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Los salvadoreños que viven confinados por el miedo

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El Salvador se ha convertido durante la última década en un país hostil para sus habitantes. Las amenazas y ataques de pandillas y las fuerzas de seguridad del Estado han obligado a muchos a huir de sus casas por el temor a represalias. Los que pueden se mudan a otra ciudad o logran apoyo para migrar o solicitar asilo. El informe de 2017 sobre desplazamiento forzado interno por violencia que presenta Cristosal y Fundación Quetzalcoatl revela que en 326 de los 701 nuevos casos registrados las personas no han podido huir de sus casas por falta de recursos. Están encerradas por el miedo. Las organizaciones esperan que el gobierno reconozca el fenómeno y brinde de una vez atención especializada a las víctimas.

Foto FACTUM/Archivo


A sus 19 años, Felipe ya se ha librado de una muerte violenta. Toda su vida la había pasado en Cojutepeque, junto a su familia, pero cuando comenzó el bachillerato se vio obligado a cruzar las fronteras invisibles que dividen los territorios dominados por pandillas rivales. Era la única manera de llegar cada día a sus clases en el complejo educativo de la zona. Así comenzaron el acoso y las amenazas. Una docena de pandilleros de la MS-13 lo secuestró junto a un amigo, los llevaron a una zona despoblada y a ambos los acusaron de ser informantes del Barrio 18. Ellos dijeron que solo eran estudiantes, pero esta explicación no satisfizo a los pandilleros. Los dos jóvenes fueron torturados: a Felipe le fracturaron varios huesos antes de intentar huir lanzándose por un barranco. A su amigo le dieron varios machetazos en la cabeza. A los dos los dieron por muertos.

Después de salir del hospital, Felipe huyó hacia el norte de El Salvador y allí se quedó a vivir con un tío. Luego pasó medio año encerrado, logró terminar sus estudios de bachillerato en otro centro educativo y consiguió un trabajo informal. Pero las amenazas no terminaron. Otros miembros de la misma pandilla que casi lo mata, empezaron a pedirle que prestara su casa para drogarse.  Además, la familia de Felipe empezó a recibir amenazas, les decían que ya sabían dónde estaba viviendo el joven y que no regresara porque “iban a finalizar el trabajo” con él.

Este testimonio fue recabado por Cristosal y la Fundación Quetzalcoatl en el informe “Visibilizar lo invisible. Huellas ocultas de la violencia”, que recoge casos de desplazamiento forzado por la violencia durante 2017. Felipe dijo en ese momento que ya no soportaba el temor de ser atacado nuevamente y que había decidido migrar en el plazo de una semana al país donde se había asentado su amigo sobreviviente del ataque, que él le había prometido apoyo para establecerse allá.

Cristosal y la Fundación Quetzalcoatl registraron 701 nuevos casos de personas que tuvieron que dejar sus casas por la violencia en 2017 (375)  o que están esperando para hacerlo pero aún no tienen los medios para ello (326 personas). Son en total 186 familias afectadas que consideran que su única alternativa para su situación de riesgo es, en nueve de cada diez casos, salir del país.

Las víctimas han informado a estas organizaciones que las principales causas que les han impulsado a huir son, en este orden, las amenazas, los homicidios contra miembros de su familia, la extorsión o las lesiones por ataques directos. Los grupos que les obligan a abandonar el lugar donde viven son, también en este orden,  las pandillas mayoritariamente, miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), personas desconocidas que las víctimas prefieren no identificar por temor a represalias y otros actores que, en unos pocos casos, fueron mencionados como grupos de exterminio.

La Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado, de la cual forman parte Cristosal y la Fundación Quetzalcoatl, registró 623 personas desplazadas entre agosto de 2014 y diciembre de 2015. En un segundo informe, publicado en 2016, contabilizaron 417 nuevas víctimas. En el documento que se presenta públicamente este 26 de abril son 701 personas afectadas, es decir, un aumento del 68 %.

Los 1,741 casos que resultan al sumar los registros de cada informe han llegado a conocimiento de las organizaciones tras ser remitidos desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otras instituciones públicas, que se apoyan en estas ONG para brindar ayuda a las familias perseguidas a falta de un acompañamiento especializado por parte del Gobierno.

Aunque el gobierno no reconoce aún el fenómeno del desplazamiento forzado interno, ni lo atiende como una emergencia humanitaria,  presentó un informe a inicios de abril titulado “Caracterización de la Movilidad Interna a Causa de la Violencia en El Salvador”. El principal hallazgo del documento es que solo el 1.1 % de las personas encuestadas en 2016 en 20 municipios que integran el Plan El Salvador Seguro (PESS) reconoció haber cambiado de vivienda durante los últimos diez años a causa de la violencia. Sin embargo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo durante la presentación de los resultados que, “más allá de los números, el estudio confirma que hay un problema grave y complejo que tenemos que atender”.

Estas declaraciones contrastan con la falta de reconocimiento del fenómeno por parte del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, una posición que ha mantenido incluso después de que el Alto Comisionado de Derechos Humanos visitara El Salvador, Zeid Ra’ad Al Hussein , visitara el país en 2017 y recomendara reconocerlo a partir de los cientos de personas atendidos por las organizaciones locales.

Cristosal y Fundación Quetzalcoatl explican en su informe que éste no pretende ser un documento de estudio del fenómeno, sino “un instrumento de incidencia política y social que contribuya a aumentar el nivel de conciencia para que, particularmente, las instituciones del Estado asuman la responsabilidad que les corresponde como titulares de derechos humanos de atender integralmente y proteger a las víctimas del desplazamiento interno”.

La única institución que a la fecha ha logrado identificar el problema con una muestra representativa a través de una encuesta nacional ha sido el Instituto de Opinión Pública de la UCA (Iudop). Desde 2012 (a excepción de 2013), el Iudop incluyó esta pregunta en el boletín de fin de año que recoge la opinión de los salvadoreños sobre la situación del país : “En lo que va del presente año, debido a amenazas o a algún hecho de violencia ¿ha tenido que cambiar su lugar de vivienda?”

Los resultados han ido aumentado año con año hasta representar un 5.1 % de la población, un porcentaje que se puede extrapolar a la cantidad de adultos registrados en 2017 ( 4.6 millones) y da como resultado 237,234 personas afectadas por desplazamiento forzado interno solo el año pasado.

Consolidado sobre desplazamiento forzado realizado por Iudop.

A pesar de la grave situación, no todo son críticas negativas hacia las instituciones públicas. Cristosal y Fundación Quetzalcoatl también reconocen algunos avances del Gobierno como la inclusión en el Código Penal del delito contra la libertad de circulación, que registró 1,195 denuncias ante la Fiscalía General de la República durante 2017, así como la creación de las Oficinas Locales de Atención a Víctimas (OLAV). Sin embargo, insisten en que el no reconocimiento del fenómeno como una crisis humanitaria seguirá impidiendo que la población afectada pueda desarrollarse normalmente y que tenga que seguir viviendo recluidos en sus propias casas por el temor a ser atacados.

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