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Fiscalía acusa a exdirigentes de Arena protegidos del exfiscal Martínez en el caso Taiwán

El exjefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía declaró que, en 2014, el exfiscal Luis Martínez no autorizó que un grupo de exdirigentes del partido Arena vinculados al Centro de Estudios Políticos José Antonio Rodríguez Porth y el entonces presidente del Banco Cuscatlán fueran acusados de lavado de dinero por el desvío de 10 millones de dólares del caso Taiwán. Martínez solo permitió una acusación por peculado y enriquecimiento ilícito contra el expresidente Francisco Flores. La Fiscalía ahora acusa a tres exdirigentes areneros. Faltan, sin embargo, otros más que el exjefe fiscal enumeró.

Foto FACTUM/Archivo


La Fiscalía General acusó este viernes 1 de marzo a cinco personas que sospecha que participaron de forma directa en el desvío de 10 millones de dólares provenientes de Taiwán. El expresidente Elías Antonio Saca González, quien ya guarda prisión por lavado de dinero y peculado; Gerardo Antonio Balzaretti Kriete, expresidente del Centro de Estudios Políticos (CEP) del partido Arena; Juan Tennant Wright Castro, extesorero de Arena; y los fallecidos Francisco Flores, expresidente de la República, y José Mauricio Felipe Samayoa Rivas, expresidente del Banco Cuscatlán, fueron requeridos por la Fiscalía por el delito de lavado de dinero, en una trama en la que se desvió dinero destinado para la ayuda humanitaria a los damnificados de los terremotos de 2001 en El Salvador y que fue a parar a cuentas bancarias del partido Arena.

El director de la Unidad contra la Corrupción y la Impunidad, German Arriaza, presentó el nuevo requerimiento en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador el viernes por la tarde. Arriaza, que se acercó a la prensa para hablar de la acusación, mantuvo en reserva mucha información que se le preguntó. Por ejemplo, no quiso explicar por qué a los señalados Balzaretti Kriete y Wright Castro no los detuvieron de forma previa para presentarlos con el requerimiento. Hasta el viernes por la noche, la Fiscalía no había detallado qué medidas se van a tomar con los dos únicos sospechosos que están en libertad.

Arriaza tampoco quiso aclarar si la Fiscalía ya determinó qué usos específicos se le dio a los 10 millones de dólares de Taiwán dentro del partido Arena. “Ese dinero que fue otorgado por la República de China Taiwán fue utilizado para fines diferentes a los que había sido destinado”, dijo Arriaza. La pregunta se le repitió una, dos, tres veces: ¿cuáles fueron esos fines en que usó el dinero? “Una diversidad de actividades”, fue todo lo que Arriaza complementó antes de darse la vuelta y regresar al juzgado en el que estaba requiriendo.

La Fiscalía, en el caso de Flores y Samayoa, pidió al juzgado que sean liberados de cargos porque están fallecidos. Y en el caso de Saca, esta sería una nueva acusación por lavado de dinero. El expresidente arenero, expulsado de Arena en 2009, está cumpliendo una condena de 10 años de cárcel por peculado y lavado de dinero por haber desfalcado alrededor de 350 millones de dólares durante el período en que gobernó El Salvador, entre 2004 y 2009. Aunque se trata de otra acusación por lavado de dinero, no sería un doble juzgamiento, ya que este nuevo proceso es por el desvío del dinero de Taiwán, por el que hasta ahora solo había estado acusado el expresidente Francisco Flores como único responsable.

La investigación de la Fiscalía sobre lo concerniente al dinero desviado de Taiwán comenzó en 2013 en su Unidad de Investigación Financiera (UIF). Y si bien estos exdirigentes de Arena son acusados hasta ahora, la UIF ya había elaborado en 2014 requerimientos fiscales contra ellos y otros exdirigentes areneros más por el mismo caso. Pero fue el exfiscal general Luis Martínez quien obstaculizó las investigaciones y dio órdenes específicas de que el único acusado debía ser Francisco Flores y no tenía que incluirse el delito de lavado de dinero, como lo recogió la misma Fiscalía en una entrevista que le hizo al exjefe de la UIF, Tovías Armando Menjívar, quien dio testimonio de cómo Martínez favoreció a los implicados que su unidad había descubierto en la corrupción arenera con los fondos taiwaneses.

Revelaciones del exjefe de la UIF

Tovías Armando Menjívar fue un fiscal clave para la investigación por el caso Corruptela, que incriminó al exfiscal general Luis Martínez en delitos para los que se valió de su cargo con el fin de favorecer y omitir investigaciones contra personas cercanas a él. Entre esas personas cercanas a Martínez estuvo el expresidente de la República Francisco Flores, a quien intentó ayudar por el caso del desvío de 10 millones de dólares en el caso Taiwán atribuido solo a Flores.

Pero también entre los favorecidos por Martínez estuvo un grupo de dirigentes del partido Arena sobre quienes el fiscal Tovías Menjívar, que en 2013 y 2014 tenía a cargo la dirección de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía, ya había detectado el delito de lavado de dinero por el mismo caso Taiwán. El exfiscal general Martínez, sin embargo, no autorizó que el grupo de Menjívar acusara ni a Flores ni a los otros areneros por lavado de dinero.

Luego de que la Fiscalía abrió el expediente de Francisco Flores, en enero de 2014, el caso lo tomó la UIF de Menjívar. En específico, la investigación fue asignada al fiscal Julio César Aguilar, con el respaldo de la coordinadora de la UIF, Eugenia Maricela Campos.

Aguilar y Campos, junto a Menjívar, se reunían de forma periódica con Luis Martínez para informarle sobre los avances del caso del expresidente Flores. A Martínez, según la declaración que brindó Tovías Menjívar en agosto de 2018 para la investigación contra el exfiscal general, lo acompañaba siempre en esas reuniones el gerente general de la Fiscalía, Mauricio Yanes Morales, y su asesor, Ramón Iván García. Las reuniones las hacían en la sede central de la Fiscalía en Santa Elena y, en ocasiones, utilizaban el edificio fiscal de San Benito.

Fue en esas reuniones de reporte que la fiscal Campos expresó que habían detectado lavado de dinero no solo en el expresidente Flores, sino también en otras personas, todas miembros del partido Arena, que habían tenido participación directa en el desvío del dinero de Taiwán. Fue así que Campos le informó al exfiscal general Luis Martínez que habían descubierto que Gerardo Antonio Balzaretti Kriete, presidente del Centro de Estudios Políticos (CEP) de Arena; Federico Guillermo Ávila Qüehl, miembro fundador del CEP; José Antonio Salaverría, presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena) de Arena en 2003; y Eduardo Antonio Zablah Touché, tesorero de Arena (quien se convirtió en secretario técnico del gobierno Saca), eran las personas que “abrieron o tenían firma autorizada para el manejo de la cuenta abierta en el Banco Cuscatlán, a nombre del CEP.

El Ex Fiscal General, Luis Martínez, ingresa a la Sala de Audiencia 3-C en el Centro Judicial de San Salvador, donde fue declarado cumplable y condenado a cinco años de cárcel por haber hecho publico material reservado en contra de Antonio Rodríguez. Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ

Los fiscales de la UIF también descubrieron que el entonces presidente del Banco Cuscatlán, José Mauricio Felipe Samayoa Rivas, estaba involucrado en el delito de lavado de dinero. Samayoa Rivas ayudó al CEP a abrir la cuenta bancaria del Cuscatlán en Costa Rica mediante la cual se trasladaron los 10 millones de Taiwán a la cuenta del CEP en El Salvador. Una investigación del periódico El Faro determinó que ni el partido Arena ni el CEP reportaron el ingreso de los 10 millones de dólares a su cuenta, ni tampoco el banco hizo el reporte obligatorio. Pero el exfiscal general Luis Martínez no quiso que se avanzara en las investigaciones sobre lavado de dinero y les hizo hincapié en que el único acusado debía ser el expresidente Francisco Flores.

Pero la fiscal Campos insistió en varias ocasiones, según la declaración de Tovías Menjívar, al punto de que el gerente general Yanes intervino y trató de provocar a Luis Martínez al cuestionar por qué “esa licenciada” le hablaba de esa manera, que era una falta de respeto. Pese a las indicaciones del fiscal general, el equipo de la UIF le entregó el requerimiento fiscal para que lo revisara. Esa primera versión incluía los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y los acusados iban a ser Balzaretti Kriete, Ávila Qüehl, Salaverría, Zablah Touché y dos dirigentes areneros más: Elías Antonio Saca, sucesor de Salaverría en la presidencia de Arena, y Juan Tennant Wright Castro, sucesor de Zablah Touché en la tesorería de Arena. Wright Castro es el padre del exdiputado de Arena, Johnny Wright Sol. La respuesta de Luis Martínez fue: No. El exfiscal general les pidió otro requerimiento, modificado, que no incluyera a todos los involucrados, solo al expresidente Flores, y que omitieran el lavado de dinero. Sobre Balzaretti Kriete, el fiscal Tovías Menjívar recuerda que Luis Martínez mencionó que era una “buena persona” y que le tuvieran “consideración”.

En octubre de 2018, a la luz del caso Corruptela, Factum trató de obtener declaraciones sobre el expresidente de Arena Jorge Velado y del actual, Mauricio Interiano, acerca de las prerrogativas que concedió el exfiscal general a varios miembros exdirigentes de su partido. Ninguno quiso responder a las llamadas y mensajes de texto, aunque sí supieron la finalidad con que esta revista los buscó.

En abril de 2014, los fiscales de la UIF presentaron un segundo requerimiento. Atendieron la orden del exfiscal general Luis Martínez de omitir al grupo de exdirigentes y el delito de lavado de dinero, pero incluyeron a Felipe Samayoa, presidente del Banco Cuscatlán, por el delito de casos especiales de lavado de dinero. Martínez rechazó una vez más el requerimiento y repitió que el único acusado debía ser Francisco Flores y por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares. El tercer requerimiento fiscal, por fin, fue el que se conoció en público. Ese documento fue elaborado no en la oficina de la UIF, sino en la oficina del asesor del exfiscal general, Ramón Iván García.

El proyecto de requerimiento que se conoció en los tribunales sobre el desvío de los fondos de Taiwán ya lo tenía elaborado el asesor del exfiscal general Martínez, según relató Tovías Menjívar, quien fue a la oficina del asesor para colaborar. Menjívar recordó en su entrevista que García le expresó que la razón por la que también se había dejado fuera a Samayoa, presidente del Banco Cuscatlán, era porque “estaba enfermo”. Menjívar intentó incluir, en todo caso, a la oficial de cumplimiento del Banco Cuscatlán, por haber tenido conocimiento de la transferencia millonaria entre las cuentas de ese banco a nombre del CEP de Arena y no haber emitido el reporte. Pero el asesor de Martínez le dijo que la actuación de la oficial era “irrevelante” y que lo único que hizo fue “no reportar”.

Pero la insistencia de Luis Martínez para acusar solo a Francisco Flores y no por lavado de dinero no tenía que ver con una fijación del exfiscal contra el expresidente. Según Tovías Menjívar, Martínez tenía un gran acercamiento con Flores y tenían un pasado que los relacionaba laboralmente durante la presidencia de Flores entre 1999 y 2004. De hecho, Martínez fue asesor legal en el gobierno de Flores. Según el exjefe de la UIF, pudo vislumbrar las intenciones de Martínez de solo acusar al expresidente cuando insistió en que el requerimiento debía ser presentado al Juzgado Primero de Paz de San Salvador, con la finalidad de que, de forma automática, fuera del conocimiento del Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador, a cargo de Levis Italmir Orellana, un juez que al menos en 2014 tenía un manojo de investigaciones en su contra en el Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia.

Cuando el caso de Flores llegó a manos de Levis Orellana, este juez ordenó la reserva total del proceso, para que no fuera ventilado en público. También le abrió un proceso sancionatorio a la querella, representada por las organizaciones ISD y Fespad, luego de que aseguraron que el juez Orellana y que el fiscal Martínez le estaban brindado beneficios procesales al expresidente Flores. Pero el revés ocurrió cuando la Corte Suprema de Justicia le retiró el caso al juez Orellana y se lo entregó al juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García.

Tovías Menjívar le dijo a la Fiscalía que Martínez ordenó que toda diligencia sobre el caso Flores debía pasar por su autorización. Aseguró que hubo un período de cuatro meses en que el caso no se movió. Incluso, a algunas diligencias ordenadas por el Juzgado Séptimo de Instrucción Martínez ordenaba cumplirlas cuando faltaba un día para acabar el plazo o incluso ordenaba responder que “no era posible” realizar las diligencias ordenadas, según el exjefe de la UIF.

Los sospechosos de lavado de dinero que descubrió la UIF de Tovías Menjívar en 2014 y que no han sido acusados este viernes 1 de marzo por la Fiscalía son Guillermo Ávila Qüehl, José Antonio Salaverría y Eduardo Zablah Touché. El fiscal German Arriaza, en su escueta declaración, no quiso explicar qué sucedió con estos nombres y por qué no están acompañando a los otros en la nueva acusación. El fiscal tampoco aclaró porqué la Fiscalía no giró una orden administrativa de captura -como ocurrió con el expresidente Saca- y decidió dejar esta decisión al juez del caso.

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