. La gente no pone atención a lo que pasa lejos de nosotros. Y, también, durante los ocho años de la administración Bush, nos alimentaron constantemente con miedo para decir que el fin justificaba los medios…

“Si los Estados Unidos se involucra con la tortura, con qué moral va a criticar a otros gobiernos”.

Y parece que esa es ahora, tras la publicación del informe sobre torturas, la misma narrativa. Es lo que han dicho funcionarios como el ex vicepresidente Dick Cheney y otros como él…

Así es, lo han justificado y han tratado de usar eufemismos como interrogatorios ampliados, pero eso son eufemismos. Oí a Dick Cheney decir el otro día “nos detuvimos antes de torturar”. Es una herramienta retórica para oscurecer la realidad, y la realidad es que estos tipos se involucraron en métodos que solo pueden calificarse como tortura. Y sabemos que la tortura es una violación a nuestras leyes, a la ley internacional, por eso es que (estos funcionarios) hicieron tantos esfuerzos para denunciar la Convención de Ginebra. Hicieron todo lo que pudieron para proteger a los responsables de usar estos métodos.

Lo que me trae de nuevo al tema de la impunidad. Se lee y oye muy poco en Estados Unidos sobre la posibilidad de que estos funcionarios sea procesados aquí.

El presidente Obama dijo una frase que es muy perturbadora: “Hemos torturado a algunas personas”. A la vez que lo estaba reconociendo, también, creo, está tratando de disminuir la magnitud de lo que estaba diciendo. Él sabe lo que pasó; él fue profesor de derecho constitucional y sabe lo que esto significa. Hay muchas cosas que no entiendo: cuando Obama se convirtió en presidente, mucha gente celebró cuando dijo que iba a cerrar Guantánamo, y también prometió que iba a detener estos terribles métodos de interrogación, lo hizo por escrito. También pensamos que iba a abrir investigaciones por esto, pero eso no pasó.

¿Es una posibilidad real, hoy que se abrió esta ventana, que procesen a algún funcionario estadounidense?

Como en cualquier lado, esto requiere voluntad política. Vemos por ejemplo que en Argentina más de 500 personas responsables por violaciones a los derechos humanos han tenido que rendir cuentas, incluyendo generales, sacerdotes, incluso hombres de negocios. Hay un consenso social.

También pasó en Guatemala…

Sí, pero tomó mucho tiempo para construir estos consensos. Es importante tenerlo en cuenta. En Argentina hubo un largo periodo de impunidad. En El Salvador sigue existiendo. O en Brasil, que recién emitió un informe sobre la verdad, casi 30 años después de la transición a la democracia, pero aún no procesan a nadie por las torturas y abusos que ocurrieron.

En Estados Unidos creo que este reporte es un primer paso, muy importante. No puede ser el final. Hay gente diciendo “está bien, tenemos un reporte, lo reconocimos, avancemos”. Pero sabemos que si hacemos eso muchas décadas después estos temas no se han desvanecido, porque no los puedes enterrar bajo la alfombra, porque las víctimas quieren saber y ser escuchadas, la verdad espera por salir.

En Estados Unidos es un tanto diferente que en América Latina, hay diferencias. Creo que aún debemos discutir mucho en Estados Unidos: no es solo reconocer lo que pasó, es hacer que quienes son responsables rindan cuentas.

¿Es eso posible cuando parece que el presidente no se compromete del todo a perseguir a los responsables?

Depende de nosotros.

¿De quiénes?

De quienes vivimos en este país, de los ciudadanos, de la sociedad civil. Eso es lo que ocurrió en América Latina. Es decir, no fueron los gobiernos los que dijeron “es importante que esto ocurra”; ningún gobierno tomará las riendas en esto jamás. Son los movimientos de la sociedad civil, de las víctimas que demandan de diferentes formas saber la verdad y que se nombre a los responsables.

Leí ayer que, según una encuesta del Pew Research Center, cerca de la mitad de los estadounidenses piensa que estos métodos están justificados por la salvaguarda de la seguridad nacional.

Déjame interpretar eso. Es posible que mucha gente crea que el fin justifica los medios. Es muy probable. Y que haya mucha gente que teme por las amenazas a nuestra seguridad nacional. Son personas que han tenido miedo durante muchos años,  y a quienes el presidente (Bush), el vicepresidente (Cheney) les han dicho que está bien, entonces creen que está bien. Pero también hay mucha gente que no compra eso, que tiene una percepción más crítica. Es tan deprimente; en verdad creo que mucho tiene que ver con el discurso oficial que le han metido a la gente; incluso Hollywood, que les ha dicho que la tortura funciona. La gente empieza a creer en todo esto.

Lo que necesitamos es educar, ayudar a nuestros jóvenes a razonar estas cosas, a hacerles entender que es mentira, una gran mentira, que la tortura funciona. Eso número uno. Y número dos, la mentira de que el fin justifica los medios: vivimos en una democracia, que se basa en la idea del debido proceso. Eso importa. La ley importa.

¿Cree que esto permeará de alguna manera a los políticos que se aprestan a pelear las primarias por la presidencia en 2016?

Esperaría que sí porque creo que es algo que debemos abordar como país. Digamos que lo que nos muestra la encuesta de Pew es un país dividido… pero, ¿estamos de acuerdo en violar nuestras propias leyes? Qué significa eso para nosotros como país; es un tema muy importante, por lo que espero que sea parte de la discusión electoral. Tampoco quiero que se convierta en un pretexto para la politiquería.

Durante mucho tiempo Estados Unidos se ha percibido a sí mismo como una especie de policía internacional, con sus reportes anuales sobre derechos humanos en el mundo, que dicho sea de paso sirven como presión a gobiernos en países como el mío. ¿Cómo puede Estados Unidos seguir adjudicándose ese papel tras un golpe moral como este?

Primero hay que tomar en cuenta que esos reportes existen porque Estados Unidos apoyó gobiernos con récords terribles de violaciones a los derechos humanos; eran mecanismos de control y rendición de cuentas para intentar evitar que Estados Unidos diera ayuda militar a gobiernos abusivos. Ese es el origen de esos reportes. Lo otro es absolutamente correcto: si los Estados Unidos se involucra con la tortura, con qué moral va a criticar a otros gobiernos. En serio, es un problema grave. Mientras no lidiemos de verdad con este tema la credibilidad de Estados Unidos estará seriamente dañada.