‘’Cuando salí de la cárcel, yo quería ser madre’’

La historia de Carmen Guadalupe Vásquez Aldana es desgarradora. En 2007, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador la condenó a purgar 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado en prejuicio de su hijo, pese a que lo que había sufrido era un aborto espontáneo. Apenas tenía 18 años de edad y era empleada doméstica. Más de siete años después, Carmen fue indultada. Con el mínimo de votos exigido, la Asamblea Legislativa dio luz verde  al informe de la Corte Suprema que reconoció la vulneración de su presunción de inocencia.

Cuando se cerró el portón principal de Cárcel de Mujeres, Guadalupe quedó libre, pensando qué hacer en su primer día en libertad. Transcurría el primer mes del 2015 y sus emociones eran confusas. Por un lado estaba feliz; por otro, tenía miedo incluso de pasarse el Bulevar del Ejército para tomar el autobús. Eran las 5:30 de la tarde y la enorme ceiba al lado del penal ocultaba los pocos rayos de sol. La noche estaba cerca, entonces reaccionó y caminó para tomar el último autobús hacia Cojutepeque. Atrás dejó siete años y tres meses de vida en prisión.

En su memoria jamás se va a borrar el domingo 7 de Octubre del 2007, cuando se encontraba en una vivienda ubicada en Nuevos Horizontes, Ilopango. Guadalupe estaba embarazada de un niño de casi 40 semanas. Se sintió mal y le pidió a su patrona que, por favor, le pagara la quincena porque necesitaba irse a su casa. La patrona, esposa de un agente policial, se lo negó. Le dijo que no tenía dinero y que se aguantara. Durante la noche —y madrugada del lunes—, el embarazo de la empleada doméstica sufrió complicaciones y el parto se adelantó. Tenía 18 años y acababa de sufrir un aborto espontáneo. No tuvo asistencia médica y el bebé murió mientras ella se desangraba en un pequeño cuarto.

El hijo que Guadalupe esperaba a sus 18 años fue producto de una violación y ella estaba dispuesta a llegar hasta el final. No tuvo un control pre-natal, ni ginecológico para la salud de ambos. Originaria de una familia católica, campesina y matriarcal—junto con sus nueve hermanos y hermanas—, ella sabía que debía a salir adelante. ‘’Mi papá nos abandonó cuando estábamos pequeños y por eso, siendo la hija mayor, desde los 12 años me fui a trabajar a casas ajenas para ayudarle a mi mamá con mis hermanos’’, recuerda Guadalupe, quien solo pudo alcanzar estudios de tercer grado en primaria.

‘’En el hospital, el doctor que me recibió era pedante (grosero). Me decía que yo había matado al niño. Me preguntaba que adónde lo había dejado, que le dijera adónde estaba. Le dije que se me había venido y les di la dirección de la casa para que fueran a ver’’, cuenta Vásquez, ahora de 26 años. Esa tarde del 8 de octubre de 2007, tres policías (hombres) llegaron al Hospital Nacional de San Bartolo a notificarle que estaba detenida por el delito de aborto. La esposaron a la cama y ocho días después fue enviada a la cárcel.

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Carmen Guadalupe Vásquez Aldana a purgar 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado en prejuicio de su hijo, teniendo como base la declaración tomada a Katy Verónica  Rivas Ramírez, la patrona que no le permitió salir de la casa. Lo único que el abogado de la Procuraduría General de la República le dijo a Guadalupe fue lo siguiente: “Treinta años te dieron, así que metete a la escuela, estudiá y ahí vas a lograr un beneficio”. Ella no estuvo presente en el desfile de pruebas y el mismo defensor la apartó.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, junto al Grupo Jurídico La Colectiva Feminista, descubrieron casos similares a los de ella, que datan desde el año 2000 hasta el 2011. La investigación empírica-académica se tituló “Del hospital a la cárcel” y reveló que más de 130 mujeres viven en las entrañas del sistema penitenciario, pagando condenas de hasta 30 años. Sin buscarlo, Carmen Guadalupe, llegó a ser parte de “Las 17”, un movimiento que arrancó en abril de 2014.

El éxito de la campaña “Las 17” llegó a ser de interés internacional, al grado que la onegé Amnistía Internacional calificó las leyes salvadoreñas como ejemplo de las más draconianas (severas) del mundo. En su sitio web se lee textualmente:

‘’La legislación salvadoreña penaliza el aborto en todos los supuestos, incluso cuando peligra la vida o la salud de la embarazada y en los casos de violación. Mujeres y niñas no pueden acceder al aborto ni siquiera cuando la continuación del embarazo comporta riesgo para su vida o cuando el feto no es viable’’.

Amnistía Internacional visitó El Salvador en abril de 2015 y trajo más de 350 mil firmas que pedían modificaciones legales a la prohibición absoluta del aborto. Los documentos se entregaron a la Corte Suprema de Justicia, Presidencia de la República, Asamblea Legislativa y a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos. Desde entonces, los únicos indultos aprobados en el 2015 fueron los de Mirna R. y Carmen Guadalupe, dos de “Las17” mujeres a quienes se considera que el Estado les violentó sus derechos humanos.

El 16 de marzo de 2016, Revista Factum visitó a Guadalupe en su natal Cojutepeque. Entonces, cargaba a su bebé de dos meses de nacida y era acompañada por su tía, María Antonia. El punto de encuentro fue el Parque Central, en medio del ruido característico de la ciudad de las butifarras y los salchichones, donde había llegado a eso de las 9:00 de la mañana en autobús. Salió de su cantón a tempranas horas, con la bebé en brazos.

Por lo que vivió y por convertirse en uno de los rostros de “Las 17″, Guadalupe está acostumbrada a dar entrevistas. Cuenta que dio el paso de reconstruir su vida, a pesar de todo. La fortaleza nunca la abandonó y explica lo siguiente: 

‘’Al salir de la cárcel, quería ser madre […] A mí me pasó esto por ser pobre, por no tener dinero para ir a un hospital privado y poder contratar a un buen abogado que me defendiera’’.

En octubre de 2015, Revista Factum estuvo presente en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington DC. En ese momento se increpó al Estado salvadoreño, inquiriendo por qué sigue criminalizando a las mujeres que sufren abortos espontáneos. Hasta el momento, la respuesta todavía no ha llegado a la CIDH.

La Iglesia

Amnistía Internacional y las Organizaciones Pro Derechos de las Mujeres responsabilizan a la Iglesia Católica de presionar al Estado para que se cambiara la ley penal en 1998, en especial, en el tema de las excepciones del interrumpimiento del embarazo. Revista Factum consultó al respecto a Edgardo Hernández, párroco de la Iglesia El Carmen, de San Salvador, quien nos contestó con el catecismo de la Iglesia Católica sobre el tema:

‘’La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción’’.

– Edgardo Hernández, párroco de la Iglesia El Carmen

El sacerdote, de nacionalidad costarricense, dice desconocer los argumentos legales del Código Procesal Penal, pero siendo parte de la Iglesia Católica, habla de una mala aplicación de la ley al escuchar el caso de Guadalupe, quien sufrió un aborto espontáneo en un hospital nacional y no en un hospital privado, donde el caso podría no haber sido delito. Incluso subrayó que cuando una mujer católica pasa por esto, puede seguir comulgando después de confesarse, ya que es una situación que sale del control del mismo ser humano. Aunque dejó claro que tampoco se debe generalizar todos los casos para recurrir al aborto.

“Así como la Iglesia Católica está en contra del aborto, también tiene muchos orfanatos para cuidar a niños que no tienen padres. Si tenemos responsabilidad sobre cambiar las leyes, también tenemos responsabilidad y damos alimento y cobijo como institución en general, incluso a hijos producto de una violación”, dijo el párroco.

Katia Recinos, abogada del grupo jurídico La Colectiva Feminista, pide que El Salvador retorne a las excepciones legales sobre la interrupción del embarazo de la legislación de 1974 y se deje de criminalizar a las mujeres que han sufrido un aborto espontáneo por no recibir atención médica por el Sistema de Salud, un aborto extra-hospitalario por complicaciones obstétricas ó mujeres que tengan enfermedades terminales, a quienes el embarazo ponga en riesgo su vida.

“Como Colectiva Feminista, no pedimos la legalización del aborto, ya que por vivir en una sociedad fundamentalista y religiosa es casi imposible que se apruebe, pero sí abogamos porque se respeten sus derechos humanos y sus derechos sexuales reproductivos”.

– Katia Recinos

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