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“Ustedes escuchan ‘ni corrupto ni ladrón’, pero en el poder actúan al contrario”

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Las investigaciones de Juan Francisco Sandoval han demostrado cómo la corrupción tiene carcomida la institucionalidad guatemalteca desde hace décadas. Sandoval, guatemalteco, es el jefe de la Fiscalía Especializada Contra la Impunidad (FECI), instalada en el Ministerio Público. Esta oficina se activó con la llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un aporte de Naciones Unidas para combatir la corrupción.

Fotos FACTUM/Salvador Meléndez


LLa FECI y Sandoval ahora están bajo el mando de la nueva fiscal general, Consuelo Porras. El fiscal guatemalteco visitó El Salvador esta semana. Fue uno de los invitados especiales al Encuentro Nacional Anticorrupción que organizó el sector de la justicia salvadoreña.

En el evento, Sandoval recordó el valor de la justicia transicional, los jueces comprometidos con su labor en la sociedad y una fiscalía autónoma para luchar contra la corrupción. Pero el fiscal parece inconforme. A pesar de ver a expresidentes y a importantes empresarios detenidos por acusaciones de corrupción, reconoce que los problemas que viven países tan parecidos como Guatemala y El Salvador no se acaban solo peregrinando a los tribunales.

Esta entrevista con Sandoval se hizo en San Salvador, tres días antes del anuncio del presidente Jimmy Morales de que no renovará el mandato de la CICIG. La comisión, por ello, tiene hasta septiembre de 2019 para continuar sus funciones de apoyo al MP en los casos de corrupción en Guatemala.

En un país con gobiernos corruptos y expresidentes señalados mientras ostentaban el poder, ¿cómo se logra blindar el Ministerio Público y la FECI de los intereses políticos?

El blindaje lo da la Constitución, el Ministerio Público es un ente autónomo. Otro respaldo que tenemos es que aún está en vigor el acuerdo entre el gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas y el otro aspecto es que las actuaciones han sido apegadas a la ley. Esos son los otros factores que blindan. No es garantía al cien por ciento. Dependemos mucho del compromiso que ha asumido la fiscal general. En los pocos meses que tiene, ella ha estado en las gestiones que se han realizado desde que tomó posesión. Y está también la preocupación que tenemos por la renovación del mandato de la comisión, que tendrá que decidir el Ejecutivo el próximo año (este viernes 31 de agosto, en medio de un nuevo pedido de antejuicio por otro caso de corrupción, el presidente Jimmy Morales anunció que no va a renovar el mandato de la CICIG, por lo que se acabará en septiembre de 2019). Y más inmediato aún, el tema de que el 19 de septiembre tendrán que renovarle la visa al comisionado Iván Velásquez para que esté en Guatemala. Que si bien es cierto una comisión no puede depender exclusivamente de una persona, el hecho de que el comisionado colombiano encabece el organismo ha sido garantía del trabajo y el éxito de los casos.

¿Y si no quieren renovar el visado de Iván Velásquez?

Habrá que ver qué actitud asume el gobierno de Guatemala. El año pasado ocurrió una situación similar y la Corte de Constitucionalidad le ordenó al presidente de la República cumplir con el artículo 149 de la Constitución. Entonces existe una resolución vigente que ordena que le tengan que facilitar a él la estadía en el país, pero el Pacto de Corruptos es uno de los mecanismos que se ha utilizado para mermar el trabajo que se realiza.

Por el momento, El Salvador no cuenta con una fiscalía autónoma, como la FECI, que evite injerencias políticas, que evite la fuga de información de las investigaciones en curso. ¿Qué características técnicas tienen ustedes para evitarlo?

En primer lugar, el tema de los investigadores policiales internacionales de la comisión, que tienen una preparación académica envidiable. No es que no existan policías guatemaltecos que tengan esa capacidad, pero los niveles de exigencia académica son abismalmente distintos. Nuestra policía no tiene el nivel de preparación técnica, los investigadores policiales tienen además formación policial universitaria. También los investigadores financieros y los analistas criminales que tienen una vasta formación. Lo que redunda en que los informes que presenten y los reportes que dan cuando los tienen que defender en debates, tienen un nivel profesional que marca la diferencia. Lo que hemos tenido que hacer en los tribunales hasta la fecha ha sido abrir brecha. El tipo de organismos que se ha atacado, el tipo de estructuras políticas criminales ilícitas ha implicado que tengan estrategias implementadas que involucran gran poder político y mediático. Este organismo (CICIG) ha sido un soporte, un escudo, una barrera protectora ante los embates, porque en realidad hemos sufrido mucho, sobre todo en los últimos tres años.

Claro, porque cuando salió el caso de La Línea se impulsó todo…

El caso de La Línea lo que implicó es apoyo público de cualquier organismo estatal. El tema es que la investigación de La Línea generó otra investigación, conocida como Cooptación del Estado, que para mí es la red político-económica ilícita perfecta. Se habla desde el financiamiento electoral, el tema de los sobornos durante la gestión gubernamental y la maquinaria de lavado para trata de ocultar esos recursos ilícitamente obtenidos. ¿Pero qué implicó eso? Que se involucraron medios de comunicación y grandes empresarios del país. Ellos tienen un gran poder de organización, económico y político. A partir de allí empezaron los combates, de ataques, que si usted viera las dimensiones que han alcanzado… Esos son los poderes que tenemos que enfrentar. Y si no existiera este organismo, sería muy difícil.

De hecho, yo estoy participando en este encuentro contra la corrupción, que de lo que se trata es de compartir esas experiencias, y he visto que hay participación de muchos medios de comunicación, posiblemente que vengan muchos políticos para sumarse al esfuerzo (los cuatro candidatos que quieren ser presidente de El Salvador a partir de 2019 no se tomaron la molestia de llegar al evento anticorrupción y algunos delegaron a sus candidatos a vicepresidente). El tema es que cuando se lleva a la práctica el combate a la corrupción muchos de estos sectores se ven involucrados. Ahí puedes ver la intervención que tienen y si el tal respaldo que públicamente se manifiesta se materializa en acciones concretas.

Además de las capacidades técnicas, de los agentes cualificados, ¿con qué protocolo trabaja la FECI para dar aportes que sean valiosos?

El tema aquí es integrar equipos que sean multidisciplinarios. El trabajo de un análisis financiero que me está determinando que una sociedad mercantil tiene muchos movimientos millonarios de recursos y que policialmente se identifique si en realidad esa sociedad funciona. Parte de lo que se ha hecho es la integración de equipos multidisciplinarios e interinstitucionales. Por ejemplo, desde hace un tiempo existen analistas financieros del Ministerio Público integrados con analistas financieros de la CICIG. ¿Qué nos va a garantizar eso? Que, si en algún momento sale la comisión, la capacidad o metodología de trabajo pueda ser trasladada a equipos del Ministerio Público. Lo mismo ocurre con analistas criminales en la Policía Nacional Civil, también nos demostrará a futuro que la mejor manera de aprender es haciendo. Por ejemplo, en el tema de los policías ahorita tenemos el problema que el Ministerio de Gobernación decidió el retiro de policías que ejercían labores de seguridad, pero, más preocupante aún para nosotros, que también hayan retirado investigadores.

Sí, le iba a preguntar sobre esta reciente denuncia del ministro Enrique Antonio Degenhart. Él alegó que lo estaban investigando afuera de su casa.

No es cierto, el tema ahí es que creo que por donde él vive…No, no es que crea, es que vive un empresario que está relacionado con una sociedad en investigación. No solo él vive en esa residencial donde se estaban haciendo algunas cuestiones. Y es una denuncia totalmente burda y, en todo caso, si alguien está siendo investigado… ¿a qué le teme?

¿Se puede interpretar como si fueran las patadas de ahogado del presidente Jimmy Morales para intentar bloquear cualquier investigación en su contra?

Mire, yo hice una denuncia pública cuando operativizábamos hace dos o tres semanas la segunda fase de un caso que conocemos como Construcción y Corrupción. No nos brindaron apoyo de policías. Y eso se suma a por lo menos a cuatro incidentes que hemos tenido desde que este ministro ha estado al frente de esa cartera.

Pero, ¿cómo va a afectar a futuro? ¿Cómo van a hacer si el Ministerio de Gobernación les bloquea sus investigaciones?

En esa fecha improvisamos. Cada fiscal se fue a buscar a sedes policiales. Si lo que buscaban es que no estuviéramos operativos… pues sí había policías, sí se realizó el operativo, sí fue efectivo. El último operativo fue la captura ayer de un militar de alto mando vinculado con él y sí hubo el apoyo del Ministerio de Gobernación. Solo que la fiscal general tuvo que oficiar desde el jueves, no importa, nosotros teníamos que seguir realizando el trabajo y quien incumpliera sus funciones tendría que asumir la responsabilidad.

Igual, eso no quita que se las vaya a ingeniar con otra estrategia, ¿no?

No, pero también nosotros (se ríe) podemos ingeniárnosla.

En el caso de El Salvador, la Fiscalía emitió el pasado 23 de agosto un comunicado en el que pedían superar el veto a la reforma de la Ley Orgánica de la Fiscalía. Esta reforma pretendía que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) tuviera autonomía técnica, que pudiera funcionar sin injerencias.

¿El Ministerio Público acá es autónomo?

La Fiscalía es independiente y forma parte del Ministerio Público junto con la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos…

Mi pregunta es porque allá además la Constitución Política de la República lo prevé y en el año 2016 fue aplicada una serie de reformas. En ese momento no estaba la situación como hoy en día y no fueron vetadas. Por el contrario, apoyadas por el Congreso. Lo que trató de potenciar esa reforma fue la autonomía del Ministerio Público, porque cualquier decisión que se tomara en la Fiscalía estaba a merced del Ejecutivo. Eso lo que implicaba a fin de cuentas era una injerencia en la labor de investigación y no garantizaba la objetividad con la que debe trabajar el Ministerio Público.

En ese comunicado que le mencioné, la Fiscalía también critica la difusión del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) por parte del expresidente Mauricio Funes, condenado por enriquecimiento ilícito y prófugo de la justicia. ¿Cómo se podría haber evitado esto desde la experiencia guatemalteca?

Los reportes de operaciones sospechosas son confidenciales en materia de inteligencia. ¿Cómo llegó a manos de él? Es grave. Fíjese que allá hay un delito y la pena es grave, hasta de ocho años, y se llama vulneración de la información proporcionada bajo reserva. Está en la Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces lo que hay que hacer ahí es investigar y a quien se determine que filtró tiene que asumir responsabilidad penal.

¿Y para prevenir algo así?

Es que prevenir…Es que no me explico cómo pudo salir eso de la Fiscalía. Mejor que prevenir es guardar bien las cosas… (se ríe). Eso no puede ocurrir.

Parece que la Fiscalía lo menciona como un caso paradigmático de por qué es importante blindar esa unidad…

Para mí, más que la independencia de una unidad (UIF), sin conocerlo… ¿verdad? Debería propiciarse la autonomía de toda la institución. Encuentro un poquito extraño eso de pedir la autonomía solamente de una unidad. Si bien la corrupción es un tema importante, todas las investigaciones en todas las instituciones deben ser autónomas. Más que eso, y esa es mi opinión, se debería propiciar un cuerpo legal que garantice la autonomía de toda la institución.

Entrevista con Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI del Ministerio Público de Guatemala, el 28 de agosto de 2018, en San Salvador. Foto FACTUM/Salvador Meléndez

En El Salvador tenemos otros pactos de corruptos: el intento de reforma de la Ley de Extinción de Dominio por parte de los diputados, el retraso en la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional, un fiscal general que denuncia ataques en su contra por las investigaciones que tocan al poder, un presidente que acaba de vetar una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía para dar autonomía funcional y técnica a la UIF, por considerarla inconstitucional… ¿Cómo valora usted el trabajo de la Fiscalía salvadoreña en este contexto?

Están operando en condiciones extremas. Para que funcione la Fiscalía deben procurarle todos los recursos legales, los insumos materiales para que desempeñe de la mejor forma sus funciones. Necesitaría algún refuerzo, no sé si sería un mecanismo como el que tiene Guatemala con el aporte de Naciones Unidas, pero va a llegar un momento en que el gobierno va a tener que pedir el respaldo de la comunidad internacional. Nuestros Estados son tan débiles que hemos tenido que recurrir a estos mecanismos. En el caso de Guatemala ha fructificado, aunque tuvimos otras experiencias anteriores que de alguna manera fracasaron como MINUGUA u ONUSAL en El Salvador. Ahora la dinámica es la justicia, no tanto de justicia transicional, pero erradicar estos grupos que en realidad atentan contra la propia democracia… Se va a necesitar el auxilio internacional, aunque depende de la decisión soberana de los salvadoreños.

Acá hay un precedente triste para la justicia y la Fiscalía: el exfiscal Luis Martínez procesado por delitos de corrupción. Además, está el discurso polarizado en la política, sobre todo desde que se ha empezado a juzgar a expresidentes… ¿Cómo ha sido para ustedes en Guatemala?

La ley debe llegar a todos. Allá les digo yo: Miren, en Guatemala no gobierna la izquierda desde el 54, pero los intentos de lucha contra la corrupción se interpretan como un tema de ideología, como si yo estuviera alineado a algún grupo de izquierda. O los fiscales o la comisión respondieran a los intereses de una agenda de izquierda, lo cual es totalmente falso. Imagínese cómo nos apoya Estados Unidos, y no creo yo que la política exterior de Estados Unidos sea una agenda de izquierda y menos en estos momentos. Entonces siempre se les va a dar un matiz. Y el tema ese que tenemos del paracuandismo, el de para cuándo se va a llegar a la UNE, un partido relacionado con la socialdemocracia. Entonces se les acabó el discurso porque hemos llegado a todos los grupos donde las propias investigaciones determinan que existe un acto contrario a la ley, no importa el partido político.

Por ejemplo, ahora el partido Encuentro por Guatemala, donde está involucrada una de las diputadas referente de la izquierda moderada, Nineth Montenegro, incluso la han vinculado con la exfiscal Thelma Aldana. El tema es que la ley se aplica a quien se tiene que aplicar, no importa su procedencia ideológica. Con Odebretch preguntaban: ¿Para cuándo? Pues, mire, tenemos una investigación y resultados en el tema. Un caso muy cuestionado en el tema del Transurbano, donde estaba involucrado el gobierno de la UNE, y ya tuvimos resultados. Creo que la mejor manera en que la Fiscalía puede soslayar las críticas es demostrar que existe un hecho delictivo, o que no existe en realidad.

El Salvador también puede envidiar la movilización social contra la corrupción de Guatemala…

Los problemas son similares. Allá lo mismo, el Congreso de la República, la Presidencia de la República, el Organismo Judicial…La persecución penal no va a combatir todos nuestros problemas sociales, pero por lo menos puede ser la génesis para que se empieza a la discusión de cuál sociedad es la que queremos. Entonces estos problemas que nosotros enfrentamos los veo con similitud en El Salvador. Ustedes escuchan a todo político que con gana de llegar al poder (dice) “ni corrupto ni ladrón”, y al momento de estar instalados en el poder, y desde antes, en campañas políticas, están actuando de manera contrario al discurso.

Yo no sé si aquí en El Salvador, ahora que están próximas las elecciones, se está previendo auditar de dónde provienen los fondos de campaña, cómo se pauta en los medios de comunicación. Yo creo que sería una cuestión importante la réplica, ahora que estamos en tiempos electorales, que vamos a coincidir.

Bueno, aquí lo que acabamos de tener es la declaración de un testigo protegido en una audiencia con reserva del caso Destape a la Corrupción contra el expresidente Antonio Saca. Ahí se han visto señalados algunos periodistas, precisamente por la pauta publicitaria y el contenido editorial para beneficiar al gobierno de aquella época…

Por ejemplo, el último lío donde incluso hubo injerencia de una cubana… a la que patrocinan los mismos grupos de poder, es que llegaron a irrumpir en una conferencia de prensa donde el Tribunal Supremo Electoral estaba instalando un centro de monitoreo de gastos de campaña. La Comisión Internacional va a presentar algún apoyo con relación a esos temas, y aparte de eso la CICIG tiene un mandato amplio. El mandato le permite investigar sus fuentes de financiamiento. Vamos a ver cómo se mueven allí las fuerzas políticas para detenerlo.

La Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de El Salvador compartió este año un listado de donantes, pero los pequeños no aparecen porque los legisladores aprobaron en 2017 una reforma a La Ley de Partidos Políticos que permite ocultarlos.

Debería ser reformado, eso lo que implica es que cualquier financista pueda atomizar los aportes y con el ánimo de irlos diluyendo no los detectan. Lo que implica es opacidad, todos los aportes deberían ser reportados.

Claro. Aquí han acudido los candidatos a entrevistas televisivas y cuando se les ha preguntado con cuánto dinero están trabajando en su campaña, no dicen quién se lo ha dado ni cuánto. ¿Qué experiencia tienen ustedes en Guatemala que pueda aportar para El Salvador?

La Ley Electoral y de Partidos Políticos ha sido reformada de forma que se monitoreen los gastos de campaña y así puede usted puede ver lo que se ha reportado y lo que en realidad fue gastado. Y el hecho de incurrir en gastos no reportados es una conducta delictiva y en realidad ese es el gran lío que tenemos ahora en Guatemala, porque los partidos quieren a toda costa encubrir esa disposición atendiendo a sus intereses particulares.

¿Y cómo les está yendo con esa reforma?

Pues eso es lo que está en discusión, el año pasado el famoso Pacto de Corruptos precisamente nació por una reforma a la ley electoral a la cual dieron marcha atrás, es decir, lo que querían era impunidad, inmunidad para delitos electorales y de corrupción. Ahora la discusión en Guatemala es sobre la reforma del 407- N del Código Penal, que es el que regula el financiamiento electoral ilícito.

¿Al Ministerio Público guatemalteco le afecta entonces que la Fiscalía salvadoreña aquí no tenga la suficiente independencia para investigar de forma especializada la corrupción?

Así es, imagínese que el fiscal general de acá, yo no sé si él es nuevo…

No, ya casi va a terminar su mandato…

El tema es que se enfoque en realidad en combatir la corrupción y con las fuerzas externas. Si el Ejecutivo no le permite iniciar una cruzada desde la perspectiva penal…Si lo para un organismo externo, al fin de cuentas se va a interrumpir su gestión. O si tratan de coartar sus acciones, de buscarle cascaritas, como decimos, de hacer una investigación en su contra.

Bueno, en realidad, con el presupuesto y del número de personal se ha quejado bastante.

Ese es el tema, que hemos llegado a grandes casos, pero el Ministerio Público no tiene el suficiente presupuesto para tener cobertura a nivel nacional. En Guatemala son 340 municipios. El ministerio solo tiene presencia en 40.

Hablando de presupuesto, ¿qué medidas ha buscado el MP con la CICIG para garantizar que va a existir un presupuesto sostenible para que la FECI no desaparezca cuando termine su mandato la comisión?

Eso depende más bien de las políticas de la cabeza de la institución. Venimos con los fiscales generales Amílcar Velásquez Zárate, Claudia Paz, Thelma Aldana, quienes demostraron el apoyo a la Fiscalía e iniciamos con una agencia. Hoy somos 11 agencias fiscales. Por lo menos en los dos o tres meses que lleva la fiscal general hemos dado continuidad al trabajo. Mire, ningún mecanismo de elección general del fiscal, ni de remoción de fiscal, va a ser efectivo si no hay funcionarios comprometidos. Lo están viviendo ahorita con la elección de magistrados de la corte… Nos podemos inventar mil fórmulas para postular magistrados, que si los elegidos no asumen el compromiso vamos a estar en las mismas. Allá se ensayó un mecanismo que establece la Constitución, se instituyó una ley de comisiones de postulación para tratar de arreglar el tema y de todos modos los problemas son los mismos si no hay funcionarios comprometidos. Puede ser la persona con el mejor perfil, pero si en el ejercicio de su cargo no actúa con probidad vamos a estar en los mismo.

¿Y ante la elección de buenos jueces? ¿se resuelve también con formación, como con los policías investigadores?

Así es, exacto.

Pero con los problemas que hay en Guatemala, El Salvador y el resto de la región, suena tan simple, como si fuera algo fácil: tener jueces comprometidos y capacitados. Explíquese un poco más.

Yo estaba aquí en el encuentro y uno de los temas que abordé y como que no mucho le pareció a la concurrencia fue el tema de la justicia transicional. Es necesario para la sociedad sanar heridas. Yo vi que me hacían caras. El acuerdo de paz se suscribió entre el Gobierno y la facción guerrillera, pero fue la población la que puso las víctimas y la población lo que exige es justicia. Entonces los juzgadores deben estar impregnados de esos valores. Al final la justicia no tiene que ser utópica. Es un valor que debe alcanzar mediante los procesos penales. La justicia es un componente importante para alcanzar la paz social. Por eso debe ser (para los jueces) un compromiso con la formación, tener conocimiento de las leyes y de su papel en la sociedad.

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