La nueva Fiscalía persigue a los fiscales que investigaron a Funes y Rais

Los investigan por una denuncia presentada por imputados en Corruptela, el caso que reveló el uso de la Fiscalía para proteger al expresidente Funes y al empresario. Cuatro fiscales del Grupo Contra la Impunidad fueron trasladados a inicios de esta semana, sin que la Fiscalía haya explicado los motivos. 

Foto FACTUM/Salvador Meléndez

La Unidad Penal del Estado de la Fiscalía inició un proceso contra 13 fiscales  que participaron en la investigación del caso Corruptela, en el que son prófugos el expresidente de la República, Mauricio Funes, y el empresario Enrique Rais. Se trata de uno de los casos más relevantes que heredó el Grupo contra la Impunidad (GCI), creado en la Fiscalía de Douglas Meléndez, por el que también llevaron a la cárcel al exfiscal general de la República, Luis Martínez.

Durante los primeros días de mayo, la oficina de Recursos Humanos de la Fiscalía notificó, sin explicación alguna, el traslado a cuatro de esos fiscales  hacia diferentes unidades. Los enviaron hacia la Unidad Antipandillas, hacia Hurto y Robo de Vehículos y hacia la Unidad Antiextorsión. Entre los 13 fiscales investigados está Jorge Cortez, quien era el jefe de la GCI, y quien, con la llegada de Raúl Melara a la Fiscalía, fue relegado a asesor en una oficina de Zaragoza, La Libertad.

La Unidad Penal incluyó en la misma investigación a una fiscal de la Unidad Contra el Crimen Organizado que, según sus compañeros, no participó en el caso Corruptela. Los investigados intentaron tener información del proceso, así como copias de la documentación, pero únicamente les contestaron que les abrieron un expediente por actos arbitrarios.  Ellos dicen que han constatado que la investigación inició por denuncias que presentaron algunos de los imputados en Corruptela, quienes han dicho que los forzaron a confesar sus delitos y a aceptar un criterio de oportunidad.

“Lo que se pretende (con la apertura del expediente) es que sea una revancha, una vendetta, por haber puesto al descubierto la corrupción interna dentro de la Fiscalía y  principalmente porque se señaló al ahora fiscal adjunto (Allan Hernández)”, dijo a Factum uno de los fiscales investigados, quien pidió no ser identificado por temor a más represalias internas.

Allan Hernández, la mano derecha del fiscal general Raúl Melara, es uno de los fiscales que viajó en los aviones de Enrique Rais en la época de Martínez: fue a Bahamas y Barbados cuando era el jefe de la unidad antiextorsiones. Él mismo lo confesó a la Fiscalía, y uno de esos viajes, según testimonios obtenidos en Corruptela, fue para tramitar documentación que favorecía al empresario prófugo.

Un testigo contó que en el viaje a Barbados “subió al avión el señor Enrique Rais, a despedirlos y en esos momentos el señor Rais le entregó… al licenciado Allan Edward Hernández Portillo y al licenciado Luis Antonio Martínez un sobre y les manifestó que eran para sus gastos… Al abrir el sobre pequeño de manila color amarillo… pudo darse cuenta de que era dinero en efectivo”.

El ahora fiscal adjunto, según los testigos del caso, también supervisó un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que también era favorable para los intereses de Rais. Quien era jefe de la  UIF en esa época, Tovías Menjívar, fue notificado esta semana de su destitución a partir del 31 de mayo. Contra Hernández, en cambio, no hay ningún expediente por este caso. El fiscal general Melara ha dicho que su adjunto únicamente seguía órdenes y ha depositado en él toda su confianza.

Fiscales de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Al centro, dando declaraciones, el exjefe de la unidad Jorge Cortez. FOTO FACTUM/ Salvador MELENDEZ

Los fiscales del caso Corruptela establecieron cómo el exfiscal general, Luis Martínez, se apropió de dinero de la Fiscalía y  su “modus operandi” para favorecer a investigados. Perfilaron a Enrique Rais como el principal padrino de Martínez y revelaron que el expresidente Funes, quien goza de asilo en Nicaragua, sobornó a Martínez para comprar  impunidad. El caso está en la etapa preliminar, en la cual la Fiscalía debe robustecer la investigación, para lograr llevar a los acusados a juicio.

Por eso otra lectura de los fiscales afectados  es que se busca debilitar los casos, porque ahora deben retomarlos fiscales nuevos y sin experiencia. “El señalamiento y los elementos de prueba para establecer se debilitan. Lo que están buscando es que se debilite el caso, que se caiga, y como consecuencia lógica la insuficiencia de las pruebas”, dice el fiscal.

Entre los investigados están los fiscales que llevaban la última fase del caso Taiwán, que recientemente llegó a los tribunales. La Fiscalía busca perseguir a otros partícipes en el desvío de 10 millones de dólares que donó Taiwán en el gobierno del expresidente Francisco Flores. En este proceso los acusados de lavado de dinero son Gerardo Antonio Balzaretti Kriete, expresidente del Centro de Estudios Políticos (CEP) del partido Arena; Juan Tennant Wright Castro, extesorero de Arena. El Gobierno de Taiwán otorgó ese dinero para la ejecución de  4 proyectos para la reconstrucción por los terremotos de 2001, pero el dinero nunca ingresó al presupuesto general y fue a parar a las cuentas del Arena. Esta acusación superó el valladar impuesto en la administración del exfiscal Luis Martínez, quien se encargó de obstaculizar acusación y únicamente enfiló contra Francisco Flores.

La Fundación Nacional para el Desarrollo y Transparencia Internacional (Funde) le envió una carta a Raúl Melara el pasado 6 de mayo, en la cual expresó su preocupación por las implicaciones de esa investigación. “Las señales que se envían llevan a pensar que se está dando una recomposición de fuerzas al interior de la FGR, con la que pueden recobrar poder personas que colaboraron activamente en ilícitos o que omitieron cumplir con su deber durante la administración del ex fiscal  Martínez”, escribió Roberto Rubio, director ejecutivo de esa fundación.

También el director del IDHUCA, José María Tojeira, se pronunció sobre la persecución:  “Cambian Fiscales anticorrupción a otras unidades. ¿Qué se pretende? ¿debilitar la lucha contra la corrupción y el crimen organizado? Cuando el crimen organizado denuncia a los fiscales que lo persiguen ¿es lógico cambiar a los fiscales denunciados? ¿O es apoyo al delito?”

Revista Factum buscó la explicación oficial de los cambios y de la investigación de la Unidad Penal. La Fiscalía respondió, a través de su unidad de comunicaciones, que no se pronunciaría sobre ninguno de esos temas “para afectar las investigaciones”.