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Indignación en Washington por asesinato de activista hondureña

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El senador Patrick Leahy advirtió al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández que de lo que el sistema de justicia hondureño haga para dar con los culpables de asesinar a Bertha Cáceres dependerá la cooperación que el congreso apruebe en el futuro para Honduras.


Fue uno entre las docenas de asesinatos perpetrados el 3 de marzo de 2016 en el Triángulo Norte de Centroamérica –en El Salvador 11 personas fueron masacradas en un solo hecho. Pero fue el asesinato de Bertha Cáceres, acaso la voz hondureña que con más fuerza había denunciado en Washington y el resto del mundo las vejaciones, el irrespeto, la violencia cotidiana en su país, el que sonó como una bofetada en la capital de los Estados Unidos.

Antes del mediodía –el asesinato ocurrió en la madrugada del jueves– ya varios congresistas y organizaciones pro derechos humanos habían condenado el asesinato de Bertha Cáceres.

Patrick Leahy, el influyente senador demócrata por el estado de Vermont, fue uno de los primeros en condenar el asesinato.  “Bertha Cáceres pasó toda su vida peleando por los derechos de los indígenas y lo que este crimen horrible demuestra es que nadie, ni siquiera una activista social de renombre internacional, está a salvo en Honduras si denuncia la corrupción y los abusos de autoridad”, dijo Leahy en un comunicado.

Incluso Leonardo DiCaprio, el actor recién galardonado con el Óscar, condenó el crimen en su cuenta de Twitter. “Tristes e increíbles noticias vinieron de Honduras esta mañana. Todos deberíamos honrar las valientes contribuciones de Cáceres”.

La activista, que en abril de 2015 recibió el premio Goldman, uno de los más prestigiosos del planeta en materia medioambiental y quien ganó notoriedad por su activismo a favor de los derechos ambientales y los de los indígenas hondureños, fue asesinada a balazos la madrugada del jueves en su casa de Intibucá, al suroeste de Honduras.

Un fuerte llamado de atención

Leahy es uno de los senadores que más ha presionado porque el Congreso apruebe más ayuda para mejorar las condiciones de vida y seguridad en el Triángulo Norte, pero también uno de los que más énfasis ha hecho en condicionar esa ayuda a los avances que los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador muestren en sus esfuerzos por combatir la corrupción y fomentar la transparencia.

En su comunicado de ayer, el senador de Vermont condicionó la ayuda que a futuro pueda recibir Honduras a los resultados de las investigaciones que el gobierno de Hernández haga para dar con los asesinos de Bertha Cáceres.

“La pregunta inmediata es que harán el presidente Hernández y su gobierno –que con demasiada frecuencia ha ignorado o ha tolerado ataques activistas sociales hondureños– para apoyar una investigación independiente (que conduzca) al castigo de los responsables de este crimen despreciable”, escribió Leahy antes de dejar claro que el Congreso tomará en cuenta las respuestas a esa pregunta a la hora de “apoyar futura asistencia a ese gobierno”.

Eliot Engel, representante por Nueva York y subjefe del comité de asuntos exteriores de la Cámara Baja, también condenó el asesinato y recordó al gobierno de Hernández que la ayuda estadounidense no es un cheque en blanco.

“Apoyo decididamente la asistencia económica de Estados Unidos a Centroamérica, pero debemos recordar que nuestra asistencia a Honduras no es un cheque en blanco, y que debemos seguir enfocados en reducir la impunidad”, dijo Engel a través de un comunicado de prensa.

En Tegucigalpa, el embajador de Barack Obama en Honduras, James Nealon, también hizo un llamado “por una pronta y exhaustiva investigación”, y ofreció todo el apoyo de la embajada para hacerla.

Fuentes no gubernamentales consultadas en Washington, familiarizadas con las primeras reacciones de los congresistas, consideraron que el asesinato de Bertha Cáceres, y las acciones que el gobierno de Hernández hagan para descubrir y encarcelar a los asesinos, será la primera prueba de fuego para la recién creada Misión Anticorrupción y Contra la Impunidad en Honduras (MACCIH), un mecanismo internacional patrocinado en parte por la OEA sobre cuya efectividad pesan fuertes dudas.

Para Adriana Beltrán, de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) esta será “una prueba de la voluntad y habilidad del gobierno hondureño, de su policía y su fiscal general para investigar de manera seria un caso emblemático de derechos humanos”.

Foto principal tomada de Flickr, con licencia de Creative Commons.
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