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Fiscalía: Óscar Ortiz participó en “métodos de lavado” en caso Chepe Diablo

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El vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, está más cerca de lo que dice de las actividades ilícitas de José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, capturado el pasado 4 de abril bajo cargos de lavado de dinero. La investigación fiscal que llevó a la captura de Salazar Umaña y otras tres personas indica que Ortiz no solo es accionista de la sociedad Desarrollos Montecristo S.A. de C.V., involucrada en el caso, sino que también realizó, a título personal, actividades que el mismo Ministerio Público califica como “métodos de lavado de dinero”. 

Foto FACTUM/Salvador Meléndez


Las palabras de Óscar Ortiz al respecto de este tema han sido pocas; sin embargo, contrastan con la investigación que la Fiscalía ha desarrollado en al menos los últimos tres años y ha plasmado en 39,800 folios que consisten principalmente en peritajes financieros. Mientras el actual vicepresidente y principal rostro del partido en gobierno, el FMLN, ha insistido en que dicha sociedad “nunca estuvo activa” y “nunca funcionó”, un grupo de fiscales especializados en lavado de dinero opinan lo contrario.

Según la acusación del ministerio público (requerimiento), el grupo de Salazar Umaña, formado por varias decenas de empresas, lavó más de $215 millones en los últimos doce años a través de diversos métodos, uno de los cuales involucra directamente al ahora vicepresidente Ortiz. Salazar Umaña también fue considerado, desde 2014 hasta hace unos días, capo internacional de la droga por los Estados Unidos y, según investigaciones periodísticas y policiales en El Salvador, es el presunto jefe del Cártel de Texis, un grupo criminal dedicado al narcotráfico y al lavado.

La acusación fiscal presentada a los tribunales el pasado 8 de abril cita dos veces a la sociedad Desarrollos Montecristo, en la que Chepe Diablo y Ortiz son socios. Aparece por primera vez en las páginas 43 a 46 del documento de más de dos mil páginas; ahí, los fiscales detallan que la sociedad “ha tenido un comportamiento bastante irregular” y la califican como una sociedad “de papel”, como las que, según la FGR, son “utilizadas para legitimar capitales de origen ilícito” y que no tienen un funcionamiento o ingresos normales.

Red de empresas ligadas a José Adán Salazar Umaña, detenido a principios de abril por una acusación de lavado de dinero, según datos públicos del Centro Nacional de Registros.

De acuerdo con la investigación fiscal, el método utilizado por Chepe Diablo para blanquear capitales, a través de esta sociedad, consistió en comprar y vender terrenos ubicados en la isla Montecristo, en las costas del departamento de San Vicente, a precios irregulares. Y, en este caso, Ortiz no solo fue socio fundador de Desarrollos Montecristo, sino que fue él mismo, con nombre y apellido, quien vendió y compró un mismo terreno en varias ocasiones a la misma empresa a precios que para los fiscales resultan sospechosos.

La FGR dice en la página 46 de su requerimiento lo siguiente: “Uno de los métodos que ha utilizado (Salazar Umaña) para la legitimación de capitales es, precisamente, la constitución de sociedades de papel para la compra y venta de bienes inmuebles sobrevalorados y los vende subvalorados, lo que hace para poder introducir al tráfico ilícito de bienes dinero en efectivo (del) que se desconoce su origen lícito. Y para efectos de alejar su responsabilidad penal, lo hacen por medio o a través de personas ficticias, donde quienes las dominan son precisamente los accionistas que están detrás de ellas”.

En el caso de Montecristo, este método se podría dividir en dos pasos. En ambos, de acuerdo con la acusación fiscal, hubo participación de Ortiz. El primero: constitución de sociedades de papel. Según consta en el asiento 46 del libro de sociedades número 1,544, archivado en el Registro de Comercio de San Salvador, Ortiz es socio fundador, junto a Chepe Diablo y el empresario Rogelio Cervantes, de Desarrollos Montecristo.

Esta sociedad, a pesar de que más tarde tendría operaciones de compra y venta de terrenos, nunca presentó balances al Registro, nunca reportó un domicilio exacto ni tampoco solicitó -nunca- permisos para extender facturas. Parecía haber nacido para ser una empresa que, como el mismo vicepresidente Ortiz lo ha asegurado, “nunca funcionó”. Al menos en apariencia.

El segundo paso del método de lavado de dinero en que participó Desarrollos Montecristo, según la Fiscalía, es la compra y venta de terrenos a precios irregulares. En este paso, la participación de Ortiz es evidente. Según lo documentado por la FGR, los tres terrenos que adquirió la sociedad terminaron llegando “subvalorados” a manos del vicepresidente. Es decir que la sociedad compró caro y le vendió barato a uno de sus mismos socios.

Sobre esto, uno de los fiscales del caso contra “Chepe Diablo” hace la siguiente observación: “Desarrollos Montecristo, que supuestamente era una empresa especializada en la compra y venta de inmuebles para la explotación turística, obtiene pérdidas pese a que es un especialista en esos negocios. Toda sociedad se constituye con un solo fin y no puede ser más que el ánimo de lucro, es decir, una empresa siempre busca ganar-ganar y no comprar para perder”.

El vicepresidente salvadoreño, Oscar Ortiz, señalado recientemente en la acusación penal contra José Adán Salazar Umaña, durante una visita en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca en abril de 2016. Foto FACTUM/Salvador Meléndez

De acuerdo con las actas de compraventa almacenadas en el Registro de Raíces e Hipotecas del Centro Nacional de Registros (CNR) documentadas por la Fiscalía, Ortiz, con su nombre y su apellido, participó en al menos cinco compras y ventas de un mismo terreno que le generaron pérdidas a su propia empresa. Este terreno, extrañamente, a decir de la FGR, pasó de valer $40,000 a $10,000 en diez años, y terminó en manos del ahora vicepresidente. Un cambio de precio inesperado, pues, según los fiscales, la lógica del mercado indica que el terreno debió haber ganado plusvalía y no haberla perdido.

Además, la Fiscalía parte de que la sociedad nunca tuvo, oficialmente, el dinero para comprar estos terrenos, ya que nunca reportó ningún ingreso. Según la FGR, “estas operaciones son altamente indicadoras de actividades de lavado de dinero y activos”. Y la compra y venta entre la sociedad y sus mismos accionistas solo demuestra que “lo que quería la sociedad era legitimar cierta cantidad de dinero que implicó la adquisición de esos inmuebles”.

Lea versión en inglés de este artículo aquí, publicada por InSightCrime.

Ortiz es, desde un principio, socio de Desarrollos Montecristo. Entonces se abren las siguientes interrogantes: ¿Es posible que Ortiz no supiera que su propia empresa –recién fundada– no tenía dinero para comprar terrenos y aún así los estaba comprando? ¿Sabía Ortiz que el dinero con que su propia empresa estaba comprando terrenos –incluso a él mismo– tenía origen ilícito?

Luego de que una publicación de El Faro, seguida de una publicación conjunta de Revista Factum y La Prensa Gráfica, revelaran el vínculo comercial entre Ortiz y Chepe Diablo en abril del año pasado, el vicemandatario dio al menos tres entrevistas a diferentes medios de comunicación en las cuales intentó minimizar su relación. Desde entonces, Ortiz ha insistido básicamente en dos cosas: “la sociedad nunca funcionó” y “no tengo nada que ver con José Adán Salazar Umaña”.

El olor del lavado

En el requerimiento del caso, la Fiscalía detalla los movimientos del terreno con matrícula 70045040, identificado como Lote M58 Porción 1, ubicado en el cantón Montecristo, en el municipio de Tecoluca, San Vicente. Este terreno, de una extensión de 19,246 metros cuadrados, fue comprado por Ortiz en 1999, cuando aún era diputado de la Asamblea Legislativa. Lo compró por el precio de 500,000 colones, es decir $57,142. Un año después, el 31 de julio del 2000, cuando ya era alcalde de Santa Tecla, Ortiz se lo vendió a su recién fundada empresa a un precio de 300,000 colones, es decir $40,000, lo que significó para Ortiz una pérdida de más de $17,000.

Desarrollos Montecristo, vale recordar, no tenía cómo pagar este terreno pues no tenía ningún ingreso ni cuenta bancaria. La Fiscalía deduce, según su requerimiento, que los pagos los podría haber hecho en efectivo.

El 23 de julio del 2007, según consta en los documentos del Registro de la Propiedad, Desarrollos Montecristo le vendió nuevamente el mismo terreno a Ortiz por el precio de $40,000. El hecho de que haya sido vendido al mismo precio siete años después llama la atención de la FGR.

La isla Montecristo está en el archipiélago cercano de la bahía de Jiquilisco, centro de atracción para turistas e inversionistas. Bajo la lógica comercial tradicional, la Fiscalía apunta que “indudablemente” este terreno debió haber adquirido plusvalía en siete años. Sin embargo, fue vendido al mismo precio. Esto, dicen los fiscales, implica una pérdida eventual de ganancias que la sociedad pudo haber obtenido.

En los siguientes años, el terreno volvió a cambiar dos veces más de manos con fluctuaciones de precio irregulares. El 26 de mayo de 2008, es decir, a menos de un año de haberlo comprado, Ortiz decidió vender el terreno a Rogelio Cervantes, su otro socio en Desarrollos Montecristo. Esta vez el precio también fue el mismo. Pero para el 7 de diciembre de 2012, a pocos meses de que Ortiz se lanzara como candidato a la vicepresidencia en la fórmula del partido político FMLN, encabezada por Salvador Sánchez Cerén, volvió a comprar el terreno. Rogelio Cervantes se lo vendió a $10,000, es decir a un precio tres veces menor al que originalmente lo compró la sociedad.

Al respecto, la Fiscalía dice lo siguiente: “(Esto) evidencia que la sociedad fue creada para hacer operaciones totalmente irregulares para la compra y venta de inmuebles”.

La FGR también tiene sospechas sobre los otros dos terrenos comprados por Desarrollos Montecristo que posteriormente fueron vendidos a Ortiz.

El segundo de los terrenos comprados por la sociedad tiene una extensión de 8,147.71 metros cuadrados de tierra y fue comprado a 200,000 colones ($22,857.14). El terreno fue vendido por Alberto Chavarría Delgado, un jornalero que para entonces residía en San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz, según consta en el acta de compraventa.

Diez años después de aquella compra, en abril de 2010, la sociedad vendió de nuevo ese terreno por $5,000, es decir con pérdidas del 75% del valor anterior, al entonces alcalde de Santa Tecla Óscar Ortiz. Según la Fiscalía, este terreno debió haber sido vendido más caro y nunca tan barato.

Cuadro del Centro Nacional de Registros que muestra un informe parcial sobre movimientos realizados entre Desarrollos Montecristo y el vicepresidente Óscar Ortiz.

El otro terreno que la sociedad adquirió en la isla Montecristo tiene una extensión de 25,067.07 metros cuadrados. Y según consta en el Registro de la Propiedad, fue adquirido por Desarrollos Montecristo el 14 de agosto de 2000 de manos de Osmín Enrique Cervantes Salazar, por el precio de 350,000 colones, es decir $40,000.

Este terreno también terminó en manos de Ortiz, vendido por su misma sociedad a un precio de $10,000, diez años después, el 4 de octubre de 2010. Esto significó otra pérdida para Desarrollos Montecristo, una sociedad que parece haber sido creada para perder dinero.

Entonces, ¿por qué no se investiga a Ortiz?

En uno de los recesos de la audiencia inicial contra Chepe Diablo, el fiscal portavoz del Grupo especial Contra la Impunidad (GCI), que ha llevado los casos más polémicos en el último año, reaccionó ante las preguntas de los periodistas. En una conferencia improvisada en un pasillo de los tribunales, un periodista preguntó: “¿Se está investigando o no al vicepresidente?”

Sobre esto, el fiscal fue escueto: “Nuestra investigación se ha centrado en José Adán Salazar Umaña y en las personas que fueron denunciadas en su momento. Hasta el momento, el tiempo lo que nos permitió investigar es el núcleo cerrado familiar del señor Salazar Umaña y otras personas relacionadas. La competencia de esos hechos denunciados es lo que nos ha permitido llegar a las personas que hemos denunciado, y hasta aquí puedo hablar”. Luego, el fiscal se retiró apresuradamente.

Aunque los fiscales del caso tratan de no hablar de frente sobre por qué no existe una investigación contra el vicepresidente, el fiscal general, Douglas Meléndez, mencionó, durante otra conferencia de prensa, un aspecto que quizá dé un poco más de luz a la situación: “Recuerde que él (Óscar Ortiz) tiene fuero”.

Pero antes de que Meléndez dijera estas palabras, Ortiz ya se había preocupado en hacer llegar una carta a la FGR en la que trataba de alejarse de la tormenta de señalamientos en su contra. Y, también, en una falsa conferencia de prensa, se permitió escuchar una sola pregunta de periodistas para responder con un discurso que, según sus asistentes, ya llevaba preparado.

“Primero, dejemos que el fiscal y la Fiscalía hagan su trabajo como lo han hecho y lo están haciendo (…). Y, segundo, ¡no tengo absolutamente nada que ver con eso! Y simple y sencillamente, en términos personales y ahora de funcionario, no tengo ni sociedad ni negocios con nadie”, dijo Ortiz durante un paseo que realizó en la inauguración de la AgroExpo 2017 en los primeros días de abril en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO). El fiscal general le restó importancia a las declaraciones de Ortiz.

“Se hizo llegar alguna documentación de una manera informal, pero las investigaciones son formales, verdad. Si nosotros vamos a investigar a una persona, no se trata de que esa persona diga me pongo a disposición de la Fiscalía o aquí están estos documentos. No. Las investigaciones son serias y responsables. Nosotros, de requerirse, previo el examen que vamos a hacer, vamos a requerir esa información, ya sea testimonial o documental relativo a esa sociedad”, dijo Meléndez.

José Adán Salazar (primer plano) en los tribunales de San Salvador el pasado 8 de abril, durante la audiencia inicial en su contra. Foto FACTUM/Salvador Meléndez.

El fiscal general también aseguró que el vicepresidente Ortiz “debe explicar” su relación con Chepe Diablo. Pero esto, hasta el momento, no ha pasado.

La estructura de Chepe Diablo

Salazar Umaña fue capturado el pasado martes 4 de abril, acusado de dirigir “una de las estructuras más grandes de lavado de dinero del país”, según la Fiscalía. Además de Chepe Diablo, ocho personas más son acusadas, entre ellas el alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa; y su hijo, Wilfredo Umaña Guerra, presidente de la compañía de granos básicos Gumarsal. Estos dos son señalados como las otras dos piezas clave del triángulo de Chepe Diablo. Ahora se encuentran prófugos.

Además de ellos tres, la Fiscalía acusa de formar parte de la estructura a José Adán Salazar Martínez y a Susana Noemy Salazar de Cruz, ambos hijos de “Chepe Diablo”. También a Sara Paz Martínez de Bojórquez, exesposa de “Chepe Diablo”; a Tránsito Ruth Mira Morales, esposa de Wilfredo Umaña Guerra; a Mirian Haydeé Salazar de Umaña y a Romelia Guerra Argueta, esposa y exesposa de Juan Umaña, respectivamente.

Todos ellos, según la investigación de la Fiscalía, ayudaron a lavar los aproximadamente $215 millones mediante productos bancarios (cuentas, préstamos, etcétera) propios y de cerca de cien empresas. De ese centenar de sociedades, la Fiscalía centró sus análisis en 36. En estas, según explicó el fiscal general, Douglas Meléndez, hay suficientes indicios de participación del delito de lavado de dinero. La empresa que más activos lavó, según el requerimiento fiscal, fue Agroindustrias Gumarsal, con $170 millones. Luego le sigue Hotesa, S.A. de C.V., con $6 millones, la empresa con la que Salazar Umaña administraba hoteles en diferentes puntos de El Salvador.

Chepe Diablo es señalado en informes policiales desde, por lo menos, el año 2001, como fundador de una red de narcotráfico que opera en la zona noroccidental del país, conocida como el Cártel de Texis. De acuerdo con varios de esos informes que fueron publicados en 2011 por El Faro, Texis es la estructura responsable de traficar cocaína por El Salvador a través de la ruta conocida como “El Caminito”, que conecta con varios puntos ciegos de Guatemala.

Por esta información, Salazar Umaña fue designado por la Casa Blanca del expresidente estadounidense Barack Obama, el 30 de mayo de 2014, como uno de los “relevantes” capos internacionales de la droga, posición que mantuvo durante casi tres años. Sin embargo, el 8 de abril, mientras se realizaba la audiencia inicial contra Chepe Diablo y los otros tres capturados, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo removió de la lista sorpresivamente.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, “Chepe Diablo” fue removido porque “la información actual que tiene el Departamento del Tesoro es insuficiente para apoyar el fundamento de que él sigue desempeñando un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos”, lo cual, según la misma embajada, “no debe ser visto en el contexto de otras actividades delictivas en la que esta persona pueda estar o haber estado involucrada”.

Por el momento, Salazar Umaña, junto a las tres mujeres que han sido detenidas por el caso (su hija, su exposa y la exposa de su socio, el alcalde Umaña), sigue procesados por lavado de dinero. La responsable del juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, la jueza Nelly Pozas, determinó que los cuatro permanezcan en cárcel preventiva mientras continúa el proceso judicial.

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