Después de la oposición civil y una gran ofensiva diplomática, FMLN y ARENA no alcanzaron los votos para aprobar una nueva amnistía, una ley que tal como está redactada deja en la impunidad los crímenes cometidos durante el conflicto armado y anula el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
ARENA y el FMLN han dejado en suspenso una ley que, tal como está planteada, dejará sin castigo real a los criminales de guerra. El partido de derecha y la exguerrilla se habían puesto de acuerdo para aprobar “la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional”, la cual anulaba la posibilidad de justicia penal y concedía privilegios a quienes participaron en grandes atrocidades del conflicto armado. Este jueves 23 de mayo, de no ser porque varios diputados del partido ARENA dijeron que no darían sus votos para la nueva amnistía, los dos partidos mayoritarios se disponían a aprobar una ley cuestionada tanto por las organizaciones de víctimas como por organismos internacionales.
La Sala de lo Constitucional anuló en 2016 la Ley de Amnistía, que desde 1993 había obstaculizado el juzgamiento de los crímenes de la guerra, y ordenó a la Asamblea que garantizara la reparación integral de las víctimas a través de una nueva ley. La Sala dictó los parámetros que debían seguir los diputados para que se cumpliera esa reparación integral: la restitución de los derechos de las víctimas; el resarcimiento; la compensación de daños; la indemnización; la rehabilitación, readaptación, satisfacción y reivindicación de las víctimas; las garantías de no repetición; y el conocimiento público de la verdad.
Pero los diputados habían tramado otra cosa. La propuesta que consensuaron -desde ARENA y el FMLN diputados como Julio Fabián o Damián Alegría habían dicho que sus partidos la apoyaban- garantizaba impunidad en varias vías: exime de cárcel preventiva a los procesados; anula las condenas de prisión y únicamente castiga a los criminales de guerra con trabajos de utilidad pública; y establece que los montos de la reparación civil de las víctimas no podrán afectar el “proyecto de vida” de los condenados.
La Sala de lo Constitucional prohibió amnistiar crímenes de lesa humanidad y ordenó enjuiciar los casos contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad, que documentó más de 22,000 denuncias de graves violaciones de derechos humanos, 85% de los cuales fueron atribuidos a agentes del Estado. Pero la ley consensuada esta semana por ARENA y el FMLN le resta valor probatorio a los archivos y al informe de la Comisión de la Verdad. La nueva ley también limita la cantidad de crímenes que serán juzgados, porque la Fiscalía General deberá elaborar una lista definitiva de casos.
“Ya la Sala determinó que casos deben juzgarse y no puede haber marcha atrás. Ninguna ley puede ir en contra de la sentencia de la Sala, porque sería violatoria de la Constitución”, advirtió recientemente el exmagistrado Florentín Meléndez, uno de los firmantes de la sentencia de 2016.
“Ya la Sala determinó que casos deben juzgarse y no puede haber marcha atrás. Ninguna ley puede ir en contra de la sentencia de la Sala, porque sería violatoria de la Constitución”, Dr. Florentín Meléndez, Exmagistrado de la @SalaCnalSV de la CSJ. @AsambleaSV @juanjmartel pic.twitter.com/XvN3XzRv2D
— Pro-Búsqueda (@ProbusquedaSV) 22 de mayo de 2019
Bajo la lupa internacional
La elaboración relámpago de la ley encendió las alarmas en varias embajadas e instancias internacionales. Estados Unidos opinó, a través de la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, que una ley de reconciliación “debe incluir proceso transparente e inclusivo para garantizar rendición de cuentas y proteger derecho de víctimas a buscar justicia”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió que El Salvador informe, a más tardar el 31 de mayo, sobre el contenido de la nueva ley y sobre su compatibilidad con lo ordenado por esa Corte en la sentencia por la masacre del Mozote, que prohibió emitir leyes que constituyeran un obstáculo para procesar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresó su preocupación por la nueva ley. “Cuyo efecto principal sería propiciar la impunidad respecto de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado. La Comisión ha sostenido que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos”, enfatizó la CIDH en un comunicado publicado el 21 de mayo.
También se pronunció la Organización de Naciones Unidas. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, consideró que con la nueva ley se está blindando a los criminales de guerra. “Tales disposiciones benefician de forma indebida tanto a los responsables materiales, como a los autores intelectuales y altos mandos que durante el conflicto armado ordenaron o no adoptaron medidas para prevenir o reprimir crímenes de lesa humanidad”, se pronunció Bachelet en un comunicado difundido el pasado 22 de mayo.
El diputado Jullio Fabián ((centro) conversa con otros diputados de ARENA el jueves 23 de mayo de 2019, en el Salón Azul donde discuten si aprobar o no una Nueva Ley de Amnistía muy criticada por organizaciones de DD.HH. Revista FACTUM/Salvador Meléndez
Al final de este jueves, los partidos mayoritarios vieron que, pese a la complicidad del PCN y del PDC, no alcanzarían los votos suficientes para la aprobación. Y, tras la cadena de llamados y pronunciamientos como el de la embajada estadounidense, acordaron convocar a las organizaciones sociales para continuar el estudio de la ley, ahora tomando como insumo la elaborada por la sociedad civil.
El diputado del CD, Juan José Martel, el único que esta semana dio iniciativa de ley a la propuesta de ley de las organizaciones, teme que solo se trate de una dilatación para hacer cambios cosméticos y no de fondo. “Este viraje ha sido el resultado tanto de la presión del movimiento social. Obviamente el FMLN es más sensible a esta presión, Arena es más sensible a otro tipo de presión, y perdieron la unidad interna de sus grupos parlamentarios. El punto es si de verdad se va a escuchar al movimiento social para cumplir una formalidad o para incorporar sus propuestas en un nuevo proyecto de ley”, dijo.
La nueva ley tiene, además de fallas de contenido, vicios en el procedimiento para su aprobación. Ese es uno de los principales reproches de las organizaciones de víctimas. El proyecto de ley fue engendrado por una comisión ad hoc cuestionada por el conflicto de intereses de sus integrantes. El diputado Rodolfo Parker, señalado en el informe de la Comisión de la Verdad de ocultar declaraciones para favorecer a altos oficiales, encabezó esa comisión junto a otros diputados que, como el coronel Antonio Almendáriz, fueron salpicados en algunos casos. Parker, tras la presión de las organizaciones se apartó, pero los diputados elaboraron la ley con base al trabajo que él había iniciado.
“Aquí es una lógica del fruto del árbol envenenado. Si el árbol, que era la comisión ad hoca, está envenenado, sus frutos también lo van a estar . Lo que puede ocurrir es que esta nueva ley, viniendo de los actores de la guerra, lo que venga es a favorecer a los actores de la guerra”, señaló Manuel Escalante, subdirector del IDHUCA.
Organizaciones de DD.HH. y de protección a las víctimas del conflicto armado, llevaron un par de pancartas exigiendo justicia. Revista FACTUM/Salvador Melendez
Desde la anulación de la Ley de Amnistía, El Salvador dio algunos pasos en la lucha contra la impunidad. Empezaron a prosperar algunos procesos judiciales, como el que se desarrolla en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, por la matanza de más de mil campesinos en el caserío El Mozote, en 1981. También empezaron a llegar denuncias a la Fiscalía General, entre estas la que presentó Armando Durán contra el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, por secuestro; y la Sala de lo Constitucional ordenó a la Fuerza Armada que recupere archivos para esclarecer desapariciones o masacres cometidas durante el conflicto armado.
Pero la ley que planean los diputados establece que solo únicamente tres juzgados de instrucción del país podrán conocer de estos casos y únicamente tres cámaras de lo penal podrán desarrollar juicios.
La prisa de los partidos
La Asamblea tiene hasta el 13 de julio de 2019 para aprobar la nueva ley, pero los diputados prefirieron correr en los últimos días. Organizaciones sociales pidieron esta semana que se incorporara su propia propuesta, la cual consensuaron con las víctimas en una asamblea. La subcomisión que preparó la ley los recibió este martes, pero ese día no les garantizó que tomaría en cuenta sus observaciones.
“Estamos seguros que en un tema tan delicado jamás vamos a encontrar una solución en la que todos estemos de acuerdo”, les advirtió el diputado del PCN Roberto Angulo, quien presidió la subcomisión.
Para Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), la prisa puede estar relacionada con la salida del FMLN del Ejecutivo. El presidente Sánchez Cerén todavía tiene una semana para sancionar el decreto legislativo antes de la llegada de Nayib Bukele a la presidencia el próximo 1 de junio. “Sabemos que hay un cambio de Gobierno y ahí está un tema que el presidente es quien sanciona las leyes. Eso puede ser un detonante que los haya hecho acelerar”, dijo Escalante.
En la reunión del martes, las organizaciones expresaron tres preocupaciones respecto a la ley: que las víctimas han sido las menos consultadas; que el proceso en la Asamblea no ha sido transparente; y que la Mesa contra la Impunidad recién había terminado de validar su propuesta de ley. Pero nada de esto inquietó a los diputados, y un día después la subcomisión firmó la propuesta de ley para que la Comisión Política emitiera el dictamen que permitiría la votación en la plenaria de este jueves.
-La Sala les dio hasta el 13 de julio para hacerlo ¿Por qué en un tema tan delicado quieren correr y aprobarlo ahora?, preguntó una periodista tres horas antes de la plenaria de este jueves.
– ¿Y por qué no?, respondió el diputado efemelenista Jorge Scháfick Hándal.
“Cuando vemos al FMLN respaldar tan abiertamente este proceso viciado excluyente de las víctimas, cuando le vemos apoyar un proyecto de impunidad siendo el partido oficial de gobierno nos surge la profunda preocupación que exista una complicidad de la presidencia de la República, que el presidente Sánchez Cerén esté implicado en este pacto de impunidad”, declaró David Morales, vocero de la mesa, tras conocer que los diputados se encaminaban a aprobar la ley a espaldas de las víctimas.
Opina