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Audios revelan que expresidente Funes pagó para comprar diputados

Una conversación entre Mauricio Funes y uno de sus colaboradores más cercanos, Miguel Menéndez Mecafé, destapó los detalles de las operaciones políticas del primer presidente del FMLN. Herbert Saca fue el encargado de pagar para obtener votaciones favorables en la Asamblea Legislativa, tácticas que costaron 40 millones del erario público. Esta nueva entrega de los Audios Presidenciales perfila a los principales alfiles del expresidente: Mecafé fue el hombre de los negocios del presidente; Herbert, el hombre del maletín negro.

Por: Fernando Romero y Héctor Silva Ávalos

Ilustración: Judith Umaña

Video: Gerson Nájera
Edición: César Castro Fagoaga
Con Reportes de María Cidón y Loida Martínez Avelar

Fecha: 1 de febrero de 2019

Los avistamientos más sonados ocurrieron durante la legislatura 2012-2015, aunque las referencias sobre sus acciones –más bien sobre sus pagos- se remontan a 2009. La descripción fue siempre la misma: Un hombre, sin rostro, sin nombre, enviado desde Casa Presidencial para resolver los entuertos legislativos a golpe de miles de dólares que sacaba de su maletín negro.

Su identidad y los detalles de sus operaciones se habían mantenido ocultas pese a las especulaciones. Hasta ahora.

No era, en realidad, un maletín negro. Era una maleta deportiva marca Nike. Amarilla . La mayoría de las veces era él mismo, Herbert Saca, quien iba por ella a Casa Presidencial. Durante los cinco años de la presidencia de Mauricio Funes, de la casa de gobierno salieron millones de dólares para operaciones políticas. Y Herbert, el primo del expresidente Antonio Saca, fue quien administró la mayor parte de ese dinero.

Audios en poder de Revista Factum revelan, de boca del mismo expresidente Funes, que el primer gobierno del FMLN pagó para que diputados votaran en la Asamblea Legislativa a conveniencia de Casa Presidencial.

Funes se refirió a esos pagos en una discusión de 2014 con uno de sus hombres más cercanos, Miguel Menéndez, Mecafé. La reunión ocurrió en una casa ubicada en Antiguo Cuscatlán, en la calle Circunvalación de ese municipio, cerca de la Universidad Albert Einstein, y en ella participaron también otros tres funcionarios cercanos a Funes. Mecafé volvía, en aquel encuentro, a una queja constante que le hacía a su jefe desde 2010, cuando el quinquenio apenas empezaba: Herbert Saca no era un hombre de fiar, le decía el empresario, quien siempre le pidió a Funes que lo dejara manejar la operación política.

Funes le pidió a Mecafé que no se obsesionara con Herbert Saca, aunque sí le concedió que su principal operador no era una persona que mereciera su absoluta confianza. Sin embargo, también le recordó que era él, Herbert, el único que había podido manejar a los diputados de la Asamblea Legislativa durante el quinquenio que estaba por terminar.

“Ubiquémonos. Yo me tengo que preocupar por los problemas que son fundamentales, por los problemas que se pueden manejar. Herbert Saca yo sé que es un hombre que, una vez termine el gobierno y yo deje de darle el dinero para que compre a los diputados, va a cambiar su actitud. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué sabe él de mí? No sabe nada. Que me vende relojes, que me consigue joyas… Hasta allí”, respondió Funes al reclamo de Mecafé.

La conversación entre el expresidente Funes y Mecafé dejó en evidencia una práctica de corromper diputados en la Asamblea Legislativa y de mantener esos esquemas corruptos con dinero de Casa Presidencial para que al Ejecutivo dirigido por Funes nunca le faltaran votos parlamentarios para varios propósitos: que no faltara el presupuesto anual del país, que pudiera contar con fondos de préstamos internacionales y que estuviera a su disposición la elección de funcionarios de segundo grado como el fiscal general y magistrados.

Factum confirmó la autenticidad de los audios con miembros del entorno de Funes que atestiguaron esas reuniones y, en este caso, con tres exsecretarios de Estado de su administración y con un operador de inteligencia que trabajó con el primer gobierno efemelenista entre 2010 y 2014. Media docena de fuentes legislativas y partidarias, entre diputados y exdiputados que recibieron ofrecimientos de dinero, dan fe de que fue Herbert Saca quien les hizo las ofertas. Uno de los casos que estas fuentes ilustran fue la puja desde el gobierno de Funes para nombrar al abogado Ástor Escalante como fiscal general en el último semestre de 2012.

Mauricio Funes gobernó El Salvador entre 2009 y 2014, como el primer presidente del FMLN. Ahora vive en Nicaragua, asilado por el régimen de Daniel Ortega. Funes acumula cuatro órdenes de captura por delitos de corrupción en su mandato. Foto FACTUM/Archivo

Esta revista contactó a Herbert Saca en su negocio, la importadora de vehículos HS Imports. Periodistas de Factum hablaron con su secretaria y le explicaron el contenido de la investigación. La empleada dijo que daría el mensaje a Saca y que este se comunicaría. Al cierre de esta nota, Saca no había llamado Factum.

También contactó al expresidente Mauricio Funes por mensajes directos en su cuenta  de Twitter y por correo electrónico. A Funes se le pidió que explicara a qué se debían las dudas que él tenía sobre la reacción de Herbert Saca cuando le dejara de dar dinero para que comprara los diputados en la Asamblea Legislativa. Se le pidió que aclarara cuánto dinero le daba, exactamente, a Herbert Saca, cada mes, para la táctica de compra de voluntades.

Las grabaciones a las que Factum ha tenido acceso terminan de confirmar que Herbert Saca y Mecafé eran los dos asesores más cercanos de Mauricio Funes. Funes reconoció a Factum, en una entrevista en diciembre de 2018, cuando se publicó la primera parte de los Audios Presidenciales, que Herbert Saca fue el enlace de su gobierno con el partido GANA. Ahora, sin embargo, se sabe que la relación era más estrecha e involucraba millones de dólares.

Saca y Mecafé aconsejaban al expresidente, le proveían de bienes materiales y le servían de interlocutores con la derecha política, con algunos empresarios y, según investigaciones recientes de la Fiscalía General, con contratistas del Estado para cobrar coimas, como en el caso de la presa El Chaparral y la constructora italiana Astaldi, por el que Funes y Mecafé han sido acusados de peculado y lavado de dinero .

El caso de El Chaparral no es una coincidencia. Funes le recordó a Mecafé en aquella reunión de 2014 que él era su hombre “para los negocios” y que esos negocios, para el presidente, eran más importantes que la compra de diputados en la Asamblea.

De acuerdo con un exsecretario de Estado cercano a Funes que estuvo al tanto de la contabilidad de Casa Presidencial, quien por razones de seguridad personal no accedió a que se publique su identidad, el expresidente ocupó entre 38 millones y 40 millones de dólares entre 2009 y 2014 para comprar voluntades en la Asamblea Legislativa. Cuarenta millones, el equivalente al presupuesto del hospital Rosales, el principal de la red pública salvadoreña, durante 2018.

Ese dinero, confirma el exfuncionario, sirvió solo para sobornar a “la derecha”. Y detalla que por un lado estaban los diputados del llamado “bloque”, que incluía a legisladores de GANA, el PCN y el PDC, y por otro a miembros de Arena “que pasaban información” a la Presidencia.

Factum envió una lista de preguntas a este exfuncionario sobre las operaciones financieras ilícitas que hacía Casa Presidencial. ¿Quiénes eran los operadores principales de ese dinero?, fue una de las interrogantes. “En un altísimo porcentaje, Herbert Saca, y también Mecafé”, fue la respuesta. La conversación de Funes con Mecafé en 2014 confirma esos desembolsos.

“…Deje a Herbert manejar las fracciones”, le dijo Funes a su necio amigo.

Otro de los exsecretarios de Estado que participó en reuniones en las que Funes habló con varios colaboradores de estas acciones confirmó la “compra de voluntades”, como él lo llamó. “Desde el Ejecutivo, con el presidente a la cabeza, se designa a un operador político que lleva la compra de voluntades en las diferentes fracciones legislativas para conseguir los objetivos del mandatario en temas trascendentales de nuestro país que se terminan fraguando con peticiones de favores, dinero y hasta bienes”, aseguró el exfuncionario, con quien Factum ha sostenido una docena de reuniones y comunicaciones escritas y por mensajería electrónica entre 2017 y diciembre del año pasado. Otros dos exfuncionarios confirmaron este tipo de transacciones.

Las componendas de Casa Presidencial tocaban a todos los partidos de derecha en la Asamblea, de acuerdo con el exsecretario de Estado. “Diputados de todas las fracciones legislativas, con excepción del FMLN del cual no se tienen datos, hacían sus peticiones a cambio de votos para la aprobación legislativa de piezas de correspondencia, elecciones de segundo grado y hasta para la aprobación del presupuesto general de la nación. Dichas peticiones variaban desde altas sumas de dinero, fincas o terrenos estatales y privados”, aseguró el exfuncionario en una de varias comunicaciones escritas enviadas a Factum.

La operación Ástor

Una de las estrategias legislativas más importantes pagadas en parte con fondos de Casa Presidencial fue el intento de comprar, a finales de 2012, cinco votos de diputados de Arena para completar la mayoría calificada necesaria para elegir al abogado Ástor Escalante, cercano a Funes y a Antonio Saca, como fiscal general de la República. Dos de los diputados que recibieron ofertas de sobornos pero que no aceptaron, uno de ellos directamente de Herbert Saca, confirmaron a Factum que llegaron a tener propuestas que rondaban los 200,000 dólares a cambio de sus votos o de, incluso, hacer transfuguismo.

La Asamblea Legislativa, en la legislatura 2012-2015, fue el lugar de operaciones de Herbert Saca, el principal operador político del expresidente Funes. Foto FACTUM/Archivo

El presidente de Arena en aquel período, Jorge Velado, confirmó que tuvo conocimiento de que al menos cinco diputados areneros más fueron tentados por Herbert Saca o incluso por personas cercanas a este operador político —aparte de los diputados que ya habían aceptado renunciar a Arena y fundar GANA en 2009, así como los otros seis: cinco propietarios y un suplente, que en 2012 renunciaron a ser areneros para convertirse en Unidos por El Salvador.

“En 2012, algunos diputados empiezan a decir: ‘sí, andan a la cacería, porque quieren volver a dividir el partido’. Entonces tocaron a varios diputados. Los que no aceptaron nos contaban que recibían llamadas y visitas. Algunos se sentían amenazados. Supimos que había plata de por medio. Y, como pasó en 2009, el nombre del señor Herbert Saca se volvió a escuchar dentro del partido como la persona que andaba tentando a los diputados”, dijo Velado en una entrevista que concedió a Factum a mediados de enero de 2019.

Uno de los diputados areneros que fueron buscados por Herbert Saca aseguró a Factum que durante una reunión entre agosto y septiembre de 2012, en la oficina de un amigo en común, Saca le escribió en un papel la cantidad de 200,000 dólares y otra cantidad de 10,000 dólares. La primera, le dijo, iba a ser por dar su voto para el abogado Ástor Escalante como fiscal general y para “apoyar la causa de Antonio Saca” —quien en 2013 iba a lanzar su candidatura para la Presidencia bajo una coalición entre GANA, PCN y PDC, que fue conocida como Unidad—. La segunda cantidad, los 10,000 dólares, eran para que, sabiendo que iba a ser tránsfuga, pudiera costear asistentes y secretarias para su oficina en la Asamblea Legislativa. Los 10,000 dólares, mensuales, le iban a ser garantizados desde la junta directiva de la Asamblea, le prometió Saca.

El diputado, quien se rehusó a revelar su identidad por motivos de su seguridad familiar, se negó a la oferta. En las semanas siguientes, dijo que empezó a recibir llamadas del amigo en común con Herbert Saca para que analizara mejor la oferta y entonces le comunicó lo que había sucedido a la dirigencia de su partido. Incluso, aseguró, llegó a poner un aviso a la Fiscalía General, en 2013, sobre su situación.

El grupo parlamentario Unidos por El Salvador, nacido en la legislatura 2012-2015 por el transfuguismo de diputados de Arena, fue una fracción necesaria para que el gobierno de Funes. Entre febrero y marzo de 2013, la diputada Claudia Ramírez anunció su retiro de Arena y se fue con los otros cuatro diputados tránsfugas que habían conformado para ese entonces Unidos por El Salvador: Rigoberto Soto, Adelmo Rivas, Jesús Grande (estos tres últimos ahora son miembros de GANA) y Sigifredo Ochoa Pérez.

El apoyo fue vital para que el Ejecutivo de Funes y la fracción del FMLN, en contubernio con GANA, tuvieran la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, junto con los votos de los otros grupos parlamentarios del PCN, del PDC y de un diputado del CD, Douglas Avilés.

Avilés está a punto de enfrentar un juicio civil por enriquecimiento ilícito, luego de que no pudo justificar ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia una cantidad mayor a los 300,000 dólares que le detectó la sección a él y a su esposa. Avilés dijo que su juicio se originó por una denuncia del expresidente de la Corte de Cuentas Rosalío Tóchez, pero que no tiene que ver con sobornos. “Yo mentiría si le digo que el señor Saca tuvo algún intento de ofrecerme a mí un beneficio económico, porque eso no ha sucedido conmigo. Él nunca me ha ofrecido nada a mí, jamás”, dijo el exdiputado en comunicación telefónica.

El secretario general del PCN, Manuel Rodríguez, sí aceptó que Herbert Saca era un intermediario con las fracciones en la Asamblea Legislativa. Aunque Rodríguez ubica a Saca en el período de Funes como un representante de GANA, el partido que formaron Mauricio Funes y Antonio y Herbert Saca en 2009, con una base de tránsfugas de Arena y el PDC.

“Él (Herbert Saca) definitivamente es un hombre que influye y tiene decisiones en el partido GANA. Se conversaba sobre los temas de nación, específicamente algunas situaciones que se estaban presentando dentro de la Asamblea Legislativa y que necesitaban, pues, votación de mayoría simple o de mayoría calificada”, recuerda Rodríguez. Lo que rechazó el secretario general del PCN es que se haya recibido dinero de parte de Saca a cambio de votos de su partido.

Otro partido que sufrió el transfuguismo en 2009 fue el PDC. Su secretario general, Rodolfo Parker, recuerda que fueron dos diputados los que se fueron al proyecto de GANA. Parker le negó a Factum que él o su partido hayan recibido sobornos de parte de Herbert Saca. “Al PDC le pincharon, le cortaron, como sea la expresión, le cortaron tres diputados en el periodo del expresidente Funes. ¿Qué mecanismos se movieron? ¿Quiénes interactuaron?”, dijo Parker.

Los representantes del PCN y del PDC coincidieron en dar una explicación sobre lo que los hizo sumarse al FMLN y GANA para formar el bloque legislativo incondicional a la presidencia de Mauricio Funes: buscar acuerdos en temas importantes. Eso sí, dicen Rodríguez y Parker, sin dinero de por medio. Pero esos acuerdos legislativos, en boca de Funes, sí se lograban a punta de sobornos que costaron millones de dólares de los fondos públicos.

Por el lado de Arena, Jorge Velado confirmó que otros diputados a quienes les ofrecieron dinero a cambio de votos para el fiscal general fueron Julio Fabián Amaya, actual subjefe de fracción, David Reyes, Edgar Escolán Batarsé, Jorge Escobar y Gustavo Escalante.

La dirigente del FMLN Nidia Díaz reconoció que las divisiones de los diputados de Arena entre 2009 y 2014 y la inusual unión del PCN y del PDC al bloque del FMLN y GANA, en ese mismo período, favorecieron por completo al gobierno de Funes. “Todo era más fácil para ponerse de acuerdo y hubo un espacio de entendimiento para las votaciones tanto de 43 votos como de 56”, dijo Díaz a Factum, a la luz de esta investigación. Si bien Díaz no quiso admitir que hubo dineros de Casa Presidencial para comprar diputados durante el gobierno de Funes, sí reconoció que los otros partidos fueron más “reflexivos, sin oponerse a todo”. “Eso no quiere decir que se volvieron de izquierda, no, eran siempre de derecha, pero había más posibilidades de ponerse de acuerdo”, añadió Díaz.

El intento por elegir a Ástor Escalante como fiscal general falló porque, a diciembre de 2012, los interesados en Escalante no habían conseguido el último de los cinco votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada —56 de 84. Al final, la Asamblea eligió a Luis Martínez como jefe de la Fiscalía General, con votos de todos los partidos políticos, incluido Arena. Fue un contratiempo mínimo: Funes y sus más cercanos lugartenientes ajustaron piezas para garantizar la lealtad del exfiscal, también con dinero de la Presidencia, según confirmaron dos de los exsecretarios de Estado y el agente de inteligencia estatal consultados en esta investigación. Uno de los exfuncionarios, del círculo cercano de Funes, aseguró que el control de Martínez con dinero público fue una especie de premio de consolación que recibió Mecafé.

Martínez fue importante, por ejemplo, para encubrir los tratos ilegales que Funes encomendó a Mecafé, su hombre de negocios, arreglar en el caso de la construcción de la presa El Chaparral.

El Salvador volvería, sin embargo, a escuchar de Escalante a poco del final del quinquenio Funes. Cuando al presidente le faltaban solo dos meses para entregar el despacho, despidió al abogado Luis Méndez de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) para nombrar a Escalante. El favorito de Funes y Saca hizo lo que Méndez no había querido, y por lo que tuvo que dejar el cargo: iniciar la concesión masiva de frecuencias para televisión y radio. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema frenó la operación que Escalante llevó a cabo con el bendito de Funes.

Revista Factum contactó con Escalante para profundizar sobre el respaldo político que recibió en 2012 para ser nombrado fiscal general de la República. Un respaldo que incluso llevó a la Casa Presidencial de Mauricio Funes a ofrecer dinero a diputados para apoyar su elección. El abogado recibió llamadas telefónicas de esta revista que no respondió, ni tampoco contestó por la mensajería electrónica a su teléfono.

Elías Antonio Saca tuvo siempre un interés personal en el campo en el campo de las comunicaciones radiales. Antes de ser presidente, Tony Saca había hecho su fortuna familiar con la empresa radial Samix, la cual, además, creció exponencialmente durante su presidencia aunque eran sus familiares y no él los dueños nominales de la compañía.

Usted no puede, Miguel

De acuerdo con los cálculos que hacen dos de los exfuncionarios que conocieron de primera mano el manejo de las finanzas clandestinas de Casa Presidencial, Funes entregaba entre 500,000 y un millón de dólares al mes a sus operadores, la mayor parte a Herbert Saca, para llevar adelante los sobornos. Cuánto se pagaba y a quién se pagaba dependía, dijo uno de ellos, de los “eventos” que requerían compra de voluntades en la Asamblea, de “apoyos” y de los sobresueldos mensuales entregados a algunos legisladores.

Dos exfuncionarios que participaron en reuniones como las de la casa de la calle Circunvalación coincidieron en que Funes solía jactarse de sus operaciones políticas en un círculo íntimo de 8 personas. Al principio de la administración, a ese grupo se le conoció como El G8.

Mecafé nunca estuvo contento con que su jefe diera la mayor parte del dinero a Herbert Saca y desde 2010 empezó a insistir en ser él quien llevara esa operación. La insistencia fue más intensa tras la elección de Luis Martínez como fiscal general: Miguel Menéndez pidió durante tres meses a Funes ser el controlador del nuevo fiscal general. Al final, Funes accedió, pero Mecafé no dejaría su lucha sorda contra Herbert en todo el quinquenio.

En varias de las conversaciones entre Mecafé y Funes, el expresidente se refería a Herbert Saca desde una especie de dualidad. Funes ponderaba casi siempre la efectividad de Saca, pero no dudaba en hablar de él como un mal necesario, un hombre que no merecía confianza plena, alguien capaz incluso de robar el dinero desviado.

“Yo sé que Herbert se queda con 150,000 o 200,000 dólares de eso. ¡Que se quede! ¿Qué vamos a hacer?”, se quejaba Funes con “Mecafé” en la casa de la calle Circunvalación, en la que por entonces residía Ada Mitchell Guzmán, la pareja del expresidente.

A pesar de todas sus quejas, Menéndez no ocupó nunca un lugar menor. Él era el operador financiero, el que le llevaba los negocios al presidente —algunos ilícitos, según la Fiscalía. Cada vez que pudo, Funes aclaró esa división del trabajo entre sus dos alfiles.

—Si usted estuviera manejando la Asamblea Legislativa, no tuviera tiempo para dedicarse a lo otro, ¿o no es cierto? No tuviera tiempo. Entonces, usted siéntase feliz de que se está dedicando a otras cosas más importantes —trataba de reconfortar Funes a Menéndez.

—Bueno, entonces… —iba a opinar Mecafé, pero fue interrumpido por Funes.

—Cada quien tiene su área de trabajo. Usted maneja ciertas cosas. Usted me dice: mire, ¿me autoriza a hablar con el presidente de CEPA? ¡Hágalo!

—Es cierto… —le asintió Mecafé al presidente.

¿Me autoriza a hablar con el presidente de SIGET? ¡Hágalo! ¿Me autoriza a hablar con el presidente de CEL? ¡Hágalo! ¿Me autoriza a hablar con el presidente de ANDA? ¡Hágalo! ¿Me autoriza a hablar con no sé quién? ¡Hágalo! Ahora, el manejo de los diputados usted nunca lo va a poder hacer, Miguel.

En su reclamo, Mecafé recurrió al nombre de Gerardo Cáceres, uno de los empresarios que acompañó la candidatura presidencial de Funes desde 2007 y que en los primeros días del quinquenio se convirtió en una especie de ministro sin despacho a cargo, en teoría, de las negociaciones con los diputados de la derecha, incluidos los que Herbert Saca manejaba en Arena antes de la creación de GANA. Muy pronto, sin embargo, Saca desplazó a Cáceres en las preferencias del presidente como operador político.

En varias ocasiones, cuando Mecafé le reclamaba, Funes se justificaba diciendo que Herbert Saca había sido el único que, en efecto, logró obtener, a través de negociaciones y sobornos, los votos que el presidente requirió en la Asamblea. Así lo confirmaron a Factum dos de los exfuncionarios de alto nivel que participaron de las conversaciones o supieron de ellas.

El empresario Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, mira a la cámara durante su presentación en el Centro Judicial en San Salvador. Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ

Y en ocasiones, Funes se refería a que Gerardo Cáceres nunca fue capaz de manejar a los grupos parlamentarios como bien titiriteó, en cambio, Herbert Saca .

—Es que Gerardo es una mierda presidente, perdóneme —le dijo Mecafé a Funes en esa misma reunión de 2014.

Pero Funes le volvía a aclarar a su amigo el rol que siempre le había asignado.

—Usted es un hombre de negocios… usted es un hombre de negocios. Mire, a Herbert nunca lo voy a poner a manejar negocios porque no los sabe manejar le decía el presidente a Mecafé para sosegarlo.

Los negocios resultaron mal. En 2018, Miguel Menéndez fue acusado por la Fiscalía General, junto a Funes, de participar en una desviación de fondos de Casa Presidencial durante la administración de su amigo el expresidente. La investigación la dirigió el jefe fiscal Jorge Cortez, de la Unidad de Investigación Financiera. En enero de 2019, el fiscal Cortez, bajo la nueva dirección del fiscal general Raúl Melara, fue removido y fue enviado por Melara a hacer asesoría en una oficina fiscal del municipio de Zaragoza, en el departamento de La Libertad.

Antes de que el exfiscal general Douglas Meléndez dejara el cargo a principios de enero de 2019, sus fiscales entablaron una nueva denuncia contra Funes y Mecafé, esta vez por peculado y lavado de dinero. La Fiscalía identifica al hombre de los negocios de Mauricio Funes en una operación que tuvo que ver con la construcción de una presa cuyo proyecto se conoció como “El Chaparral”, a cargo de la autónoma Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y que, aunque comenzó en la presidencia de Antonio Saca, alcanzó a la administración Funes.

Hay dos momentos claves en el requerimiento de la Fiscalía contra Funes y Mecafé que concretan lo que el expresidente le decía a su amigo en la reunión de 2014 en la casa de Mitchell Guzmán. En un primer momento, la investigación fiscal ubicó a Funes, a Mecafé, a Irving Tóchez, expresidente de la CEL, y a Mario Federico Pieragostini, representante de la constructura Astaldi, S.P.A., que tenía la adjudicación de la construcción de El Chaparral, en una reunión en Costa Rica, en 2011, que trató sobre alternativas de solución al paro de obras que había hecho Astaldi debido a incumplimientos de parte del gobierno. En esa reunión, Funes les hizo saber a todos los que estaban en la mesa, según la Fiscalía, que “el control total de los temas y decisiones en la CEL estaban en poder de Miguel Menéndez” y que Menéndez tenía ese poder, incluso sobre Tóchez como presidente de la CEL, pues él actuaba “en representación” de Funes. Por ello, Funes les aclaró que todo acuerdo al que se pretendiera llegar entre la CEL y Astaldi debía tener la “aprobación” y el “visto bueno” de su amigo Mecafé.

Tóchez renunció en ese mismo año 2011 y, según la Fiscalía, Menéndez “comenzó a tener gran incidencia en todo lo que se hacía dentro de la CEL, al grado de que se presentaba como representante del presidente Mauricio Funes, principalmente en el tema de las contrataciones, ya que había en juego grandes cantidades de dinero, así como el nombramiento del personal dentro de la comisión”.

En 2014, en la reunión en Antiguo Cuscatlán, las palabras de Funes sabían más a un recordatorio que a una revelación. “Usted me dice: ¿Me autoriza a hablar con el presidente de CEL? ¡Hágalo!”, le decía el presidente a Mecafé. Menéndez, dice la investigación de la Fiscalía, era conocido en la CEL como “el jefe” y tenía un poder tal que podía hacer cambios en la junta directiva de la CEL cuando él lo dispusiera, así como en LaGeo, una hermana pequeña de la CEL dedicada a la energía geotérmica.

El segundo momento en que la Fiscalía encuadró a Mecafé es en la adquisición de la sociedad Headford Business, S.A., bajo el bufete panameño Mossack Fonseca, en 2012. De hecho, Menéndez y el presidente de la CEL en ese momento, Leopoldo Samour, viajaron a Panamá para hacer esa compra. Mecafé logró el permiso de Funes para usar un jet privado que despegó entre el 10 de junio de 2012 del aeropuerto de Ilopango. La estrategia de usar el jet era sortear los controles de migración salvadoreños y por ello no existe el registro, en esos días, ni de salidas ni de regresos de Mecafé. Pero el hombre de negocios de Funes lo que no pudo fue evitar el control migratorio panameño, que sí registró su entrada y salida de Panamá, en el aeropuerto Albrook.

Más adelante, Mecafé también se hizo de la sociedad Rayne Services. Para las dos sociedades, el amigo de Funes abrió cuentas bancarias en el FPB Bank INC, de Panamá. El objetivo de comprar las dos sociedades y abrirles cuentas bancarias fue para ser los canales de recepción de las dádivas que obtuvieron Mecafé y Funes como producto de los arreglos con Astaldi, según la Fiscalía, que llegaron hasta los 3 millones 500 mil dólares.

El perfil que hizo la Fiscalía de Miguel Menéndez Mecafé caza con las conversaciones que Funes tenía con su amigo. “Usted siéntase feliz de que se está dedicando a otras cosas más importantes”, le decía el presidente para tratarlo de convencer de que eran mejores las operaciones de ganar dinero a través de negocios en que estaba comprometido el Estado salvadoreño que las que tenía a su cargo Herbert Saca: sobornar diputados.

El final del quinquenio de Funes significó también el fin de las uniones inusuales entre fracciones legislativas antagónicas en la Asamblea. Luego de sufrir divisiones de las que nacieron GANA y el fugaz Unidos por El Salvador, cuya mayoría terminó en GANA, el partido Arena no sufrió más escisiones. La legislatura de 2015 a 2018 concluyó sin transfuguismos. PCN y PDC se alejaron del bloque de FMLN y GANA e incluso ahora formaron una coalición con Arena para buscar la Presidencia de la República.

La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia abrió expedientes y envió informes a la Corte Plena en la que se estableció, a mediados de 2017, que un poco menos de una decena de diputados de PCN y de GANA estaban investigados por incrementos injustificados en sus patrimonios. Los dos hombres claves de Funes tuvieron destinos distintos: mientras Herbert Saca no ha sido acusado de formar parte del entramado Funes, Miguel Menéndez guarda prisión a la espera de que finalicen las investigaciones por peculado y lavado de dinero.