Expresidente Funes acumula nueva orden de captura por divulgar ROS

La divulgación del documento confidencial fue parte de una estrategia política hecha por Mauricio Funes junto al expresidente Saca, tal como reveló la investigación de Factum conocida como los audios presidenciales. El exfiscal Diego Escobar y el comunicador Lafitte Fernández también están acusados, y son prófugos al igual que Funes, que ya acumula cuatro acusaciones penales por corrupción.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez


Un día antes de terminar sus funciones como fiscal general, Douglas Meléndez ordenó una nueva acusación contra el expresidente Mauricio Funes. Esta vez por haber conspirado, junto al exfiscal Diego Balmore Escobar y el comunicador Lafitte Fernández Rojas, para divulgar el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que advertía sobre el millonario desvío de los fondos provenientes de China Taiwán a cuentas del expresidente Francisco Flores Pérez.

La acusación presentada este viernes 4 de enero está relacionada a la investigación  Las operaciones clandestinas del expresidente Funes, publicada el pasado 19 de diciembre por Revista Factum. En la investigación periodística se reveló cómo el expresidente Funes montó, desde el inicio de su gestión, una especie de consejo paralelo, conformado por operadores políticos y asesores vinculados a corrupción como su antecesor, el expresidente Elías Antonio Saca, para planificar operaciones ilegales.

Ninguno de los acusados ha sido detenido hasta el momento. Las órdenes de captura fueron giradas el pasado 21 de diciembre. El expresidente Funes huye de la justicia bajo el asilo de la dictadura de Daniel Ortega, en Nicaragua, desde septiembre de 2016, ya que tiene otros dos procesos abiertos por el desvío de $351 millones de la Presidencia durante su administración y por haber pagado sobornos a cambio de que la Fiscalía no lo investigara por los sobrecostos de la presa El Chaparral.  El comunicador costarricense Lafitte Fernández reside de nuevo en Costa Rica desde principios de 2018, donde es jefe de Canal 7. El exfiscal Diego Balmore aún reside en El Salvador, pero tampoco ha sido detenido, algo que la Fiscalía tampoco quiso explicar.

La investigación de Factum reveló una serie de audios grabados en reuniones secretas entre Funes, Saca y otros miembros y colaboradores de su consejo paralelo donde planificaban ataques a sus adversarios políticos valiéndose de recursos del Estado. En esas reuniones surgió el plan para filtrar un documento reservado en poder de la Fiscalía con el fin de atacar mediáticamente a su adversario, Francisco Flores, en ese entonces jefe de campaña de Norman Quijano. Este último, para entonces, correría por la presidencia de la República. Los audios revelan que, para obtener el documento, el expresidente Funes requirió de los servicios del comunicador Lafitte Fernández.

La divulgación del documento reservado no fue para solicitar una investigación penal contra Flores, quien se inculpó ante una comisión legislativa de haber recibido millones de parte de Taiwán -y cuyos destinarios, incluido el partido Arena, aún no han sido investigados por la Fiscalía; los audios revelados por Factum muestran que la intención de Funes y Saca era únicamente atacar políticamente a Flores, valiéndose de intentos de soborno y el uso de recursos públicos.

Los fiscales de la Unidad Especializada contra Lavado de Dinero y Activos se negaron a responder cuáles fueron las razones de fondo para declara reserva Tttal a la nueva acusación contra el ex presidente Mauricio Funes y otros implicados. La nueva acusación fue presentada en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, el 4 de enero de 2019. Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ

De acuerdo con la Fiscalía, la filtración del ROS partió de la amistad que Fernández tenía con el exfiscal Escobar. Según la acusación, Fernández se dio cuenta de que “su amigo” Balmore Escobar había sido reinstalado en el Ministerio Público y que, en su calidad de asesor del entonces fiscal general Luis Martínez, tenía una copia del ROS, el cual había sido obtenido a través de la red segura del grupo EGMONT, una instancia internacional de inteligencia financiera.

El ROS provenía de la Unidad de Investigaciones Financieras de Estados Unidos (FinCEN por sus siglas en inglés) y revelaba que el expresidente Flores había triangulado fondos cuyo origen era una donación hecha por la república de China-Taiwán, que debía ser usada para ayudar a los afectados por los terremotos del año 2001.

“El licenciado Escobar sabía que el informe FinCEN no podía ser compartido; sin embargo entregó copia de dicho informe al periodista Lafitte Fernández, lo cual hizo a finales de octubre del 2013”, dice un informe sobre el caso emitido por la Fiscalía, previo a la presentación de la acusación ante el juzgado Quinto de Paz de San Salvador.

De acuerdo con la investigación fiscal, Escobar Portillo estaba consciente de que entregar el ROS era una acción ilícita; sin embargo, se había procurado “un lucro económico” a cambio, apunta la acusación. La Fiscalía ha documentado que, posteriormente a la entrega del documento, el exfiscal Escobar Portillo viajó a Costa Rica donde fue “protegido” en una finca del comunicador.

El expresidente Flores falleció el 29 de enero de 2016 en medio de un proceso judicial por el desvío de $10 millones provenientes de la donación de Taiwán. La investigación fiscal y una serie de investigaciones periodísticas revelaron que Flores, efectivamente, desvió los fondos para las víctimas de los terremotos y los usó para financiar la campaña del partido Arena; sin embargo, no pudo ser condenado por su fallecimiento a causa de un infarto cerebral. El mismo expresidente también aceptó ante una comisión especial de la Asamblea Legislativa haber recibido los cheques a su nombre y haber entregado el dinero en efectivo a “los destinatarios” de quienes nunca reveló nombres.

El expresidente salvadoreño Mauricio Funes Cartagena.
Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

Los audios de las reuniones secretas del expresidente Funes revelados por Factum evidencian una conversación telefónica entre el expresidente y Lafitte Fernández ocurrida el 11 de octubre del 2013.

—Te habla el presidente Funes. Yo te mandé un mensaje para ver si podíamos hablar con aquella persona amiga tuya… que tiene aquello que me interesa a mí… Decile que yo estoy en una casa segura y estoy con Tony, con Tony Saca, y que entonces… —dice Funes mientras habla por teléfono con Lafitte Fernández.

—…

—Por eso, por eso… Vaya, entonces me gustaría platicar con él hoy mismo porque aquí hay que andar corriendo, por qué no le preguntás y le decís que lo podemos mandar a traer con toda la seguridad necesaria para que no se sienta intimidado. Y conversamos. Solo conversamos —sigue el presidente.

Después de aquella llamada, el expresidente Funes, hablando con su consejo paralelo del que formaba parte el expresidente Saca y su primo Herbert Saca, dice que está dispuesto a utilizar recursos del Estado e incluso a absorber a Diego Escobar en una secretaría de la Presidencia si lo despidieran de la Fiscalía por filtrar el ROS.

Previo a la publicación, en diciembre pasado, el comunicador Fernández aceptó a Factum que es amigo del exfiscal Diego Escobar y también haber tenido reuniones con el expresidente Funes, aunque alegó que estas fueron “por otros temas”.

La Fiscalía solicitó la reserva total del caso por lo que el fiscal encargado de presentar el requerimiento este viernes ante el juzgado de paz no quiso ahondar en detalles. Sin embargo, el mismo fiscal tampoco pudo explicar las razones de la reserva y se limitó a decir que esta se debía a “situaciones que son prácticamente institucionales y no me han autorizado (a decirlas)”.

La acusación por el ROS no fue la única que la Fiscalía presentó contra Funes, y sus allegados, este 4 de enero. Ante el juzgado Noveno de Paz, el fiscal Meléndez aprovechó sus últimas horas para acusar al expresidente de haber cobrado un soborno de $3.5 millones para favorecer a la empresa Astaldi, la empresa que fue beneficiada pese a no haber terminado la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral. Por este caso, Funes fue acusado junto a dos de sus exfuncionarios Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, expresidente del Centro de Ferias y Convenciones; y Leopoldo Samour, expresidente de la CEL. También fueron acusados Ada Mitchel Guzmán, pareja de Funes, y Mario Pieragostini, representante en El Salvador de la empresa italiana.

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