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Fiscalía asegura que Centros Penales borró registros de cámaras de seguridad durante la Tregua

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En el inicio del juicio por la tregua entre pandillas y el gobierno Funes, la Fiscalía sostiene que desde la dirección de Centros Penales, entonces dirigida por Nelson Rauda (uno de los procesados), se ordenó borrar registros de las cámaras de seguridad del penal de Izalco para encubrir ilícitos. En el juicio desfilarán como testigos, los mediadores del proceso, exdirectores de la policía y hasta el padre confeso de la tregua: el general Munguía Payés.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez


La Dirección General de Centros Penales (DGCP) ordenó borrar el registro de las cámaras de seguridad del penal de Izalco (Sonsonate) al menos en dos ocasiones en el periodo que duró la tregua entre las pandillas y el gobierno del expresidente Mauricio Funes. Así lo ha asegurado la Fiscalía General de la República, basada en las pruebas recabadas durante la investigación en contra de 18 personas acusadas de diversos delitos cometidos, presuntamente, entre marzo de 2012 y mayo de 2013.

Dos testigos y un oficio firmado por el inspector Rogelio Belarmino García Martínez, actual director del centro penal de Izalco, indican que, por orden de la DGCP, varias computadoras del Centro de Operaciones de Monitoreo (COM) de dicho penal fueron “incautadas” y posteriormente devueltas, pero sin rastros de información.

Los testimonios y el documento forman parte de la prueba ofertada en la vista pública (juicio) contra 18 acusados de cometer diversos delitos en el marco de la Tregua, la negociación entre las principales pandillas salvadoreñas y el gobierno de Funes (2009-2014) que fue descubierta en marzo de 2012. La vista pública arrancó este 7 de agosto en el Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador y está previsto para diez días.

Entre los acusados está el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, y quien fuera el principal rostro de los “mediadores” de la tregua, Raúl Mijango. El obispo católico Fabio Colindres, el otro mediador del proceso, ha participado como testigo de la Fiscalía, al igual que el general Francisco Ramón Salinas, que durante la tregua se desempeñaba como director de la Policía.

La primera prueba con que la Fiscalía pretende comprobar que la DGCP ordenó borrar la información sobre los ilícitos que se cometían en el penal de Izalco es el oficio N° 910SDT, de fecha 15 de agosto de 2016. Este documento, firmado por el inspector Rogelio Belarmino García Martínez, actual director del centro penal de Izalco, es una certificación de un acta de movimiento de bienes correspondiente al día 12 de julio del año 2013, fecha en la cual se efectuó el traslado de seis CPU desde Izalco hacia la unidad Tecnológica y Desarrollo Informático de la Dirección General de Centros Penales. Estos aparatos, según el acta, fueron regresados al penal de Izalco un mes y siete días después, el 29 de agosto del mismo año, haciéndose constar en la nota de remisión y devolución el siguiente comentario: “se envía funcionando. Se formateó y se instaló nuevamente los sistemas operativos”.

Según la Fiscalía, con la extracción de esta información, la DGCP pretendía eliminar todo registro de las actividades ilícitas que se cometían dentro del penal, como el ingreso sin registro de los mediadores de la tregua, ingresos de aparatos electrónicos y teléfonos celulares, o de pandilleros activos que llegaban a reunirse con los líderes en prisión.

Uno de los testigos entrevistados por la Fiscalía es un informático de nombre Luis Olmos. Según la documentación fiscal, este aseguró que llegó en dos ocasiones a retirar varias computadoras del COM del penal de Izalco, aunque no dice si las formateó o si hizo respaldo de la información. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que a partir de este testimonio pretende “probar el ánimo e intento de la Dirección de Centros Penales, a cargo en ese entonces de Nelson Rauda Portillo y Anilber Eduviges Rodríguez Villeda, para anular y eliminar toda información referida a las ilegalidades que en el curso de la tregua llegaron a darse en el interior del mencionado penal”, dice el documento de acusación de la Fiscalía.

El exdirector y el exinspector de Centros Penales, Nelson Rauda y Anilber Rodríguez, respectivamente, están siendo procesados por los delitos de actos arbitrarios, agrupaciones ilícitas y tráfico de objetos prohibidos en calidad de autores mediatos.

El centro penal de Izalco ha sido mencionado por varios medios de comunicación en relación a la tregua después de que se revelara un video en el que se observa a varias mujeres semidesnudas bailando reggeton al interior del recinto, rodeadas de decenas de internos y hasta un custodio que toma video con su teléfono celular. Este evento fue conocido mediáticamente como “pornofiesta”.

Esta fiesta, sin embargo, fue realizada entre los días 24 y 25 de septiembre de 2012, con motivo de la celebración “del día de la Virgen de Las Mercedes”, según lo aseguró el exdirector de Centros Penales, Rodil Hernández luego de que un video saliera a la luz.

De este evento, la Fiscalía presentó un video como prueba, asegurando que durante su realización se cometieron delitos como introducción de bailarinas, teléfonos y otros objetos prohibidos; sin embargo, es el video de prueba fue tomado aparentemente con un teléfono celular, el mismo que circuló en redes sociales en febrero de 2016. El Ministerio Público no ha podido presentar videos captados por el sistema de cámaras de los centros penales que documenten este hecho.

La Fiscalía tampoco ha informado si después de este evento los videos fueron eliminados nuevamente del sistema.

El segundo testigo entrevistado por la Fiscalía es un custodio del penal de Izalco. Este aseguró que, estando destacado en el COM durante el periodo que duró la tregua, logró registrar en las cámaras de seguridad el ingreso reiterado de Raúl Mijango “con un maletín” el cual no fue sometido a registro y a otras personas más con teléfonos celulares en sus manos, algo que está prohibido según los reglamentos internos de los centros penales. Sin embargo, el mismo testigo dice que las computadoras donde queda almacenada la información en video fueron incautadas por orden de la Dirección.

Durante su declaración ante el juez, el obispo castrense Fabio Colindres aseguró que durante el periodo que duró la tregua ninguno de los mediadores era registrado individualmente por los custodios de los centros penales. Uno de los fiscales del caso, mientras entrevistaba al religioso, le preguntó si recordaba haber pasado por un “arco parecido a los que hay en los aeropuertos” en su ingreso a los penales, a lo que Colindres contestó “sí, por esos sí, pero registro, así, personal, no”.

La Fiscalía asegura que algunos de los mediadores llegaron varias veces a los centros penales a reunirse con líderes de pandillas, movilizándose en vehículos del Estado, y diciendo que provenían del Ministerio de Justicia.

Los tres fiscales del caso se enfrentan a más de una veintena de abogados que forman la defensa de los acusados. Este escenario ha puesto en evidente desventaja al Ministerio Público en este caso que ha sido uno de los más importantes de la administración de Douglas Meléndez, el fiscal general. En el primer día de juicio, por ejemplo, uno de los fiscales intentó hacer una misma pregunta nueve veces a un testigo y al final terminó desistiendo, pues todas las veces la hizo mal.

Para hacer una pregunta a un testigo, tanto la defensa como la representación fiscal deben seguir ciertas normas como no sugerir la respuesta al entrevistado, no ser repetitivo, no hacer preguntas que no tengan vinculación con el caso, entre otras. De este recurso se valió la defensa para objetar hasta el más mínimo detalle en las preguntas de los fiscales, quienes, agotados, terminaron desistiendo de preguntar a sus mismos testigos de cargo en al menos tres ocasiones.

Luego que la defensa empezara una ofensiva al objetar casi todas las preguntas que hacía el Ministerio Público, los fiscales se miraban nerviosos, se sonreían entre sí y se preguntaban cómo hacer la pregunta de tal manera que no se las pudieran objetar. En una oportunidad, uno de los fiscales terminó botando un vaso con agua sobre su escritorio y empezó a hacer preguntas repetitivas, las cuales fueron refutadas por la defensa hasta que desistió. El juez les llamó la atención en varias ocasiones y les corrigió la plana, explicando cómo debían formular las preguntas, e incluso les dijo que no preguntaran “solo por preguntar” sino con un objetivo específico.

Consultado por Factum, uno de los fiscales del caso aseguró que sus titubeos no se deben a que se encuentren sobrecargados de trabajo pues “digamos que la Fiscalía ha tomado sus medidas para poder solventar el resto de carga laboral que nosotros tenemos”.

Raúl Mijango, ex comandante guerrillero y mediador del proceso de la llamada “Tregua entre Pandillas” durante el gobierno del presidente Mauricio Funes, sale de la Sala de Audiencias durante el receso, en el segundo día de instalada la vista pública, en San Salvador, el 8 de agosto de 2017. Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

La Inteligencia Policial que dice no saber nada

Este lunes, durante el primer día de un juicio que se extenderá por casi dos semanas, la Fiscalía comenzó el desfile de prueba testimonial. Entre los entrevistados estuvo el exdirector de la Policía Nacional Civil, general Francisco Salomón Salinas.

Durante su entrevista frente al juez, Salinas aseguró que, luego de ser asignado como director de la PNC, él ordenó “alrededor de 60 cambios” dentro de la institución Entre ellos nombró a Óscar Antonio Aguilar Hernández, conocido como “Cachorro”, como jefe del Centro de Inteligencia Policial. Este, a su vez, asignó a dos agentes para que participaran en el proceso de tregua en “labores de inteligencia”.

De hecho, el requerimiento fiscal asegura que “Cachorro” fue uno de los primeros en involucrarse en la tregua, “preparando el terreno” y hablando con los principales líderes de pandillas recluidos en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca.

Sin embargo, a pesar de que tanto el jefe como dos agentes del CIP estuvieron metidos en la tregua, este organismo de Inteligencia dice no  tener ni un solo registro de los hechos ocurridos entre marzo de 2012 a mayo de 2013. Al menos así consta en un informe firmado por el mismo Aguilar Henández que consta en la investigación fiscal.

En este documento, “Cachorro” asegura que “no existe” información respecto de información de inteligencia referida y recolectada durante el proceso de tregua. Aunado a esto, durante su declaración, el general Salinas dijo que todos los informes de inteligencia que le eran dados sobre la tregua se hacían de forma “verbal y en persona”. La Fiscalía sostiene que las normas policiales indican que los informes de este tipo deben tener un respaldo documental, por lo que presume que había una “política” para que no quedara registro de nada, según los fiscales.

La tregua, según expresó en su momento el general David Munguía Payés –durante la tregua ministro de Seguridad y actualmente ministro de Defensa-, fue una estrategia suya avalada por el entonces presidente Funes. Munguía Payés no ha sido acusado en el proceso pero sí está previsto que declare como testigo de descargo el próximo 11 de agosto.

Ocultar todo lo que se pueda

La tesis fiscal sobre una “política” que buscaba no dejar rastros de la tregua cobra fuerza a medida que se revisan las pruebas documentales presentadas en este caso. Por ejemplo, una de las testigos presentadas durante el primer día del juicio fue Flor de María Hernández, quien laboraba en el área financiera de la Coordinación de Tiendas Institucionales de Centros Penales.

Durante su declaración, Hernández aseguró haber tomado posesión de su cargo en 2015, mucho tiempo después de finalizada la tregua. Sin embargo, detalló que al recibir la oficina le fue entregada también una caja fuerte donde había seis currículos y planillas de pagos de aproximadamente ocho meses con salarios de $600. Según Hernández, estas planillas corresponden al año 2012 y cuando le fueron entregadas se le ordenó dejarlas siempre en la caja fuerte porque “tenían relación con el tema de la tregua”.

La Fiscalía allanó las instalaciones de la DGCP en mayo del año pasado para extraer documentación vinculada a la tregua, entre ella la contabilidad de las Tiendas Institucionales. A partir de los hallazgos encontrados, la Fiscalía asegura que las planillas encontradas corresponden a “empleados” que ayudaban a los “mediadores”, como Raúl Mijango, en sus labores diarias.

El tema de los pagos a mediadores y personas vinculadas con la tregua ha dado mucho de qué hablar. Funcionarios de alto rango como Munguía Payés, padre confeso de la tregua, y el expresidente Funes, aseguran que nunca existió pagos a ninguno de los mediadores y que todo se hizo de forma voluntaria; sin embargo, existen varias pruebas que dejan esto entredicho.

Factum publicó en mayo del año pasado varios fragmentos de una entrevista realizada por la Fiscalía al exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda. En esos audios se escucha que el exfuncionario y ahora procesado confiesa haber entrado dinero a Munguía Payés para “apoyo” a Raúl Mijango y a monseñor Fabio Colindres. Sin embargo, días después de haber hablado con el ahora ministro de la Defensa, Rauda cambió su discurso y dijo no recordar nada sobre los pagos.

En su declaración ante el juez, realizada este lunes, el obispo castrense Colindres negó haber recibido dinero en concepto de pago por su labor en la tregua. El religioso dijo que la tregua fue una estrategia iniciada por el gobierno con la intención de reducir los altos índices de violencia que agobiaban al país y que su labor como la de los demás mediadores fue “humanitaria”.

En mayo del año pasado, consultado por Factum, Raúl Mijango, el principal rostro de los mediadores de la Tregua, también negó haber recibido algún tipo de pago especial por su labor en la tregua.

 

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