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Fiscalía congela bienes a empresa relacionada con Funes en investigación por lavado

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La jueza de San Salvador que ha ordenado las diligencias en la investigación por enriquecimiento ilícito contra el expresidente y varias personas de su círculo íntimo suscribió, en un oficio del 2 de marzo de 2017, que hay suficientes elementos para acreditar que los verdaderos dueños de bienes relacionados con una compañía de spa que presuntamente sirvió para el blanqueo de dinero son, entre otros, Mauricio Funes y Ada Mitchell Guzmán, su actual pareja.

Foto FACTUM/Archivo


La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR) pidió, el pasado 30 de enero, la inmovilización de varios bienes propiedad de la empresa Latin American Spas Sociedad Anónima, en el marco de una investigación “en contra de Carlos Mauricio Funes Cartagena, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y José Miguel Antonio Menéndez Avelar, por atribuírseles la probable comisión del delito de Lavado de Dinero y Activos”, según un documento firmado por la jueza Cuarto de Paz de San Salvador, Nelly Esther Pozas Henríquez, y anexada a las diligencias contra el expresidente Mauricio Funes por enriquecimiento ilícito, al que Revista Factum ha tenido acceso.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Registros, los dos inmuebles congelados a la sociedad Latin American Spa S.A. de C.V. están ubicados en San Salvador y en Antiguo Cuscatlán. El primero de ellos es el lote con matrícula 30204978-00000, ubicado en la urbanización Maquilshuat, hacienda San Benito, San Salvador, con una extensión de 1,387 metros cuadrados donde, de acuerdo con una publicación de El Faro, funcionó un spa camuflado.

Este inmueble fue comprado por Latin American Spa S.A. de C.V. a la empresa Mecafe S.A. de C.V., propiedad del empresario Menéndez Avelar, uno de los financistas de la campaña de Funes, a un precio de $665 mil. Según consta en el acta de compraventa, la empresa de belleza realizó esta compra el 13 de marzo de 2013, a solo 15 días de haber sido fundada.

Según el documento registral, en el acto de traspaso, Latin American Spa se comprometió a cancelar el inmueble en tres pagos: un adelanto de $25 mil que dio el 13 de octubre de 2012 (cuando aún no existía legalmente) y se comprometió a dar $340,000 “al obtener financiamiento bancario para la sociedad compradora” con una hipoteca que caería sobre el mismo inmueble. Y el tercer pago se realizaría seis meses después de que el Spa comenzara a funcionar.

El segundo inmueble congelado a Latin American Spa S.A. de C.V. se encuentra ubicado en la Urbanización Santa Elena, municipio de Antiguo Cuscatlán, y se trata de una residencia de 2,618 metros cuadrados. Este terreno fue comprado el 12 de junio de 2013, es decir, un mes después de la compra del primer inmueble, a un precio de $325 mil, que se pagó al contado. Este terreno fue comprado a Irma Juana Charur Zablah, en representación de su empresa Central Investment and Trading Company Corporation, una sociedad estadounidense radicada en Bahamas, según el acta de compraventa que consta en el CNR.

De acuerdo con la publicación de El Faro, esta casa fue adquirida a un precio tres veces menor, puesto que “en junio de 2011, la casa fue anunciada en la página de bienes raíces Arriaza Vega, con un precio de 1.3 millones de dólares”.

La UIF también pidió al juzgado Cuarto de Paz que se ordene el congelamiento de “los derechos” de Latin American Spa S.A. de C.V. para que no pueda ser traspasada a terceros.

¿De dónde viene el capital con que funciona y crece Latin American Spa? De acuerdo al reporte periodístico de El Faro, Mecafé, funcionario público en los primeros años de la administración Funes, utilizó su influencia para lograr que el Banco Hipotecario (estatal) otorgara préstamos que fueron utilizados para la compra de tres inmuebles, donde las decisiones las tomaba Guzmán Sigüenza, conocida como “La Michy”, actual pareja del expresidente Funes, con quien tiene un hijo. Uno de esos inmuebles es el matrícula 30204978-00000, que la Fiscalía ha pedido inmovilizar.

El pasado 2 de marzo, la jueza Pozas Henríquez emitió el oficio 420 al jefe del registro de propiedad de La Libertad en el que ordena la anotación preventiva de la inmovilización solicitada por la fiscal María Graciela Aragón Cabrera, coordinadora de la UIF de la Fiscalía General. Cuatro días antes, el 27 de febrero, la juzgadora había ratificado la anotación preventiva solicitada por la FGR.

Poco más de un mes antes, y tras entrevistar a varias personas, la fiscal Aragón Cabrera pidió la inmovilización de varios bienes de la compañía de spa.

Al expediente judicial están anexadas, como pruebas para pedir la inmovilización, la escritura de la compañía y los testimonios de Virginia María Vilanova y Juan Manuel Castillo, los dueños en el papel de Latin American Spas, así como de Abner David Recinos Rivera y César Arístides Lemus Hernández, ambos empleados de la compañía, según la investigación periodística que El Faro realizó en 2014.

La FGR también entrevistó a Manuel de Jesús Angulo Carrillo, ex director de la estatal Inversiones Corsain -nombrado en ese puesto por influencia de Mecafé, según El Faro- y en 2014 apoderado legal de Latin American Spas; y al notario Luna Leiva.

Después de realizar esas entrevistas, entre julio y agosto del año pasado, y tras revisar los contratos de compraventas de los inmuebles y la forma en que se “constituyeron los entes jurídicos (bienes)”, la Fiscalía concluyó que los “verdaderos titulares (dueños)” de los mismos son “los investigados por el delito de Lavado de Dinero y Activos, señores Carlos Mauricio Cartagena, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y Juan José Miguel Antonio Menéndez Avelar (sic)”, según se lee en el oficio 420 emitido por la jueza Pozas Henríquez.

Hasta la fecha, no obstante, la Fiscalía no ha acusado al expresidente Funes y a Guzmán Sigüenza por el delito de lavado de dinero, del que la coordinadora de la UIF dice que hay suficientes indicios.
La jueza del Cuarto de Paz, por su parte, certifica que la inmovilización de los bienes de Latin American Spas se basa, entre otras cosas, en la figura de “periculum mora”, es decir que “la no implementación (sic) de un mecanismo cautelar como el ya referido (inmovilización) podría conducir en los procesos de lavado de dinero y activos a que bienes susceptibles de ser decomisados a favor del Estado sean transferidos…”

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa Rosario (izquierda) en un reunión con el ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza (centro) y los ex presidentes de Honduras (Porfirio Lobo) y El Salvador (Mauricio Funes) en una reunión en Managua en agosto de 2012. Hoy, mientras es investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en El Salvador, Funes está asilado en Nicargua. Foto de la secretaría de prensa de la OEA, tomada de Flickr, con licencia Creative Commons.

El Spa bajo la mira

Latin American Spas es una empresa fundada el 26 de febrero de 2013 por José Manuel Castillo y Virginia María Vilanova ante los oficios del notario Roberto Enrique Hernández Valencia. De acuerdo con el acta de fundación, Castillo y Vilanova eran para entonces un abogado y una estudiante de 30 y 29 años, respectivamente.

La sociedad fue fundada, teóricamente, con un capital de $2,000 dividido y representado en doscientas acciones con un valor nominal de $10 cada una, de las cuales Vilanova compró 99 y Castillo una. Sin embargo, según consta en el acta de constitución de la sociedad, los fundadores únicamente entregaron un cheque por $100 como capital social.

Aunque no aparece en ningún documento relativo a las compras, el 13 de marzo de 2013 la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Latin American Spa S.A. de C.V. le otorgó un poder a Guzmán Sigüenza “para que represente legalmente a la sociedad”. En ese mismo documento, “La Michy” le otorgó un poder a César Arístides Lemus Hernández, un estudiante, para que comparecer ante un notario y adquirir los terrenos.

Para poder mantenerse en regla, una empresa debe renovar su matrícula de comercio cada año y uno de los requisitos para ello es entregar balances anuales. Sin embargo, la sociedad Latin American Spa solo ha presentado tres balances ante el Registro de Comercio salvadoreño. No obstante, en esos únicos tres balances se puede apreciar el acentuado crecimiento económico que la empresa ha tenido.

El balance inicial con fecha 26 de febrero de 2013 señala que el total de activos de la sociedad es de $2,000. Diez meses después, el 31 de diciembre del mismo año, el balance final señalaba que Latin American Spa contaba con un $1,359,427.54 en activos. La mayoría de este monto correspondía a construcciones en proceso y terrenos. Por otra parte, los pasivos de la empresa fueron $65,715.94, que correspondían a “Proveedores” y “Cuentas por pagar Partes Relacionadas”. No se reflejaba ningún préstamo bancario, incluido el que la sociedad dijo que tomaría para pagar la propiedad que compró a Mecafé.

El tercer y último balance presentado por la empresa de belleza está fechado el 31 de diciembre del 2014 y en este se refleja un total activo de $1,385,649.98, del cual la mayoría correspondía a terrenos, inmuebles en construcción y $765,496.39 en concepto de “Propiedad Planta y Equipo”. A esta fecha tampoco se reflejó en el balance ningún préstamo bancario. En los pasivos solo se detalló un monto de poco más de $100 mil en “Cuentas por pagar partes relacionadas”, $44,755 de “Proveedores y otras cuentas”, y $724.46 de “Otras retenciones”.

La huida y los tuits del expresidente

Los problemas legales de Mauricio Funes empezaron el 9 de febrero de 2016, cuando la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia ordenaron abrir un juicio civil contra el expresidente por sospechas de enriquecimiento ilícito.

La orden está basada en una investigación patrimonial realizada por la sección de Probidad del máximo tribunal, que entre otras cosas determinó que Funes había gastado miles de dólares en objetos suntuosos y que no había justificación legal de unos 720,000 dólares en su aumento patrimonial entre 2009 y 2014, periodo en que fue presidente.

Luego, en agosto de 2016, la Fiscalía abrió una investigación por sospechas de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Del segundo delito, según se desprende de las diligencias solicitadas por la UIF, hay suficientes indicios como para solicitar la inmovilización de propiedades relacionadas con el ex mandatario y su pareja, la señora Guzmán Sigüenza, con quien Funes procreó un hijo en 2012, cuando aún era presidente.

 

En septiembre del año pasado, Funes, Guzmán, el hijo de ambos y otros dos hijos del expresidente obtuvieron asilo en Nicaragua. Funes ha dicho, desde que se fue de El Salvador, que las investigaciones en su contra son producto de una conspiración política de la derecha salvadoreña, que incluye a la Corte Suprema.

Funes suele utilizar su cuenta en Twitter para referirse a las investigaciones en su contra. Entre el 20 y el 22 de marzo de 2017, por ejemplo, el expresidente ha escrito siete tuits en los que acusa a la Fiscalía de ofrecer beneficios a testigos para acusarlo a él penalmente. Sin aportar pruebas, Funes también dice que uno de esos testigos fue “comprado” por quienes “promueven la persecución judicial” en su contra.

 

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