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Gallegos consiguió ablandar Ley de Extinción de Dominio mientras Probidad lo investiga

Guillermo Gallegos, fundador del partido Gana, fue uno de los cinco impulsores de las reformas a la Ley de Extinción de Dominio, que fueron aprobadas este 18 de julio de 2017. El presidente de la Asamblea también votó a favor de estas enmiendas que cercenaron la normativa y que ahora favorecen a los funcionarios públicos en los procesos de extinción de dominio. La reforma a la ley llega en el momento en que el presidente de la Asamblea Legislativa ha pedido un plazo extra de hasta noventa días para resolver las anomalías planteadas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en su patrimonio individual y familiar: $3 millones sin justificar. En caso de que las irregularidades no sean solventadas, el diputado podría enfrentar un juicio civil por enriquecimiento ilícito.

Foto FACTUM/Archivo


La Sección de Probidad de la CSJ notificó el pasado 5 de julio de 2017 al diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, del partido Gana, que tras una investigación financiera a su patrimonio individual y familiar se le detectaron 103 irregularidades que debían ser solventadas en un plazo de diez días, como parte de su defensa en un eventual juicio civil por enriquecimiento ilícito que podría abrirse en contra de este legislador.

Probidad incluso indicó a Gallegos que podía gozar de hasta seis días extra como prórroga si él lograba justificar que en el plazo inicial de diez días no era posible reunir la información pertinente para su defensa. Pero al diputado de Gana le pareció poco el tiempo concedido por Probidad y envió a los magistrados de la CSJ en pleno una carta para solicitar que su plazo de defensa se le extendiera hasta 90 días más, aparte de los diez ya concedidos por Probidad.

Las 103 irregularidades en los patrimonios de Gallegos y su familia equivalen a alrededor de $3 millones que no están debidamente justificados, según Probidad, y cuya falta de sustentación podría acarrear un juicio por enriquecimiento ilícito. En un informe que Probidad envió a la CSJ en pleno para dar cuenta del trabajo de la sección durante el primer semestre de 2017, se incluye el expediente de Guillermo Gallegos, el 4-IPROB-2016, en el que se detalla que ya se recibió información solicitada de instituciones públicas y privadas sobre “efectivo en caja, bienes muebles, bienes inmuebles, otros activos, deudas, ingresos y egresos”.

“Cabe aclarar que las instituciones financieras reportaron un total de 32 cuentas de ahorros y corriente, procesadas en su totalidad. Se envió 68 nuevos requerimientos, de los cuales se obtuvieron 60 respuestas”, se lee en el informe ejecutivo de la investigación sobre Gallegos. El informe completo se presentó a la comisión de magistrados de la CSJ encargada de conocer las investigaciones de Probidad el 16 de junio de 2017. El 5 de julio, diecinueve días después, al despacho del presidente del congreso salvadoreño llegó la notificación.

La investigación sobre Gallegos abarca tres períodos en los que ha sido diputado del parlamento salvadoreño, precisamente de 2006 a 2009, de 2009 a 2012 y de 2012 a 2015. En el documento, que consta de 233 folios, se han contenido nueve años de los movimientos financieros de este diputado y su familia.

“Que siendo materialmente imposible que en tan corto período de tiempo pueda defenderme de manera efectiva y completa sobre un informe tan extenso, es por ello que acudo ante vuestra autoridad (…) a solicitar, de la manera más respetuosa posible, se me conceda un plazo mayor adicional al concedido por la Sección de Probidad, para poder recabar en dicho período la información necesaria que me permita desvanecer una a una cada una de las presuntas irregularidades que se atribuyen no solo a mi persona, sino también a otros miembros de mi grupo familiar”, pidió Gallegos en su carta fechada el 7 de julio de 2017, dos días después de que recibió la notificación desde la CSJ.

Revista Factum ha tratado de contactar con el diputado Guillermo Gallegos para que explique más a fondo su carta a la CSJ, así como para despejar otras dudas sobre la aprobación de dieciséis reformas a la Ley de Extinción de Dominio que él mocionó desde semanas atrás y por las que votó a favor el pasado 18 de julio en sesión plenaria del congreso. Pese a los mensajes de texto y llamadas a su teléfono, el diputado no respondió. Al cierre de esta nota, aún no había respuesta del funcionario.

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Las reformas a la Ley de Extinción de Dominio ya aprobadas por 44 diputados del congreso, entre ellos Guillermo Gallegos, otorgan beneficios a los funcionarios públicos para mantener sus bienes muebles e inmuebles mientras son procesados por enriquecimiento ilícito. Una de las enmiendas dice claramente que el procedimiento de extinción de dominio contra un funcionario público solo podrá ser efectivo siempre y cuando exista una resolución condenatoria en firme por una Cámara de lo Civil por enriquecimiento ilícito. Con este escudo legal, si a Gallegos se le abre un juicio civil por enriquecimiento ilícito, tendrá el beneficio de no ser procesado por la Ley de Extinción de Dominio que él votó por reformar.

El diputado Gallegos, luego de finalizar la sesión plenaria, incluso llamó “cobardes” a quienes no dieron sus votos por las enmiendas pero que, según él, también estaban de acuerdo.

Pero Gallegos no solo votó por las reformas. Fuentes provenientes del grupo parlamentario de Arena y otros diputados consultados confirmaron a Factum que Guillermo Gallegos es uno de los cinco propulsores de estas reformas, junto con los diputados Mario Tenorio (Gana), Jackeline Rivera y Santiago Flores (Fmln), y René Portillo Cuadra (Arena), cuando desde febrero pasado se conoció públicamente que Gallegos y decenas de otros funcionarios públicos estaban siendo investigados por la Sección de Probidad.

Caso aparte, mientras el grupo parlamentario de Arena se abstuvo de votar en la plenaria del 18 de julio por las reformas a la Ley de Extinción de Dominio, bajo el argumento de que no habían sido discutidas con suficiencia, a quien sí le parecieron suficientes fue al diputado arenero René Portillo Cuadra, que fue otro de los cinco mocionantes de las reformas. Ayer se trató de contactar con Portillo Cuadra para hablar de su moción pero no respondió a su teléfono celular. En todo caso, las reformas también ayudarían no solo a Gallegos en un enventual juicio de enriquecimiento ilícito, sino también a funcionarios de todos los partidos políticos, incluido el Fmln -cuya bancada completa votó por las reformas-, Arena, Gana y PCN.

A quien no cayeron en gracia las reformas a la Ley de Extinción de Dominio fue al fiscal general de la República, Douglas Meléndez. En una visita que hizo esta mañana a la CSJ para abordar el cumplimiento institucional que se ha hecho de la nulidad de la Ley de Amnistía de 1993, que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional, Meléndez comentó que si bien respeta la decisión de un órgano del Estado, no puede compartir lo que hicieron los legisladores en esa sesión plenaria.

“Respetamos lo actuado o lo emitido ayer por la Asamblea, por algunos diputados que aprobaron las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Hay un nivel de respeto. Lo que no podemos es compartirlo. Definitivamente, desde la Fiscalía General de la República, no compartimos esas reformas. Es más, no estamos de acuerdo con esas reformas. ¿Por qué? Concretamente, porque lo que se ha hecho es mutilar, desbancar la Ley de Extinción de Dominio. Mucho estábamos intentando hacer, pero con estas reformas consideramos que muy poco se puede hacer si la ley queda con algunas de estas disposiciones. No estamos de acuerdo”, reclamó Meléndez.

Mientras tanto, al diputado Gallegos, presidente del congreso, le corre el tiempo para justificar $3 millones a los que Probidad les encontró irregularidades.

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