David Morales terminó esta semana su periodo al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Aún no hay claridad si será reelegido: desde la Asamblea Legislativa, muchos diputados lo acusan de defender a pandilleros. Morales asegura que durante su gestión se ha priorizado la atención a las víctimas de la violencia pero que ello no excluye denunciar (y documentar) las violaciones a los derechos humanos cometidas por instituciones de seguridad del Estado. “Proteger los derechos humanos es la finalidad misma del Estado, y si estos se transgreden deben venir los correctivos y los procedimientos que establece la ley, inclusive el establecimiento de responsabilidades por abusos”, dice el abogado, que durante su gestión determinó que hubo al menos dos casos de ejecuciones extrajudiciales desde los cuerpos de seguridad del Estado.

Durante su gestión, Morales asegura que abrió 39 expedientes para determinar si hubo o no ejecuciones extrajudiciales. En esta entrevista, el ex procurador habla sobre el fenómeno, a partir de la publicacion de Factum sobre la detención del pandillero Dany Romero, a quien la Fiscalía detuvo en la “Operación Jaque”, acusado de varios delitos, pero cuya vinculación se ha explicado por “atacar al Estado” al documentar supuestas ejecuciones extrajudiciales.

¿Qué es lo que sabe la Procuraduría sobre Dany Romero?

Sabemos que Dany Romero ha venido a la PDDH a colocar varias denuncias relativas a su situación personal.  Estas son denuncias, según me informan, vinculadas a posibles persecuciones de las autoridades policiales o fiscales que él consideraba injustificadas. Ha sido en un periodo grande que él ha acudido a estas situaciones. Sabemos que él es una persona que realiza trabajo con organizaciones de la sociedad civil en temas de prevención y que durante varios años ha desempeñado ese tipo de funciones. Sin embargo,  si la última detención es arbitraria o no es un posicionamiento que debe asumir la Procuraduría después de la verificación, que es la que en este momento está en desarrollo y mientras tanto yo no puedo concluir una opinión.

¿Saben sobre los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales que él ha documentado?

Sobre denuncias de ejecuciones extralegales de la policía, nosotros tenemos una cantidad grande de casos en verificación. Son 39 expedientes los que tenemos. Algunos de estos acumulan diversos casos por un total de aproximadamente 140 personas fallecidas en circunstancias de presuntos enfrentamientos (entre policías y pandilleros) que los medios de comunicación han revelado con elementos sospechosos de que pudieron haberse dado ejecuciones. Pero la gran mayoría de estos expedientes las hemos iniciado oficiosamente, no por denuncias. Sin embargo, obviamente, él (Romero) pudo haber presentado estas denuncias a otras instancias nacionales e internacionales. Yo he pedido un informe detallado de lo cual todavía no tengo un resultado completo.

Hablábamos con el fiscal del caso llamado “Operación Jaque”. Nos dijo que la actividad criminal de Romero es atacar al Estado mediante denuncias sobre violaciones a derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales.

No conozco las declaraciones del fiscal, no las puedo valorar, pero sí puedo afirmar que denuncias por violaciones a derechos humanos nunca deben entenderse como ataques al Estado. El Estado tiene por finalidad el respeto y la garantía de los derechos humanos. Inclusive nuestro régimen constitucional en su artículo lo remarca. Proteger los derechos humanos es la finalidad misma del Estado, y si estos se transgreden deben venir los correctivos y los procedimientos que establece la ley, inclusive el establecimiento de responsabilidades por abusos. Entonces, las denuncias por violaciones a derechos humanos, ya sean presentadas en la Procuraduría, en una oenegé o en instancias internacionales, no deben considerarse nunca como ataques al Estado. Por el contrario, son llamados que el Estado debe verificar para tener una actuación de acuerdo a su finalidad.

El argumento del fiscal del caso es que estas denuncias no eran con una intención “transparente de justicia” sino una línea de ataque de la Mara Salvatrucha para debilitar la institucionalidad del Estado.

Lamentablemente, como le digo, no he escuchado directamente las declaraciones del fiscal, no me puedo referir en específico a ellas, pero le digo que, en todo caso, se debe judicializar con evidencias  de la participación en delitos. Eso es un estándar claro de las garantías procesales. No se debe procesar por las apariencias ni por suposiciones, mucho menos se debe criminalizar la defensa de los derechos humanos. La judicialización de un caso y el procesamiento de cualquier persona deben ser sobre la base de elementos de juicio de posible participación en conductas que están tipificadas como delitos en la ley, y eso debe ser la fortaleza para cualquier requerimiento fiscal. Es lo que nosotros vamos a verificar también como Procuraduría en el caso específico del señor Dany Romero.

David Ernesto Morales Cruz, procurador de los Derechos Humanos en El Salvador hasta el 8 de agosto de 2016.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez.

En las breves pláticas que tuvimos con Romero, él  decía que ha documentado el mismo número de casos de ejecuciones extrajudiciales que usted nos dice. La Fiscalía dice que no va a investigar estos casos porque pueden ser inventados; sin embargo, con el caso de Panchimalco y San Blas, este dato no parece tan surrealista…

Yo pienso que se han dado algunos casos. Yo he declarado dos de esos casos. Que tengamos 39 casos abiertos no debe llevar a la Procuraduría a asegurar que todos son ejecuciones extralegales sino que están sometidos a verificación. Por supuesto es una labor difícil poder determinar todo; esto es complejo. A veces hay dificultades para obtener la información. Y la capacidad en recursos de la PDDH es bastante limitada. Pero sí, se han dado ejecuciones extralegales al menos en dos casos. Hay un patrón de violencia muy claro desde hace mucho tiempo de limpieza social que se conoce en El Salvador, que se conocen como casos de exterminio de los cuales hay una violencia de posibles ejecuciones extrajudiciales con fines de limpieza social. Normalmente estos casos han sido cometidos por grupos irregulares. Lamentablemente este no es un fenómeno de coyuntura. Nosotros lo hemos detectado desde los años 90. Aquí ha habido un escenario de impunidad. Todos recordamos (a la) Sombra Negra en los 90, luego vienen casos en 2000. En algunos han resultado policías involucrados.

¿Pero estos casos se han dado en el marco de las medidas represivas contra las pandillas?

Es que las medidas represivas contra las pandillas vienen desde los años 90. Recordemos los años del “manodurismo”, donde esto fue más exacerbado. Tenemos casos históricos documentados…

¿Ha habido incremento de casos desde el manodurismo para acá?

Bueno… le estoy mencionando Sombra Negra, en los años 90 ¿verdad? Y después hubo otros grupos que aparentemente habrían tenido esta finalidad. En la coyuntura, sin atarlo a las medidas extraordinarias, porque no puedo afirmar yo que esto tenga que ver con las medidas específicas extraordinarias, hemos tenido una escalada delictiva atroz en 2015 y los primeros meses de 2016.

¿De ejecuciones?

La delincuencia, los grupos de crimen organizado y las pandillas escalaron la violencia delictiva, lo cual legítimamente ha requerido una acción más contundente del sistema policial, pero esa respuesta siempre debe ser en el marco de la Constitución y la ley. Y en ese escenario de la escalada delictiva hemos tenido estos casos de posibles ejecuciones extrajudiciales en supuestos enfrentamientos.

De estas 140 víctimas de las que habla, ¿De qué años para acá son?

En mi gestión… 2013 para acá.

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