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Guerra contra las drogas en El Salvador: ¿DEA, FSKN o BOPE?

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“Las obligaciones en derechos humanos son prevalentes en el derecho internacional. El deber de los Estados de respetar esos derechos es un mandato que tiene su base en la Carta de las Naciones Unidas, que es un tratado que predomina sobre cualquier otra convención incluyendo las de drogas”.

Rodrigo Uprimny Yepes.


Nos encontramos a tan solo unos días de la Asamblea Especial de Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS), y se hace imprescindible desnudar la situación actual de las fuerzas de seguridad del Estado y preguntarnos si el apoyo técnico, financiero y tecnológico de potencias extranjeras están realmente contribuyendo a la guerra contra Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTD) o si en realidad estos recursos son despilfarrados y utilizados para reprimir, violar los derechos humanos o, en el peor de los casos, equipar las estructuras criminales dentro de las mismas fuerzas del Estado.

Actualmente en El Salvador se cuenta con la cooperación de fuerzas de seguridad del gobierno de Estados Unidos a través de la Administración para el Control de Drogas (DEA), del gobierno de la Federación Rusa a través del  Servicio Federal de Control de Drogas (FSKN) y del gobierno de Brasil a través de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP).

Previo a realizar un breve análisis sobre la cooperación de estos países en materia de seguridad y su efectividad, se hace necesario preguntarnos sobre el papel de las Fuerzas Armadas (FA) en tareas de seguridad pública.  

Actualmente las misiones de las fuerzas militares de la mayoría de países del continente se concentran en:

  1. Vigilancia de la soberanía e integridad nacional.
  2. Operaciones policiales.
  3. Realización de programas de desarrollo social y económico.
  4. Misiones de mantenimiento de paz.
  5. Actuación en casos de desastres.
  6. Misiones en apoyo a la autoridad civil.
  7. Participación en esquemas cooperativos regionales.
  8. Lucha contra terrorismo, narcotráfico y crimen organizado.

Siendo las más comunes las relacionadas con la seguridad de la soberanía territorial, incluyendo la actuación en caso de desastres, misiones que han ido aumentando de manera progresiva a lo largo de las últimas dos décadas. Para Louis Goodman, especialista en relaciones cívico-militares, existen tres criterios para decidir si una misión puede o no ser realizada por los militares, dependiendo de si pueden o no causar problemas de gobernabilidad y/o violentar el Estado de Derecho:

  1. Si la implicación militar en ciertas áreas expulsa a otros elementos que legítimamente tienen asignado este cometido.
  2. Si las Fuerzas Armadas, con su implicación, obtienen privilegios que las llevan a actuar como un grupo de presión.
  3. Si los militares descuidan su objetivo esencial de defensa.

Estos tres puntos son, a criterio de Goodman, razones para no aprobar misiones con participación de las FA. Se hace evidente que en algunas de las nuevas misiones llevadas a cabo por los ejércitos de nuestra región se incumple radicalmente, o se dan pasos orientados hacia la transgresión de lo indicado por el académico. Pero no todas las nuevas misiones que se les vienen asignando a las FAs en América del Sur y Central presentan un peligro, sino todo lo contrario. Tareas en el área educativa, apoyo en la construcción de infraestructura, reforestación, apoyo a programas de salud y bienestar social.

En las últimas décadas hemos recorrido un largo camino hacia la democratización de las Fuerzas Armadas; por ello debe trabajarse por garantizar su subordinación a los poderes civiles y ajustar sus misiones a los ámbitos aceptados por la sociedad.

Dicho esto podemos hablar de las intervenciones de gobiernos extranjeros en el área de seguridad, destacando y reafirmando que lo ideal sería que no hubiese ningún tipo de injerencia de fuerzas de seguridad extranjeras; sin embargo, debemos ser conscientes de que somos un país de la periferia con graves problemas en esta área y que lo más que podemos hacer es aplicar medidas de reducción de daños, es decir, optar por el apoyo de aquellas fuerzas que nos quiten menos soberanía.

La Federación Rusa y el Servicio Federal de Control de Drogas (FSKN) tiene su base de operaciones de la región en Nicaragua, donde desde 2012 entrenan y capacitan a oficiales centroamericanos y de República Dominicana. Actualmente la FSK (Forsvarets Spesialkommando) se encuentra desarrollando el Centro de Capacitación Antidrogas ruso en Managua.

El acercamiento con Moscú se da en el marco del ingreso de El Salvador a la presidencia protémpore del SICA, pues el gobierno ruso solicitó ser observador extrarregional del Sistema, contando con el apoyo de la cancillería salvadoreña. A cambio, Rusia ofreció cooperar con  la formación de personal en materia de seguridad y defensa, diplomacia y gestión de riesgos.

Según medios rusos y el propio sitio oficial de FSK, desde 2012 a febrero de 2016 se han entrenado a más de 500 oficiales de la región, destacando que su prioridad son oficiales de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Lo curioso es que indagando con fuentes de la División Antinarcóticos de la PNC no fue hasta la primer semana de abril de 2016 que El Salvador envió a tan solo dos oficiales a capacitarse con la FSKN.

Surgen preguntas: ¿a quien ha entrenado la FSKN, si no hay registro de que ningún oficial salvadoreño perteneciente a la DAN ha recibido dicha capacitación? ¿Miente el gobierno ruso o miente el gobierno salvadoreño?

La FSKN es conocida por sus métodos altamente represivos, sus prácticas violentas y hasta inhumanas  para con las PQUD (Personas Que Usan Drogas) y la sociedad civil en general. Por lo cual las y los defensores de los derechos humanos en El Salvador debemos estar atentos, pues la influencia de esta agencia crece cada día en la región. Las políticas de drogas que rigen la doctrina de la FSKN son puramente prohibicionistas y de tolerancia cero.

El gobierno de Brasil, a través de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) y con el apoyo de USAID, han presentado la propuesta de su tropicalización al gobierno de El Salvador. Paralelamente nuestro flamante gobierno ha copiado y recibido cooperación técnica para crear una copia del modelo del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), a través de los batallones élite antipandillas.

El Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar de Río es reconocido internacionalmente por su brutal forma de operar, literalmente por realizar ejecuciones extrajudiciales masivas en las favelas, siendo muchas veces las víctimas de estas fuerzas menores de edad, niños y jóvenes.

Las UPP son parte de la misma policía militarizada pero “más humana”. Debe reconocerse que han tenido una mayor aceptación que la BOPE; sin embargo, tienen prácticas que violan los derechos humanos y la libertad de expresión, como la prohibición de géneros musicales como el funk, criminalización de las juventudes y el cierre de servicios básicos a comunidades enteras en las favelas de Río.

Conversando con grupos de activistas jóvenes de Río de Janeiro, aseveran que si bien tiene muchas deficiencias y prácticas cuestionables, las UPP han iniciado una alianza con grupos sociales que acompañarán el proceso de “pacificación” para establecer nuevas dinámicas en las favelas manteniendo su rica identidad cultural.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos es la agencia que lleva más tiempo cooperando en El Salvador. Con sus sombras y luces, la agencia que más ha trabajado en su cambio interno hacia una visión un poco más amplia y de respeto de los derechos humanos. La Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley en Latinoamérica (ILEA) se ha ido transformando de un centro de capacitación puramente represivo a un centro de capacitación donde oficiales salvadoreños reciben sensibilización sobre el trabajo con poblaciones vulnerables, entrenamiento para la investigación de crímenes de odio, feminicidios, entre otros.

Nuestro país necesita en definitiva apoyo para el real combate a las Organizaciones de Tráfico de Drogas, pero igualmente se hace imprescindible la creación de una “Comisión Internacional contra la Impunidad”, como una herramienta de transición hasta recuperar el tejido que une a la civilidad con el Estado. El Salvador se encuentra en una grave crisis a tal punto de haberse convertido silenciosamente en un “Narco-Estado”. En la medida en que las Organizaciones de Tráfico de Drogas  diversifican su mercado y van permeando cada vez más en las estructuras del Estado, se hace más difícil obtener lecturas fiables para diferenciar entre el humo y los espejos, qué es crimen organizado y qué es gobierno.

En la actualidad existe un abanico de estudios y análisis multidisciplinarios que demuestran que los enfrentamientos por la territorialidad del Triángulo Norte entre Organizaciones de Tráfico de Drogas, y los enfrentamientos de estas contra las fuerzas policiales, son en gran medida la causa de las altas tasas de homicidio en la región, hecho que pasan por alto los medios de comunicación y las fuerzas de seguridad del Estado, ansiosos de retratar a los miembros de las pandillas como las ‘fuentes’ más importantes de la violencia. Las políticas de control de drogas vigentes se basan en criterios represivos sin tomar en cuenta la salud y menos las implicaciones en la salud mental de la sociedad en su conjunto.

Nuestro gobierno ha sido históricamente negligente, tolerante, cómplice y en ocasiones hasta ha incentivado la narco-actividad  desde la década de los ochentas del siglo pasado hasta el día de hoy. Por lo que, más que nunca, se tienen que implementar políticas criminales inteligentes respecto al crimen organizado y las Organizaciones de Tráfico de Drogas que también se enfoquen en investigar y perseguir a los funcionarios y estructuras criminales dentro del aparato del Estado.

Un ejemplo más de despilfarro es la creación del Grupo Conjunto Cuzcatlán, el cual ha recibido un fuerte apoyo económico, técnico y tecnológico para el combate al narcotráfico. Sin embargo, con pocos resultados que justifiquen la inversión para el funcionamiento del mismo; y es que según datos facilitados por Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el Grupo Conjunto Cuzcatlán ha recibido poco más de cuatro millones de dólares en efectivo, además de equipos, mobiliario, infraestructuras, entrenamiento y tecnología para el combate a la narcoactividad teniendo resultados mínimos que generan serias dudas sobre la utilización efectiva de recursos nacionales y de la cooperación extranjera en el combate a las Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTD).

Las fuentes oficiales confirman entonces la escandalosa impunidad dentro de las estructuras del Estado. Confirman que no ha habido detención alguna por delitos relativos a drogas entre funcionarios de gobierno, lo cual sólo puede significar dos cosas: o que los funcionarios de gobierno no están involucrados en actos de corrupción vinculados a drogas o que la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil y el Grupo Conjunto Cuzcatlán no han desarrollado su trabajo de investigación sobre los delitos relativos a las drogas al interior de la administración del Estado.

Para priorizar el verdadero combate al narcotráfico es importante cambiar el enfoque hacia la regulación de los mercados, la implementación de políticas públicas de reducción de daños y gestión de riesgos. Esto permitirá tener una mejor visión y aprovechar los recursos locales y de la cooperación extranjera en materia de seguridad, combatiendo de una vez por todas a las estructuras de las OTD y descriminalizando por fin a las juventudes y a las PQUD.

La evidencia académica acerca de la ineficacia de la política represiva en materia de control de drogas muestra que una política de control de drogas efectiva debe ser fundada en criterios de salud pública y de derechos humanos.

La diversificación de las actividades de las OTD es un argumento sólido que debería motivar a los funcionarios responsables a elaborar políticas públicas eficientes, audaces y superadoras.

Es indispensable que esta retórica se consolide mediante cambios concretos en las políticas, las leyes y las prácticas en materia de drogas. Falta financiar presupuestos que atiendan el área de prevención y educación relativa a las drogas, falta generar espacios para analizar nuevas propuestas alternativas al prohibicionismo, falta fomentar la investigación científica acerca de las propiedades terapéuticas y medicinales de sustancias psicoactivas vegetales. Finalmente, falta crear políticas públicas que incluyan a la persona como sujeto de derecho dentro de un marco legal de regulación que cubra la producción, el comercio y el consumo de drogas.

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